Cuando la multitud hoy muda, resuene como océano.

Louise Michel. 1871

¿Quién eres tú, muchacha sugestiva como el misterio y salvaje como el instinto?

Soy la anarquía


Émile Armand

lunes, marzo 30

Entrevista a la Unión de Grupos Excursionistas Libertarios (UGEL), Madrid

 


En vuestras redes sociales señaláis que la U.G.E.L. «es un grupo de personas afines al ideal libertario que se unen para favorecer la enseñanza y la práctica del montañismo». Explicadnos esta afirmación, ¿confiáis en que el montañismo pueda favorecer el ideal libertario? 

Sí, la montaña, como espacio no habitual para nosotros, no tiene por qué responder a las dinámicas que tenemos automatizadas. Un entorno nuevo nos facilita unos modos de relación nuevos. Como mínimo, nos acercamos a la montaña habiendo pensado cómo queremos desarrollarnos en ese contexto: desde la horizontalidad, poniendo en práctica el apoyo mutuo, respetando lo que nos rodea, etc. Además, el montañismo puede romper con valores centrales del capitalismo como la productividad, la velocidad o el rendimiento. Caminar sin cronómetro, renunciar a la cima, priorizar el proceso frente al resultado son gestos profundamente libertarios. En ese sentido, la montaña se convierte en un lugar donde desaprender la lógica del éxito, la competencia y la autosuperación individual.

¿Cómo y cuándo nace la UGEL? ¿Qué objetivos os marcasteis al fundar la UGEL?

La UGEL de Madrid nace en el 2022 cuando unos compas contactan con la UGEL de Catalunya para proponerles el proyecto. En julio de ese año se hace una primera salida a Cabeza Lijar, con bastante asistencia. Eso nos anima a continuar. Las compas de Catalunya recibieron con mucha alegría que la UGEL, que llevaba allí existiendo desde el 2012, se extendiera a otros territorios. La UGEL Catalunya fue una ayuda fundamental para asentar los cimientos de una organización y no solo de un grupo de afinidades montañeras.

Entonces contactamos con varios colectivos a los que creíamos que podría interesarles el proyecto. Todavía las relaciones con los grupos de montaña libertarios eran de toma de contacto y simpatía a la hora de difundir  actividades.

Desde entonces la UGEL de Madrid trabaja, dispuesta a irrumpir en la hegemonía montañera. Hemos dado charlas (en la Orbeko Etxea, en La Garrra en Vallekas o el ERA de Lozoyuela); hemos presentado libros, participado en debates, hemos hecho rutas, nos hemos sumado a otras convocatorias, como la defensa del Pico del Lobo (con una enorme carga política)… Somos anarquistas, y hemos querido llevar nuestra propuesta montañera a todos los espacios donde hemos podido colaborar. 

A raíz de estas actividades, decidimos editar un fanzine que se llama “Renaturalizar el territorio devastado, sabotear el deportivizado, desalambrar el privatizado” donde se exponen ciertos temas en torno al montañismo y la propuesta libertaria que hacemos y queremos practicar, y donde se refleja el ideario de la UGEL de Madrid.

En 2025, la editorial Piedra papel libros, organizó una jornada en torno al montañismo libertario en la Fundación Anselmo Lorenzo. Allí se dio la sinergia entre los grupos que ahora colaboramos, donde se propone una salida al monte cada mes, tutelada por cada grupo pero en coordinación y participación de todos los demás, y, sobre todo, abierta a la gente. Queremos generar encuentros de debate, de experiencias y de aprendizaje mutuo.

 Ahora estamos trabajando en un segundo fanzine, y en seguir con la difusión del primero. También seguimos con la agenda anual de colaboración con otros colectivos.  Iremos haciendo todo lo que se nos ocurra para difundir un montañismo bajo el prisma libertario, para defender a la montaña de la turistificación y la masificación propia del capitalismo. Hablan de la montaña como “recurso natural”, y, quienes lo quieren explotar, nos tendrán de frente.

¿Detrás de la UGEL hay diversos colectivos libertarios? ¿Cómo os organizáis colectivamente?

La UGEL nace en Cataluña, donde sí es una plataforma real de colectivos libertarios. La UGEL Madrid nació con esa pretensión y desde hace unos meses sí nos hemos organizado para hacer una salida mensual con otros colectivos (Con pies de gata, Kamaleo, Grupo Excursionista Isaac Puente…) Pero, realmente, UGEL Madrid es, de momento, un solo grupo, una sola asamblea. Por supuesto, es nuestra intención que sirva para coordinar diferentes grupos afines de montaña. Vamos poco a poco.

Hemos leído que os reunisteis hace unos meses con el objetivo de organizar y convocar al menos una salida al monte mensual durante el curso 2025-2026. ¿Qué buscáis en estas salidas a la montaña desde el punto de vista libertario?

Creemos que crear un hábito montañero y libertario sirve para asimilar mejor las prácticas que acompañan nuestros principios. Nos gusta relacionarnos desde la igualdad, sin jerarquías ni normas impuestas. Tenemos un criterio propio que busca cuidar a las personas y los lugares que visitamos, que vivimos. Cuanto más salgamos al campo, cuanto más consigamos generalizar esta práctica, mejor podremos replicar estas costumbres en otros ámbitos. 

Además, la idea es que haya una cierta previsibilidad para que la gente pueda organizarse y acudir a las salidas, y con ello ir conformando una comunidad de lucha que incida en el ámbito del montañismo. Hasta la fecha hemos organizado ya 4 salidas junto al resto de colectivos anarquistas de Madrid (Con Pies de Gata, Climbing Kamaleo, Grupo Excursionista Isaac Puente y Amigos de las Milicias Anarquistas) y creemos que están saliendo bastante bien por varios motivos: por el alto número de gente que se ha acercado, por las relaciones sociales que se están generando y por las nuevas ideas y proyectos que están surgiendo fruto de esta participación.

¿Buscáis incorporar algún aspecto de memoria del pasado a estas salidas a la montaña? 

Sí. De hecho, la UGEL ya ha llevado a cabo varias salidas relacionadas con la memoria histórica. Hemos recorrido el Frente del Agua (donde se disputaron los embalses de Madrid durante la guerra civil española). Hemos caminado por las vías del tren Madrid- Burgos en el tramo entre Bustarviejo y Lozoyuela (que fue construido por presos políticos, principalmente, durante la primera etapa del franquismo) y hemos subido al Cerro San Benito, un monte poco conocido que fue testigo de varios enfrentamientos durante la guerra civil. 

Salir al campo es estupendo, pero dotar las salidas de contenido histórico, político, así como de actitudes y reflexiones libertarias, más o menos sincrónicas, es lo que da sentido a la UGEL. El anarquismo no es solo una etiqueta para la UGEL, es una manera de habitar el espacio, es una aspiración. Merece nuestra atención a todos los niveles: es formación e información histórica y política, es actitud y es acción.

En el pasado los grupos anarquistas daban un gran valor al contacto con la naturaleza, ¿cómo adaptáis este planteamiento en el siglo XXI con la turistización de la montaña que se está produciendo?

Creemos que la montaña beneficia a todo el mundo y que en ella hay sitio para todas las personas. La turistificación de la montaña no se soluciona echando a nadie. Desde luego las soluciones elitistas, bien pasen por lo económico, bien pasen por supuestos méritos, no nos interesan, nos generan rechazo. El problema procede, a nuestro parecer, del trabajo asalariado. Los periodos de descanso coinciden en la mayoría de trabajos: fines de semana y vacaciones (en verano, por ejemplo). En esos momentos, la montaña se llena, pero, ¿quién decide quién sobra? Según nuestro punto de vista, quienes sobran son los ricos y los políticos, que con sus empresas y políticas están destrozando y privatizando el monte.

Por otro lado, está claro que hay destinos que se ponen de moda, o que son icónicos y, en consecuencia, están terriblemente masificados (y, lo que es peor, destruidos). Como a cualquiera, nos gusta encontrarnos en una montaña vacía, tener esa sensación de aventura, de soledad y reflexión. Como remedio, creemos profundamente en el asociacionismo, en compartir destinos menos conocidos, tal vez más remotos, con nuestro círculo de afinidad. Las experiencias en montaña son muchas y variadas, y en cada ocasión encaja un lugar, un paisaje, una vivencia. Hay muchas más de las que salen en redes. 

¿Quiénes son las personas o colectivos destinatarios de vuestras actividades? 

Cualquiera que se quiera venir. Siempre ponemos por delante nuestro interés por la montaña y nuestros principios políticos. Buscamos generar un ocio no consumista, no competitivo e inclusivo. Libertario. A esto no renunciamos. Quien tenga esto claro y tenga interés en venirse de paseo o lo que surja, ¡que se venga! Nos encantará. 

¿Qué medios de difusión de vuestras actividades usáis (web, redes etc.)?

Tenemos un grupo de Telegram con más de 100 miembros (¡que no son tantos, pero vamos creciendo!) donde difundimos nuestras actividades y otras de colectivos afines, y donde también se proponen salidas más espontáneas, que en ocasiones han llegado a ser bastante numerosas.

También tenemos un instagram que nos sirve para contactar con otras iniciativas que nos interesan y difundir lo que hacemos, y un facebook. En estas redes sociales publicamos nuestras actividades.

Somos conscientes de la contradicción que supone el empleo de estas redes, y es motivo de discusión en nuestras asambleas. De momento, es un canal de difusión bastante efectivo. Nos sirve y no vemos una alternativa clara igual de eficaz. 

Si queréis añadir alguna cosa más, adelante:

Somos una asamblea agradable y donde las personas participantes estamos cómodas. Somos una asamblea pequeña, pero, por suerte, de momento, tenemos éxito de convocatoria (para nuestras expectativas).  Poco a poco, vamos acumulando salidas, charlas y otras actividades. Creemos que lo que hacemos es bueno. Por eso, queremos difundirlo. Nos ilusiona que se nos sume más gente y colaborar con otros proyectos afines. Como queremos que nos conozcan y nos acompañen quienes gusten, agradecemos infinito que nos deis este altavoz. Muchas gracias. 

