¿Qué estrategias utilizan y activistas y trabajadores para sabotear el sistema? ¿Cómo usamos el boicot como estrategia de lucha? ¿Qué ejemplos recientes tenemos?Bienvenidas a la historia del sabotaje con Helena Sardá y Oriol Erausquin junto a Alberto Coronel, especializado en la historia de las sociedades capitalistas, activistas contra el macroproyecto Cuna del Alma en Tenerife y Júlia Martí, portavoz de Revoltes de la Terra y su lucha contra la empresa Israel Chemicals Limited.
Recuerdo la fecha como si fuera la de un cumpleaños. 26 de junio. La historia de lo que ocurrió la escuché la primera vez que viajé a Argentina. Hablaban de Darío y de Maxi. Del movimiento de los piqueteros del que formaban parte. De la manifestación organizada ese día que rebosó las calles de personas organizadas desde abajo. Personas que fueron capaces de hacer temblar un suelo que, a los poderosos, les parecía más firme de lo que era. Poderosos que, justo por eso, precisamente por eso, con Eduardo Duhalde al frente del gobierno nacional, decidieron que, por primera vez, sacarían a la calle a las tres fuerzas federales para que actuaran de forma conjunta. La gendarmería, la prefectura y la policía federal se sumaron a la policía bonaerense, además de personal de inteligencia y brigadas de civil. La violencia policial y la represión estaban garantizadas.
La columna en la que iban Darío y Maxi pretendía cruzar el puente Pueyrredón para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Pero los agentes armados no estaban dispuestos a permitirlo. Habían blindado la zona sur, habían creado una frontera para aislar geográficamente a todos los manifestantes que venían de esos barrios populares. Personas, muchas de ellas, que formaban parte de los Movimientos de Trabajadores Desocupados.
La violencia policial se desató pronto. Una violencia que incluía balas de plomo. Primero le dieron a Maxi. En el pecho y en la pierna. Pidió ayuda. En medio del revuelo y el ruido y el desorden un compañero lo ayudó a caminar tres cuadras hasta la estación de tren de Avellaneda, donde otros manifestantes habían entrado para tratar de protegerse. Mientras Maxi agonizaba en el suelo, Darío entró a la estación con dos compañeros. “Llamen a una ambulancia”, se escuchó. Varios policías con las armas en sus manos entraron también. Al verlos, la mayoría de los manifestantes que estaban allí, huyeron corriendo.
Darío no se fue. Se arrodilló junto a Maxi que estaba tumbado sobre el piso. Apenas lo conocía. Pero no se marchó. Se quedó ahí. Mientras varios policías le apuntaban con un arma. Con su mano izquierda tocaba a Maxi, que estaba tirado en el suelo frío de la estación, desangrándose. La mano derecha la levantó hacia los policías. Como queriendo que entendieran que tenían que parar, que ahí había un ser humano herido. Ese fue su gesto. Agarrar con una mano al compañero herido, como queriéndole decir “No estás solo, yo me quedo contigo”. Y, con la otra, levantada, tratando de frenar la violencia, el sinsentido, la muerte.
Después, dispararon a Darío, por la espalda. Lo mataron también.
Ese gesto de Darío fue reproducido en carteles, murales y en plantillas que llenaron las calles. Ese gesto. Con una mano atendiendo a Maxi mientras se desangraba. Con la otra tratando de frenar la violencia. Ese gesto que visibiliza que, frente al poder asesino, siempre hay otro poder, aunque a veces parezca pequeño, casi invisible. Un poder que es imposible de detener, una voluntad que nunca se va a quebrantar, la de permanecer unidos, la de ayudar, la de despreciar al poder que excluye, asesina y trata de doblegar el empeño en revertir este orden macabro.
24 años después. El 26 de junio. Siguen celebrándose actos para que la memoria de lo que ocurrió no se borre.
La estación de tren dejó de llamarse Avellaneda. Los carteles se repintaron por personas que habían participado en las movilizaciones, le pusieron un nuevo nombre “Estación Darío y Maxi” y, un tiempo después, pasó a llamarse oficialmente “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.
Leí en un libro de Rebecca Solnit la idea de “éxito sin victoria”. Desde luego los asesinatos nunca pueden considerarse un éxito de nada, pero sí que la memoria de lo que ocurrió siga viva casi un cuarto de siglo después. Porque ese gesto de Darío sigue sirviendo para recordar dónde está la fuerza y la solidaridad de quienes se empeñan en cambiar las cosas, dónde está la frontera de lo que deberíamos permitir y lo que no. La importancia de los gestos, de las acciones.
Entrevistamos a gente de Rosas negras, autoras del libro La sombra del
Estado. Un testimonio colectivo sobre las infiltraciones policiales.
Un testimonio colectivo de quienes, desde 2022, han destapado una
red de infiltraciones policiales en movimientos sociales del estado
español. Centros sociales okupados, sindicatos de vivienda, colectivos
pro-palestina, asambleas vecinales, donde acudieron estos agentes del
estado, con nombre falso, una identidad falsa, una historia falsa, ropa
falsa, ideas falsas... conviviendo, mintiendo, manipulando, mientras
tejían relaciones de confianza.
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A pesar de la mala imagen que se proyecta hoy en día sobre el movimiento okupa en todo el estado desde las instituciones, inmobiliarias y medios de comunicación, la historia de los espacios okupados ha demostrado sobradamente su utilidad en el desarrollo tanto de las ciudades como de los movimientos sociales.
En el caso de Sevilla, se consideran los Jardines del Valle como primer espacio okupado de la ciudad, posteriormente adquirido por el ayuntamiento y convertido en zona verde pública. Se trata de un antiguo convento y colegio abandonado con unos grandes jardines que en 1980 un grupo de jóvenes ecologistas decide okupar para evitar que desaparezcan más zonas verdes en un momento de gran transformación urbana de la ciudad. Un ejemplo de cómo la ciudadanía toma las riendas en parte de los procesos urbanos a través de la organización colectiva. En cuanto a los Centros Sociales Okupados y Autogestionados (CSOA) se producen en Sevilla varios ciclos del movimiento okupa, en función del contexto de cada momento, habiendo una constante renovación de la gente implicada y demostrando la necesidad de que se generen estos espacios.
En 1991, año previo a la Expo’92 y en medio de un nuevo proceso de transformación en la parte norte del casco histórico surgen los primeros CSOAs en un momento de enorme fuerza del movimiento okupa. Se okupa Cruz Verde 22, un edificio del ayuntamiento que nunca llegaba a transformarse en un espacio de uso público a pesar de las promesas. En la misma época se okuparon la Casa de la Araña en la antigua calle Lerena (actualmente calle Divina Enfermera), una vivienda en la calle Goyeneta, la antigua farmacia militar de la Plaza de la Gavidia, una casa palacio de la calle Vidrio…
Con tantos espacios funcionando en paralelo se hicieron multitud de actividades culturales: charlas, presentaciones de libros, conciertos, el Encuentro de Alternativas, comedores comunitarios… y se organizaron distintos movimientos sociales como el movimiento de insumisión y antimilitarista o Desenmascaremos el 92, el cual sufrió una enorme persecución y represión por cuestionar la celebración de la Exposición Universal. En el año 1995 se incluye por primera vez el delito de Usurpación en el código penal, declarando la okupación como delito, lo que provoca que el verano de ese mismo año se vayan cerrando todos los espacios uno tras otro.
Tras aquellos episodios de desalojos se discute cómo conformar un espacio en el que continuar con toda la actividad y se decide alquilar lo que sería el Centro Social Alquilado El Lokal, con el mismo carácter social y político pero con una situación legal distinta tras el cambio del código penal. En este espacio empezaría a reunirse la gente que tras su cierre en 2001 conformarán Casas Viejas, inaugurando otro ciclo de okupaciones a principios del milenio.
Tras Casas Viejas, en 2004 se recuperan el Palacio del Pumarejo, el Huerto del Rey Moro y se abre el CSOA Sin Nombre en el antiguo Colegio San Bernardo. De nuevo, la necesidad de organizarse requiere de distintos espacios donde desarrollar la actividad política y cultural. Desde Casas Viejas se organizaron distintas acciones como la huelga de barrenderos de Tomares y la de los azafatos de tierra de Renfe y se jugó un papel importante organizando el May Day de 2005 y 2006 para el Primero de Mayo. En 2007 se produce el desalojo con una enorme resistencia que se alargó durante dos días como se recoge en el documental Londres no es Sevilla.
