Entre el 18 y el 19 de julio se conmemora los actos en recuerdo del 90
aniversario del comienzo de la Guerra Civil. A la sombra de estos
fastos, el movimiento libertario recuerda el estallido, en el verano de
1936, de la Revolución Social.
Este domingo, 19 de julio, se conmemora en muchos puntos de la geografía española el 90 aniversario de la Revolución Social.
No se recuerda solo en España. La efeméride también se celebra en
distintos países como Argentina, Francia, Italia, Chile, Grecia o
Suecia, entre otros. En decenas de ciudades se han organizado charlas,
exposiciones, seminarios de estudios, exhibiciones de películas
producidas durante la Guerra Civil… Estas celebraciones pretender rendir
homenaje a lo que el movimiento anarquista internacional, pero no solo,
recuerda como uno de los procesos revolucionarios más singulares del
siglo XX: la Revolución Española.
¿Pero de qué revolución
hablamos? Hablamos del proceso de transformación social acelerado que
tuvo lugar en España a partir del 19 de julio de 1936, más concretamente
en aquellas zonas del territorio español no controladas por Franco tras
el alzamiento militar. Un proceso revolucionario en el que el
movimiento libertario tuvo un papel destacado y para el que los
anarquistas se habían estado preparando durante décadas.
Y es que,
si hablamos de la presencia del anarquismo en el Estado español,
tenemos que pensar que las organizaciones locales de inspiración ácrata
vinculadas al movimiento obrero internacional, tuvieron una implantación
considerable desde el último tercio del siglo XIX. A partir de ahí, ni
los procesos de criminalización orquestados por el Estado, ni la pugna
ideológica con los sectores marxistas, ni la conflictividad interna del
propio movimiento, lograron que la cultura política anarquista dejara de
tener cierta prevalencia en el seno del movimiento obrero español. Una
cultura política, la libertaria, que ponía en el centro de su programa
político la preparación para la revolución, ya no solo fomentando la
autocapacitación cultural, ideológica y militante de cada trabajador o
trabajadora afín, sino prefigurando el mundo del mañana a través de la
paulatina consolidación de una institucionalidad autónoma que no solo
pasaba por la conformación de sociedades obreras, sino que también tenía
que ver con la urdimbre de ateneos, escuelas racionalistas, periódicos,
editoriales o grupos naturistas, por citar solo algunos ejemplos, que
insuflaban vida a ese mundo propio.
En todo caso, y para entender todo lo que ocurrió a partir de julio
de 1936, la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), ya
en 1910, supuso un hito de consideración que explica cómo la
articulación del anarquismo español en torno a una organización de
masas, en este caso de carácter sindical, posibilitó que el movimiento
libertario, paulatinamente minorizado a nivel internacional en el primer
tercio del siglo XX, siguiera teniendo una implantación considerable en
el seno del movimiento obrero español. Una pujanza que, en el plano
interno, se vio asegurada por la toma de acuerdos que reforzaron el
músculo sindical de la organización —como la creación de los Sindicatos
Únicos (1918-1919)— y también se vio favorecida por el prestigio
alcanzado por la organización anarcosindicalista tras el triunfo de la
huelga de La Canadiense, que posibilitó la aprobación de la jornada
laboral de 8 horas en el marco del Estado español.
Sin embargo, el
crecimiento de la CNT y la proliferación de un movimiento obrero no
sometido a directrices partidistas, autónomo y revolucionario, no fueron
bien recibidos por el Estado y la patronal, quienes primero intentaron
amedrentar a la militancia cenetista con la violencia terrorista
ejercida por las bandas de pistoleros del Sindicato Libre (una violencia
que, entre decenas de sindicalistas asesinados, se llevó por delante a
dos secretarios generales de la CNT: Evelio Boal y Salvador Seguí), y
luego, tras la llegada al poder de Miguel Primo de Rivera por la vía
dictatorial, consiguieron la ilegalización del sindicato anarquista y el
paso a la clandestinidad y exilio de buena parte de sus militantes más
destacados.

La CNT en la segunda república
Tras más de ocho años de
régimen dictatorial encabezado, primero, por Miguel Primo de Rivera, y
luego por Dámaso Berenguer, la llegada de la II República (1931) fue
saludada con esperanza por buena parte de los sectores populares,
ansiosos de un cambio de régimen que ampliara las libertades políticas e
hiciera frente a las desigualdades sociales. Sin embargo, la “república
de trabajadores”, tal y como rezaba el artículo 1 de la Constitución
republicana, demostró muy pronto su incapacidad para colmar las ansias
de justicia social de una clase trabajadora cuyas organizaciones
sindicales, la CNT y la UGT, reforzaron de manera considerable su
implantación y número de cotizantes a partir del 14 de abril.