 

 https://redeslibertarias.com

viernes, marzo 27

El algoritmo de la ocupación

 Cadetes de las FDI trabajando para desherbar cebollas en el Moshav Yated (alrededores de Gaza) en la         primavera de 2024. / Lizzy Shaanan

 

 Si habláramos con las abuelas y abuelos del campo de Cartagena, de Almería o de Huelva y les preguntáramos sobre la agricultura de su tierra, tendríamos más o menos las mismas reflexiones –en los últimos sesenta años, todo ha cambiado mucho. La agricultura que ellas conocieron, la de los cultivos de secano y lluvia, de espera y sol, para comer y dar de comer a familia y pueblo, ya no existe–. Después del trasvase, llegaron los ingenieros, y se impuso el cultivo bajo plástico y los riegos automatizados gota a gota, con mangueras también de plástico. Para sacar adelante la producción de lechugas y pimientos; de pepinos, calabacines y tomates; y de frutos rojos, mayormente todo para exportar. Llegó mano de obra barata de otros países. Antes éramos el campo, ahora, nos dicen, somos el sector agroalimentario: motor económico, empleo y sostenibilidad.

Efectivamente, toda esta transformación, leo, arrancó en 1970, cuando un técnico israelí propuso a los dueños de una finca en Vícar, Almería, que replicaran el invento que un colega suyo, el ingeniero Simja Blass, acababa de desarrollar: el riego por goteo. No era su único ‘invento’. Como la máquina para plantar trigo, el planeamiento del primer acueducto moderno en el Valle del Jordán y la primera tubería de agua hacia el desierto del Naqab, toda esta tecnología no era neutral. Fue clave para el colonialismo de asentamiento que consolidó el Estado de Israel, avanzando y ocupando un territorio que no les pertenecía, asesinando, expulsando y marginando a la población local. No es de extrañar, entonces, que en 1965 Blass eligiera uno de los icónicos modelos de colonización, el kibutz Hatzerim, para aplicar la tecnología del riego localizado. Animado por los buenos resultados, fundó Netafim Irrigation Company. Con este invento se regó también un imaginario que, como explica la radio sionista en español, Radio Jai, hizo fortuna “pues permitió que el desierto floreciera”, como si antes allí no existiera ni vida ni población. 

La masiva transformación hortícola del sur peninsular le debe mucho, precisamente, a la pionera Netafim que, según varias fuentes, llegó al Estado español de la mano del Marqués de Griñón, Carlos Falcó, que, sabiendo de este invento por su relación con la familia Rothschild (gran impulsora del sionismo y conocida por sus inversiones a finales del siglo XIX para apropiarse de tierras en Palestina, la financiación del establecimiento de colonias judías, así como el desarrollo de la agricultura y la industria en esas tierras), facilitó en 1989 la creación de una filial en España, la empresa Regaber, que hoy forma parte del grupo industrial MatHolding. 

 El informe de la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, tomando como fuentes el documento “Agribusiness as Usual”, señala a Netafim en tanto ha facilitado y facilita con sus herramientas de regadío el avance y la consolidación de asentamientos ilegales permitiendo cultivos de limones, viñedos, sandías o, más recientemente, los controvertidos cultivos de agave azul. Esta planta originaria de México, con la que se elabora el tequila, se está implantando en el desierto del Naqab y, como denuncia la organización GRAIN, su cultivo “requiere de un uso intensivo del agua y ha desplazado a los cultivos tradicionales de los beduinos, adaptados al clima árido de la región durante siglos”, todo ello en favor de ‘negocios del alcohol’. 

Pero además, Netafim avanza de la mano de acuerdos con las tecnologías militares del genocidio. Esta estrecha colaboración entre la industria agraria y militar se ha visto en más ocasiones. En este caso, el informe de Albanese hace referencia a los acuerdos de Netafim con mPrest Systems para adaptar su software cazamisiles conocido como Cúpula de Hierro, a un software de inteligencia artificial denominado GrowSphere que, vía sensores y satélites, permite a los agricultores desde su móvil detectar al instante las necesidades de agua y fertilizantes de sus cultivos. Cultivar se convierte en una operación táctica-militar. 

Loando el trabajo de Blass, Radio Jai afirma que “el sionismo fue el motor principal de la mayoría de sus actividades”. Es sencillo casar el interés de enriquecimiento de cualquier empresa capitalista con el interés de expansión de cualquier propósito político colonizador, y viceversa. Por eso, volviendo a nuestros territorios, ¿cuánto tiene la modernización de colonización?

 

 Gustavo Duch Guillot. Revista CTXT

martes, marzo 24

El espectro de democracia directa que recorrió Gasteiz e hizo temblar la Transición


El 3 de marzo de 1976, la policía asaltó una asamblea de 5.000 trabajadores que tenía lugar en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga (Vitoria-Gasteiz). Con el objetivo de poner fin a la democracia directa que estaba poniendo en práctica la clase trabajadora vitoriana, la policía lanzó botes de humo dentro del templo para hacer salir a los asistentes. Los hechos, que cumplen ya 50 años, son de sobra conocidos. Los actos de memoria se repiten de manera anual y los puntos simbólicos (murales, placas, monumentos, etc.) se pueden encontrar por la ciudad.

Limitar la memoria de lo que aconteció aquellos días a la matanza perpetrada por la policía, y a la masiva asistencia a los actos de protesta posteriores que se replicaron en numerosos puntos de la geografía de Euskal Herria, conlleva el peligro de olvidar la importancia de lo ocurrido los meses anteriores en los que Gasteiz fue el epicentro de un terremoto que puso en riesgo el devenir pactista de la Transición. Lo ocurrido en las fábricas y barrios vitorianos aquellos meses de invierno fue la mayor expresión de autonomía obrera de la época; un confrontación real de contrapoder obrero.

 

Vitoria: de ciudad modélica del desarrollismo a campo de batalla

La capital alavesa tenía fama de ser “una ciudad de curas y militares”, fuertemente anclada a la tradición y a una pequeña burguesía local. Pero en apenas quince años Vitoria mutó y pasó a ser una pequeña ciudad de provincias a ser el escaparate del éxito desarrollista del franquismo. Su situación estratégica —haciendo de nexo de unión entre el norte industrial y el centro político de la península— y la privilegiada situación fiscal de la que disponía —los Fueros no se suprimieron en Araba al no tratarse de una provincia rebelde— propiciaron un desarrollo económico que atrajo capital y mano de obra. A diferencia de ciudades industriales como Bilbao o Barcelona, Vitoria no sufrió de masificación, de excesos, de ruido y contaminación, de un déficit de vivienda ni del consiguiente problema del chabolismo.

El desarrollismo en Vitoria fue ordenado y se presentaba como escaparate para los tecnócratas de Madrid: limpio, planificado y con una paz social imperante. El Plan General de 1956 había diseñado Vitoria con una segregación espacial clara: las fábricas a la periferia, la burguesía en el ensanche y la clase trabajadora en barrios satélite como Zaramaga o Errekaleor. Ahí, las colmenas de ladrillo alojaban a la masa migrante que llegaba, en menor medida que a las grandes ciudades, hasta Vitoria. Una ciudad, en definitiva, diseñada para el orden absoluto y en la que, supuestamente, nunca pasaba nada.

Un proletariado salvaje frente a la crisis del capital

El agotamiento del modelo vitoriano no fue un caso aislado. El sistema en el que se asentaron las relaciones laborales en la España franquista también se estaba resquebrajando. El surgimiento de las Comisiones Obreras en diferentes zonas industriales había dado paso a la irrupción de un proletariado organizado de manera más horizontal, menos basada en la delegación. Esas masas auto-organizadas, sin la tutela de partido o sindicato alguno, protagonizó numerosos conflictos y huelgas salvajes que se movieron en un terreno más allá de lo laboral.

No se puede entender el avance de este movimiento sin tener en cuenta la crisis que padecía el sistema de acumulación fordista en España. Este sistema económico, que había sido el motor del “milagro económico español” durante el desarrollismo, se basaba en una producción y un consumo de masas vertebrado sobre el autoritarismo del Sindicato Vertical y una mano de obra precarizada de salarios bajos. Pero este rígido sistema se tambaleó a partir de la década de los 70. La crisis del petroleo del 73, cuyos efectos llegaron con algo de retraso a España, tuvo como consecuencia un descenso de los beneficios empresariales debido al aumento de los costes de producción.

 El otro punto de desestabilización empresarial fue el proletariado organizado fuera del Sindicato Vertical, cuya acción acabó con la “paz social” de los años anteriores. Frente a la amenaza patronal de una precarización de las condiciones de vida, la clase trabajadora rompió con la delegación sindical franquista y se auto-organizó para protagonizar su propia lucha. A pesar de la fuerte represión, las movilizaciones, paros y huelgas se multiplicaron de manera exponencial por todo el país. Los trabajadores pasaron de exigir una subida de salarios con la que hacer frente a la inflacicón, a atacar al sistema en sí y a un régimen moribundo.

El despertar del movimiento obrero vitoriano

En el tejido industrial vitoriano, los conflictos laborales solían desarrollarse de la manera establecida: una patronal que decide y ordena, un Sindicato Vertical que finge negociar y una clase trabajadora que obedece. Al tratarse de una ciudad sin apenas tradición industrial, Vitoria carecía de una vanguardia política ni de un movimiento obrero clásico. Por esta razón, la conflictividad tardó en llegar. Pero cuando lo hizo, se unió a la oleada de huelgas salvajes y autónomas que hicieron temblar los cimientos del Estado franquista.

El primer gran conflicto ocurrió en la factoría de Michelin. La multinacional francesa, a la que habían prometido una masa trabajadora fiel y obediente, tuvo que replantear su paradigma colonialista cuando los trabajadores llamaron a la huelga en 1972. Si bien la huelga fracasó —por las exigencias maximalistas de la vanguardia obrera, entre otras razones— dejó un poso del que florecería una experiencia que cuatro años después protagonizó un conflicto que cambió la ciudad para siempre.

 En 1974 se creó la Coordinadora Obrera de Vitoria (COV) —con una importante presencia de grupos autónomos provenientes de los sectores obreristas de ETA— que articuló los diferentes conflictos que irían surgiendo hasta el estallido del invierno de 1975-76. El conflicto laboral, que no tardaría en desbordar el perímetro de las naves industriales, acabaría suponiendo un desafío político que puso a prueba la capacidad de respuesta de un régimen que, tras la muerte de Franco apenas un mes antes, se encontraba en plena crisis. Los trabajadores comprendieron rápido que el vacío dejado por el dictador abría una oportunidad inédita: ya no se trataba solo de mejorar el convenio, sino de aprovechar la debilidad del sistema para forzar cambios que hasta entonces parecían impensables.

