La llama, siempre viva, de la Revolución Social

  

Entre el 18 y el 19 de julio se conmemora los actos en recuerdo del 90 aniversario del comienzo de la Guerra Civil. A la sombra de estos fastos, el movimiento libertario recuerda el estallido, en el verano de 1936, de la Revolución Social.

 

 Este domingo, 19 de julio, se conmemora en muchos puntos de la geografía española el 90 aniversario de la Revolución Social. No se recuerda solo en España. La efeméride también se celebra en distintos países como Argentina, Francia, Italia, Chile, Grecia o Suecia, entre otros. En decenas de ciudades se han organizado charlas, exposiciones, seminarios de estudios, exhibiciones de películas producidas durante la Guerra Civil… Estas celebraciones pretender rendir homenaje a lo que el movimiento anarquista internacional, pero no solo, recuerda como uno de los procesos revolucionarios más singulares del siglo XX: la Revolución Española.

¿Pero de qué revolución hablamos? Hablamos del proceso de transformación social acelerado que tuvo lugar en España a partir del 19 de julio de 1936, más concretamente en aquellas zonas del territorio español no controladas por Franco tras el alzamiento militar. Un proceso revolucionario en el que el movimiento libertario tuvo un papel destacado y para el que los anarquistas se habían estado preparando durante décadas.

Y es que, si hablamos de la presencia del anarquismo en el Estado español, tenemos que pensar que las organizaciones locales de inspiración ácrata vinculadas al movimiento obrero internacional, tuvieron una implantación considerable desde el último tercio del siglo XIX. A partir de ahí, ni los procesos de criminalización orquestados por el Estado, ni la pugna ideológica con los sectores marxistas, ni la conflictividad interna del propio movimiento, lograron que la cultura política anarquista dejara de tener cierta prevalencia en el seno del movimiento obrero español. Una cultura política, la libertaria, que ponía en el centro de su programa político la preparación para la revolución, ya no solo fomentando la autocapacitación cultural, ideológica y militante de cada trabajador o trabajadora afín, sino prefigurando el mundo del mañana a través de la paulatina consolidación de una institucionalidad autónoma que no solo pasaba por la conformación de sociedades obreras, sino que también tenía que ver con la urdimbre de ateneos, escuelas racionalistas, periódicos, editoriales o grupos naturistas, por citar solo algunos ejemplos, que insuflaban vida a ese mundo propio.

En todo caso, y para entender todo lo que ocurrió a partir de julio de 1936, la creación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), ya en 1910, supuso un hito de consideración que explica cómo la articulación del anarquismo español en torno a una organización de masas, en este caso de carácter sindical, posibilitó que el movimiento libertario, paulatinamente minorizado a nivel internacional en el primer tercio del siglo XX, siguiera teniendo una implantación considerable en el seno del movimiento obrero español. Una pujanza que, en el plano interno, se vio asegurada por la toma de acuerdos que reforzaron el músculo sindical de la organización —como la creación de los Sindicatos Únicos (1918-1919)— y también se vio favorecida por el prestigio alcanzado por la organización anarcosindicalista tras el triunfo de la huelga de La Canadiense, que posibilitó la aprobación de la jornada laboral de 8 horas en el marco del Estado español.

Sin embargo, el crecimiento de la CNT y la proliferación de un movimiento obrero no sometido a directrices partidistas, autónomo y revolucionario, no fueron bien recibidos por el Estado y la patronal, quienes primero intentaron amedrentar a la militancia cenetista con la violencia terrorista ejercida por las bandas de pistoleros del Sindicato Libre (una violencia que, entre decenas de sindicalistas asesinados, se llevó por delante a dos secretarios generales de la CNT: Evelio Boal y Salvador Seguí), y luego, tras la llegada al poder de Miguel Primo de Rivera por la vía dictatorial, consiguieron la ilegalización del sindicato anarquista y el paso a la clandestinidad y exilio de buena parte de sus militantes más destacados.

 

 

La CNT en la segunda república

Tras más de ocho años de régimen dictatorial encabezado, primero, por Miguel Primo de Rivera, y luego por Dámaso Berenguer, la llegada de la II República (1931) fue saludada con esperanza por buena parte de los sectores populares, ansiosos de un cambio de régimen que ampliara las libertades políticas e hiciera frente a las desigualdades sociales. Sin embargo, la “república de trabajadores”, tal y como rezaba el artículo 1 de la Constitución republicana, demostró muy pronto su incapacidad para colmar las ansias de justicia social de una clase trabajadora cuyas organizaciones sindicales, la CNT y la UGT, reforzaron de manera considerable su implantación y número de cotizantes a partir del 14 de abril.

Sería precisamente en este contexto político de inestabilidad creciente, donde las tímidas reformas emprendidas por la República eran constantemente torpedeadas por los sectores reaccionarios y la amenaza fascista empezaba a cobrar forma, en el que la clase trabajadora empezó a dar fuste al proyecto revolucionario, movilizando sus demandas por la vía de la acción directa y sufriendo una dura represión por ello; los sucesos de Castilblanco, Arnedo, Alto Llobregat, Casas Viejas o Asturias, dan buena cuenta de lo anterior.

 Sin embargo, serían las fuerzas conservadoras quienes darían el paso que pondría en jaque al régimen republicano. El 18 de julio de 1936, el golpe de Estado de una parte del ejército, apoyado por los sectores reaccionarios de la sociedad española y los regímenes fascistas de Italia y Alemania, consiguió imponerse en algunas zonas del Estado español, pero no logró su objetivo de aniquilar rápidamente cualquier conato de resistencia en los núcleos poblacionales de mayor peso. Por el contrario, en buena parte del país y a pesar de la oposición de algunos dirigentes republicanos a entregar armas al pueblo, las organizaciones obreras lideraron la respuesta al alzamiento, derrotando a los militares rebeldes en ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Málaga. 

En relación a lo anterior, y aunque a día de hoy siga vigente, en buena medida, la idea de que la respuesta al golpe de Estado por parte de las organizaciones populares fue prácticamente improvisada, la realidad es que en muchas localidades con fuerte implantación de la CNT y la FAI, el movimiento libertario había estructurado Comités de Defensa y Comités de Preparación Revolucionaria que, a la hora de la verdad, allanaron el camino para que la movilización obrera, también armada, contra el alzamiento fascista, acabara teniendo éxito.

 

Una transformación integral de la sociedad

Fracasada la intentona golpista, el 19 de julio se abría un horizonte de posibilidades revolucionarias que los trabajadores y trabajadoras, y muy especialmente los hombres y mujeres del movimiento libertario, quisieron experimentar de forma decidida, iniciando un proceso de transformación acelerada que afectó de manera profunda a todas las esferas de la sociedad española. 

En el plano económico, las organizaciones populares, con los sindicatos CNT y UGT a la cabeza, emprendieron un proceso de toma de control de los medios de producción que, bajo distintos regímenes de gestión obrera, favoreció que los resortes de la producción, la distribución y el consumo, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales de la retaguardia antifascista, estuvieran en manos de los trabajadores y trabajadoras. Cambios radicales en la economía política del tejido productivo que involucraron tanto al sector público como al sector privado.