El CSOA Sin Nombre estuvo funcionando hasta 2014, por lo que la lista de actividades realizadas y de colectivos que se reunieron allí es infinita. Podríamos destacar la Liga de Inquilinas o la ayuda que prestaron en el caso de San Bernardo 52, por el que se consiguió que varias vecinas de renta antigua mantuvieran su vivienda y resistieran a la gentrificación del barrio; o la organización del movimiento estudiantil en respuesta a las distintas agresiones que sufrieron por grupos de extrema derecha. En cuanto al Pumarejo y el Huerto del Rey Moro son espacios que siguen funcionando a día de hoy pese a las dificultades y que llenan de vida el barrio. Son espacios que mientras el ayuntamiento no sepa cómo gestionar y qué hacer con ellos mediante acuerdo con los vecinos se seguirán autogestionando de manera asamblearia para seguir resistiendo.
En 2007, tras el desalojo de Casas Viejas y con 3 espacios funcionando en paralelo, se abre un nuevo ciclo con las okupaciones de la Fábrica de Sombreros (2007 -2008), La Huelga (2010 - 2012) y Andanza (2014 - 2015), generándose cada nuevo espacio por el cierre y la reorganización del anterior. Es un momento en el que se cuestiona constantemente el funcionamiento de los CSOAs y su organización y en el que se generan algunos debates de los que hoy en día seguimos nutriendonos. También en este momento se okupan el Mercado Provisional en la Plaza de la Encarnación, Meteora en la calle Duque Cornejo, La Soleá en el polígono San Pablo, la Ballesta en calle Enladrillada…. Coincide con un momento de ebullición política con el 15M y de total legitimación de la okupación con el movimiento de las Corralas, por el que se liberaron edificios completos para acoger a familias con necesidad de una vivienda. También en ese ciclo surge La Casa Revolucioná de Mujeres (la Revo) como primera okupa no mixta, en el que se liberan dos viviendas (La Revo I y II) para servir de espacios seguros para mujeres y disidencias, con alguna discrepancia desde ciertos movimientos sociales por ello.
Tras la represión sufrida en el caso de Los 18 de la Macarena y con la pandemia en medio, quedó paralizado el movimiento okupa y en general el movimiento por la vivienda en Sevilla. A su vez, crecía más y más la persecución y el miedo a los okupas, insuflado desde los medios de comunicación y las empresas de seguridad. Se realizaron distintos intentos que fueron reprimidos rápidamente como la Grieta o la Hiena, se mantuvo unos meses la Leona y los últimos años han funcionado Malatesta y la Yesca, siendo este último el único CSOA que resiste a día de hoy en la ciudad.
Haciendo un rápido repaso por la historia se observa rápidamente que los Centros Sociales surgen de una necesidad y que resisten a desalojos, persecución, juicios, multas y a lo que sea necesario precisamente por eso, porque son necesarios. Los movimientos sociales se nutren de estos espacios para su organización y a la vez son una manera de cuestionar la propiedad privada y los planes urbanísticos en los que la población no tiene ningún poder de decisión si no es a través de la recuperación de estos espacios abandonados.
De igual forma, se han okupado y se seguirán okupando viviendas vacías mientras exista gente que no puede acceder a una vivienda, que queda excluida por su nivel económico, su género, su origen… En definitiva, mientras el capital niegue la existencia y el desarrollo de una vida digna a una sola persona en este mundo, la respuesta seguirá estando en la resistencia de los movimientos sociales y en la generación de espacios en los que organizarse.
La opinión pública sobre la okupación ha cambiado radicalmente, pasando de entender que una familia entre en una vivienda abandonada o se recuperen espacios para darle vida al barrio desde la cultura a tener todas las viviendas copadas de placas de empresas de seguridad y a todo el vecindario pendiente para chivarse. Mientras, vivimos una crisis de vivienda que niega el desarrollo normal de una vida a millones de personas, con más 25.000 vivienda vacías en Sevilla, más de 10.000 pisos turísticos y cientos de desahucios cada año. Vemos cómo el capital y la especulación prefieren un espacio vacío y abandonado que uno en el que la gente pueda llevar una vida. Deja de sorprender que algunos espacios desalojados tarden años y años en volver a utilizarse o reconstruirse.
En este contexto, creemos necesario dar voz a esta parte de la historia de la ciudad, eternamente silenciada y dar la importancia que se merece a estos espacios que han cumplido tan valiosa función dentro de la organización de los movimientos sociales y culturales. Está en nuestras manos dar la vuelta a ese imaginario colectivo impuesto y reivindicar la okupación, frente al negocio que muchos están haciendo con su persecución y represión.
Por ello, desde la Feria Anarquista del Libro y con la colaboración de la Asamblea por la Vivienda de Sevilla se ha preparado un paseo histórico que repasará la historia de los Centros Sociales Okupados y Autogestionados (CSOAs) de la ciudad. Será el domingo 15 a las 11:00 en la plaza de Montesión. Además, se presentará el libro Menos misiles y más okupas. Una historia coral de los espacios okupados de Sevilla / 1991 - 2026 en el que gente que ha participado de los distintos espacios okupados nos cuenta cómo fue, cómo se organizaban, alguna anécdota o reflexión…
Militante de la Asamblea por la Vivienda de Sevilla.
En una ciudad cada día más saturada por las lógicas de rendimiento y extracción capitalista, realidades como la mercantilización de los espacios urbanos, la precarización laboral, la expulsión de nuestros hogares, el desmantelamiento de lo público, o el auge de la securitización, dibujan el paisaje de nuestros padecimientos cotidianos. En este contexto, La Rosa nace en Lavapiés como una apuesta política por disputar la ciudad. Una infraestructura abierta a personas y colectivos desde la que desplegar saberes y prácticas comunes que desafíen los modos de socialización de la metrópoli capitalista.
Creemos firmemente que la construcción de una comunidad abierta y múltiple es condición indispensable para recuperar la autonomía sobre nuestras vidas. Una sociedad atomizada es el escenario ideal para que prospere la dominación. Fragmentado el lazo social, nuestros mecanismos colectivos de pensamiento, organización y resistencia quedarían desactivados. Desde lo común, generamos redes de cooperación que hacen florecer la imaginación y la creatividad, abriendo la puerta al deseo y ensanchando nuestras posibilidades de ser. Y, en definitiva, como habitamos cuerpos vulnerables, hemos aprendido que es la mirada de la otrx, el abrazo de la otrx, lo que da sentido a nuestras existencias.
Nuestro propósito es claro: queremos acercar La Rosa a la gente, haciendo del centro social un dispositivo —de todxs y para todxs— capaz de escuchar, acompañar y desarrollar las potencias de transformación que atraviesan nuestra realidad. Creemos que, en las experiencias concretas —en cada alegría, en cada dolor—, late la posibilidad de un mundo nuevo.
Por ello, nuestro deseo es que La Rosa siga siendo sea un punto de encuentro abierto a la calle. Las personas, colectivos y propuestas diversas que integran hoy este espacio representan diferentes modos de (re)apropiarnos y expandir la vida: talleres de baile o de bordado, teatro, fiestas, jornadas de trabajo en las que aprendemos autoconstrucción, colectivos artísticos, tienda gratis, cinefórum, reuniones del Sindicato de Inquilinas, de grupos ecologistas y de grupos antirrepresión. Desarrollamos nuestras propias alianzas con las luchas de la ciudad y del barrio a través de grupos de lectura y de formación, grupos de (auto)consumo ecológico, talleres de autodefensa, presentaciones y actividades de colectivos externos, etcétera.
Todo esto forma parte de la trama que condensa el centro social. La porosidad de los vínculos y de la construcción política que se genera en La Rosa permite la sinergia entre propuestas de lucha, espacios formativos, actividades culturales o de ocio. En este encuentro, se va tejiendo un entramado comunitario que tiene la potencia de producir sentidos y prácticas que prefiguran nuevas posibilidades de habitar la vida, multiplicando nuestra fuerza compartida y expandiendo la disputa política por toda la ciudad.
En estos dos años hemos levantado un centro social vivo, nutrido, que tiene sus puertas abiertas todos los días. Desde este suelo común, podemos seguir impulsando proyectos ilusionantes que amplíen nuestros límites y nuestra capacidad de acción, como una biblioteca comunitaria y una radio libre, que echará a andar el viernes 13 de marzo, primer día de las celebraciones de nuestro aniversario.
Asimismo, mantenemos activos tres ejes de trabajo político que nos permiten incidir y profundizar en conflictos candentes en Madrid (y más allá). El eje de derecho a la protesta busca hacer crecer nuestras capacidades colectivas de desobediencia. Una de sus líneas de intervención es, por ejemplo, hacer frente a las constantes redadas racistas que se dan en el barrio de Lavapiés. Esta preocupación se comparte con el eje de barrio, que busca insertar al CSO en las dinámicas de lucha de nuestro territorio próximo —como las movilizaciones de Lavapiés al Límite—.