¡Todo el poder a la asamblea!

La inflación galopante de la crisis del petróleo había empezado a devorar los salarios para finales de 1975. La primera asamblea masiva ocurre el 23 de diciembre en la empresa Forjas Alavesas, siendo la primera de estas características en la ciudad. El 9 de enero de 1976 los mismos trabajadores de Forjas Alavesas llamaron a la huelga y, tras ellos, se les unieron una decena de empresas más. Pero el conflicto no se limitó a una reivindicación económica por el aumento de salarios. El cambio fundamental radicó en las formas de lucha: los trabajadores decidieron organizar la huelga a través de portavoces elegidos directamente en asambleas a mano alzada. De cada asamblea de fábrica se elegirían, a su vez, a unos delegados que, sin capacidad decisiva, representarían a la asamblea en las Comisiones Representativas (CCRR). 

 Estas CCRR carecían del marco legal dentro de la estructura corporativa del régimen, obviamente. Eran trabajadores de la propia plantilla que exigían ser los interlocutores válidos ante la dirección. De este modo, el primer punto de fricción no fue la cuantía de los sueldos, sino el reconocimiento de estos nuevos organismos. Mientras la patronal intentaba reconducir la negociación hacia los cauces del Sindicato Vertical, los huelguistas se mantenían firmes en su postura: solo volverían al trabajo si se negociaba con los representantes elegidos en la asamblea. Era un hordago total a la legalidad vigente y situaba el conflicto en una cuestión de poder y contrapoder.

Durante la segunda semana del conflicto, las exigencias laborales se unificaron y la respuesta de la patronal no se hizo esperar: se inició una campaña de difamación contra el movimiento y se puso en marcha la maquinaria represiva. Se sucedieron detenciones y la policía disolvió mediante el uso de la violencia numerosas movilizaciones. Esta reacción represiva trajo consigo las primeras movilizaciones conjuntas, así como la organización de redes de solidaridad y de piquetes informativos.

 Esta creciente ola llevó a las CCRR ha convocar la primera huelga general, que fracasó. Según análisis posteriores publicados por miembros del movimiento obrero vitoriano, la focalización de la lucha en las demandas laborales, en esos primeros momentos, provocó una desconexión entre los núcleos más activos y la base de las fábricas. Además, algunos empresarios aprovecharon la ocasión para negociar de manera individual —a nivel de fábrica— y conseguir los primeros acuerdos, con la consiguiente vuelta al trabajo de muchos obreros. Se desactivó así, de manera momentánea, la unidad de la clase trabajadora y de los obreros en lucha.

Esto trajo consigo un cambio de estrategia. Había que hacer comprender que el núcleo del problema no era el aspecto salarial, ni las jornada laboral; era una cuestión de clase, de lucha de poder. Se dio así una evolución de lo puramente laboral a lo político. Para ello fue fundamental el trabajo ideológico en las asambleas, donde se machacó la idea de entender el trinomio Patronal-Estado-Policía como un todo; como un enemigo común. Se buscaba, de esta manera, la deslegitimización del régimen y la reivindicación de un poder popular. El conflcicto laboral no solo generaba consecuencias políticas, sino que terminaba por politizar a los trabajadores.

El asamblearismo se consolidó como la piedra angular del conflcito. Esta práctica de democracia directa no estuvo exenta de debates internos entre quienes veían la asamblea como una herramienta estratégica para conseguir unos objetivos concretos y quienes la consideraban como el sumun del poder obrero.

La ciudad se contagia

Tal y como se celebraban asambleas diarias cada mañana en las fábricas, así ocurría en los barrios de clase trabajadora. Estas zona que se situaban entre el casco urbano y las industrias pasaron de ser ciudades dormitorio a escenarios donde resonaron y tuvieron lugar muchos de los acontecimientos de aquellos meses: asambleas masivas en iglesias —cuando hubo que buscar nuevos lugares de reunión—, marchas llamando a la movilización, campañas de sensibilización a obreros que no estaban en huelga, etc.

Se crearon cajas de resistencia para ayudar a las familias con miembros en huelga y los obreros que no estaban en huelga también crearon sus propias plataformas de coordinación y de acción, buscando la extensión del conflicto fuera de terrenos puramente laborales y poniendo el punto de mira en el régimen mediante una crítica político-social. 

 La lucha pasó de ser protagonizada por obreros de mono azul a ser un movimiento popular. En este aspecto jugaron un papel importantes las mujeres, algunas de ellas como trabajadoras y otras como parejas de los trabajadores. Se crearon asambleas de mujeres, primero por separado —por fábrica— y luego en conjunto, dándoles un carácter autónomo y protagonista. La lucha de estas mujeres se abrio espacio a otros lugares como centros educativos, mercados, etc.

Si bien es cierto que las asambleas de barrio fueron creadas poco antes de los hechos del 3 de marzo, es innegable el éxito que tuvieron con unas convocatorias masivas. Fue, junto a las fábricas, la línea del frente donde se combatió y, al mismo tiempo, un espacio en el que tejer redes de solidaridad. Fue, en definitiva, un centro neurálgico del poder popular que se estaba empezando a construir.

El eco de una utopía interrumpida

A medida que aumentaba el apoyo popular, se creaban asambleas y coordinadoras, y se repetían las movilizaciones, el miedo de los poderes locales fue en aumento. No se trataba para esas alturas del conflicto de un tema laboral o de aletración del orden público; era un problema político. Con la metodología de lucha implementada desde abajo, sin jerarquías y de participación directa de la clase trabajadora, no solo estaba en jaque el modelo de negociación laboral, sino todo el espiritu pactista y reformista del proceso de transición política.

 El ataque a la iglesia de San Francisco la tarde del 3 de marzo no tenía, por lo tanto, el único objetivo de poner fin a la asamblea que ahí dentro se estaba celebrando, si no poner fin al proceso de lucha autónomo que amenazaba, cada día más, con tomar la ciudad. O al menos una parte importante de ella. Con la intervención violenta de la policía armada se buscaba, también, enviar un aviso a cualquier intento de contagio a otras ciudades y procesos de lucha autónoma que estaban ocurriendo en España. Los botes de humo y las balas, los heridos y los muertos, establecieron una frontera invisible, pero terrorífica, de hasta donde estaba dispuesto el Estado a transigir, y qué sueños de ruptura y contrapoder deberían quedarse apartados. Fue un ejercicio de pedagogía del terror.

Cincuenta años después, el eco de Zaramaga trasciende el luto. La tragedia de la iglesia de San Francisco quedó grabada como una cicatriz en la memoria colectiva, pero los meses de organización que la precedieron representan mucho más que una huelga interrumpida. Son el testimonio de una clase trabajadora que, en los primeros compases de la Transición, intentó construir la democracia desde abajo, desde la fábrica y el barrio. Vitoria demostró que, antes del asalto policial, la voluntad popular era quien podía regir la ciudad.

 

 

 https://www.elsaltodiario.com

 

sábado, marzo 21

Las luchas territoriales, ¿son la palanca de la superación del capitalismo?


Preguntas a abordar el 27 de noviembre en el Centre Culturel Bruegel de Bruselas y planteadas el 28 en el Groupe de Recherche pour une Stratégie Économique Alternative

Las definiciones (como las corrientes políticas) de comunismo y de anarquismo son múltiples y sería imposible hacer una síntesis de toda esa diversidad en una tarde. No obstante, ¿podrías compartir con nosotros tu noción de anarquismo y de comunismo?

Malatesta dijo que comunismo y anarquía eran los mismo. Nada que ver con el sistema cuartelero de los leninistas, simple disfraz del capitalismo burocrático de Estado. Yo lo definiría como un régimen de convivencia social sin Estado y sin clases, basado en el rechazo de la división del trabajo y en la posesión en común de los medios de producción, en su gestión colectiva y en la distribución del producto social en función de las necesidades. Nacido del libre acuerdo, el comunismo libertario debería de proporcionar a todos las condiciones idóneas para un máximo desarrollo material, moral e individual. Se trata pues de un ideal ético inalcanzable por la fuerza, ya que tiene como condición ineludible la comprensión y el deseo de la mayoría expresado libremente. Para muchos, entre los que me incluyo, el anarquismo sería el modo de lograr este fin, naturalmente por vías solidarias y universalistas, no con procedimientos parlamentarios ni postulados religiosos. En mi caso, entiendo el anarquismo como la característica doctrinal propia del socialismo antiautoritario que, durante mucho tiempo, acompañó a buena parte del proletariado revolucionario, hasta entrar en crisis, puede que final, por culpa de las capitulaciones habidas durante la revolución española. A partir de ahí ya no se puede hablar de anarquismo, con sus diferentes matices, sino de anarquismos, ideologías diversas con el mismo nombre, pero ajenas unas con otras.

¿Sus puntos de encuentro, sus divergencias y el potencial anticapitalista respectivo?

Evidentemente, entre los que se autodenominan anarquistas existen profundos desacuerdos metodológicos y grandes diferencias estratégicas, derivadas de la forma variable de interpretar la realidad y de la praxis divergente con la que caminar hacia los objetivos finales. Las discordancias cristalizaron en ideologías, en fórmulas, a menudo acompañadas de comportamientos sectarios, como, por ejemplo, la insurreccionalista, la municipalista, la sindicalista, la primitivista, la especifista, la postanarquista, etc. Actualmente, el anarquismo es sobre todo un estado de ánimo difuso presente en cualquier conflicto como exigencia de horizontalidad e igualdad, rechazo de la mediación, demanda de autogestión y reivindicación de la acción directa. El potencial anticapitalista del anarquismo moderno se materializará en la medida en que la coyuntura social favorezca el arraigo en las masas rebeldes de sus ideas no vencidas, entendidas no como utopía, sino como “la verdad inmediata de un tiempo relativamente próximo” (Ricardo Mella).

¿Qué es una metrópolis?