El proceso de colectivización afectó a las grandes empresas, incluyendo aquellas vinculadas a sectores industriales participados por el capital extranjero, pero también a fábricas, talleres y centros de trabajo de menor tamaño. En el ámbito rural, buena parte de las tierras abandonadas por los grandes tenedores, pasaron a ser gestionadas por las colectividades agrarias, muchas de las cuales, animadas por las organizaciones sindicales, jugaron un papel indiscutible en la mejora de las condiciones de vida de la población campesina y jornalera de las comarcas agrarias.

 Por otro lado, y aunque uno de los aspectos fundamentales del proceso revolucionario fue la transformación estructural de los sectores primario y secundario de la economía, no fue menor la impronta del programa sindical en el resto de esferas económicas, como el sector servicios y, más concretamente, en todo aquello relacionado con la cultura. Un buen ejemplo de lo anterior lo tenemos en las transformaciones acaecidas en el terrero de la enseñanza, que dejó de estar en manos de la Iglesia y tuvo tiempo de desarrollarse al amparo de instituciones donde la impronta de la pedagogía libertaria resultó incuestionable (como el Consejo de la Escuela Nueva Unificada, en Cataluña). Otro ejemplo es el sector del espectáculo, con industrias de alto desarrollo técnico, como la cinematográfica, donde el proceso de socialización se desplegó vertiginosamente, permitiendo, por ejemplo, que el Sindicato Único de la Industria del Espectáculo de la CNT produjera más de cuarenta películas en plena guerra civil. 

También la gobernanza política de las ciudades y pueblos de la retaguardia antifascista se vio alterada de forma radical. El estallido del conflicto armado y los cambios en la estructura de poder de muchos pueblos y ciudades, afectaron sobremanera al desarrollo habitual de las entidades locales en la España no controlada por Franco. No solo se crearon consejos municipales para sustituir a los antiguos ayuntamientos, sino que aparecieron nuevas instituciones —de vida efímera, eso sí— como el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, el Comité Interprovincial de Asturias y León o el Consejo Regional de Defensa de Aragón, presidido por el cenetista Joaquín Ascaso, que emanaron directamente de la situación política y social de los primeros meses de guerra. 

Hablamos, por tanto, de un proceso revolucionario, de base federativa y rápido desarrollo, donde fueron los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, quienes tomaron el control de buena parte de los resortes de la vida pública, descomponiendo rápidamente, aunque de manera parcial, la estructura de poder previa al 19 de julio y dando forma a una nueva sociedad donde el trabajo colectivo no tenía como finalidad enriquecer a una clase privilegiada, sino dignificar y cubrir todas las necesidades de la mayoría social.

 

La revolución en los frentes

Pero todas estas transformaciones revolucionarias, que amenazaban la estructura de las relaciones de poder consolidadas en la sociedad española tras siglos de dominación oligárquica, debían ser defendidas en los frentes de batalla. Para ello, los trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos enconados pacifistas que durante años se habían opuesto a la guerra —fueron los anarquistas quienes organizaron el Congreso Internacional de la Paz (Ferrol, 1915)— y a la política colonial del Estado español —pensemos, por ejemplo, en los orígenes de la Semana Trágica (1909)—, se organizaron rápidamente en milicias populares que tuvieron la difícil tarea de hacer frente al ejército sublevado durante los primeros meses de guerra. Un ejército rebelde que, recordémoslo, contó desde primera hora con el apoyo de los regímenes fascistas de Europa (Alemania, Italia y Portugal).

En contraposición a este apoyo internacional al ejército sublevado, y al margen del papel jugado por las Brigadas Internacionales en defensa de la República, el eco de la Revolución Social en el plano internacional favoreció que una pléyade de voluntarios de la anarquía se incorporara, o bien en el frente o bien en retaguardia, a las filas de las organizaciones revolucionarias. Como consecuencia de lo anterior, cientos de militantes anarquistas, anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios, procedentes de Italia, Alemania, Suiza, Francia, Suecia, Argentina y otros países, incorporados a la lucha y afiliados en origen a sindicatos y organizaciones libertarias solidarias con la CNT, contribuyeron con su esfuerzo, dando la vida en muchos casos, a la defensa de las transformaciones revolucionarias impulsadas por la clase trabajadora en el Estado español. 

 Más allá de su mayor o menos cercanía con el ideario ácrata, Camilo Berneri, Emma Goldman, Simone Weil, Georges Orwell, Carl Einstein, Clara Thalmann, Simón Radowitzky, Kati Horna, Margaret Michaelis o Mika Etchebéhère, son una decena de estos voluntarios internacionales de la revolución.

Tampoco fueron pocos los comités y organizaciones antifascistas que, repartidos por medio mundo, intentaron contribuir —a pesar de las dificultades generadas por sus gobiernos y el eco de la propaganda contrarrevolucionaria— al sostenimiento de la lucha desigual emprendida por las organizaciones del movimiento libertario español. Sin ellos, las fuerzas políticas y sindicales favorables al proceso revolucionario, hubieran estado completamente aisladas en el plano internacional, estando aún más desatendidas de armamento, apoyo financiero y soporte propagandístico.

Las organizaciones libertarias: músculo de la revolución

Aunque los principios, tácticas y finalidades revolucionarias formaban parte del ADN del movimiento libertario español desde sus comienzos, la implantación de las organizaciones ácratas había sido desigual según las épocas y los territorios, transitando, incluso, largos períodos de clandestinidad que dificultaron en grado sumo las posibilidades de intervención política, social y cultural de los y las anarquistas.

Sin embargo, en mayo de 1936 la CNT llegó a su IV Congreso (Zaragoza) con más de medio millón de afiliados, igualando, como mínimo, las cifras de afiliación de la Unión General de Trabajadores (UGT). Los importantes acuerdos tomados en ese congreso, junto con la implantación territorial y el músculo militante de los afiliados y afiliadas, posibilitaron que la organización anarcosindicalista fuera la espina dorsal del proceso revolucionario en buena parte de los territorios de la España antifascista (sobre todo en Cataluña, Levante y la zona de Aragón no controlada por Franco).

Junto a la CNT, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), Mujeres Libres (que llegó a federar a 28.000 obreras en enero de 1938), Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), los ateneos libertarios, las escuelas racionalistas, y todo el tejido de grupos y pequeñas organizaciones que se reconocían en la genealogía del anarquismo español (como, por ejemplo, la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios), experimentaron un notable desarrollo organizativo, contribuyendo de manera singular a la obra constructiva de la Revolución Social.

 En todo caso, y para complejizar, el proceso revolucionario también fue sostenido por otros sectores políticos y sindicales que, conscientes de las posibilidades que para el conjunto de la clase trabajadora abría el escenario de guerra social, apostaron de manera decidida por la vía revolucionaria. En muchas zonas rurales, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de la UGT jugó un papel destacado en el proceso de colectivización de tierras, poniendo en marcha grandes colectividades agrarias, muchas veces de la mano de la CNT, y oponiéndose, al menos en algunas zonas, a la política de contención revolucionaria de Vicente Uribe, ministro de Agricultura (PCE). También es conocida la apuesta revolucionaria del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM); una apuesta que, como sabemos, le costaría cara a partir de mayo de 1937.