Un objetivo a medio plazo es que La Rosa pueda ser soporte para la creación de un grupo de autodefensa laboral que canalice y articule conflictos de nuestros barrios colindantes. Para ello, nos inspiramos en experiencias de sindicalismo social que se han dado en otros espacios. Por último, el eje de centros sociales trabaja la relación con otros CS(O) a nivel local, estatal e internacional para la consolidación de alianzas y la puesta en común de recursos.
Estas luchas que dotan de sentido a La Rosa también nos otorgan el ánimo necesario para seguir construyendo, en los años que vendrán, espacios de encuentro y de resistencia que generen nuevos modos de hacer y deshacer juntxs, nuevos mapas de lo posible.
Y, para ello, necesitamos los centros sociales, necesitamos recuperar lo que es nuestro, los espacios arrebatados a la gente por el capital, para darle nuevos usos y hacer florecer nuevas formas de vida de todxs y para todxs.
Integrante del CSO La Rosa
El 3 de marzo de 1976, la policía asaltó una asamblea de 5.000 trabajadores que tenía lugar en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga (Vitoria-Gasteiz). Con el objetivo de poner fin a la democracia directa que estaba poniendo en práctica la clase trabajadora vitoriana, la policía lanzó botes de humo dentro del templo para hacer salir a los asistentes. Los hechos, que cumplen ya 50 años, son de sobra conocidos. Los actos de memoria se repiten de manera anual y los puntos simbólicos (murales, placas, monumentos, etc.) se pueden encontrar por la ciudad.
Limitar la memoria de lo que aconteció aquellos días a la matanza perpetrada por la policía, y a la masiva asistencia a los actos de protesta posteriores que se replicaron en numerosos puntos de la geografía de Euskal Herria, conlleva el peligro de olvidar la importancia de lo ocurrido los meses anteriores en los que Gasteiz fue el epicentro de un terremoto que puso en riesgo el devenir pactista de la Transición. Lo ocurrido en las fábricas y barrios vitorianos aquellos meses de invierno fue la mayor expresión de autonomía obrera de la época; un confrontación real de contrapoder obrero.
La capital alavesa tenía fama de ser “una ciudad de curas y militares”, fuertemente anclada a la tradición y a una pequeña burguesía local. Pero en apenas quince años Vitoria mutó y pasó a ser una pequeña ciudad de provincias a ser el escaparate del éxito desarrollista del franquismo. Su situación estratégica —haciendo de nexo de unión entre el norte industrial y el centro político de la península— y la privilegiada situación fiscal de la que disponía —los Fueros no se suprimieron en Araba al no tratarse de una provincia rebelde— propiciaron un desarrollo económico que atrajo capital y mano de obra. A diferencia de ciudades industriales como Bilbao o Barcelona, Vitoria no sufrió de masificación, de excesos, de ruido y contaminación, de un déficit de vivienda ni del consiguiente problema del chabolismo.
El desarrollismo en Vitoria fue ordenado y se presentaba como escaparate para los tecnócratas de Madrid: limpio, planificado y con una paz social imperante. El Plan General de 1956 había diseñado Vitoria con una segregación espacial clara: las fábricas a la periferia, la burguesía en el ensanche y la clase trabajadora en barrios satélite como Zaramaga o Errekaleor. Ahí, las colmenas de ladrillo alojaban a la masa migrante que llegaba, en menor medida que a las grandes ciudades, hasta Vitoria. Una ciudad, en definitiva, diseñada para el orden absoluto y en la que, supuestamente, nunca pasaba nada.
El agotamiento del modelo vitoriano no fue un caso aislado. El sistema en el que se asentaron las relaciones laborales en la España franquista también se estaba resquebrajando. El surgimiento de las Comisiones Obreras en diferentes zonas industriales había dado paso a la irrupción de un proletariado organizado de manera más horizontal, menos basada en la delegación. Esas masas auto-organizadas, sin la tutela de partido o sindicato alguno, protagonizó numerosos conflictos y huelgas salvajes que se movieron en un terreno más allá de lo laboral.
No se puede entender el avance de este movimiento sin tener en cuenta la crisis que padecía el sistema de acumulación fordista en España. Este sistema económico, que había sido el motor del “milagro económico español” durante el desarrollismo, se basaba en una producción y un consumo de masas vertebrado sobre el autoritarismo del Sindicato Vertical y una mano de obra precarizada de salarios bajos. Pero este rígido sistema se tambaleó a partir de la década de los 70. La crisis del petroleo del 73, cuyos efectos llegaron con algo de retraso a España, tuvo como consecuencia un descenso de los beneficios empresariales debido al aumento de los costes de producción.
El otro punto de desestabilización empresarial fue el proletariado organizado fuera del Sindicato Vertical, cuya acción acabó con la “paz social” de los años anteriores. Frente a la amenaza patronal de una precarización de las condiciones de vida, la clase trabajadora rompió con la delegación sindical franquista y se auto-organizó para protagonizar su propia lucha. A pesar de la fuerte represión, las movilizaciones, paros y huelgas se multiplicaron de manera exponencial por todo el país. Los trabajadores pasaron de exigir una subida de salarios con la que hacer frente a la inflacicón, a atacar al sistema en sí y a un régimen moribundo.
En el tejido industrial vitoriano, los conflictos laborales solían desarrollarse de la manera establecida: una patronal que decide y ordena, un Sindicato Vertical que finge negociar y una clase trabajadora que obedece. Al tratarse de una ciudad sin apenas tradición industrial, Vitoria carecía de una vanguardia política ni de un movimiento obrero clásico. Por esta razón, la conflictividad tardó en llegar. Pero cuando lo hizo, se unió a la oleada de huelgas salvajes y autónomas que hicieron temblar los cimientos del Estado franquista.
El primer gran conflicto ocurrió en la factoría de Michelin. La multinacional francesa, a la que habían prometido una masa trabajadora fiel y obediente, tuvo que replantear su paradigma colonialista cuando los trabajadores llamaron a la huelga en 1972. Si bien la huelga fracasó —por las exigencias maximalistas de la vanguardia obrera, entre otras razones— dejó un poso del que florecería una experiencia que cuatro años después protagonizó un conflicto que cambió la ciudad para siempre.
En 1974 se creó la Coordinadora Obrera de Vitoria (COV) —con una importante presencia de grupos autónomos provenientes de los sectores obreristas de ETA— que articuló los diferentes conflictos que irían surgiendo hasta el estallido del invierno de 1975-76. El conflicto laboral, que no tardaría en desbordar el perímetro de las naves industriales, acabaría suponiendo un desafío político que puso a prueba la capacidad de respuesta de un régimen que, tras la muerte de Franco apenas un mes antes, se encontraba en plena crisis. Los trabajadores comprendieron rápido que el vacío dejado por el dictador abría una oportunidad inédita: ya no se trataba solo de mejorar el convenio, sino de aprovechar la debilidad del sistema para forzar cambios que hasta entonces parecían impensables.
La inflación galopante de la crisis del petróleo había empezado a devorar los salarios para finales de 1975. La primera asamblea masiva ocurre el 23 de diciembre en la empresa Forjas Alavesas, siendo la primera de estas características en la ciudad. El 9 de enero de 1976 los mismos trabajadores de Forjas Alavesas llamaron a la huelga y, tras ellos, se les unieron una decena de empresas más. Pero el conflicto no se limitó a una reivindicación económica por el aumento de salarios. El cambio fundamental radicó en las formas de lucha: los trabajadores decidieron organizar la huelga a través de portavoces elegidos directamente en asambleas a mano alzada. De cada asamblea de fábrica se elegirían, a su vez, a unos delegados que, sin capacidad decisiva, representarían a la asamblea en las Comisiones Representativas (CCRR).
Estas CCRR carecían del marco legal dentro de la estructura corporativa del régimen, obviamente. Eran trabajadores de la propia plantilla que exigían ser los interlocutores válidos ante la dirección. De este modo, el primer punto de fricción no fue la cuantía de los sueldos, sino el reconocimiento de estos nuevos organismos. Mientras la patronal intentaba reconducir la negociación hacia los cauces del Sindicato Vertical, los huelguistas se mantenían firmes en su postura: solo volverían al trabajo si se negociaba con los representantes elegidos en la asamblea. Era un hordago total a la legalidad vigente y situaba el conflicto en una cuestión de poder y contrapoder.