Sería
precisamente en este contexto político de inestabilidad creciente,
donde las tímidas reformas emprendidas por la República eran
constantemente torpedeadas por los sectores reaccionarios y la amenaza
fascista empezaba a cobrar forma, en el que la clase trabajadora empezó a
dar fuste al proyecto revolucionario, movilizando sus demandas por la
vía de la acción directa y sufriendo una dura represión por ello; los
sucesos de Castilblanco, Arnedo, Alto Llobregat, Casas Viejas o
Asturias, dan buena cuenta de lo anterior.
Sin embargo, serían las fuerzas conservadoras quienes darían el paso
que pondría en jaque al régimen republicano. El 18 de julio de 1936, el
golpe de Estado de una parte del ejército, apoyado por los sectores
reaccionarios de la sociedad española y los regímenes fascistas de
Italia y Alemania, consiguió imponerse en algunas zonas del Estado
español, pero no logró su objetivo de aniquilar rápidamente cualquier
conato de resistencia en los núcleos poblacionales de mayor peso. Por el
contrario, en buena parte del país y a pesar de la oposición de algunos
dirigentes republicanos a entregar armas al pueblo, las organizaciones
obreras lideraron la respuesta al alzamiento, derrotando a los militares
rebeldes en ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao o Málaga.
En relación a lo anterior, y aunque a día de hoy
siga vigente, en buena medida, la idea de que la respuesta al golpe de
Estado por parte de las organizaciones populares fue prácticamente
improvisada, la realidad es que en muchas localidades con fuerte
implantación de la CNT y la FAI, el movimiento libertario había
estructurado Comités de Defensa y Comités de Preparación Revolucionaria
que, a la hora de la verdad, allanaron el camino para que la
movilización obrera, también armada, contra el alzamiento fascista,
acabara teniendo éxito.

Una transformación integral de la sociedad
Fracasada la
intentona golpista, el 19 de julio se abría un horizonte de
posibilidades revolucionarias que los trabajadores y trabajadoras, y muy
especialmente los hombres y mujeres del movimiento libertario,
quisieron experimentar de forma decidida, iniciando un proceso de
transformación acelerada que afectó de manera profunda a todas las
esferas de la sociedad española.
En el plano económico, las
organizaciones populares, con los sindicatos CNT y UGT a la cabeza,
emprendieron un proceso de toma de control de los medios de producción
que, bajo distintos regímenes de gestión obrera, favoreció que los
resortes de la producción, la distribución y el consumo, tanto en las
zonas urbanas como en las zonas rurales de la retaguardia antifascista,
estuvieran en manos de los trabajadores y trabajadoras. Cambios
radicales en la economía política del tejido productivo que involucraron
tanto al sector público como al sector privado.
El proceso de
colectivización afectó a las grandes empresas, incluyendo aquellas
vinculadas a sectores industriales participados por el capital
extranjero, pero también a fábricas, talleres y centros de trabajo de
menor tamaño. En el ámbito rural, buena parte de las tierras abandonadas
por los grandes tenedores, pasaron a ser gestionadas por las
colectividades agrarias, muchas de las cuales, animadas por las
organizaciones sindicales, jugaron un papel indiscutible en la mejora de
las condiciones de vida de la población campesina y jornalera de las
comarcas agrarias.
Por otro lado, y aunque uno de los aspectos fundamentales del proceso
revolucionario fue la transformación estructural de los sectores
primario y secundario de la economía, no fue menor la impronta del
programa sindical en el resto de esferas económicas, como el sector
servicios y, más concretamente, en todo aquello relacionado con la
cultura. Un buen ejemplo de lo anterior lo tenemos en las
transformaciones acaecidas en el terrero de la enseñanza, que dejó de
estar en manos de la Iglesia y tuvo tiempo de desarrollarse al amparo de
instituciones donde la impronta de la pedagogía libertaria resultó
incuestionable (como el Consejo de la Escuela Nueva Unificada, en
Cataluña). Otro ejemplo es el sector del espectáculo, con industrias de
alto desarrollo técnico, como la cinematográfica, donde el proceso de
socialización se desplegó vertiginosamente, permitiendo, por ejemplo,
que el Sindicato Único de la Industria del Espectáculo de la CNT
produjera más de cuarenta películas en plena guerra civil.
También
la gobernanza política de las ciudades y pueblos de la retaguardia
antifascista se vio alterada de forma radical. El estallido del
conflicto armado y los cambios en la estructura de poder de muchos
pueblos y ciudades, afectaron sobremanera al desarrollo habitual de las
entidades locales en la España no controlada por Franco. No solo se
crearon consejos municipales para sustituir a los antiguos
ayuntamientos, sino que aparecieron nuevas instituciones —de vida
efímera, eso sí— como el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña,
el Comité Interprovincial de Asturias y León o el Consejo Regional de
Defensa de Aragón, presidido por el cenetista Joaquín Ascaso, que
emanaron directamente de la situación política y social de los primeros
meses de guerra.