En Europa las tres cuartas partes de la población vive en zonas urbanas extensas. En el mundo existen más de quinientas aglomeraciones superiores al millón de habitantes, a las que en propiedad no se puede llamar ciudades. Pasó el tiempo de las ciudades compactas en simbiosis con el entorno agrario. El campo hace mucho que dejó de ser una realidad diferenciada. Debord anunció en 1967 que «el momento presente es el de la autodestrucción del medio urbano». La metrópolis -o “posciudad”, tal como la llama Françoise Choay- es un tipo de asentamiento informe fruto de la expansión ilimitada de la ciudad industrial, que ha ido absorbiendo poblaciones limítrofes y creando nuevas barriadas hasta suburbanizar todo el territorio circundante. Tal unificación del espacio fue posible en un primer lugar, gracias al desarrollo del transporte, al combustible fósil barato y a los nuevos materiales de construcción. Etimológicamente, metrópolis en griego significa “ciudad madre”; en cambio, la realidad dista mucho de la maternidad: es un engendro devorador de espacio que concentra el poder en una sociedad totalmente urbanizada. En los noventa del siglo pasado, la globalización financiera y la digitalización la consolidaron como dominio totalitario de la mercancía y motor del desarrollo capitalista. Es un no-lugar de conurbaciones yuxtapuestas, que no resulta de la superación de la oposición campo-ciudad, sino del hundimiento simultáneo de ambos polos. No representa un proyecto de convivencia, ni siquiera a nivel de clase dominante; bien al contrario, es una realidad totalmente mercantil. Constituye un aglomerado discontinuo y difuso, sin valores ni cultura, sin auténtica vida, conectado únicamente por vías de circulación. La comunicación ha sido marginada por la conectividad. Lo que importa no es la convivencialidad, sino su precio. En realidad, la metrópolis no está hecha para los habitantes, sino para los transeúntes, bien sean visitantes, promotores o inversores. Su base económica ya no radica en la industria, sino en los servicios, el turismo, los grandes eventos y la innovación. Aunque conserve centros históricos, estos han sido museificados, puesto que la metrópolis carece de centro real: en ella lo central se ha vuelto periférico y la periferia deviene cada vez más céntrica. Tampoco las plazas públicas o las calles proporcionan un resto de coherencia orgánica; las infraestructuras viarias son sus únicos ejes vertebradores. El paisaje reconstruido por las fuerzas desarrollistas reproduce maneras de vivir en confinamiento, precarias, motorizadas y mercantilizadas hasta en los menores detalles: las metrópolis generan en cualquier rincón relaciones sociales capitalistas de forma automática. Se puede decir que constituyen el espacio idóneo para la reproducción de capitales en la etapa hipertecnológica de la economía mundializada.

Más sobre la metrópolis.

 

El paso de una economía productiva a otra de servicios, seguido de la transición de un capitalismo nacional a otro global, consagró el papel de las metrópolis por encima de los Estados. Entre la clase dirigente, la ideología keynesiana retrocedió ante el pensamiento neoliberal, enemigo acérrimo del intervencionismo estatal. La promesa de abundancia reemergía en los mercados financieros con el crédito a espuertas y la expansión de la deuda, propiciando turboconsumismo, aventuras inmobiliarias y toda clase de burbujas especulativas. No obstante, la constatación de la finitud de los recursos primarios, sobre todo energéticos (p.e. el “pico” del petróleo), sumada a la crisis medioambiental provocada por el desarrollismo a ultranza (p.e. calentamiento global, producción descomunal de residuos, contaminación, despilfarro de recursos) obligaron a considerar la «sostenibilidad» del proceso, es decir, el pago de la factura de la degradación. Entonces, el capitalismo echó mano del lenguaje ecológico e inauguró una fase verde que el Estado debía promocionar y sostener. El Estado recobraba así el papel de antaño en una economía a “descarbonificar” por un periodo de “transición energética”. La metrópolis evolucionaba en consecuencia recurriendo a un urbanismo light con sus carriles bici, islas peatonales, recogida selectiva de basura, puntos de recarga eléctrica, «corredores» verdes, tranvías y remedios digitales como las smart cities. “Reinventaba” el territorio obedeciendo a la lógica más al día -más tecnológica- de la mercantilización.

¿Qué relación guarda con el “capital territorial”?

Hablamos de “capital territorial” cuando el territorio se ha transformado completamente en «activo», o sea, en capital. En la Conferencia de Río de 1992 los dirigentes mundiales lo definieron como la nueva configuración del territorio que se desprendía de la unión de la economía con el medio ambiente, o sea, del denominado “desarrollo sostenible”. El concepto venía asociado al momento “verde” del capitalismo, cuando el territorio se situaba en el centro del triángulo sociedad-economía-medio ambiente. Una vez mejorada su accesibilidad, este se convierte en un espacio multiexplotable: es una cantera de suelo edificable, un soporte de grandes infraestructuras, una oportunidad para la industria agroalimentaria, una reserva paisajística, un destino turístico, un área para el ocio industrializado, una fuente de energía renovable y de materiales estratégicos, etc, todo lo cual le concede un peso cada vez mayor en la economía global. En fin, el territorio es la materia prima del capitalismo en su último periodo extractivista.

¿Es posible superar el capitalismo sin desurbanizar el campo ni ruralizar la ciudad, y, por consiguiente, sin destruir las metrópolis?

 

Obviamente no es posible. Liquidar la globalización conlleva el fin de su organización espacial. Frente a las sucesivas crisis, las metrópolis además de invivibles, terminan siendo inviables. Son muy vulnerables ante los desastres y tan enormes que resultan imposibles de gestionar comunalmente. El gran escollo con que se va a encontrar una transformación social fundada en la vinculación armónica con la naturaleza serán las mismas conurbaciones, aptas solamente para la reproducción de relaciones capitalistas, a las que forzosamente habrá que desmantelar. La desmundialización siempre tendrá un aspecto desurbanizador y ruralizante. La simple implantación de una economía doméstica sin mercado -llámese natural, sustantiva o moral- implicará colectividades coordinadas de dimensiones reducidas, con cultivos próximos y producción industrial a pequeña escala. Con mayor razón, la autogestión no sería operativa en vecindarios demasiado grandes, donde el ágora es imposible. Ahora bien, desurbanizar no significa abolir el espacio urbano, a lo sumo, abolir la propiedad privada capitalista. Entraña un doble movimiento de despoblamiento y repoblación, de descentralización y desconcentración, cuyos efectos al respecto son la descongestión del espacio sobreurbanizado, su revitalización, la recuperación de su funcionamiento orgánico… Paradójicamente, la desurbanización es una vuelta a la verdadera ciudad.

¿Por qué el territorio es objetivamente el lugar central de la lucha anticapitalista (y no el lugar de trabajo)?

Central no quiere decir único, ni territorio significa exclusivamente campo. Sin embargo, cuando la mayor producción de beneficios, de la que depende el crecimiento económico, se da en la explotación intensiva de un territorio previamente “ordenado”, entonces su defensa viene a ser el centro de la lucha anticapitalista (o sea, de la actual lucha de clases). En efecto, a medida que la productividad global se ralentiza y que las ganancias decrecen, lo que David Harvey llama «circuitos secundarios de acumulación» adquieren una superior relevancia. Los antagonismos se despliegan en toda su magnitud solo en esos circuitos, -bien sea en el problema de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos, bien en la resistencia a la construcción de centrales nucleares, trenes de gran velocidad o líneas de alta tensión, bien en el sabotaje a los transgénicos o los grandes proyectos inútiles. En consecuencia, la cuestión social se manifiesta principalmente como cuestión territorial. Al contrario, dada la pérdida de centralidad de los trabajadores de la industria y la desaparición de las huelgas salvajes, la lucha sindical, aunque necesaria, no rompe con las reglas de juego del desarrollismo. No se impone como objetivo salir del capitalismo, sino negociar el valor de la fuerza de trabajo con papeles en el mercado. Menos todavía lo quiebra el obrerismo político, tan aferrado al Estado. Por consiguiente, el conflicto laboral no puede ser el eje sobre el que pivoten las aspiraciones emancipatorias. Si se quiere acabar con el régimen capitalista, la cuestión estratégica principal reside en la capacidad de bloquear el crecimiento de la economía con la mirada puesta en las alternativas de salida. En ese sentido, la defensa del territorio, por limitada que sea, es antidesarrollista y anticapitalista por esencia, ya que se encara con el principal impulsor de la economía en estos momentos, la explotación industrial del patrimonio, los saberes y los recursos territoriales, y en mayor o menor medida, propone alternativas prácticas.

¿Qué tipo de territorio (y ciudad) sería económicamente habitable, viable (en el marco anticapitalista)?

Tempranamente, los anarquistas Élisée Reclus y Piotr Kropotkin plantearon la desconcentración de la ciudad burguesa y la eliminación de sus barrios miserables. Ambos apelaron a un “sentimiento de la naturaleza” que guiase la vuelta a un orden natural optimizado, el cual consistiría en una dispersión de baja intensidad de todas las actividades acaparadas por la urbe expansiva. Al conformarse alrededor de las ciudades una red de pequeñas industrias, hospitales, escuelas, molinos, saltos de agua, caminos, ferrocarriles y colectividades agrícolas, el resultado sería una región integrada urbano-rural, sin centro dirigente, encauzada hacia el comunismo. Sus ideas fueron recogidas y desarrolladas por otros autores, entre los que destacaría a Patrick Geddes y Lewis Mumford, que partían de la “planificación regional”. Con el fin de conseguir un equilibrio territorial, estimular una vida intensa y creativa, eliminar el despilfarro de energía y alimentos y detener la expansión metropolitana, propugnaban un uso racional del territorio. Este se concretaba en propuestas como la de cinturones agrícolas, producción descentralizada de energía, reparto equilibrado de la población en unidades convivenciales bien equipadas, reinstalación de las industrias cerca de la materia prima y transporte público eficaz. Reformas a contracorriente, de sentido común, pero sin perspectivas de realización, puesto que no eran respaldadas por fuertes movimientos vecinales arraigados en porciones de territorio liberadas, sino que dependían del altruismo de los dirigentes. Finalmente, el descrédito de la idea de progreso trajo la revalorización de la comuna medieval, particularmente de su funcionamiento abierto codificado en actas de auto-gobierno, de la regulación de la vida social por la costumbre y de la noción de bien común. Así se han abierto nuevas perspectivas altermetropolitanas en los movimientos auto-organizados capaces de sobrevivir a las tentaciones electoralistas, a la amalgama sin principios y al cebo de las subvenciones.