Durante la segunda semana del conflicto, las exigencias laborales se unificaron y la respuesta de la patronal no se hizo esperar: se inició una campaña de difamación contra el movimiento y se puso en marcha la maquinaria represiva. Se sucedieron detenciones y la policía disolvió mediante el uso de la violencia numerosas movilizaciones. Esta reacción represiva trajo consigo las primeras movilizaciones conjuntas, así como la organización de redes de solidaridad y de piquetes informativos.
Esta creciente ola llevó a las CCRR ha convocar la primera huelga general, que fracasó. Según análisis posteriores publicados por miembros del movimiento obrero vitoriano, la focalización de la lucha en las demandas laborales, en esos primeros momentos, provocó una desconexión entre los núcleos más activos y la base de las fábricas. Además, algunos empresarios aprovecharon la ocasión para negociar de manera individual —a nivel de fábrica— y conseguir los primeros acuerdos, con la consiguiente vuelta al trabajo de muchos obreros. Se desactivó así, de manera momentánea, la unidad de la clase trabajadora y de los obreros en lucha.
Esto trajo consigo un cambio de estrategia. Había que hacer comprender que el núcleo del problema no era el aspecto salarial, ni las jornada laboral; era una cuestión de clase, de lucha de poder. Se dio así una evolución de lo puramente laboral a lo político. Para ello fue fundamental el trabajo ideológico en las asambleas, donde se machacó la idea de entender el trinomio Patronal-Estado-Policía como un todo; como un enemigo común. Se buscaba, de esta manera, la deslegitimización del régimen y la reivindicación de un poder popular. El conflcicto laboral no solo generaba consecuencias políticas, sino que terminaba por politizar a los trabajadores.
El asamblearismo se consolidó como la piedra angular del conflcito. Esta práctica de democracia directa no estuvo exenta de debates internos entre quienes veían la asamblea como una herramienta estratégica para conseguir unos objetivos concretos y quienes la consideraban como el sumun del poder obrero.
Tal y como se celebraban asambleas diarias cada mañana en las fábricas, así ocurría en los barrios de clase trabajadora. Estas zona que se situaban entre el casco urbano y las industrias pasaron de ser ciudades dormitorio a escenarios donde resonaron y tuvieron lugar muchos de los acontecimientos de aquellos meses: asambleas masivas en iglesias —cuando hubo que buscar nuevos lugares de reunión—, marchas llamando a la movilización, campañas de sensibilización a obreros que no estaban en huelga, etc.
Se crearon cajas de resistencia para ayudar a las familias con miembros en huelga y los obreros que no estaban en huelga también crearon sus propias plataformas de coordinación y de acción, buscando la extensión del conflicto fuera de terrenos puramente laborales y poniendo el punto de mira en el régimen mediante una crítica político-social.
La lucha pasó de ser protagonizada por obreros de mono azul a ser un movimiento popular. En este aspecto jugaron un papel importantes las mujeres, algunas de ellas como trabajadoras y otras como parejas de los trabajadores. Se crearon asambleas de mujeres, primero por separado —por fábrica— y luego en conjunto, dándoles un carácter autónomo y protagonista. La lucha de estas mujeres se abrio espacio a otros lugares como centros educativos, mercados, etc.
Si bien es cierto que las asambleas de barrio fueron creadas poco antes de los hechos del 3 de marzo, es innegable el éxito que tuvieron con unas convocatorias masivas. Fue, junto a las fábricas, la línea del frente donde se combatió y, al mismo tiempo, un espacio en el que tejer redes de solidaridad. Fue, en definitiva, un centro neurálgico del poder popular que se estaba empezando a construir.
A medida que aumentaba el apoyo popular, se creaban asambleas y coordinadoras, y se repetían las movilizaciones, el miedo de los poderes locales fue en aumento. No se trataba para esas alturas del conflicto de un tema laboral o de aletración del orden público; era un problema político. Con la metodología de lucha implementada desde abajo, sin jerarquías y de participación directa de la clase trabajadora, no solo estaba en jaque el modelo de negociación laboral, sino todo el espiritu pactista y reformista del proceso de transición política.
El ataque a la iglesia de San Francisco la tarde del 3 de marzo no tenía, por lo tanto, el único objetivo de poner fin a la asamblea que ahí dentro se estaba celebrando, si no poner fin al proceso de lucha autónomo que amenazaba, cada día más, con tomar la ciudad. O al menos una parte importante de ella. Con la intervención violenta de la policía armada se buscaba, también, enviar un aviso a cualquier intento de contagio a otras ciudades y procesos de lucha autónoma que estaban ocurriendo en España. Los botes de humo y las balas, los heridos y los muertos, establecieron una frontera invisible, pero terrorífica, de hasta donde estaba dispuesto el Estado a transigir, y qué sueños de ruptura y contrapoder deberían quedarse apartados. Fue un ejercicio de pedagogía del terror.
Cincuenta años después, el eco de Zaramaga trasciende el luto. La tragedia de la iglesia de San Francisco quedó grabada como una cicatriz en la memoria colectiva, pero los meses de organización que la precedieron representan mucho más que una huelga interrumpida. Son el testimonio de una clase trabajadora que, en los primeros compases de la Transición, intentó construir la democracia desde abajo, desde la fábrica y el barrio. Vitoria demostró que, antes del asalto policial, la voluntad popular era quien podía regir la ciudad.
Asistimos a precios estratosféricos del alquiler y compra, al tiempo que los salarios menguan. A la existencia de cada vez más trabas para acceder a una vivienda, mientras las mínimas protecciones legales para impedir que nos echen de ella se deterioran o se normaliza su incumplimiento sin consecuencias.
Pese a todos los problemas que esto genera día a día, en el sentido común está totalmente extendido y normalizado que la vivienda es un bien más con el que hacer negocio, a costa de exprimirnos al máximo y excluir a cualquiera que no suponga rentabilidad y más rentabilidad. Desde luego, no se puede decir que esto sea algo nuevo. Pero en un contexto de creciente dificultad para el acceso a este medio básico de subsistencia, que podría llevar a un cuestionamiento general de la vivienda como mercancía, a lo que asistimos es a movimientos en la dirección opuesta. Si el banquero, el especulador y el rentista siempre fueron objeto de cierto rechazo social, quienes acumulan poder político y económico están hoy en una campaña abierta por presentarlos como héroes y ejemplos de éxito a imitar, mientras siembran racismo y odio al pobre, y proclaman a las claras que el derecho a algo tan básico como la vivienda es un cero a la izquierda comparado con su derecho a enriquecerse. Al mismo tiempo, vemos día tras día políticas que buscan blindar y alimentar el negocio de la vivienda, y también artimañas cada vez más salvajes y violentas por parte de los rentistas, que esos mismos discursos reaccionarios legitiman y blanquean.
Todas estas prácticas encaminadas a expulsarnos de nuestras casas o subirnos el alquiler saltándose las escasas garantías que la propia ley establece, las podemos englobar bajo el nombre de acoso inmobiliario. Hablamos de un amplio abanico de prácticas de acoso, intimidación y coacciones contra las condiciones de acceso a la vivienda de la clase trabajadora, que incluye prácticas más sutiles y cotidianas, y otras más sangrantes. Desde el casero rentista que no hace arreglos necesarios para mantener la habitabilidad de la vivienda porque aunque tengas el contrato en vigor quiere que te vayas para subir el alquiler o poner un piso turístico, hasta contratar a una empresa de desokupación para echarte, pasando por llamadas y presión constante o cortes de suministros por parte de los mismos propietarios.
Pero, ¿qué responsables concretos tiene la extensión de este tipo de prácticas, y qué podemos hacer para frenarlas?
Empecemos por lo más sangrante: las mencionadas empresas de desokupación. Estas empresas de matones, con estrechos vínculos con el fascismo, se dedican a expulsar a familias de la clase trabajadora de sus casas a través de la violencia directa. A las órdenes de los rentistas y de su dinero, garantizan que los caseros puedan ahorrarse la “molestia” de recurrir a un proceso judicial que igualmente está diseñado para defender sus intereses. Se les permite saltarse la ley, que parece de obligado cumplimiento únicamente para la clase trabajadora, con el fin de expulsar a familias de sus viviendas.
De esta manera, estos matones del rentismo se dedican a cortar suministros como la luz y el agua, a sabotear la cerradura de tu casa para impedir que entres, a destrozar las zonas comunes de tu edificio, a aparecer a cualquier hora del día a vociferar todo tipo de amenazas, a impedir que salgas de tu domicilio bajo la amenaza de no dejarte volver a entrar, o a falsificar supuestas órdenes de desahucio para que te vayas. Estas son las herramientas de trabajo de estos matones que se anuncian como empresas de “mediación”. Para más inri, estas empresas no actúan solas. Cuentan con el blanqueamiento de los medios. Cuentan no ya con que la policía haga la vista gorda con ellos, sino en ocasiones con su estrecha colaboración. Y cuentan también con el amparo de todo el aparato judicial, que se niega a actuar contundentemente frente a sus evidentes y más que documentadas coacciones y prácticas mafiosas.