Los frenos de la revolución

Sin embargo, no fueron pocos los problemas que tuvo que enfrentar la Revolución Social desde el primer momento. A los condicionamientos impuestos por la guerra, le hemos de sumar la oposición del capitalismo internacional y, en el plano interno, la labor contrarrevolucionaria de las fuerzas políticas a quienes, por distintas razones, incomodaban las transformaciones sociales puestas en marcha por los trabajadores y trabajadoras a partir del 19 de julio.

Los Sucesos de Mayo del 37, la disolución del Consejo de Aragón o la política de partido (comunista) desplegada por la mayor parte del comisariado en el seno del Ejército Popular de la República, son solo tres ejemplos de lo anterior; tres ejemplos, sí, que también nos hablan del papel jugado por el estalinismo en el transcurso de la guerra.

Tampoco podemos olvidarnos de otros asuntos que, sin duda alguna, contribuyeron a la irrupción de airados debates en el seno del movimiento libertario. Uno de ellos fue la obediencia al Decreto de Militarización de las Milicias Populares promulgado por el gobierno republicano a finales de septiembre de 1936. Pero sería la participación de militantes anarquistas, no solo en el gobierno de la República, sino en cientos de consejos municipales y otras instancias gubernamentales, el asunto más discutido entre la militancia libertaria en el otoño de la Revolución. Una decisión que no solo acabaría laminando la unidad de acción del movimiento libertario en un contexto político en el que se encontraba relativamente aislado, sino que acabaría refrendando las posiciones más hostiles a la CNT de una parte del anarquismo internacional.

La memoria de la revolución

La pérdida de la guerra no solo supuso la imposición de un sistema dictatorial que vino a restaurar las relaciones de poder que había quebrado el proceso revolucionario. Significó también la persecución y práctico exterminio de una cultura política muy singular, la representada por el movimiento libertario, que, como decíamos anteriormente, a principios de los años treinta ya se encontraba muy minorizada en el plano internacional. 

 Precisamente por lo anterior, por la conciencia de la importancia que tenía para el futuro el recuerdo de la revolución, los anarquistas, las anarquistas, no solo se preocuparon de salvar buena parte de la documentación producida durante la guerra civil por la CNT y la FAI, evacuándola al Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, sino que, durante los años del exilio, procuraron mantener viva la memoria del proceso revolucionario, abordando un proceso de reflexión crítica que se tradujo, antes que nada, en la proliferación de un sinfín de relatos testimoniales que, de una manera u otra, vinieron a complejizar el relato de aquella experiencia histórica.

Unas décadas después, sería justamente esa memoria revolucionaria, esa conciencia colectiva de la vigencia del legado de prácticas y experiencias de la Revolución Social, uno de los factores clave que explica cómo la CNT mantuvo su coherencia en el contexto de la llamada Transición; una conciencia colectiva que, recordémoslo, ayudó también a que la militancia anarcosindicalista sostuviera al mismo tiempo un empeño, no menor, en el marco de una sociedad capitalista con capacidad para disciplinar la disidencia a través de su asimilación: el afán de impedir que el anarquismo se convirtiera en una moda política más, el afán de hacerlo valer como una herramienta útil, ya no solo para el conjunto de la clase trabajadora, sino de todos los sectores sociales desposeídos.

Sea como fuere, la memoria de la Revolución Española no solo se mantiene viva en el seno de la militancia libertaria actual, sino que ha servido de inspiración a otros movimientos sociales que, por un lado, se siguen reconociendo en esa tradición libertaria, y, por otro, han aterrizado en su quehacer político buena parte de los principios organizativos de los que tradicionalmente han hecho gala las organizaciones anarquistas. Un legado, también, que atraviesa fronteras y forma parte de la genealogía política de luchas tan dispares como las emprendidas por las mujeres del Kurdistán, los zapatistas mexicanos o la miríada de organizaciones sindicales de matriz revolucionaria que se reparten por todo el mundo.

 

 

Juan Cruz López

 Editor de Piedra Papel Libros

https://www.elsaltodiario.com 

El Patronato

 

Ella está en el centro, a un lado y al otro, formando un círculo que no llega a cerrarse, adolescentes de quince, dieciséis y diecisiete años. Son unas treinta. Casi todo chicas. Una de ellas presenta el acto. Le da la bienvenida a Consuelo García del Cid.

Casi ninguna había oído hablar del Patronato de protección a la Mujer. El silencio que recorre la biblioteca, que es el espacio en el que se han juntado, está lleno de miradas y respiraciones que se quedan suspendidas en cuanto Consuelo comienza a hablar.

Cuenta su historia y, a la vez, cuenta la historia de muchas otras. De chicas que fueron encerradas contra su voluntad en esos centros. Mujeres menores de veintiuno. Mujeres pobres. Mujeres a las que les gustaba salir de fiesta. Mujeres huérfanas. Mujeres que disfrutaban dándose morreos en la última fila de algún cine. Mujeres que fumaban en la calle cuando se suponía que tenían que estar en clase. Mujeres a las que les gustaba echar un kiki, o muchos. Mujeres que hacían pellas del colegio. Mujeres que no encorsetaban su forma de vestir a lo que se supone que tenía que ajustarse. Mujeres que pisaban fuera de los márgenes. Mujeres con ideas de transformar la sociedad. Mujeres rebeldes. Mujeres que eran violadas por sus novios. Mujeres abusadas por hombres de su entorno. Mujeres jóvenes. Adolescentes.

Consuelo cuenta que había otras mujeres. Las guardianas de la moral. Mujeres que se paseaban por las “zonas de conflicto”. Bares. Piscinas. Playas. Colegios. Si veían algo incorrecto. Algo que no debía ser, llamaban a la policía. Algunas terminaban detenidas. A otras las llevaban directamente sus familias. Antes de decidir dónde se las recluía se les hacía un examen. Uno en el que un médico les metía los dedos por la vagina y las clasificaba en dos categorías: completa o incompleta. Eso determinaba el lugar al que iban a parar.

Cuenta su historia como quien ya la narró muchas veces. Cuidando cada palabra. Directa a algún lugar que transita de la incredulidad a la rabia. Para que se sepa lo que pasó. Para que no se olvide. 

Ella provenía de una familia conservadora. Mala estudiante. Expulsada del colegio. Para que termine sus estudios la meten en una academia. Ahí conoce a personas de otras procedencias sociales muy distintas a la suya. Le hablan de Salvador Puig Antich. Decide ir a una manifestación, la primera de muchas. Comienza a politizarse. Cambia su forma de vestir y su forma de pensar. Su familia ve la transformación. No les gusta. Deciden hacer algo.

Una mañana, muy temprano, entró en su habitación un médico. Le dijo que le iba a poner una vacuna. Cuando se despertó, casi veinticuatro horas después, estaba en una habitación que tenía la puerta cerrada con llave. Llevaba puesta una ropa que no era suya. A los pies de la cama estaba su maleta con cuadros verdes. No sabe cuántas inyecciones le pusieron. Las suficientes para llevarla a otra ciudad sin que se enterase. Por la ventana, llena de barrotes, vio coches con una M en la matrícula. La habitación de la que la sacaron estaba en Barcelona. Esos coches circulaban por calles de Madrid. Una monja fue quien le dio la bienvenida a ese lugar. Le dijo que estaba en un colegio de formación. No nombró la palabra reformatorio ni la palabra reclusión ni la palabra cárcel, pero en ese lugar no tenía derecho a escribir ni recibir cartas que no fueran leídas por las monjas. Tenía que trabajar todo el día sin recibir nada a cambio. Los vínculos también estaban prohibidos. No podías hacerte amigas. La mínima muestra de afectividad significaba celda de castigo o aislamiento. Pero conseguían hablar entre ellas, en voz baja, moviendo apenas los labios. Las palabras justas para saber que en todas ellas había un deseo común: escaparse. 