Preguntas del equipo organizador para profundizar después de la conferencia

Definición y periodización de la nueva fase del capitalismo (¿territorial)?

 

La escasez y finitud de los recursos está dando lugar al acaparamiento de inmuebles, tierras, aguas y minerales, mientras que la crisis climática impulsa al desarrollo industrial de las energías supuestamente “renovables” y de los agrocarburantes. Al volverse extractivista, el capitalismo global se agarra al territorio como tabla de salvación, apartando de la protección ambiental el mayor número de “zonas de sacrificio”. El desplome financiero de 2008 puso fin al neoliberalismo puro y reafirmó la función estabilizadora del Estado. Por otro lado, el auge del capitalismo asiático, combinado con las dificultades insalvables de crecimiento del capitalismo europeo y norteamericano, decantaba la globalización a su favor, amenazando la hegemonía occidental a todos los niveles. En las altas esferas se produjeron fuertes discrepancias. El principal peligro para el statu quo económico, militar y político de Occidente -la competitividad superior china- exigía soluciones geopolíticas, no «verdes»; monopolios, no libre competencia; autarquía, no apertura de fronteras, todo lo cual ponía fin al neoliberalismo. Por ahora, gana el sector favorable al proteccionismo, los cárteles tecnológicos, el repliegue nacionalista y el rearme general. Al imponerse el poderío armamentístico en la política exterior, la globalización tal como la concebía el pensamiento «único» ya no es de recibo. Asimismo, el avance del negacionismo climático y la defensa del empleo industrial señalan el declive del ecologismo de Estado. Hoy en día, la fracción más agresiva de la clase dominante ha dejado de creer en el progreso y la sostenibilidad, y confía poco en el mercado global: prefiere que las industrias se queden en casa a pesar de su baja competitividad (para eso están los aranceles), que la energía nuclear tenga una segunda oportunidad y que sus áreas de influencia se sostengan por la fuerza si es preciso. Sabe que la economía declina y que el “estado del bienestar” se estrecha irreversiblemente, por la que la conservación del capitalismo exigirá el sacrificio del programa ecológico y de una parte creciente de la población. Su catastrofismo tiene que ver con un final de ciclo en la civilización capitalista más que con una «transición ecológica» dirigida por un consorcio privado-estatal. La ideología verde, todavía optimista, está siendo desplazada por un decrecentismo sui generis que los estrategas transicionistas denominan “poscrecimiento”. A pesar de todo, el neoliberalismo político, ciudadanista y poscrecentista, pierde terreno ante un progresivo despotismo de corte identitario, autoritario y violento, típico de un régimen protofascista y posglobalización.

¿Cuál sería el sujeto de la lucha (y el “sujeto revolucionario”) en las actuales condiciones?

Un sujeto político es más que una informe “multitud” interclasista: es una comunidad de lucha estructurada. Su formación va asociada a los enfrentamientos contra la autoridad de los sectores de población perjudicados o excluidos por los mercados, y, paralelamente, al desarrollo de una sociabilidad vecinal ligada a la reconstrucción de espacios de vida menos condicionados por el dinero. Si el Estado se retirara lo suficiente y sus partidarios quedasen en minoría, los individuos se sentirían obligados a organizar la vida colectiva, generándose en el proceso voluntad de segregación, deseo de autonomía y espíritu de clase. Clase sin partido que pretenda servirse de ella, ni más función histórica que la que una conciencia rupturista le pueda proporcionar. Los frentes de lucha son diversos -urbanos, rurales, ecológicos- y el reto con el que se enfrentan las fuerzas sociales movilizadas reside en su capacidad de confluir sin renunciar a la democracia directa, ni soslayar sus objetivos finales. Desgraciadamente, las clases medias, aunque depauperadas, tienden a conservar su mentalidad y a actuar de acuerdo con ella, por lo que son presa fácil de los espejismos populistas de la reacción, y consecuentemente, un obstáculo mayor para la autonomía y la conciencia.

Crítica de la concepción marxista sobre la relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la emancipación.

En verdad, el desarrollo de las fuerzas productivas ha vuelto casi imposible la emancipación social. Hace tiempo que la razón ilustrada al servicio de la verdad se trastocó en razón instrumental al servicio del poder. Tal desarrollo pudo originar la formación de una clase obrera industrial sediciosa en sus fases iniciales, pero en etapas posteriores, a pesar de la generalización del trabajo asalariado, la base social del combate por la emancipación se restringía. La máquina suprimía inexorablemente la fuerza de trabajo y condicionaba toda la vida social, poniéndola en manos de los expertos. La tecnología y el consumismo provocaron un desclasamiento de la población trabajadora y la pérdida de la conciencia de clase, borrando de su imaginario toda aspiración revolucionaria. En Occidente, la sociedad de clases enfrentadas desembocó en una sociedad oligárquica reclinada en clases medias asalariadas. La descomposición del área soviética derivó en un capitalismo monopolista de Estado. La base material de la emancipación no prosperó en ningún lado: la principal fuerza productiva, que no es el trabajo sino la alta tecnología, era cada vez más destructora, luego inservible para fines liberadores, y por lo tanto, imposible de ser autogestionada.

¿Qué es la “conciencia territorial”?

Dijo Ellul en su momento, que “lo que está en juego es nuestro entorno social y ambiental”. En las regiones que aspiran a constituirse en Estado, a menudo la idea territorial se confunde con el patriotismo identitario. Sin embargo, de manera más general, la expresión “conciencia del territorio” alude a las ligaduras intelectuales que la población mantiene con su hábitat, comprometidas por una artificialización intensiva del mismo, responsable esta del conjunto de síndromes sicológicos definidos como «psicastenia», o más comúnmente, como «mal urbano.» No se trata pues de un conjunto de vínculos simplemente afectivos, ni de una filantrópica “conciencia ambiental”, sino que tiene que ver con el ritmo de vida pausado de los espacios abiertos, ajenos a los imperativos capitalistas, impulsor de formas de convivencia social integrada. Algunos como Sergio Ghirardi utilizan el concepto de “conciencia de especie”, que yo definiría como la protesta espiritual del vecindario (urbano y rural) ante las amenazas de devastación total contenidas en la fase extractivista del capitalismo tardío, algo que supone a medio plazo la extinción de la especie humana.

¿Cuál es la diferencia entre las luchas territoriales y las luchas urbanas?

No hay diferencia. El derecho a la ciudad es también derecho al territorio. Territorio es en principio el espacio concreto donde se asienta una población, y, por consiguiente, es algo más que paisaje, solar, campo o medio natural. Las áreas urbanas también forman parte de él. Es espacio geográfico y social, una porción de la naturaleza modelada por la acción humana a lo largo de la historia. Es dueño de un pasado, tiene tradición propia y contiene relaciones sociales. En el momento turbocapitalista, el territorio no metropolitano se halla suburbanizado, por lo que todos los conflictos tienen bastante en común, ya que son a la vez territoriales y urbanos. Es más, dada la despoblación de las zonas rurales, los efectivos de la defensa del territorio son mayoritariamente metropolitanos.

Con relación al Estado, ¿es este necesario para superar el capitalismo o un freno?

Para quienes propugnan una organización social horizontal, sin burocracia, ni dirigentes, ni cárceles, ni fuerzas de orden, no cabe duda de que el Estado es, más que un freno, un grandísimo enemigo. Ellos quieren reforzar la sociedad civil luchando por un funcionamiento autónomo, o sea, al margen de las instituciones. Por otra parte, el Estado es el Estado de la clase dominante, luego la cara política del capitalismo y, en tanto que monopolizador de la violencia, su brazo armado. Cualquiera que sea su modalidad y diga lo que diga su propaganda mediática, el Estado es la explotación políticamente organizada de la mayoría de la población por una clase minoritaria. Teniendo en cuenta que el Estado puede sobrevivir al capitalismo y no lo contrario, la abolición de este no conduce necesariamente a la de aquel. Hay que empezar por suprimir el Estado. Comenzar desvelando sus artimañas. Gracias a las trampas participativas y al conformismo dominante, el Estado absorbe todas las energías de la contestación y coopta con facilidad a sus representantes. Cuando un movimiento popular penetra en los mecanismos estatales, queda atrapado por ellos. El movimiento segrega una capa burocrática que actúa en su nombre, y que, a medida que va acaparando la decisión -a medida que altera la vieja estructura de poder y se hace gobierno- va divorciándose de él, constituyendo una nueva clase separada. Quien delega, abdica. La clase del Estado se emancipa de la sociedad y se proclama representante de la misma, forzando un cambio de apariencias. Pero, aunque la dominación varíe en la forma, se mantendrá en el contenido.

¿Cuál es tu definición de Estado? ¿En qué se diferencia de la concepción espinozista o hegeliana?

El Estado es una estructura vertical separada y opuesta a la sociedad civil, a la que organiza unilateralmente a través de una capa de funcionarios. Bakunin dijo que el Estado era el mal, la mismísima Iglesia secularizada, una forma histórica de sociedad que agotó su tiempo. García Calvo puntualizaría: “el Estado es la epifanía de Dios mismo”, una idea abstracta, metafísica, convertida en un ordenamiento jurídico que reduce la gente a la categoría de súbdito tras la cual no hay más que renuncia y sumisión. La concepción de Spinoza es una variante liberal de la noción de contrato. En algún momento, mediante un pacto, la multitud acuerda la composición de un Estado “de civilidad” que, conforme a la ley, imponga la razón y el sentido común como guía de conducta, proteja las libertades “naturales” y salvaguarde a todos de ese caos producto de las pasiones anárquicas imperantes en el “estado de naturaleza”. La república holandesa constituiría el ejemplo tangible del ideal espinozista. Hegel, por su parte, consideraba al Estado como realización efectiva del derecho, imagen de la razón y culminación de la libertad civil. Era el punto final de una evolución histórica que el filósofo concretaba en la monarquía prusiana. Ambas ideas de Estado reflejan etapas históricas diferentes del dominio de la economía sobre la sociedad, y, por lo tanto, del desarrollo de la burguesía, la clase de la economía, comerciante y corsaria en un caso, industrial en el otro. Siglo XVII para Spinoza, siglo XIX para Hegel. Salvo en algún caso excepcional -Morelly, Godwin, Fourier- los pensadores avanzados de la fase ascendente de la burguesía, nunca se plantearon la posibilidad de una sociedad organizada no sometida a una autoridad exterior. En su fase descendente, los ideólogos ciudadanistas, como buenos filisteos, huyen de Hegel, es decir de Marx y de Bakunin, o sea, de la lucha de clases y del rechazo al Estado, y de vez en cuando descubren la teología política de Spinoza, es decir, al Estado liberal idealizado de la vieja burguesía, y utilizan sus reflexiones con el fin de proporcionar perspectivas políticas a cualquiera de las facciones mesocráticas que representen.