Llegados a este punto, conviene también aclarar algo tan relevante como habitualmente ocultado: las empresas de desokupación no actúan únicamente contra personas o familias que están okupando. La demonización mediática del okupa, se extiende y salpica a sectores más amplios. Cada vez es más habitual que emprendan su violencia contra cualquiera que caiga momentaneamente en el impago de un alquiler por haber perdido sus ingresos. No se puede esperar muchos escrúpulos de fascistas y empresas de este tipo, y tampoco hay que olvidar que no deja de ser para ellos un negocio: será más lucrativo cuanto más amplio sea el abanico de potenciales clientes y víctimas.
También hay casos en los que han actuado contra inquilinos con contrato en vigor y al día de pago, cuando el casero de turno quiere echarles para subir el alquiler a los próximos que entren o montar un rentable piso turístico. Y si conviene advertir al lector de esto no es por otra cosa que por el bombardeo constante de los Nacho Abad, de las Susana Griso, o los Vito Quiles, que tiñen toda la cuestión de la vivienda de okupación y más okupación, con el fin de amparar las prácticas mafiosas de estas empresas. De esto va la ridícula y burda etiqueta de “inquiokupa”. Pese al victimismo habitual de rentistas de todo tipo en tertulias televisivas, hay que recordar que el marco legal que deciden saltarse para maximizar su beneficio y acortar plazos, está de por si diseñado para defender su negocio, y que incluso cuando se saltan la ley gozan de casi total impunidad. Mientras criminalizan a quienes sufren las peores consecuencias de que la vivienda sea un negocio (sean okupas, inquilinos que caen en impagos o la casuística que sea), blanquean la violencia contra ellos. Pero, ¿saben ustedes quién sí puede cambiarles impunemente la cerradura y quitarle la casa cuando bajan a por el pan? Un nazi contratado por su casero.
Por supuesto, estas empresas de desokupación no caen del cielo. A muchos de estos matones les acompañará su ideología fascista de odio al pobre y al migrante, a otros quizá no, pero ninguno hace esto únicamente por vocación, sino por dinero. Alguien debe pagarles por esa “mediación”. Y es aquí donde entran, evidentemente, caseros, fondos e inmobiliarias, otros de los responsables principales de estos abusos. Las empresas de desokupación son solo una de sus herramientas pero su “imaginación” abarca también otras formas de acoso inmobiliario. No es nada extraño, por ejemplo, que fondos o inmobiliarias vendan y compren vivienda okupadas o con inquilinos, de manera que la solución más sencilla para el nuevo propietario sea, de nuevo, contratar a una empresa de matones que eche a los moradores lo antes posible.
Tampoco es raro que sean los propios propietarios y rentistas, grandes y pequeños, quienes cortan suministros, boicotean cerraduras y amenazan. Quienes inician obras en el edificio para hacer la vida imposible a quienes desean expulsar. Quienes llaman a todas horas y presionan para aceptar condiciones abusivas, subidas ilegales del alquiler o desahucios invisibles. Realizan, en suma, un acoso constante. No, no es que nos repitamos en este artículo, sino que las prácticas propias del acoso inmobiliario se repiten una y otra vez en la propia vida de la clase trabajadora, sea encarnándose en la figura de las empresas de desokupación, de las inmobiliarias o de los rentistas.
Además las inmobiliarias, por su papel de intermediarios, cumplen aquí la doble función de lucrarse con la vivienda y utilizar y alimentar un falso alarmismo contra la okupación y el impago en los propietarios. Esto a su vez les permite exprimir más todavía a los inquilinos (y a veces también a los propietarios) con “seguros” de impago, dobles y triples fianzas que luego no se devuelven, etc. También, imponer filtros cada vez más restrictivos, donde la exigencia de cada vez más nóminas y avales se mezcla con el simple racismo y clasismo a la hora de seleccionar y descartar inquilinos.
Por último, no podemos dejar de señalar a un agente igualmente responsable de todas estas prácticas: el propio Gobierno. Ya no es que hayan permitido en esta excelentísima “legislatura de la vivienda” que el precio de la misma se halle en máximos históricos, que emprendan una y otra vez políticas para regar de dinero público a los rentistas y las constructoras a través de bonificaciones fiscales, las llamadas ayudas al alquiler o la llamada “colaboración público-privada”, o que ni siquiera consigan mantener una medida tan limitada y tibia como era la llamada moratoria antidesahucios. Sino que, además, mientras los partidos que ocupan ese mismo gobierno nos dicen que debemos votarles para parar al fascismo, permiten actuar con total impunidad a estas empresas de desokupación. Estas, como en una simbiosis, se nutren del fascismo a la vez que lo refuerzan. Estando a la vista de todos sus prácticas mafiosas, su acoso, sus coacciones, intimidaciones y amenazas, al igual que para los juzgados o la policía, no han movido un dedo por desarticularlas.
Con todo lo dicho, el panorama puede parecer desolador: demasiados enemigos, demasiado poderosos, y también, como acabamos de señalar, algunos falsos amigos. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Parece que solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. Pero en esto podemos encontrar también motivos para el optimismo. Porque cuando la clase trabajadora se organiza, como ya se hace en tantos sindicatos de vivienda y espacios de distinto tipo, puede plantarle cara a los matones, a caseros, a inmobiliarias y al propio Gobierno.
Todo esto no es mera teoría que nos sacamos de la manga. Existen sobrados ejemplos prácticos que muestran cómo los sindicatos de vivienda consiguen parar los pies a los caseros y sus prácticas mafiosas en el día a día. Los rentistas tienen como as en su baraja la soledad, el desconocimiento y el miedo de las personas y familias de clase trabajadora a las que exprimen y atacan. Cuando se encuentran con una respuesta colectiva, con una llamada del sindicato o con alguien informado y dispuesto a defenderse de esos ataques, a menudo desisten o fracasan. Lo mismo ocurre con las empresas de desokupación, y no hay mejor ejemplo de esto que lo ocurrido hace unos meses en Vallekas. Una empresa de desokupación trató de ejecutar un desalojo ilegal, y atacó de paso el gimnasio antifascista La Fábrika. Se encontró un barrio organizado que respondió defendiendo a sus vecinos y sus espacios, plantando cara a esos matones fascistas en el momento, y tomando las calles masivamente unos días después contra las empresas de desokupación y contra toda la criminalización mediática.
Por supuesto, no hablamos de recetas mágicas. Ninguna lucha lo es, y no siempre arrancaremos victorias. Pero las que puedan conseguirse, los pequeños pasos que se enmarquen en lo posible y los grandes saltos que transformen mañana en posible lo que hoy parece imposible, no vendrán de confiar en la benevolencia de los rentistas o del Estado, ni de pedir y esperar sentados. Pasan irremediablemente por la organización y la lucha de la clase trabajadora, para defender nuestros intereses y responder a sus ataques.
Lo tenemos claro. Si no podemos habitar tranquilamente nuestras viviendas porque nuestros caseros e inmobiliarias recurren a prácticas mafiosas para echarnos y subir el precio a los siguientes que entren. Si el Gobierno ni siquiera es capaz de mantener las medidas “sociales” más tibias y con su impotencia y pasividad que pone la alfombra a fascistas y a los discursos reaccionarios. Si en nuestros barrios hay vecinas y vecinos que no pueden salir de sus casas por miedo a que les cambie la cerradura una empresa de desokupación. Si los medios criminalizan a las víctimas y blanquean a los culpables. Si la clase trabajadora no tiene garantizado de manera universal el acceso a una vivienda. Entonces, es nuestro deber tomar las calles, para decir bien alto que no vamos a seguir normalizando que su negocio esté por encima de nuestras vidas ni tolerando su violencia impune. Que el culpable no es el migrante ni quien no puede pagar un alquiler, sino el rentista y el empresario que nos exprime. Y que el camino para plantarles cara no es confiar en que otros lo arreglen, sino nuestra propia organización como clase trabajadora.
Nos vemos el 28 de marzo a las 19h en Plaza de Castilla.
¿Por qué ahora?