Cuenta que, además del deseo de fugarse, había otros dos pensamientos bastante extendidos. Uno era pensar cómo matarte. Ella vio cómo varias de sus compañeras lo conseguían. Si llorabas mucho te podían llevar al psiquiátrico. Las descargas en el cerebro te curaban de la necesidad de soltar lágrimas. El otro pensamiento era cómo conseguir lesionarte a ti misma. Les dice que es tanto el daño que tu cuerpo a veces te pedía dolor para disminuir ese otro dolor. Ella quiso hacerlo en un lugar visible, no con cortes en las muñecas que las monjas, cuidadosamente, se ocupaban de tapar. Se golpeó en los pómulos. Fuerte. Su cara se volvió negra, amarilla, violeta. Era su forma de protesta. Ayudó a varias chicas a fugarse y por eso la trasladaron a otro centro. Siguió buscando formas de protestar como un camino para resistir. Para mantenerse viva.

Pensó que la muerte de Franco la sacaría de allí. Pero cuando murió no ocurrió nada. Nada. Siguieron encerradas. Así que planeó su fuga. Consiguió escaparse. Comprendió que te encerraban en centros lejos de tu ciudad para que no tuvieras red si te escapabas. Solo la calle. Pidió ayuda a una tía. Acabó, de nuevo, en otro reformatorio.

Consuelo, con su chaqueta de terciopelo morada, hace una pausa. “Nos inocularon el estigma de la      vergüenza. Sabes que la gente piensa que si has estado encerrada en un reformatorio es porque has hecho algo malo y que, de alguna forma, te lo merecías. Por eso muchas mujeres han guardado sus historias en silencio”.

Una de las adolescentes le pregunta: ¿Qué le dirías a la gente joven como nosotras que dice que con Franco se vivía mejor?

Les dice que es importante cuidar la memoria para que la gente que no la vivió sepa lo que significa vivir en una dictadura. Les recuerda que lo que les pasó a ella y a otras muchas chicas siguió ocurriendo durante la democracia. Les dice que España ha sido el país del silencio. Les dice que es muy difícil comenzar a hablar, pero que es la única manera. Comenzar a hablar.

Otra alumna toma la palabra. Los ojos se le empañan. La voz quebrada. Le agradece que les haya contado su historia. Le dice que es una mujer muy fuerte, muy inteligente. Le dice que no la va a olvidar. 

“¿Y qué podemos hacer?”, le pregunta otra alumna. “Contad lo que ocurrió”, responde Consuelo.

 

 https://www.elsaltodiario.com

María González Reyes

Dejen de hablar de IA y empiecen a hablar de tecnofascismo

 

La tecnocracia y la política fascista están siendo adoptadas por élites megalómanas que traman para su propia supervivencia.

 

Hace un par de semanas participé en la Marcha contra las Máquinas en Londres, organizada por el grupo Pull the Plug, cuyo nombre es igualmente contundente. Los oradores que se congregaron frente a las oficinas de los gigantes de la IA en King’s Cross abordaron temas que iban desde la explotación laboral, el «riesgo existencial», el impacto ambiental, la vigilancia, el control corporativo y la represión estatal, hasta la forma en que la IA está destruyendo la educación.

Sin embargo, siento que este movimiento incipiente aún no ha comprendido del todo la magnitud del problema. Debido a la idea liberal, abrumadoramente dominante, de que la tecnología es políticamente neutral, hablar de la IA como «una tecnología» tiende a generar una larga lista de problemas que supuestamente podrían resolverse mediante la regulación dentro del sistema político existente. Esto no tiene en cuenta el conjunto tecnosocial que implica, al que llamaré tecnofascismo.

Mientras los oligarcas corporativos se alían con Donald Trump, en un intento por solucionar la crisis de bajo crecimiento del capitalismo neoliberal, se instaura un nuevo modelo de producción capitalista y control tecnocrático, cuyo poder es mayor que la suma de sus partes. La sinergia entre el fascismo y la política subyacente de la IA podría dar lugar a un auténtico totalitarismo, del que resulta difícil vislumbrar una salida.

Mucho antes de Donald Trump, mientras la mayoría de ellos defendían políticas liberales o libertarianas, los oligarcas de Silicon Valley comenzaron a adherirse a una serie de ideologías tecnofascistas centradas en la ingeniería del ser humano. Estas incluyen el transhumanismo (la versión moderna de la eugenesia), el singularitarismo (la creencia de que los humanos deben ser mejorados tecnológicamente hasta fusionarse con las máquinas) y el teorema del largo plazo, que es un buen ejemplo de la naturaleza esencialmente fascista de estas ideologías.

Los defensores del largo plazo argumentan que la tecnología creará, en un futuro lejano, un universo habitado por 10⁵⁵ humanos, que vivirán plácidamente como inteligencias incorpóreas en ordenadores, gestionadas por IA. Para garantizar que este «paraíso» se haga realidad, sostienen, no importa si miles de millones de humanos mueren de hambre o por amenazas existenciales como el cambio climático y la guerra nuclear, siempre y cuando una élite sobreviva para, finalmente, transferir su conciencia a los ordenadores.

Así pues, no se trata solo de que la IA sea la «herramienta» perfecta de los oligarcas corporativos fascistas: es un sistema de poder tecnocrático el que los moldea, así como su filosofía y su política. El gran poder y la eficacia de la ciencia y la tecnología engendran una especie de crueldad obsesiva y planes megalómanos de ingeniería social que desechan sin miramientos los valores éticos y humanos fundamentales, del mismo modo que lo hace el fascismo político.

Para comprender esa sinergia, necesitamos conocer algunos principios básicos de la política ludita aplicada a la tecnología.

El mundo en que vivimos comenzó con la revolución científica de los siglos XVI y XVII. En aquella época, filósofos como Francis Bacon desarrollaron un enfoque tecnocrático de control sobre la naturaleza y los seres humanos, al que se referían eufemísticamente como «modernidad». Podemos observar la visión tecnocrática de la transformación a gran escala de la naturaleza en la agricultura industrial, y su control sobre los seres humanos en el tratamiento de los enfermos, los « enfermos mentales » y los presos, como se muestra en las obras de Michel Foucault.

El papel de la ciencia en este sistema consiste en extraer información de la naturaleza, en revelar sus secretos. Esto proporciona los medios para reempaquetarla y reconfigurarla, añadiéndole valor económico y vendiéndola como mercancía: la base del capitalismo. La ciencia hace lo mismo con los procesos laborales humanos. A finales del siglo XIX, esta extracción de información del trabajo humano dio un paso adelante con la «Administración científica» de Frederick Taylor, que implicaba la observación precisa de los movimientos corporales de los trabajadores. En efecto, el saber hacer de los trabajadores se extrae y procesa para crear máquinas que los sustituirán en un proceso de intensificación del capital (automatización). La IA es la culminación de 130 años de taylorismo, es el santo grial de los tecnócratas, un sistema de automatización de la extracción de información y de la vigilancia.