 

 Miquel Amorós 

 

miércoles, marzo 18

28M: contra el negocio de la vivienda y sus matones, organización de clase

 


Asistimos a precios estratosféricos del alquiler y compra, al tiempo que los salarios menguan. A la existencia de cada vez más trabas para acceder a una vivienda, mientras las mínimas protecciones legales para impedir que nos echen de ella se deterioran o se normaliza su incumplimiento sin consecuencias.

Pese a todos los problemas que esto genera día a día, en el sentido común está totalmente extendido y normalizado que la vivienda es un bien más con el que hacer negocio, a costa de exprimirnos al máximo y excluir a cualquiera que no suponga rentabilidad y más rentabilidad. Desde luego, no se puede decir que esto sea  algo nuevo. Pero en un contexto de creciente dificultad para el acceso a este medio básico de subsistencia, que podría llevar a un cuestionamiento general de la vivienda como mercancía, a lo que asistimos es a movimientos en la dirección opuesta. Si el banquero, el especulador y el rentista siempre fueron objeto de cierto rechazo social, quienes acumulan poder político y económico están hoy en una campaña abierta por presentarlos como héroes y ejemplos de éxito a imitar, mientras siembran racismo y odio al pobre, y proclaman a las claras que el derecho a algo tan básico como la vivienda es un cero a la izquierda comparado con su derecho a enriquecerse. Al mismo tiempo, vemos día tras día políticas que buscan blindar y alimentar el negocio de la vivienda, y también artimañas cada vez más salvajes y violentas por parte de los rentistas, que esos mismos discursos reaccionarios legitiman y blanquean.

Todas estas prácticas encaminadas a expulsarnos de nuestras casas o subirnos el alquiler saltándose las escasas garantías que la propia ley establece, las podemos englobar bajo el nombre de acoso inmobiliario. Hablamos de un amplio abanico de prácticas de acoso, intimidación y coacciones contra las condiciones de acceso a la vivienda de la clase trabajadora, que incluye prácticas más sutiles y cotidianas, y otras más sangrantes. Desde el casero rentista que no hace arreglos necesarios para mantener la habitabilidad de la vivienda porque aunque tengas el contrato en vigor quiere que te vayas para subir el alquiler o poner un piso turístico, hasta contratar a una empresa de desokupación para echarte, pasando por llamadas y presión constante o cortes de suministros por parte de los mismos propietarios.

 Pero, ¿qué responsables concretos tiene la extensión de este tipo de prácticas, y qué podemos hacer para frenarlas?

Empecemos por lo más sangrante: las mencionadas empresas de desokupación. Estas empresas de matones, con estrechos vínculos con el fascismo, se dedican a expulsar a familias de la clase trabajadora de sus casas a través de la violencia directa. A las órdenes de los rentistas y de su dinero, garantizan que los caseros puedan ahorrarse la “molestia” de recurrir a un proceso judicial que igualmente está diseñado para defender sus intereses. Se les permite saltarse la ley, que parece de obligado cumplimiento únicamente para la clase trabajadora, con el fin de expulsar a familias de sus viviendas.

De esta manera, estos matones del rentismo se dedican a cortar suministros como la luz y el agua, a sabotear la cerradura de tu casa para impedir que entres, a destrozar las zonas comunes de tu edificio, a aparecer a cualquier hora del día a vociferar todo tipo de amenazas, a impedir que salgas de tu domicilio bajo la amenaza de no dejarte volver a entrar, o a falsificar supuestas órdenes de desahucio para que te vayas. Estas son las herramientas de trabajo de estos matones que se anuncian como empresas de “mediación”. Para más inri, estas empresas no actúan solas. Cuentan con el blanqueamiento de los medios. Cuentan no ya con que la policía haga la vista gorda con ellos, sino en ocasiones con su estrecha colaboración. Y cuentan también con el amparo de todo el aparato judicial, que se niega a actuar contundentemente frente a sus evidentes y más que documentadas coacciones y prácticas mafiosas.

 Llegados a este punto, conviene también aclarar algo tan relevante como habitualmente ocultado: las empresas de desokupación no actúan únicamente contra personas o familias que están okupando. La demonización mediática del okupa, se extiende y salpica a sectores más amplios. Cada vez es más habitual que emprendan su violencia contra cualquiera que caiga momentaneamente en el impago de un alquiler por haber perdido sus ingresos. No se puede esperar muchos escrúpulos de fascistas y empresas de este tipo, y tampoco hay que olvidar que no deja de ser para ellos un negocio: será más lucrativo cuanto más amplio sea el abanico de potenciales clientes y víctimas.

También hay casos en los que han actuado contra inquilinos con contrato en vigor y al día de pago, cuando el casero de turno quiere echarles para subir el alquiler a los próximos que entren o montar un rentable piso turístico. Y si conviene advertir al lector de esto no es por otra cosa que por el bombardeo constante de los Nacho Abad, de las Susana Griso, o los Vito Quiles, que tiñen toda la cuestión de la vivienda de okupación y más okupación, con el fin de amparar las prácticas mafiosas de estas empresas. De esto va la ridícula y burda etiqueta de “inquiokupa”. Pese al victimismo habitual de rentistas de todo tipo en tertulias televisivas, hay que recordar que el marco legal que deciden saltarse para maximizar su beneficio y acortar plazos, está de por si diseñado para defender su negocio, y que incluso cuando se saltan la ley gozan de casi total impunidad. Mientras criminalizan a quienes sufren las peores consecuencias de que la vivienda sea un negocio (sean okupas, inquilinos que caen en impagos o la casuística que sea), blanquean la violencia contra ellos. Pero, ¿saben ustedes quién sí puede cambiarles impunemente la cerradura y quitarle la casa cuando bajan a por el pan? Un nazi contratado por su casero.

Por supuesto, estas empresas de desokupación no caen del cielo. A muchos de estos matones les acompañará  su ideología fascista de odio al pobre y al migrante, a otros quizá no, pero ninguno hace esto únicamente por vocación, sino por dinero. Alguien debe pagarles por esa “mediación”. Y es aquí donde entran, evidentemente, caseros, fondos e inmobiliarias, otros de los responsables principales de estos abusos. Las empresas de desokupación son solo una de sus herramientas pero su “imaginación” abarca también otras formas de acoso inmobiliario. No es nada extraño, por ejemplo, que fondos o inmobiliarias vendan y compren vivienda okupadas o con inquilinos, de manera que la solución más sencilla para el nuevo propietario sea, de nuevo, contratar a una empresa de matones que eche a los moradores lo antes posible.

Tampoco es raro que sean los propios propietarios y rentistas, grandes y pequeños, quienes cortan suministros, boicotean cerraduras y amenazan. Quienes inician obras en el edificio para hacer la vida imposible a quienes desean expulsar. Quienes llaman a todas horas y presionan para aceptar condiciones abusivas, subidas ilegales del alquiler o desahucios invisibles. Realizan, en suma, un acoso constante. No, no es que nos repitamos en este artículo, sino que las prácticas propias del acoso inmobiliario se repiten una y otra vez en la propia vida de la clase trabajadora, sea encarnándose en la figura de las empresas de desokupación, de las inmobiliarias o de los rentistas. 

Además las inmobiliarias, por su papel de intermediarios, cumplen aquí la doble función de lucrarse con la vivienda y utilizar y alimentar un falso alarmismo contra la okupación y el impago en los propietarios. Esto a su vez les permite exprimir más todavía a los inquilinos (y a veces también a los propietarios) con “seguros” de impago, dobles y triples fianzas que luego no se devuelven, etc. También, imponer filtros cada vez más restrictivos, donde la exigencia de cada vez más nóminas y avales se mezcla con el simple racismo y clasismo a la hora de seleccionar y descartar inquilinos.

Por último, no podemos dejar de señalar a un agente igualmente responsable de todas estas prácticas: el propio Gobierno. Ya no es que hayan permitido en esta excelentísima “legislatura de la vivienda” que el precio de la misma se halle en máximos históricos, que emprendan una y otra vez políticas para regar de dinero público a los rentistas y las constructoras a través de bonificaciones fiscales, las llamadas ayudas al alquiler o la llamada “colaboración público-privada”, o que ni siquiera consigan mantener una medida tan limitada y tibia como era la llamada moratoria antidesahucios. Sino que, además, mientras los partidos que ocupan ese mismo gobierno nos dicen que debemos votarles para parar al fascismo, permiten actuar con total impunidad a estas empresas de desokupación. Estas, como en una simbiosis, se nutren del fascismo a la vez que lo refuerzan. Estando a la vista de todos sus prácticas mafiosas, su acoso, sus coacciones, intimidaciones y amenazas, al igual que para los juzgados o la policía, no han movido un dedo por desarticularlas.

 Con todo lo dicho, el panorama puede parecer desolador: demasiados enemigos, demasiado poderosos, y también, como acabamos de señalar, algunos falsos amigos. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Parece que solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. Pero en esto podemos encontrar también motivos para el optimismo. Porque cuando la clase trabajadora se organiza, como ya se hace en tantos sindicatos de vivienda y espacios de distinto tipo, puede plantarle cara a los matones, a caseros, a inmobiliarias y al propio Gobierno.