El 17 de junio de 2025 Orgullo Crítico Madrid (OCM) publicó sus Nuevos posicionamientos. El punto sobre “abolir la psicología” despertó tanta polémica que sólo seis días después llegaban las aclaraciones. La ofensiva de mensajes pro-terapia, en definitiva, pro-psicología, nos movilizó para pensar juntes qué está pasando con lo psi. No por quitarle a nadie su hora de terapia, sino por abrir un debate incómodo pero necesario sobre la psicología como forma de poder. Un debate que permita movilizar otras respuestas a las situaciones que vivimos. OCM no pedía “abolir la terapia”, sino la psicología como institución. Usar la palabra “abolir” es honrar su larga genealogía de lucha y rebelión, aunque pueda suscitar debate. “Abolir la terapia” es una apuesta política con la que dialogamos en este artículo a ocho manos (y que ya tiene antecedentes como Contrapsicología).
La ola de mensajes evidenció que abordar la psicología levanta ampollas. Con frecuencia la crítica sistémica a la psicología se lee como un ataque personal a quienes van a terapia. Cualquier mención a su papel histórico se vive casi como insulto. Como acompañante inseparable suele aparecer además el clásico “no nos confundamos, la psiquiatría es la mala; la psicología, la buena”. ¿Por qué es más fácil criticar la psiquiatría que la psicología? ¿Por qué una la tenemos asociada como violenta y la otra como su “hermana santa” que nos cuida? Ubicar la psicología dentro del mismo régimen psi (de control, normalización y gobierno de la vida) es, precisamente, tocar el nervio.
¿Abolir (sólo) la psicología?
“Abolir la psicología” no significa atacarla de forma aislada, sino integrarla en la crítica a la psiquiatría como ya sostienen muchos movimientos sociales. Sería dejar de tratarla como la excepción inocua dentro de las disciplinas psi. Plantear su desaparición como dispositivo institucional no es un error de cálculo, sino un paso necesario y de apoyo a quienes cuestionan el conjunto de la institución.
La cuestión es que, en esto de lo psi, las fronteras entre disciplinas se desdibujan: en teoría la psiquiatría fijaría las fronteras de lo normal/patológico, de lo cuerdo/loco; mientras que la psicología funcionaría como gobierno blando creando tecnología aplicada y objetiva para gestionar el paso entre fronteras (diagnósticos, cuestionarios, guion de intervención…). La psiquiatría definiría; la psicología gestionaría. Sin embargo, en la práctica, su ámbito de acción con frecuencia es indistinguible. El sistema psi interviene de manera interdisciplinaria, actuando como control de límites sobre quién es leíde como “normal” y quién como “problemátique” y qué recorrido (trayectoria de vida) se le permite. La psicología no se limita a observar el comportamiento, sino que lo dirige para ajustarlo a la norma.
La psiquiatría y la psicología operan con engranajes muy concretos: hay colegios profesionales, sociedades científicas, comités éticos y universidades que deciden quién puede ejercer y cómo; manuales diagnósticos (DSM, CIE) que fijan las etiquetas que nos colocan; registros de nuestras vidas en sus historias clínicas; y circuitos de derivación que marcan por dónde entras, por dónde te mueven, en dónde te meten y cómo te tratan.
¿De veras la psicología es “otra cosa”? ¿O es la misma maquinaria que, cambiando de uniforme —menos batas blancas—, produce los mismos sujetos adaptados y controlados? La diferencia no es ética sino instrumental. La psiquiatría concentra violencia explícita (internamientos, contenciones, farmacología forzada); la psicología despliega violencia normativa: sugiere “herramientas”, produce autocontrol y auto-sujeción. La primera regula por imposición; la segunda por adhesión. Ambas controlan y normalizan sujetos y poblaciones, condicionan derechos y trayectorias vitales.
¿Qué ha hecho la psicología para merecer esto?
Quienes hemos estudiado psicología y venimos de los activismos sabemos que su formación es rancia como poco. Conocer su historia permite revisar críticamente sus prácticas y sus teorías. No se trata solo de la violencia de su historia —una disciplina feminizada (tanto en profesionales como en usuarias) donde sólo aparecen hombres blancos occidentales como autores—, sino de su violencia epistémica, presente en teorías donde las posiciones de sujeto y objeto de conocimiento han sido clave para reproducir el (heterocis)sexismo, racismo, colonialismo, clasismo y cuerdismo.
El problema es que la psicología no se percibe a sí misma como ideología y desde ahí forma a sus profesionales: desde la supuesta neutralidad de la “evidencia”. Mucho neuro, bio y fisio, y poca perspectiva social y crítica sobre las relaciones de poder y sus abusos. Cualquier atisbo de politización sale fuera de esta ciencia, que pretende ser muy dura y objetiva. Su metodología cuantitativa —experimentos desde la distancia, la predicción y el control; cuestionarios que transforman experiencias de vida en datos estadísticos— alimenta esa retórica cientificista que pierde el análisis crítico y politizado de para qué y con qué fines se investiga. Sus violencias no se quedan en lo humano: Liberación animal de Peter Singer incluye numerosos ejemplos de tortura injustificable en experimentos de psicología.
La psicología es una tecnología de gobierno con prácticas de violencia institucional. Como diría Foucault, disciplina cuerpos/mentes y vigila poblaciones mediante evaluaciones diagnósticas, clasificaciones e intervenciones correctivas en cualquiera de sus aplicaciones: educativa, clínica, laboral o jurídica. Históricamente midió inteligencia por sexo y raza, justificando prácticas sexistas y racistas (eugenésicas entre otras), o identificó desviaciones de género que intervenir. Hoy sus tecnologías siguen clasificando infancias, diagnosticando conductas escolares, evaluando “perfiles de riesgo” o “idoneidades” en crianzas, según criterios de clase y raza.
La psicología ha sido partícipe en la patologización de lo que se sale de la norma o se resiste. Ha regulado el comportamiento de mujeres y personas racializadas, patologizando su resistencia. En las disidencias sexuales ha justificado encierros, técnicas aversivas, electroshock, terapias de conversión o presiones para tener relaciones “correctivas”. Aunque hoy estén mayoritariamente desacreditadas, estas prácticas contra la disidencia sexual fueron avaladas por discursos psicológicos que pretendían “diagnosticar, regular y corregir” el género o la sexualidad. El electroshock ha cambiado de uso, pero tampoco ha desaparecido.
¿Qué mal ha hecho la psicología a los activismos queer?
¿Pueden los activismos permitirse alianzas acríticas con una disciplina que normativiza y despolitiza el malestar, sin preguntarse qué efectos tiene esa cultura terapéutica sobre sus formas de organización y de lucha? Parece que hemos pasado de luchar contra la patologización a abrazar la psicologización y despolitización de malestares. ¿Estamos olvidando y obviando la genealogía de violencias de la psicología hacia las disidencias sexuales y de género? Si por un momento pensamos en justicia social, qué menos que empezar reconociendo su responsabilidad histórica.
La psicología no solo ha asumido la (cis)heterosexualidad monógama como estándar, excluyendo otras experiencias vitales, sino que ha diagnosticado y patologizado: primero la homosexualidad, luego la transexualidad, junto con otras “disfunciones sexuales” o “conductas sexuales inapropiadas” (“promiscuidad” en mujeres, quemsex). Todavía hoy les psicólogues se resisten a ceder protagonismo en los peritajes psicológicos de género en procesos de personas trans (y más si son infancias), imponiendo esa violencia de “tener que dar cuenta de sí”. Las disidencias sexuales se han convertido en objeto preferente de atención psicológica (o sexológica), si no para evaluar, sí para “acompañar”, y el propio colectivo parece asumir acríticamente esa vulnerabilidad inherente.
Con el “boom de la salud mental” y las presiones por la despatologización trans, la psicología se ha hecho experta en patologizar las consecuencias y resistencias a las violencias tránsfobas: depresión, ansiedad, TLP, TDA/H, TCA, ¡trastornos de adaptación!, estrés postraumático… En su vertiente “social”, el problema es el estrés de minorías y no la violencia de mayorías (el estigma es “autoestigma” y la solución, la “resiliencia”). La psicología ha pillado a parte de las disidencias sexuales despolitizadas frente a las violencias cuerdistas: el “no estamos loques” de la despatologización trans (o el “no estamos locas, es el patriarcado”) no sólo excluía a las personas trans psiquiatrizadas, sino que omitía las violencias psi como parte de su lucha. Por falta de diálogo y alianzas entre lo queer y lo loco, parte del colectivo se ha dejado abrazar por la cultura terapéutica como si no le afectara la violencia de los diagnósticos psi (algunos incluso se toman como identidad) y sus tratamientos. “No estamos loques, solo necesitamos terapia para afirmarnos”.