El taylorismo y el Estado tecnocrático, con su principal herramienta, la estadística, surgieron simultáneamente como respuesta a la crisis del capitalismo industrial de finales del siglo XIX, que incluyó un grave desorden social y el desafío del socialismo y del anarquismo. Más allá de las políticas de laissez-faire, el Estado expandió rápidamente sus aparatos de burocracia, intervención en la economía y control social, incluyendo la Ley Seca en Estados Unidos y la eugenesia, un sistema de gestión científica de la población. Los métodos del Estado tecnocrático condujeron finalmente a los dos totalitarismos de mediados del siglo XX, el estalinismo y el fascismo, ambos con sus fantasías tecnocráticas de crear al «Hombre Nuevo». El Holocausto no fue solo producto del odio político, sino también, como señalaron Adorno y Horkheimer , la culminación de la gestión tecnocrática de la sociedad.

En el siglo XXI, volvemos a presenciar la sinergia entre el fascismo y la tecnocracia.

No puede haber concesiones con el tecnofascismo. Aquí no hay término medio, ya que los supuestos beneficios de la IA son en su mayoría irrelevantes. Estamos recibiendo el tecnofascismo en su totalidad, y es ingenuo pensar que podemos elegir y regular. El método de la tecnocracia consiste en imponernos nuevas tecnologías, como rezaba el lema de la Exposición Universal de Chicago de 1935: «La ciencia descubre, la industria aplica, el hombre se adapta» .

Así que debemos comprender a qué nos enfrentamos. Es tarde y, sin duda, es hora de desconectar la IA. Los antifascistas deben actuar.

 

 Ned Ludd – Freedom

 

 

Epidemia ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley

 

 

En apenas una década, la ultraderecha ha pasado de ser un fenómeno marginal a disputarse el poder en medio mundo.
Las figuras de gobernantes como Donald Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni o Viktor Orban, pueden entenderse como la personificación de un mal que está corrompiendo nuestras sociedades. Pero las enfermedades necesitan de un caldo de cultivo donde prosperar y hacerse fuertes, unas condiciones que posibiliten el contagio, a veces antes de que los síntomas nos llamen especialmente la atención.
 

En el libro Epidemia Ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo, se describen muchos de estos síntomas, se identifican los diferentes periodos de incubación y qué hace que millones de personas estén quedándose fascinadas por planteamientos cruelmente autoritarios, misóginos, xenófobos o abiertamente racistas.

Hablamos con Franco Delle Donne, autor del libro, especializado en el estudio de la ultraderecha y los autoritarismos, y del creador del pódcast del mismo nombre

Contra el fascismo y el olvido

 

No existe un fascismo abstracto, etéreo, de manual. El fascismo siempre ha tenido nombres, apellidos, uniformes, iglesias cómplices, jueces obedientes, falangistas disfrazados de policía o empresarios beneficiados y víctimas perfectamente identificables. El fascismo no es una opinión incómoda ni un exceso del pasado: es un régimen criminal, una práctica sistemática de terror, exterminio y saqueo, cuya huella sigue viva allí donde no se ha hecho justicia.

El fascismo español no fue una reacción, fue una agresión. La guerra civil de 1936 no fue una guerra entre hermanos, fue una guerra de clases iniciada por una sublevación militar contra un régimen democrático. Desde el primer día se impuso la lógica del exterminio: fusilamientos masivos, cunetas y pozos, cárceles, campos de concentración, exilio, robo de bienes, de dignidad y hasta de bebés. No hubo simetría posible. Hubo vencedores armados que saciaron su sed de venganza hasta el hartazgo y vencidos indefensos y humillados con destino de víctimas, sin más misión que el sufrimiento.

Durante cuarenta años, el franquismo prohibió incluso el derecho más elemental: enterrar a los muertos. Como en la tragedia de Sófocles, el Estado se arrogó la potestad de decidir quién merecía sepultura y quién debía pudrirse como escarmiento. Esa prohibición no fue solo material, fue moral y política. A una parte del país se le negó el duelo, la memoria y la palabra. Ese es el auténtico síndrome de Antígona: la condena a vivir sin verdad ni justicia.

La llamada Transición no rompió con ese crimen fundacional. Lo administró. Consagró la impunidad de los verdugos y el silencioso miedo de las víctimas. Se amnistió a los criminales y se exigió paciencia a las familias de los asesinados. Los archivos permanecieron cerrados, los jueces pasaron página y los responsables murieron en la cama, con honores, medallas y funerales de Estado. Mientras tanto, los familiares de los fusilados o desaparecidos envejecían sin saber dónde estaban los huesos de los suyos.

De esa claudicación nace la farsa de la equidistancia: la llamada “Tercera España”. Una ficción cómoda que pretende igualar a víctimas y verdugos, a fascistas y antifascistas, a quienes dieron órdenes de matar y a quienes yacen aún en las cunetas, pozos y acequias. No es neutralidad: es blanqueo. No es reconciliación: es continuidad del crimen por otros medios, su permanencia e institucionalización.

No se puede meter en el mismo saco a quien defendía un gobierno legítimo y a quien lo destruyó a sangre y fuego. No se puede hablar de “excesos en ambos bandos” cuando solo un bando construyó un Estado basado en el terror… durante décadas, mientras el otro bando sobrevivía en el exilio o fue sometido a la brutal dictadura del tirano. No se puede condenar la violencia en abstracto para evitar señalar al fascismo y a los ejecutores fascistas en concreto, con su nombre y su apellido. Eso no es rigor histórico, es cobardía política.

El fascismo no terminó con la muerte del dictador. Fraga hizo suya la calle en Vitoria y aún hoy sobrevive en la estructura del poder, en la impunidad judicial, en la corrupción heredada, en los monumentos de exaltación, en los discursos que criminalizan a los vencidos y absuelven a los vencedores. Sobrevive cada vez que se niega una exhumación, cada vez que se relativiza un crimen, cada vez que se pide olvidar. Sobrevive en la cruz del Valle de los Caídos, porque esa cruz es una cruz gamada.

No queremos monumentos huecos ni homenajes oficiales sin consecuencias. Queremos la verdad completa: todos los archivos abiertos, todas las fosas exhumadas, todos los nombres sobre la mesa. Queremos saber quién mató, quién lo ordenó, quién delató, quién se enriqueció. Queremos justicia, aunque llegue tarde, porque sin justicia no hay ni el menor simulacro de democracia, solo administración del pasado criminal.

El fascismo no se discute: se combate. Se combate con memoria, con verdad, con justicia y con una repulsa sin matices. No hay término medio entre verdugos y víctimas. No hay tercera vía entre la barbarie y la dignidad. Mientras quede un solo desaparecido en una cuneta, en un pozo, en una acequia, en una fosa y un solo criminal sin juzgar, el combate continúa.

Porque callar no es neutralidad. Callar es tomar partido por el fascismo.

Que un criminal de guerra, confeso y victorioso, que un asesino de masas ocupase la Jefatura del Estado durante cuarenta años no se borra fácilmente, y sus secuelas son innumerables y persistentes, incluso cincuenta años después de su muerte en la cama.

