Los discursos en torno a la seguridad y a la policialización de lo social generan marcos culturales clasistas y xenófobos de cara a los conflictos derivados de la precarización de la vida.
Nunca antes nuestras ciudades estuvieron tan gentrificadas. Nunca antes los policías que las vigilan condujeron coches tan modernos y brillantes, ni tuvieron a su disposición cámaras de videovigilancia y herramientas para el reconocimiento facial, ni se armaron hasta los dientes con material de última generación de origen israelí. El combate contra el crimen es el pretexto interminable para seguir abultando las partidas presupuestarias de Seguridad en nuestros municipios, diputaciones y gobiernos. Mientras, la exclusión y la miseria se cronifican (y no paran de crecer) en las zonas segregadas y marginadas de los entornos urbanos.
La gestión securitaria de la pandemia supuso un punto de inflexión: más de un millón de multas durante el primer estado de alarma en España y 20.000 en Euskal Herria. Entre tanto, la derogación de la Ley Mordaza con la que los partidos del Gobierno de coalición hicieron campaña en 2019 quedó en noviembre del año pasado en una «modificación de algunos artículos» todavía sin concretar. En este contexto, el estado de emergencia sanitaria ha dado paso a un nuevo estado de guerra, como nueva forma de acumulación capitalista en Europa. Y lo previsible es que, en el futuro inmediato, el sistema de equilibrios de la democracia liberal representativa se escore todavía más hacia el poder policial.
Ante esta realidad, los medios de comunicación cierran filas con las políticas de endurecimiento disciplinario. Sirvan como ejemplo las fiestas mayores de la Capital del Mundo: durante la pasada Aste Nagusia de Bilbao, la portada de uno de los periódicos más leídos se llenó de noticias esencialmente basadas en fuentes policiales que no serían aprobadas por ningún libro de estilo, código ético o manual deontológico mínimamente independiente y democrático. La cloaca mediática criminaliza a los sectores que se van descolgando del pacto social: «a esos sujetos peligrosos, enemigos de la ley y el orden, que atemorizan a las personas de bien, las fuerzas policiales deben hacerles frente sin descanso».
Porque si la propaganda securitaria es en líneas generales una farsa, con las estadísticas sobre criminalidad actuales en la Zona Especial Norte en la mano, es lo más parecido a una estafa. Los datos no dejan lugar a dudas: Euskal Herria es uno de los territorios con menores índices de criminalidad de Europa y, al mismo tiempo, Nafarroa tiene la mayor tasa de policías por habitante de toda la Unión Europea, con 1.100 Policías Forales, 650 Policías Municipales, 1.820 Guardia Civiles y 739 Policías Nacionales para 650.000 personas, o sea, un policía por cada 150 habitantes. Por eso, no hay que olvidar que los discursos en torno a la seguridad y a la policialización de lo social cumplen una función fundamental: generar marcos culturales clasistas y xenófobos para que los conflictos derivados de la precarización de la vida y del racismo estructural se aborden con más racismo, aporafobia y mucha policía.
https://www.elsaltodiario.com/autor/hordago-el-salto
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