Todo esto no es mera teoría que nos sacamos de la manga. Existen sobrados ejemplos prácticos que muestran cómo los sindicatos de vivienda consiguen parar los pies a los caseros y sus prácticas mafiosas en el día a día. Los rentistas tienen como as en su baraja la soledad, el desconocimiento y el miedo de las personas y familias de clase trabajadora a las que exprimen y atacan. Cuando se encuentran con una respuesta colectiva, con una llamada del sindicato o con alguien informado y dispuesto a defenderse de esos ataques, a menudo desisten o fracasan. Lo mismo ocurre con las empresas de desokupación, y no hay mejor ejemplo de esto que lo ocurrido hace unos meses en Vallekas. Una empresa de desokupación trató de ejecutar un desalojo ilegal, y atacó de paso el gimnasio antifascista La Fábrika. Se encontró un barrio organizado que respondió defendiendo a sus vecinos y sus espacios, plantando cara a esos matones fascistas en el momento, y tomando las calles masivamente unos días después contra las empresas de desokupación y contra toda la criminalización mediática.

Por supuesto, no hablamos de recetas mágicas. Ninguna lucha lo es, y no siempre arrancaremos victorias. Pero las que puedan conseguirse, los pequeños pasos que se enmarquen en lo posible y los grandes saltos que transformen mañana en posible lo que hoy parece imposible, no vendrán de confiar en la benevolencia de los rentistas o del Estado, ni de pedir y esperar sentados. Pasan irremediablemente por la organización y la lucha de la clase trabajadora, para defender nuestros intereses y responder a sus ataques.

Lo tenemos claro. Si no podemos habitar tranquilamente nuestras viviendas porque nuestros caseros e inmobiliarias recurren a prácticas mafiosas para echarnos y subir el precio a los siguientes que entren. Si el Gobierno ni siquiera es capaz de mantener las medidas “sociales” más tibias y con su impotencia y pasividad que pone la alfombra a fascistas y a los discursos reaccionarios. Si en nuestros barrios hay vecinas y vecinos que no pueden salir de sus casas por miedo a que les cambie la cerradura una empresa de desokupación. Si los medios criminalizan a las víctimas y blanquean a los culpables. Si la clase trabajadora no tiene garantizado de manera universal el acceso a una vivienda. Entonces, es nuestro deber tomar las calles, para decir bien alto que no vamos a seguir normalizando que su negocio esté por encima de nuestras vidas ni tolerando su violencia impune. Que el culpable no es el migrante ni quien no puede pagar un alquiler, sino el rentista y el empresario que nos exprime. Y que el camino para plantarles cara no es confiar en que otros lo arreglen, sino nuestra propia organización como clase trabajadora. 

Nos vemos el 28 de marzo a las 19h en Plaza de Castilla.

 

 

militante del Sindicato de Vivienda de Tetuán @SVTetuan                               

domingo, marzo 15

El telediario

 


El Telediario es la sagrada eucaristía

donde millones comulgan a diario con la mentira.

 

  Manuel Casal Lodeiro

jueves, marzo 12

Abolir las fronteras: justicia racial frente al neoliberalismo

 


¿Tienen los Estados el derecho a controlar a las personas que atraviesan sus fronteras? La pregunta es sencilla, y la respuesta parece no admitir ningún debate. De una respuesta afirmativa se modulan las políticas migratorias, pero también las posturas de los partidos, así como las narrativas que impregnan el debate social. El control de la movilidad de las personas ha devenido el centro de las agendas políticas de los países receptores en los últimos años.

En febrero de 2025, una encuesta realizada por YouGov para el diario británico The Guardian en siete países de Europa Occidental revelaba una opinión negativa en cuanto a los efectos de la inmigración en la última década. Las respuestas apuntaban a la percepción de que la llegada de personas migrantes era excesiva, mientras las políticas migratorias resultarían ineficaces. En septiembre de 2024, tras un verano en el que la atención de discursos partidistas y cabeceras se centró en las llegadas de personas migrantes a Canarias, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaba a la inmigración como el primer problema para la ciudadanía española.

Más allá de las fronteras europeas, una encuesta del Pew Research Center mostraba en marzo —poco después de que Donald Trump tomara posesión con su agenda de deportaciones masivas— el apoyo mayoritario de la ciudadanía estadounidense a la expulsión de personas en situación irregular, aunque esto implique que la policía los detenga en protestas, lugares de trabajo o en sus propias casas. Ya en noviembre, en Japón, en línea con el discurso antiinmigración que marcó la campaña electoral, la ganadora y nueva primera ministra, Takaichi Sanae, corroboró que endurecerá las políticas migratorias en el marco de un Plan de población que presentará en 2026.

La migración también ha estado en el centro de la carrera por la presidencia de Chile. La posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder de la mano de José Antonio Kast provocaba también en noviembre una gran preocupación entre la población de las comunidades migrantes venezolanas y peruanas. Y es que la extrema derecha xenófoba ha ido ampliando en los últimos años su influencia en todo el mundo: en Australia, tras meses de manifestaciones en contra de las personas migrantes en las que participaron también políticos de la oposición, la presión para endurecer las políticas migratorias apunta a que las fronteras dominarán el debate público en el verano austral.
Más movimiento, más deshumanización

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2020 había alrededor de 281 millones de personas migrantes en el mundo, apenas un 3,6% de la población mundial. Un número que, sin embargo, supera en 128 millones las personas migrantes registradas en 1990, y que multiplica por tres las estadísticas de 1970. Este incremento de la migración internacional ha sido acompañado de un endurecimiento en las políticas migratorias desde los países del Norte Global. Sin embargo, no siempre son Europa, Norteamérica, o Japón los destinos preferentes para quienes migran. Al menos un 40% de estas personas residen en países del Sur global, explica un informe de la Universidad de Stanford en el que se establece que siete de cada diez personas migrantes africanas permanecen en el continente, mientras que en Colombia y Perú se habrían establecido la mitad de los cinco millones de personas emigrantes provenientes de Venezuela.

La última década no solo ha visto un incremento en los flujos migratorios en todo el mundo, sino también ha sido testigo de un cambio en las narrativas sobre el movimiento humano. Son múltiples las voces que sitúan la llamada crisis de las personas refugiadas de 2015, que siguieron al tortuoso fin de las primaveras árabes y las guerras de Siria o Libia, como punto de inflexión entre un enfoque humanitario de las migraciones a una aceleración del discurso y las políticas securitarias. “La fluctuación entre crisis de refugiados y crisis migratoria fue reveladora: mientras en la crisis de refugiados se buscaba invocar alguna simpatía, la crisis migratoria supuso un giro hacia la deslegitimación de las personas migrantes como refugiados ‘falsos’ o ‘no reales’”, explica Harsha Walia, activista y académica india con base en Canadá, en una entrevista sobre su mirada respecto a la justicia fronteriza. Para la autora, este desplazamiento que cuestiona quién se merece la movilidad justifica la hegemonía de políticas volcadas en detener las migraciones.

Políticas que atraviesan el arco ideológico, independientemente del partido en el gobierno. Reino Unido es una buena prueba de ello: en 2012 la conservadora Theresa May, en su época como ministra de Interior, acuñaba la idea del “entorno hostil” como marco para afrontar la migración irregular. Más de una década después, el pasado noviembre, el laborista Keir Starmer celebraba la caída en el número de llegadas a suelo británico como “un paso en la buena dirección”. También Alemania sirve como ejemplo: mientras que en 2015 la conservadora Angela Merkel se puso al frente del discurso humanitario aceptando un millón de personas refugiadas provenientes de Siria y otros países, en 2024, el entonces canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, apostaba por el cierre fronterizo defendiendo el derecho de su país a decidir quién entra en su territorio.

“Partidos socialdemócratas por toda Europa rechazan cada vez más la idea de unas fronteras abiertas, mostrándose a favor del mismo chovinismo del bienestar que hasta hace poco rechazaban, pues lo consideraban de extrema derecha y fascista”, resume la investigadora Ida Danewid en la obra colectiva Mediterráneo Negro. Cuerpos, Fronteras y Ciudadanía (Katakrak, 2021). Por chovinismo del bienestar se entiende la idea política proveniente de cierto populismo danés y noruego de que solo a las personas nativas corresponde disfrutar del Estado de bienestar. “En algunos países —prosigue Danewid— la inmigración incluso ha dejado de ser algo de izquierdas o de derechas: en Dinamarca, la seguridad fronteriza es efectivamente una cuestión prepolítica, pues todos los partidos —izquierda y derecha— apoyan políticas de inmigración radicalmente restrictivas”.

La lógica del chovinismo del bienestar ha colonizado la racionalidad europea y con ella su política migratoria. Entre 2020 y 2024 se negoció el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, ante la preocupación de las organizaciones de derechos humanos y antirracistas de todo el continente. En palabras de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “La reforma plantea graves riesgos para el derecho de asilo y los derechos humanos poniendo un especial foco en las medidas de externalización de fronteras y retorno a terceros países. El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y si llegan, expulsarlas lo más rápido posible”.

El Pacto, que deberá implementarse en junio 2026, se les quedó pequeño rápidamente a los Estados miembros. La influencia de Giorgia Meloni, quien ha liderado diversas reuniones para imponer su agenda migratoria, se traducía el pasado octubre en una nueva carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que instaba a agilizar la firma de acuerdos bilaterales con terceros países que faciliten la externalización y deportación de las personas que llegan a territorio europeo. Los Estados miembros complacían semanas después a Von der Leyen y por extensión a Meloni: el 8 de diciembre sus ministros de Interior aprobaban por mayoría un acuerdo para el Reglamento de Retorno. La nueva normativa permite la expulsión de personas migrantes a terceros países, favorece la creación de centros de deportación en estados extracomunitarios y considera como países seguros y por tanto, destinos legítimos para las devoluciones de personas, países como Egipto o Bangladesh. “El cambio que Italia ha solicitado en materia de migración se ha producido”, celebraba en X el ministro de Interior italiano Matteo Piantedosi.