Y los nostálgicos del tirano se cuentan por millares, sobre todo entre jóvenes algo ingenuos y demasiado ignorantes que no vivieron ni sufrieron el franquismo.

Sin embargo, siempre nos quedará el golfo del Borbón nominándose a sí mismo impulsor y protector de una reconciliación y una transición fantasmagóricas. Como si reconciliación y transición no hubieran sido la impunidad definitiva y absoluta de los verdugos fascistas a todos sus crímenes, desde 1936 hasta 1976.

El todo atado y bien atado de Franco.

 

 Agustín Guillamón

El espectro de democracia directa que recorrió Gasteiz e hizo temblar la Transición

El 3 de marzo de 1976, la policía asaltó una asamblea de 5.000 trabajadores que tenía lugar en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga (Vitoria-Gasteiz). Con el objetivo de poner fin a la democracia directa que estaba poniendo en práctica la clase trabajadora vitoriana, la policía lanzó botes de humo dentro del templo para hacer salir a los asistentes. Los hechos, que cumplen ya 50 años, son de sobra conocidos. Los actos de memoria se repiten de manera anual y los puntos simbólicos (murales, placas, monumentos, etc.) se pueden encontrar por la ciudad.

Limitar la memoria de lo que aconteció aquellos días a la matanza perpetrada por la policía, y a la masiva asistencia a los actos de protesta posteriores que se replicaron en numerosos puntos de la geografía de Euskal Herria, conlleva el peligro de olvidar la importancia de lo ocurrido los meses anteriores en los que Gasteiz fue el epicentro de un terremoto que puso en riesgo el devenir pactista de la Transición. Lo ocurrido en las fábricas y barrios vitorianos aquellos meses de invierno fue la mayor expresión de autonomía obrera de la época; un confrontación real de contrapoder obrero.

 

Vitoria: de ciudad modélica del desarrollismo a campo de batalla

La capital alavesa tenía fama de ser “una ciudad de curas y militares”, fuertemente anclada a la tradición y a una pequeña burguesía local. Pero en apenas quince años Vitoria mutó y pasó a ser una pequeña ciudad de provincias a ser el escaparate del éxito desarrollista del franquismo. Su situación estratégica —haciendo de nexo de unión entre el norte industrial y el centro político de la península— y la privilegiada situación fiscal de la que disponía —los Fueros no se suprimieron en Araba al no tratarse de una provincia rebelde— propiciaron un desarrollo económico que atrajo capital y mano de obra. A diferencia de ciudades industriales como Bilbao o Barcelona, Vitoria no sufrió de masificación, de excesos, de ruido y contaminación, de un déficit de vivienda ni del consiguiente problema del chabolismo.

El desarrollismo en Vitoria fue ordenado y se presentaba como escaparate para los tecnócratas de Madrid: limpio, planificado y con una paz social imperante. El Plan General de 1956 había diseñado Vitoria con una segregación espacial clara: las fábricas a la periferia, la burguesía en el ensanche y la clase trabajadora en barrios satélite como Zaramaga o Errekaleor. Ahí, las colmenas de ladrillo alojaban a la masa migrante que llegaba, en menor medida que a las grandes ciudades, hasta Vitoria. Una ciudad, en definitiva, diseñada para el orden absoluto y en la que, supuestamente, nunca pasaba nada.

Un proletariado salvaje frente a la crisis del capital

El agotamiento del modelo vitoriano no fue un caso aislado. El sistema en el que se asentaron las relaciones laborales en la España franquista también se estaba resquebrajando. El surgimiento de las Comisiones Obreras en diferentes zonas industriales había dado paso a la irrupción de un proletariado organizado de manera más horizontal, menos basada en la delegación. Esas masas auto-organizadas, sin la tutela de partido o sindicato alguno, protagonizó numerosos conflictos y huelgas salvajes que se movieron en un terreno más allá de lo laboral.

No se puede entender el avance de este movimiento sin tener en cuenta la crisis que padecía el sistema de acumulación fordista en España. Este sistema económico, que había sido el motor del “milagro económico español” durante el desarrollismo, se basaba en una producción y un consumo de masas vertebrado sobre el autoritarismo del Sindicato Vertical y una mano de obra precarizada de salarios bajos. Pero este rígido sistema se tambaleó a partir de la década de los 70. La crisis del petroleo del 73, cuyos efectos llegaron con algo de retraso a España, tuvo como consecuencia un descenso de los beneficios empresariales debido al aumento de los costes de producción.

 El otro punto de desestabilización empresarial fue el proletariado organizado fuera del Sindicato Vertical, cuya acción acabó con la “paz social” de los años anteriores. Frente a la amenaza patronal de una precarización de las condiciones de vida, la clase trabajadora rompió con la delegación sindical franquista y se auto-organizó para protagonizar su propia lucha. A pesar de la fuerte represión, las movilizaciones, paros y huelgas se multiplicaron de manera exponencial por todo el país. Los trabajadores pasaron de exigir una subida de salarios con la que hacer frente a la inflacicón, a atacar al sistema en sí y a un régimen moribundo.

El despertar del movimiento obrero vitoriano

En el tejido industrial vitoriano, los conflictos laborales solían desarrollarse de la manera establecida: una patronal que decide y ordena, un Sindicato Vertical que finge negociar y una clase trabajadora que obedece. Al tratarse de una ciudad sin apenas tradición industrial, Vitoria carecía de una vanguardia política ni de un movimiento obrero clásico. Por esta razón, la conflictividad tardó en llegar. Pero cuando lo hizo, se unió a la oleada de huelgas salvajes y autónomas que hicieron temblar los cimientos del Estado franquista.

El primer gran conflicto ocurrió en la factoría de Michelin. La multinacional francesa, a la que habían prometido una masa trabajadora fiel y obediente, tuvo que replantear su paradigma colonialista cuando los trabajadores llamaron a la huelga en 1972. Si bien la huelga fracasó —por las exigencias maximalistas de la vanguardia obrera, entre otras razones— dejó un poso del que florecería una experiencia que cuatro años después protagonizó un conflicto que cambió la ciudad para siempre.

 En 1974 se creó la Coordinadora Obrera de Vitoria (COV) —con una importante presencia de grupos autónomos provenientes de los sectores obreristas de ETA— que articuló los diferentes conflictos que irían surgiendo hasta el estallido del invierno de 1975-76. El conflicto laboral, que no tardaría en desbordar el perímetro de las naves industriales, acabaría suponiendo un desafío político que puso a prueba la capacidad de respuesta de un régimen que, tras la muerte de Franco apenas un mes antes, se encontraba en plena crisis. Los trabajadores comprendieron rápido que el vacío dejado por el dictador abría una oportunidad inédita: ya no se trataba solo de mejorar el convenio, sino de aprovechar la debilidad del sistema para forzar cambios que hasta entonces parecían impensables.

¡Todo el poder a la asamblea!