Hablamos, por tanto, de un proceso
revolucionario, de base federativa y rápido desarrollo, donde fueron los
trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales,
quienes tomaron el control de buena parte de los resortes de la vida
pública, descomponiendo rápidamente, aunque de manera parcial, la
estructura de poder previa al 19 de julio y dando forma a una nueva
sociedad donde el trabajo colectivo no tenía como finalidad enriquecer a
una clase privilegiada, sino dignificar y cubrir todas las necesidades
de la mayoría social.

La revolución en los frentes
Pero todas estas
transformaciones revolucionarias, que amenazaban la estructura de las
relaciones de poder consolidadas en la sociedad española tras siglos de
dominación oligárquica, debían ser defendidas en los frentes de batalla.
Para ello, los trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos enconados
pacifistas que durante años se habían opuesto a la guerra —fueron los
anarquistas quienes organizaron el Congreso Internacional de la Paz
(Ferrol, 1915)— y a la política colonial del Estado español —pensemos,
por ejemplo, en los orígenes de la Semana Trágica (1909)—, se
organizaron rápidamente en milicias populares que tuvieron la difícil
tarea de hacer frente al ejército sublevado durante los primeros meses
de guerra. Un ejército rebelde que, recordémoslo, contó desde primera
hora con el apoyo de los regímenes fascistas de Europa (Alemania, Italia
y Portugal).
En contraposición a este apoyo internacional al
ejército sublevado, y al margen del papel jugado por las Brigadas
Internacionales en defensa de la República, el eco de la Revolución
Social en el plano internacional favoreció que una pléyade de
voluntarios de la anarquía se incorporara, o bien en el frente o bien en
retaguardia, a las filas de las organizaciones revolucionarias. Como
consecuencia de lo anterior, cientos de militantes anarquistas,
anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios, procedentes de
Italia, Alemania, Suiza, Francia, Suecia, Argentina y otros países,
incorporados a la lucha y afiliados en origen a sindicatos y
organizaciones libertarias solidarias con la CNT, contribuyeron con su
esfuerzo, dando la vida en muchos casos, a la defensa de las
transformaciones revolucionarias impulsadas por la clase trabajadora en
el Estado español.
Más allá de su mayor o menos cercanía con el ideario ácrata, Camilo
Berneri, Emma Goldman, Simone Weil, Georges Orwell, Carl Einstein, Clara
Thalmann, Simón Radowitzky, Kati Horna, Margaret Michaelis o Mika
Etchebéhère, son una decena de estos voluntarios internacionales de la
revolución.
Tampoco fueron pocos los comités y organizaciones
antifascistas que, repartidos por medio mundo, intentaron contribuir —a
pesar de las dificultades generadas por sus gobiernos y el eco de la
propaganda contrarrevolucionaria— al sostenimiento de la lucha desigual
emprendida por las organizaciones del movimiento libertario español. Sin
ellos, las fuerzas políticas y sindicales favorables al proceso
revolucionario, hubieran estado completamente aisladas en el plano
internacional, estando aún más desatendidas de armamento, apoyo
financiero y soporte propagandístico.
Las organizaciones libertarias: músculo de la revolución
Aunque
los principios, tácticas y finalidades revolucionarias formaban parte
del ADN del movimiento libertario español desde sus comienzos, la
implantación de las organizaciones ácratas había sido desigual según las
épocas y los territorios, transitando, incluso, largos períodos de
clandestinidad que dificultaron en grado sumo las posibilidades de
intervención política, social y cultural de los y las anarquistas.
Sin
embargo, en mayo de 1936 la CNT llegó a su IV Congreso (Zaragoza) con
más de medio millón de afiliados, igualando, como mínimo, las cifras de
afiliación de la Unión General de Trabajadores (UGT). Los importantes
acuerdos tomados en ese congreso, junto con la implantación territorial y
el músculo militante de los afiliados y afiliadas, posibilitaron que la
organización anarcosindicalista fuera la espina dorsal del proceso
revolucionario en buena parte de los territorios de la España
antifascista (sobre todo en Cataluña, Levante y la zona de Aragón no
controlada por Franco).
Junto a la CNT, la Federación Anarquista
Ibérica (FAI), la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL),
Mujeres Libres (que llegó a federar a 28.000 obreras en enero de 1938),
Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), los ateneos libertarios,
las escuelas racionalistas, y todo el tejido de grupos y pequeñas
organizaciones que se reconocían en la genealogía del anarquismo español
(como, por ejemplo, la Federación Ibérica de Estudiantes
Revolucionarios), experimentaron un notable desarrollo organizativo,
contribuyendo de manera singular a la obra constructiva de la Revolución
Social.