 Fronteras y desigualdad

Al mismo tiempo que se multiplican los ejemplos de políticas y discursos que documentan este cierre ideológico en torno a las políticas migratorias, no resulta fácil encontrar narrativas y prácticas que cuestionen el régimen de las fronteras desde la raíz. Activista antirracista y defensora de los derechos humanos, Siham Jessica Korriche cuenta con una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil que defienden a las personas migrantes y en los últimos meses ha podido también asesorar a formaciones políticas de izquierda tanto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados. Reflexionando desde ambos espacios, comparte cierta frustración ante el pequeño margen existente para propuestas que se salgan de la habitual demanda de una migración legal, segura y ordenada. “El movimiento de las personas no entiende de marcos jurídicos. La gente se mueve porque se las expulsa de sus territorios o porque así lo deciden. Y esto no es una lógica que únicamente impere en el sur global, también pasa en el norte. La diferencia es que las reglas del juego son distintas”. Por ello, Korriche considera que, más que de defender los derechos de las personas migrantes, se trata de cambiar las reglas del juego: “Es muy difícil imaginar propuestas sin una apuesta decolonial y antirracista para entender el movimiento de las personas”.

Carlota Momobela ve con claridad cuál es el problema: “Las fronteras vulneran el principal derecho a la vida y otros como la libre circulación”, explica. Esta pedagoga antirracista convive cotidianamente con las consecuencias del régimen de fronteras en su trabajo con mujeres migrantes africanas. Unas mujeres que están sometidas, recuerda, a una visión utilitarista que les concede derechos o no en función de lo que puedan aportar, o a una visión humanitaria, que las limita a su condición de víctimas. “Las fronteras no son algo natural —prosigue Momobela—, se establecen en los territorios para dividir poblaciones y regular el acceso en base a la necesidad o no de mano de obra abaratada, sin derechos”. La activista aboga por revertir esa naturalización con una “pedagogía que cuestione las epistemologías hegemónicas, que deshaga lógicas y creencias coloniales y que fomente un pensamiento crítico que vea la importancia de las fronteras como arma de control social”. 

En la entrevista citada a Harsha Walia, esta aborda algunas limitaciones que afectan a los movimientos por los derechos de las personas migrantes cuando abordan las migraciones como una cuestión de racismo “doméstico” al que se puede responder desde la política estatal. “Sin embargo, las migraciones son un régimen que construye la raza, y que es tanto nacional como global”, afirma. Esta pensadora defiende políticas y discursos que pongan en el centro la justicia migratoria frente al consenso populista sobre las fronteras: “Sean los ecofascistas culpando a la inmigración y al crecimiento de las poblaciones, o los nacionalistas del bienestar convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios que ‘roban’ trabajos y recursos, o los etnonacionalistas como el supremacismo blanco, el hindú o las fuerzas sionistas con sus ideas fascistas sobre quién pertenece y quién no, las personas inmigrantes son retratadas como ‘invasores’, causando ‘decadencia social’, por los partidos de extrema derecha”. 

Para Korriche, desafortunadamente, poner la justicia migratoria en el centro, o cuestionar las fronteras como dispositivos raciales no parecen discursos fáciles de situar en el debate político, ante la abrumadora omnipresencia de los planteamientos de la derecha, una comunicación política que no deja tiempo para plantear políticas que necesitan un mayor debate, y unas redes sociales funcionales a la extrema derecha: “Nos presentamos ante la batalla con todas las de perder, sinceramente”. También señala que muchas formaciones de izquierda no están dispuestas a “asumir el coste”. Korriche relata cómo hace poco escuchaba a un político de izquierdas afirmar que para escapar de los marcos de la extrema derecha, cuando le preguntaban por migración, él contestaba con otras cuestiones que consideraba importantes como la vivienda. “¿Pero esto qué significa? ¿Que se habla de la vivienda o se habla de la migración?”, se pregunta la activista. Así, lamenta, la migración se sale de las prioridades de los partidos de izquierda, de lo que consideran importante. “Lo que llaman las cosas del comer”, ironiza. 

Teniendo en cuenta los precedentes coloniales, Walia considera que tanto la aspiración del cierre de fronteras como el chovinismo del bienestar no son una anormalidad, sino “parte de la larga historia del capitalismo racial que siempre ha intentado controlar el movimiento de las personas pobres”. Y es que al capital no le interesa la homogeneidad entre la fuerza de trabajo, sino que maximiza sus beneficios creando desigualdad, y para ello las fronteras son indispensables: “Las fronteras permiten un sistema en el que se incentiva mucho a las corporaciones multinacionales para que externalicen la producción al lugar más barato posible, que es la razón por la que el 83% de la mano de obra de la industria de la fabricación mundial vive y trabaja en el sur global”. Mientras, la mano de obra migrante barata se convierte en mayoritaria en sectores como la agricultura o los cuidados en el norte global.

Para Walia, este análisis permite abrir la imaginación a “nuevas formas de política emancipatoria —centradas en la abolición, en lugar de en la hospitalidad— que conecten las luchas contra la maquila global ‘en el extranjero’ y la explotación del trabajo migrante y las clases trabajadoras (multirraciales) ‘en casa’”. A lo que apunta esta referente es a una “política que persiga abolir todas las instituciones cómplices con el capitalismo racial” entre ellas, las fronteras.

¿Abolir las fronteras? A Korriche le cuesta imaginar cómo podría situarse una demanda así en el horizonte político de organizaciones por los derechos humanos o partidos de izquierda: “No creo que ninguna persona que trabaja en estos temas pueda salir de los marcos de la emergencia, de la frustración y del miedo”, explica, tras tantos años en los que la violencia en discursos y prácticas no ha hecho más que aumentar. Sin embargo, sí reconoce la necesidad de ampliar la imaginación política, solo que “con un contexto que no acompaña”, teme que ese ejercicio acabe ubicado en un marco más “academicista”.

¿Podrán caer los muros?

De lleno en la academia, Juan Carlos Velasco Arroyo, al frente del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también se plantea en un artículo sobre migración y justicia global la necesidad de desnaturalizar las fronteras. Pues, según lo que describe como “lotería del nacimiento”, lo que marca principalmente el devenir de nuestra existencia es el hecho de nacer a un lado u otro de las fronteras globales. “La división política del planeta en naciones soberanas se encuentra entre los principales mecanismos causales recurrentes que están detrás de la desigualdad más persistente. (...) Las fronteras serían, pues, dispositivos orientados por objetivos de explotación, desposesión y dominación”, concluye. Su propuesta impugna el supuesto derecho de las naciones a controlar unilateralmente sus fronteras. “No obstante, el pensamiento hegemónico —impregnado de realpolitik— sigue troquelado por una presunción ideológica que entiende como agresión todo aquello que desnaturalice lo que nunca debió naturalizarse”.

Aunque este parezca un lenguaje abstracto y propio del debate académico, se correlaciona íntimamente con las luchas antirracistas como la que supuso el estallido del movimiento Black Lives Matter en 2020. Así lo recuerda el antropólogo Bernd Kasparek en un artículo que enlaza los debates del otro lado del Atlántico con la lucha de las personas migrantes en Europa, estableciendo “paralelismos con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos como parte de una lucha global por la libertad de movimiento”.

 Kasparek considera que la mirada abolicionista trasciende un marco europeo donde realmente no hay un debate real sobre las migraciones, sino que todo se basa en políticas centradas en la inmovilización y el confinamiento de las personas que migran: “Las discusiones tecnocráticas y las maniobras legales sobre cómo eludir las obligaciones del derecho internacional dominan la actualidad”, concluye. En el centro de la mirada abolicionista del movimiento negro estadounidense están las instituciones de la policía y la cárcel. Aplicar esta mirada a Europa implicaría entender cómo las personas migrantes se consideran “un otro”, cuyo principal espacio es la frontera, “cuya policía es la policía de fronteras y cuyas prisiones son los muchos centros de detención y deportación en los confines de Europa”. 

Inspirada por la mirada abolicionista de Angela Davis, la politóloga italiana adscrita a la universidad de Bolonia Martina Tazzioli empezó a trabajar desde Grecia en el libro Border Abolitionism (Manchester University Press, 2023). Tazzioli sostiene que esta perspectiva, más que en las fronteras como barreras, permite centrarse en los distintos mecanismos de confinamiento, y cuestionar la idea de que los mismos “sirvan para garantizar nuestra seguridad, prosperidad económica y social”. Se trata de una propuesta antihegemónica en un momento en el que parece no cuestionarse la deseabilidad de erigir fronteras y espacios de confinamiento, es más, el número de confines se multiplica mientras gran parte de la ciudadanía europea reclama aún más.

“El abolicionismo nos ayuda a ver cómo hacer que los confines resulten obsoletos. Nos permite conectar la crítica al gobierno de las migraciones con la crítica a las transformaciones del capitalismo global”, explica Tazzioli a El Salto. De lo que se trata, apunta citando a Davis, es de “delinear contrapoderes, contrainstituciones y nuevas formas de convivencia”. En el ámbito migratorio, ante un marco discursivo en el que frente a la precariedad, las personas migrantes se convierten en “un chivo expiatorio”, para Tazzioli pensar en la abolición permite “repensar una política con una visión internacionalista que luche contra el desmantelamiento de las infraestructuras que sostienen la vida”. O, como dijo la propia Davis en una entrevista durante aquel combativo 2020: “La abolición en realidad significa repensar qué tipo de futuro queremos en lo social, lo económico y lo político. Se trata de una revolución”.

 

“Racialización del deseo"


En un documento enfocado en analizar cómo las personas toman la decisión de migrar, la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), detalla tres fases de este proceso. Primero: la formación del deseo de cambio (desde una perspectiva laboral, de seguridad, o de mejora de las condiciones de vida); segundo, la canalización de este deseo de cambio a través de la aspiración de migrar; tercero, el resultado: si las personas logran su objetivo o no. Sobre esta idea, la OIM considera que las políticas migratorias deberían centrarse en que las personas pudieran concretar su deseo migratorio. En este sentido Martina Tazzioli, apunta: “Aquello que nunca se discute realmente a nivel político es lo que defino como un tipo de ‘racialización del deseo’, incluido el deseo de mejorar tu propia vida que está en la base de las migraciones”. Un deseo que se considera legítimo para algunos sujetos, pero que criminaliza a los “otros” migrantes....

7.500
son las personas refugiadas que Donald Trump ha decidido aceptar anualmente. La orden, anunciada en octubre, prioriza a los sudafricanos blancos. En 2024 EE UU recibió 292.232 solicitudes de asilo.

47%
Es el porcentaje de población africana que habría considerado en migrar en 2024, según recoge una encuesta del Afrobarómetro realizada en 24 países del continente.