La inflación galopante de la crisis del petróleo había empezado a devorar los salarios para finales de 1975. La primera asamblea masiva ocurre el 23 de diciembre en la empresa Forjas Alavesas, siendo la primera de estas características en la ciudad. El 9 de enero de 1976 los mismos trabajadores de Forjas Alavesas llamaron a la huelga y, tras ellos, se les unieron una decena de empresas más. Pero el conflicto no se limitó a una reivindicación económica por el aumento de salarios. El cambio fundamental radicó en las formas de lucha: los trabajadores decidieron organizar la huelga a través de portavoces elegidos directamente en asambleas a mano alzada. De cada asamblea de fábrica se elegirían, a su vez, a unos delegados que, sin capacidad decisiva, representarían a la asamblea en las Comisiones Representativas (CCRR). 

 Estas CCRR carecían del marco legal dentro de la estructura corporativa del régimen, obviamente. Eran trabajadores de la propia plantilla que exigían ser los interlocutores válidos ante la dirección. De este modo, el primer punto de fricción no fue la cuantía de los sueldos, sino el reconocimiento de estos nuevos organismos. Mientras la patronal intentaba reconducir la negociación hacia los cauces del Sindicato Vertical, los huelguistas se mantenían firmes en su postura: solo volverían al trabajo si se negociaba con los representantes elegidos en la asamblea. Era un hordago total a la legalidad vigente y situaba el conflicto en una cuestión de poder y contrapoder.

Durante la segunda semana del conflicto, las exigencias laborales se unificaron y la respuesta de la patronal no se hizo esperar: se inició una campaña de difamación contra el movimiento y se puso en marcha la maquinaria represiva. Se sucedieron detenciones y la policía disolvió mediante el uso de la violencia numerosas movilizaciones. Esta reacción represiva trajo consigo las primeras movilizaciones conjuntas, así como la organización de redes de solidaridad y de piquetes informativos.

 Esta creciente ola llevó a las CCRR ha convocar la primera huelga general, que fracasó. Según análisis posteriores publicados por miembros del movimiento obrero vitoriano, la focalización de la lucha en las demandas laborales, en esos primeros momentos, provocó una desconexión entre los núcleos más activos y la base de las fábricas. Además, algunos empresarios aprovecharon la ocasión para negociar de manera individual —a nivel de fábrica— y conseguir los primeros acuerdos, con la consiguiente vuelta al trabajo de muchos obreros. Se desactivó así, de manera momentánea, la unidad de la clase trabajadora y de los obreros en lucha.

Esto trajo consigo un cambio de estrategia. Había que hacer comprender que el núcleo del problema no era el aspecto salarial, ni las jornada laboral; era una cuestión de clase, de lucha de poder. Se dio así una evolución de lo puramente laboral a lo político. Para ello fue fundamental el trabajo ideológico en las asambleas, donde se machacó la idea de entender el trinomio Patronal-Estado-Policía como un todo; como un enemigo común. Se buscaba, de esta manera, la deslegitimización del régimen y la reivindicación de un poder popular. El conflcicto laboral no solo generaba consecuencias políticas, sino que terminaba por politizar a los trabajadores.

El asamblearismo se consolidó como la piedra angular del conflcito. Esta práctica de democracia directa no estuvo exenta de debates internos entre quienes veían la asamblea como una herramienta estratégica para conseguir unos objetivos concretos y quienes la consideraban como el sumun del poder obrero.

La ciudad se contagia

Tal y como se celebraban asambleas diarias cada mañana en las fábricas, así ocurría en los barrios de clase trabajadora. Estas zona que se situaban entre el casco urbano y las industrias pasaron de ser ciudades dormitorio a escenarios donde resonaron y tuvieron lugar muchos de los acontecimientos de aquellos meses: asambleas masivas en iglesias —cuando hubo que buscar nuevos lugares de reunión—, marchas llamando a la movilización, campañas de sensibilización a obreros que no estaban en huelga, etc.

Se crearon cajas de resistencia para ayudar a las familias con miembros en huelga y los obreros que no estaban en huelga también crearon sus propias plataformas de coordinación y de acción, buscando la extensión del conflicto fuera de terrenos puramente laborales y poniendo el punto de mira en el régimen mediante una crítica político-social. 

 La lucha pasó de ser protagonizada por obreros de mono azul a ser un movimiento popular. En este aspecto jugaron un papel importantes las mujeres, algunas de ellas como trabajadoras y otras como parejas de los trabajadores. Se crearon asambleas de mujeres, primero por separado —por fábrica— y luego en conjunto, dándoles un carácter autónomo y protagonista. La lucha de estas mujeres se abrio espacio a otros lugares como centros educativos, mercados, etc.

Si bien es cierto que las asambleas de barrio fueron creadas poco antes de los hechos del 3 de marzo, es innegable el éxito que tuvieron con unas convocatorias masivas. Fue, junto a las fábricas, la línea del frente donde se combatió y, al mismo tiempo, un espacio en el que tejer redes de solidaridad. Fue, en definitiva, un centro neurálgico del poder popular que se estaba empezando a construir.

El eco de una utopía interrumpida

A medida que aumentaba el apoyo popular, se creaban asambleas y coordinadoras, y se repetían las movilizaciones, el miedo de los poderes locales fue en aumento. No se trataba para esas alturas del conflicto de un tema laboral o de aletración del orden público; era un problema político. Con la metodología de lucha implementada desde abajo, sin jerarquías y de participación directa de la clase trabajadora, no solo estaba en jaque el modelo de negociación laboral, sino todo el espiritu pactista y reformista del proceso de transición política.

 El ataque a la iglesia de San Francisco la tarde del 3 de marzo no tenía, por lo tanto, el único objetivo de poner fin a la asamblea que ahí dentro se estaba celebrando, si no poner fin al proceso de lucha autónomo que amenazaba, cada día más, con tomar la ciudad. O al menos una parte importante de ella. Con la intervención violenta de la policía armada se buscaba, también, enviar un aviso a cualquier intento de contagio a otras ciudades y procesos de lucha autónoma que estaban ocurriendo en España. Los botes de humo y las balas, los heridos y los muertos, establecieron una frontera invisible, pero terrorífica, de hasta donde estaba dispuesto el Estado a transigir, y qué sueños de ruptura y contrapoder deberían quedarse apartados. Fue un ejercicio de pedagogía del terror.

Cincuenta años después, el eco de Zaramaga trasciende el luto. La tragedia de la iglesia de San Francisco quedó grabada como una cicatriz en la memoria colectiva, pero los meses de organización que la precedieron representan mucho más que una huelga interrumpida. Son el testimonio de una clase trabajadora que, en los primeros compases de la Transición, intentó construir la democracia desde abajo, desde la fábrica y el barrio. Vitoria demostró que, antes del asalto policial, la voluntad popular era quien podía regir la ciudad.

 

 

Iñigo López Simon

 https://www.elsaltodiario.com

 

28M: contra el negocio de la vivienda y sus matones, organización de clase

 

Asistimos a precios estratosféricos del alquiler y compra, al tiempo que los salarios menguan. A la existencia de cada vez más trabas para acceder a una vivienda, mientras las mínimas protecciones legales para impedir que nos echen de ella se deterioran o se normaliza su incumplimiento sin consecuencias.