En todo caso, y para complejizar, el proceso revolucionario también
fue sostenido por otros sectores políticos y sindicales que, conscientes
de las posibilidades que para el conjunto de la clase trabajadora abría
el escenario de guerra social, apostaron de manera decidida por la vía
revolucionaria. En muchas zonas rurales, la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la UGT jugó un papel destacado en el
proceso de colectivización de tierras, poniendo en marcha grandes
colectividades agrarias, muchas veces de la mano de la CNT, y
oponiéndose, al menos en algunas zonas, a la política de contención
revolucionaria de Vicente Uribe, ministro de Agricultura (PCE). También
es conocida la apuesta revolucionaria del Partido Obrero de Unificación
Marxista (POUM); una apuesta que, como sabemos, le costaría cara a
partir de mayo de 1937.
Los frenos de la revolución
Sin
embargo, no fueron pocos los problemas que tuvo que enfrentar la
Revolución Social desde el primer momento. A los condicionamientos
impuestos por la guerra, le hemos de sumar la oposición del capitalismo
internacional y, en el plano interno, la labor contrarrevolucionaria de
las fuerzas políticas a quienes, por distintas razones, incomodaban las
transformaciones sociales puestas en marcha por los trabajadores y
trabajadoras a partir del 19 de julio.
Los Sucesos de Mayo del 37,
la disolución del Consejo de Aragón o la política de partido
(comunista) desplegada por la mayor parte del comisariado en el seno del
Ejército Popular de la República, son solo tres ejemplos de lo
anterior; tres ejemplos, sí, que también nos hablan del papel jugado por
el estalinismo en el transcurso de la guerra.
Tampoco podemos
olvidarnos de otros asuntos que, sin duda alguna, contribuyeron a la
irrupción de airados debates en el seno del movimiento libertario. Uno
de ellos fue la obediencia al Decreto de Militarización de las Milicias
Populares promulgado por el gobierno republicano a finales de septiembre
de 1936. Pero sería la participación de militantes anarquistas, no solo
en el gobierno de la República, sino en cientos de consejos municipales
y otras instancias gubernamentales, el asunto más discutido entre la
militancia libertaria en el otoño de la Revolución. Una decisión que no
solo acabaría laminando la unidad de acción del movimiento libertario en
un contexto político en el que se encontraba relativamente aislado,
sino que acabaría refrendando las posiciones más hostiles a la CNT de
una parte del anarquismo internacional.
La memoria de la revolución
La
pérdida de la guerra no solo supuso la imposición de un sistema
dictatorial que vino a restaurar las relaciones de poder que había
quebrado el proceso revolucionario. Significó también la persecución y
práctico exterminio de una cultura política muy singular, la
representada por el movimiento libertario, que, como decíamos
anteriormente, a principios de los años treinta ya se encontraba muy
minorizada en el plano internacional.
Precisamente por lo anterior, por la conciencia de la importancia que
tenía para el futuro el recuerdo de la revolución, los anarquistas, las
anarquistas, no solo se preocuparon de salvar buena parte de la
documentación producida durante la guerra civil por la CNT y la FAI,
evacuándola al Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam,
sino que, durante los años del exilio, procuraron mantener viva la
memoria del proceso revolucionario, abordando un proceso de reflexión
crítica que se tradujo, antes que nada, en la proliferación de un sinfín
de relatos testimoniales que, de una manera u otra, vinieron a
complejizar el relato de aquella experiencia histórica.
Unas
décadas después, sería justamente esa memoria revolucionaria, esa
conciencia colectiva de la vigencia del legado de prácticas y
experiencias de la Revolución Social, uno de los factores clave que
explica cómo la CNT mantuvo su coherencia en el contexto de la llamada
Transición; una conciencia colectiva que, recordémoslo, ayudó también a
que la militancia anarcosindicalista sostuviera al mismo tiempo un
empeño, no menor, en el marco de una sociedad capitalista con capacidad
para disciplinar la disidencia a través de su asimilación: el afán de
impedir que el anarquismo se convirtiera en una moda política más, el
afán de hacerlo valer como una herramienta útil, ya no solo para el
conjunto de la clase trabajadora, sino de todos los sectores sociales
desposeídos.
Sea como fuere, la memoria de la Revolución Española
no solo se mantiene viva en el seno de la militancia libertaria actual,
sino que ha servido de inspiración a otros movimientos sociales que, por
un lado, se siguen reconociendo en esa tradición libertaria, y, por
otro, han aterrizado en su quehacer político buena parte de los
principios organizativos de los que tradicionalmente han hecho gala las
organizaciones anarquistas. Un legado, también, que atraviesa fronteras y
forma parte de la genealogía política de luchas tan dispares como las
emprendidas por las mujeres del Kurdistán, los zapatistas mexicanos o la
miríada de organizaciones sindicales de matriz revolucionaria que se
reparten por todo el mundo.