¿Cómo se está colando lo psi y la cultura del diagnóstico y terapéutica en los activismos, y con qué efectos despolitizadores? ¿Cómo estamos articulando las narrativas de opresión con las de identidad y sufrimiento? Las relaciones de poder que la psicología ha ayudado a construir no se disuelven sin más en una consulta por mucho que se haga de otra forma. Aunque la terapia pueda aliviar el sufrimiento individual, también puede generar daño al reducir el malestar a procesos internos —traumas, pensamientos disfuncionales, rasgos de personalidad—, desmovilizar otros apoyos y proponer soluciones adaptativas sin cuestionar las condiciones estructurales. Incluso si se conecta el malestar con la opresión, el efecto sigue siendo individual, quizá del entorno cercano, pero no modifica esas condiciones. El problema se complica porque los diagnósticos se han convertido en vía de acceso a derechos (bajas, incapacidades, etc.) y en prueba de credibilidad del daño, por ejemplo, en juicios por violencias sexuales. Así, el colectivo puede quedar atrapado en un sistema psi que simultáneamente hace daño y se ofrece como tabla de salvación.
Por otro lado, tenemos que estar alerta ante los procesos de cooptación: cuando la psicología absorbe ideas y conceptos nacidos en movimientos críticos y activistas, los presenta como una innovación técnica y borra su genealogía política. Esa apropiación le permite actualizar su prestigio profesional mientras deslegitima los activismos de los que procede, acusándolos de ser demasiado políticos, ideológicos o poco científicos.
Necesitamos prácticas que reconozcan el papel de la injusticia social en la producción del malestar y luchen colectivamente para transformar esas condiciones. Solo si la psicología reconoce su ideología y abandona posturas defensivas profesionalistas podrá asumir una posición crítica frente a sus violencias. Reconocer el daño y repararlo es parte de su responsabilidad ética. Aún así, ¿puede la psicología reparar sus violencias históricas? ¿es posible hacerlo desde dentro, con las “herramientas del amo”?
¿Qué tiene que ver en todo esto la psicoterapia?
Cuando se abre el melón de la crítica a la psicología, la psicoterapia es la gran aludida. En esta sociedad psicoterapeutizada, ir a terapia es algo normalizado e incluso impuesto socialmente, especialmente en ámbitos activistas. Si no vas a terapia te conviertes en culpable de tus conflictos, en dependiente por pedir tiempo y consuelo a tus amistades o en irresponsable por “no trabajarte tus mierdas”. Hasta en las apps de citas aparece un “que vaya a terapia” como un check. La psicoterapia se ha convertido en imperativo social, marca de calidad personal y contraseña de acceso a determinados espacios.
Por todo esto, es esperable que cualquier crítica a la psicología despierte voces (psicoterapeutizadas) que se alcen a rebatir, afirmando las bondades de la terapia. Sabemos que, en una sociedad cada vez más individualista, cruel y precaria, la psicoterapia puede presentarse —y venderse— como único lugar de consuelo, más aún cuando las redes comunitarias de apoyo están debilitadas. Cuestionar ese suelo da vértigo. Pero eso no puede invalidar la mirada crítica. Como ocurre con los psicofármacos: pueden ayudarnos a sobrevivir, ¿pero a qué coste? La medicación, cuando es voluntaria, puede ser una estrategia más, pero eso no nos lleva a defender la sobremedicación, la contención química o el lobbying farmacéutico. Con la psicoterapia ocurre algo parecido.
La terapia me salvó la vida, ¿no será que la criticáis desde el privilegio?
Quizás habría que empezar por preguntarse en qué momento ir a terapia se ha convertido en “una experiencia religiosa”. Puede que a ti te haya “salvado la vida”, pero también puede acabar con ellas. Resuenan las palabras de una amiga contando que dejar los psicofármacos fue infinitamente más fácil que eliminar la rutina de autogestión emocional heredada de la terapia, y con la que aún pelea a diario.
En psicoterapia se habla de vínculo terapéutico para nombrar el bien producido por la relación terapeuta–paciente. En los casos de terapia “exitosa”, ¿qué está salvando vidas, el vínculo o lo terapéutico? Si el alivio lo produce sobre todo el vínculo —tener a alguien con quien hablar en un contexto de soledad y pérdida de redes—, el crédito de la terapia se reduce considerablemente. El argumento “la terapia me salvó la vida, no cuestiones la psicología” se parece entonces a “el párroco de mi iglesia me salvó la vida, no cuestiones a Dios”. Identificar a la persona concreta que te ayudó con la institución que tiene detrás es ampliamente beneficioso para las instituciones/corporaciones y, de hecho, es lo que hicieron los bancos con sus banqueros de confianza para conseguir que la gente firmara hipotecas basura.
Ese “salvar la vida”, además, es peligrosamente polisémico: una persona que haya pasado por una terapia de conversión puede considerar que la han alejado del infierno y que, por tanto, le ha salvado la vida. Quizás las personas del grupo de conversión le han dado el apoyo comunitario que tanto necesitaba. ¿Convierte eso la terapia de conversión en aceptable o, incluso en buena?
En un contexto de fragilidad de las relaciones sociales y de soledad no deseada, puede parecer práctico compartir nuestros problemas en terapia, pero tiene el efecto rebote de servir como parche, debilitando las relaciones de apoyo mutuo. La psicología puede parecer inocua cuando se simplifica y reduce a psicoterapia escogida, pero no lo es: participa en todos los ejercicios de poder y control que hemos enumerado en este artículo. ¿Criticarla puede considerarse, entonces, un privilegio? Quizá la pregunta necesita reformularse: ¿Intentar desactivar la crítica a la psicología para justificar o preservar la propia elección de acudir a terapia individual no es un ejercicio de agencia que otres no pueden permitirse?
Esa defensa se formula desde la elección: asistes a una psicoterapia que has podido escoger, tienes la suerte de encontrar a alguien que te encaje o los contactos y/o el dinero para hacerlo. En cualquier caso, sientes que puedes decidir cuándo dejarla. Frente a eso, la crítica a la psicología sólo te invita a sospechar del vínculo terapéutico y sus milagros; ni siquiera te obliga a dejarlo. Pone en cuestión si es el mejor uso del tiempo y el dinero, o si es la práctica más emancipadora.
El nivel de presión ética o política que ejerce la crítica a la terapia, a la psicología o a las disciplinas psi en general es infinitamente menor que violencias que ellas mismas producen. Con frecuencia son les propies pacientes (de psicoterapia escogida) quienes defienden a capa y espada la integridad de la disciplina. Nos preguntamos si no estaremos tan inmerses en un sentido común terapéutico —que identifica lo psi con lo natural, lo científico, lo correcto, lo único— que cuando se critican las prácticas psi sentimos que somos nosotres les criticades. El lenguaje terapéutico está pasando a convertirse en el único lenguaje legítimo (el saludable, el “no tóxico”) y la influencia de lo psi en el día a día pasa desapercibida. En este contexto, la crítica a lo psi que tantas sensibilidades hiere quizá sea uno de los pocos puntos de cuestionamiento que (aún) podría permitirnos dar un paso atrás en la psicologización de la vida.
¿Y ahora qué?
Somos conscientes de la gran cantidad de temas que se han quedado en el tintero y de la superficialidad con la que hemos abordado otros, así que hemos pensado en continuar tratándolos por fascículos. En éste hemos tratado de exponer que la psicología ha tenido y tiene un papel activo en las violencias estructurales y simbólicas que instrumentalizan y despolitizan el malestar. Asumir su sesgo político exige cuestionar teorías y prácticas más allá de la clínica y la psicoterapia.
Urgen prácticas que reconozcan la injusticia social en la producción de sufrimiento, que no se limiten a gestionarlo y que no ejerzan el poder psi situándose en una posición de neutralidad falaz. Con ese punto de partida, pensamos que es posible imaginar cohesiones comunitarias que nos ayuden no sólo a sentirnos menos soles, sino a luchar colectivamente contra los abusos del poder (“legal” de lo psi). Esto es precisamente lo que hicieron en el apoyo a la huelga de hambre y sed de Jose Alfredo Miranda Oblanca en el psiquiátrico de Santa Isabel (León), que podéis seguir en redes.
El primer desafío es descentralizar la psicología y visibilizar su carácter profundamente ideológico. Criticar lo psi no es obviar el sufrimiento, sino visibilizar que el camino de la psicología no es el único posible. Es apostar por otros acompañamientos y redes comunitarias, por saberes situados y prácticas que no sigan la lógica del diagnóstico y la intervención, sino el reconocimiento mutuo, la escucha horizontal, la interdependencia y la acción colectiva. Tal vez, en lugar de salvarnos, podamos sostenernos. Juntes. Desde otro lugar. Tratar de desarticular el poder psi es ampliar el ya clásico “si tocan a une, nos tocan a todes”. Es asumir que las violencias psi también son sistémicas y que la contrapsicología debe formar parte de las luchas sociales.
Laura Yustas; Vicky Barambones García; María Zapata; Dau Garcia Dauder / El Salto – 3 dic 2025
Palestine Action, fundado en 2020, es un colectivo que llevaba cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentísica israelí)1, pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de «terrorista», fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.
Desde la ilegalización del colectivo, más de 2.500 personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda «Apoyo a Acción Palestina». El día más destacado fue el 6 de septiembre, cuando 890 personas (de un total de 1.400 manifestantes) fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido. La concentración fue convocada por la organización Defend Our Juries, bajo el lema “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.
Las detenidas lo fueron con base en la sección 12 de la Ley de Terrorismo inglesa, y afrontan posibles procesos con condenas que llegarían hasta los catorce años de prisión. Esta brutal respuesta afecta a las protestas contra el genocidio en Palestina pero también al propio derecho a la protesta. No solo por los registros, propuestas de sanción, multas, detenciones e incluso encarcelamiento, sino por el llamado “efecto paralizante” (chilling efect) y la represalias que pueden acarrear también en empresas y centros de trabajo la participación en manifestaciones de cualquier tipo.
Actualmente, hay 33 presas encarcelados en Gran Bretaña por supuestas acciones en solidaridad con Palestina relacionadas con este colectivo. Muchas de ellas pertenecen a los 24 de Filton [Filton 24], detenidas por una acción contra un centro de investigación de Elbit Systems en agosto y a los Brize Norton 5 (quienes realizaron la acción de pintar dos aviones en la base aérea mencionada previamente)2.
Se encuentran en prisión preventiva, sin juicio, sin fianza y algunos pueden esperar hasta dos años para ser juzgadas. Además, denuncian que han sido objeto de un trato degradante y arbitrario, que incluye la retención de su correo, libros y propiedades, órdenes de no asociación, exclusión de programas de empleo y educación, un régimen arbitrario de aislamiento y la retirada de sus keffiyehs.
En el momento en el que escribimos estas líneas, 8 de las 33 presas se encuentran en huelga de hambre, la mayoría desde el 2 de noviembre. Sus demandas pasan por el fin de toda censura, la libertad inmediata bajo fianza, el derecho a un juicio justo sin interferencias extranjeras y políticas, la desclasificación de Palestine Action como organización terrorista y el cierre de Elbit Systems.
Las huelguistas comenzaron la acción el mismo día en que el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, allanando el camino para el establecimiento de un Estado colonialista y sionista. Comenzaron Amu Gib y Qesser Zuhrah, Heba Muraisi se unió un día después y les siguieron Jon Cink, T Hoxha y Kamran Ahmed. Eel último en unirse a la huelga de hambre es Muhammad Umer Khalid, hace pocos días. Lewie Chiaramello también se unió el 23 de noviembre, realizando una huelga de hambre parcial, cada tercer día, ya que es diabético. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las Islas Británicas desde las huelgas de hambre de 1981 de los presos políticos irlandeses lideradas por Bobby Sands durante el conflicto, y que provocaron la muerte de 10 jóvenes3.
En solidaridad, presos de todo el mundo se han unido a los huelguistas de hambre durante periodos más cortos. Dimitris Chatzivasileiadis se unió desde Grecia, Massimo Passamani y Luca Dolce desde Italia4 y Jakhi McCray en Estados Unidos. Los presos Casey Goonan y Malik Muhammad, en Estados Unidos, también se unieron a una huelga de hambre, aparte, en solidaridad con Teuta Hoxha y los 24 de Filton, cuyo juicio comenzó en noviembre y durará 8 semanas.
Mientras tanto, Israel ha encarcelado a casi 9.100 palestinos como presos políticos, muchos de los cuales también se encuentran en huelga de hambre. Siguen saliendo a la luz detalles sobre los abusos que sufren, incluidos abusos sexuales, psicológicos y físicos, así como inanición forzada. Muchos cadáveres son devueltos a Gaza con signos de tortura, mutilación y ejecución.
El cuerpo tiene un límite en lo que puede aguantar. A medida que el hambre se instala, comienzan a agotar sus reservas, primero la grasa, luego los músculos y, finalmente, los órganos vitales comienzan a fallar. Tres de los ocho huelguistas de hambre, Qesser, Teuta y Kamran, ya han sido hospitalizados debido al deterioro de su salud. Amu Gib ha perdido 10 kg. Más de cien profesionales médicos han firmado una declaración en la que exigen que se tomen medidas para evitar que las y los huelguistas sufran más daños. Pasado un mes, existe una grave preocupación de que los huelguistas sufran daños irreversibles.
Hace unos días, el médico de urgencias y profesor del University College de Londres, Dr. James Smith, afirmó que el estado de los detenidos se ha deteriorado drásticamente y declaró a periodistas que “los huelguistas de hambre se están muriendo”. Smith dijo que los relatos desde el interior del sistema penitenciario apuntan a “un seguimiento y tratamiento deficientes. […] En mi opinión, como médico del NHS, la complejidad de las necesidades de atención de los huelguistas de hambre ahora debe gestionarse con la participación regular de especialistas, o incluso con un seguimiento continuo en el hospital”, dijo.
Por otro lado, más de 200 miembros de la Asociación Médica Británica expresaron su preocupación unos días antes y 900 profesionales de la salud han escrito al viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, al secretario de Salud, Wes Streeting, a altos funcionarios del NHS y a las autoridades penitenciarias exigiendo medidas urgentes.
Shahmina Alam, hermana de Kamran Ahmed (28 años), declaró que “Ahmed está cursando el día 39 de su huelga de hambre. Ha tenido dos internaciones desde que inició su huelga de hambre, y fue dado de alta apenas la semana pasada. Si bien lograron estabilizar sus cetonas, los niveles de estas han vuelto a subir considerablemente. Pero lo más preocupante es que su corazón se está debilitando y su pulso se está desacelerando, además de que, en este momento, Ahmed está perdiendo medio kilo por día”.
Pese a todo esto, hasta ahora el Gobierno británico y los medios de comunicación (salvo honrosas excepciones) han ignorado por completo las huelgas de hambre, evitando que se introduzca en la agenda pública. El objetivo de las activistas ahora es romper ese muro de silencio, algo que han intentado por ejemplo bandas como Kneecap, The Pogues y otros 200 artistas irlandeses y británicos, que han publicado una carta al Gobierno solicitando que se acceda a las demandas de las huelguistas.
Como siempre, la solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.
Este artículo ha sido escrito partiendo de piezas extraídas deBriega, Democracy Now, Naiz, Todo por Hacer, Prisoners for Palestine, Resumen Latinoamericano, Spanish Utopia, Izquierda Diario, Insurgente, Filton Actionists y TeleSur.
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1 Elbit Systems suministra al Ejército israelí el 85 % de su equipamiento terrestre y el 85 % de sus drones. Activistas propalestinas denuncian que sus drones se han utilizado en Gaza para reproducir sonidos de niños llorando y gritando, con el fin de atraer a la gente y luego dispararles.
2 Desde Brize Norton parten regularmente aviones con destino a la base aérea de Akrotiri, en Chipre, desde donde se dirigen las operaciones británicas en Oriente Medio, incluidos vuelos de espionaje sobre Gaza.
3 Bobby Sands murió el 5 de mayo 1981, después de 66 días en huelga de hambre. El informe original establecía que la causa de la muerte había sido «inanición auto impuesta«, aunque fue enmendado posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simplemente como «inanición«. Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo. Entre sus escritos, encontramos una de sus frases más célebres y que ha sido difundida en infinidad de murales por las calles de Belfast oeste principalmente: «Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos«. Se estima que más de 100.000 personas asistieron al funeral de Sands, el mayor funeral republicano desde el del alcalde de Cork del Sinn Féin, Terence MacSwiney, que murió en la cárcel de Brixton el 25 de octubre de 1920 después de otra huelga de hambre de 74 días. Después de Sands, otros nueve presos republicanos murieron en la huelga de hambre –Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine–. La huelga finalizó el 3 de octubre de 1981.
4 Desde Italia, el anarquista Luca Dolce hizo una declaración que rompe con la línea dominante de que las huelgas de hambre son simplemente protestas sobre las condiciones de los presos: “La lucha contra la prisión y el sistema militar tecnoindustrial es esencial para una lucha de mayor alcance, de resistencia revolucionaria e internacionalista… Estoy a su lado con serenidad y resolución”. Dolce también saluda al prisionero palestino Anan Yaeesh en la prisión de Melfi, en el sur de Italia, otro objetivo de las tácticas de aislamiento y traslado destinadas a borrar a los presos políticos. Según Dolce, no está claro si Yaeesh continúa en huelga.