Pese a todos los problemas que esto genera día a día, en el sentido común está totalmente extendido y normalizado que la vivienda es un bien más con el que hacer negocio, a costa de exprimirnos al máximo y excluir a cualquiera que no suponga rentabilidad y más rentabilidad. Desde luego, no se puede decir que esto sea  algo nuevo. Pero en un contexto de creciente dificultad para el acceso a este medio básico de subsistencia, que podría llevar a un cuestionamiento general de la vivienda como mercancía, a lo que asistimos es a movimientos en la dirección opuesta. Si el banquero, el especulador y el rentista siempre fueron objeto de cierto rechazo social, quienes acumulan poder político y económico están hoy en una campaña abierta por presentarlos como héroes y ejemplos de éxito a imitar, mientras siembran racismo y odio al pobre, y proclaman a las claras que el derecho a algo tan básico como la vivienda es un cero a la izquierda comparado con su derecho a enriquecerse. Al mismo tiempo, vemos día tras día políticas que buscan blindar y alimentar el negocio de la vivienda, y también artimañas cada vez más salvajes y violentas por parte de los rentistas, que esos mismos discursos reaccionarios legitiman y blanquean.

Todas estas prácticas encaminadas a expulsarnos de nuestras casas o subirnos el alquiler saltándose las escasas garantías que la propia ley establece, las podemos englobar bajo el nombre de acoso inmobiliario. Hablamos de un amplio abanico de prácticas de acoso, intimidación y coacciones contra las condiciones de acceso a la vivienda de la clase trabajadora, que incluye prácticas más sutiles y cotidianas, y otras más sangrantes. Desde el casero rentista que no hace arreglos necesarios para mantener la habitabilidad de la vivienda porque aunque tengas el contrato en vigor quiere que te vayas para subir el alquiler o poner un piso turístico, hasta contratar a una empresa de desokupación para echarte, pasando por llamadas y presión constante o cortes de suministros por parte de los mismos propietarios.

 Pero, ¿qué responsables concretos tiene la extensión de este tipo de prácticas, y qué podemos hacer para frenarlas?

Empecemos por lo más sangrante: las mencionadas empresas de desokupación. Estas empresas de matones, con estrechos vínculos con el fascismo, se dedican a expulsar a familias de la clase trabajadora de sus casas a través de la violencia directa. A las órdenes de los rentistas y de su dinero, garantizan que los caseros puedan ahorrarse la “molestia” de recurrir a un proceso judicial que igualmente está diseñado para defender sus intereses. Se les permite saltarse la ley, que parece de obligado cumplimiento únicamente para la clase trabajadora, con el fin de expulsar a familias de sus viviendas.

De esta manera, estos matones del rentismo se dedican a cortar suministros como la luz y el agua, a sabotear la cerradura de tu casa para impedir que entres, a destrozar las zonas comunes de tu edificio, a aparecer a cualquier hora del día a vociferar todo tipo de amenazas, a impedir que salgas de tu domicilio bajo la amenaza de no dejarte volver a entrar, o a falsificar supuestas órdenes de desahucio para que te vayas. Estas son las herramientas de trabajo de estos matones que se anuncian como empresas de “mediación”. Para más inri, estas empresas no actúan solas. Cuentan con el blanqueamiento de los medios. Cuentan no ya con que la policía haga la vista gorda con ellos, sino en ocasiones con su estrecha colaboración. Y cuentan también con el amparo de todo el aparato judicial, que se niega a actuar contundentemente frente a sus evidentes y más que documentadas coacciones y prácticas mafiosas.

 Llegados a este punto, conviene también aclarar algo tan relevante como habitualmente ocultado: las empresas de desokupación no actúan únicamente contra personas o familias que están okupando. La demonización mediática del okupa, se extiende y salpica a sectores más amplios. Cada vez es más habitual que emprendan su violencia contra cualquiera que caiga momentaneamente en el impago de un alquiler por haber perdido sus ingresos. No se puede esperar muchos escrúpulos de fascistas y empresas de este tipo, y tampoco hay que olvidar que no deja de ser para ellos un negocio: será más lucrativo cuanto más amplio sea el abanico de potenciales clientes y víctimas.

También hay casos en los que han actuado contra inquilinos con contrato en vigor y al día de pago, cuando el casero de turno quiere echarles para subir el alquiler a los próximos que entren o montar un rentable piso turístico. Y si conviene advertir al lector de esto no es por otra cosa que por el bombardeo constante de los Nacho Abad, de las Susana Griso, o los Vito Quiles, que tiñen toda la cuestión de la vivienda de okupación y más okupación, con el fin de amparar las prácticas mafiosas de estas empresas. De esto va la ridícula y burda etiqueta de “inquiokupa”. Pese al victimismo habitual de rentistas de todo tipo en tertulias televisivas, hay que recordar que el marco legal que deciden saltarse para maximizar su beneficio y acortar plazos, está de por si diseñado para defender su negocio, y que incluso cuando se saltan la ley gozan de casi total impunidad. Mientras criminalizan a quienes sufren las peores consecuencias de que la vivienda sea un negocio (sean okupas, inquilinos que caen en impagos o la casuística que sea), blanquean la violencia contra ellos. Pero, ¿saben ustedes quién sí puede cambiarles impunemente la cerradura y quitarle la casa cuando bajan a por el pan? Un nazi contratado por su casero.

Por supuesto, estas empresas de desokupación no caen del cielo. A muchos de estos matones les acompañará  su ideología fascista de odio al pobre y al migrante, a otros quizá no, pero ninguno hace esto únicamente por vocación, sino por dinero. Alguien debe pagarles por esa “mediación”. Y es aquí donde entran, evidentemente, caseros, fondos e inmobiliarias, otros de los responsables principales de estos abusos. Las empresas de desokupación son solo una de sus herramientas pero su “imaginación” abarca también otras formas de acoso inmobiliario. No es nada extraño, por ejemplo, que fondos o inmobiliarias vendan y compren vivienda okupadas o con inquilinos, de manera que la solución más sencilla para el nuevo propietario sea, de nuevo, contratar a una empresa de matones que eche a los moradores lo antes posible.

Tampoco es raro que sean los propios propietarios y rentistas, grandes y pequeños, quienes cortan suministros, boicotean cerraduras y amenazan. Quienes inician obras en el edificio para hacer la vida imposible a quienes desean expulsar. Quienes llaman a todas horas y presionan para aceptar condiciones abusivas, subidas ilegales del alquiler o desahucios invisibles. Realizan, en suma, un acoso constante. No, no es que nos repitamos en este artículo, sino que las prácticas propias del acoso inmobiliario se repiten una y otra vez en la propia vida de la clase trabajadora, sea encarnándose en la figura de las empresas de desokupación, de las inmobiliarias o de los rentistas. 

Además las inmobiliarias, por su papel de intermediarios, cumplen aquí la doble función de lucrarse con la vivienda y utilizar y alimentar un falso alarmismo contra la okupación y el impago en los propietarios. Esto a su vez les permite exprimir más todavía a los inquilinos (y a veces también a los propietarios) con “seguros” de impago, dobles y triples fianzas que luego no se devuelven, etc. También, imponer filtros cada vez más restrictivos, donde la exigencia de cada vez más nóminas y avales se mezcla con el simple racismo y clasismo a la hora de seleccionar y descartar inquilinos.

Por último, no podemos dejar de señalar a un agente igualmente responsable de todas estas prácticas: el propio Gobierno. Ya no es que hayan permitido en esta excelentísima “legislatura de la vivienda” que el precio de la misma se halle en máximos históricos, que emprendan una y otra vez políticas para regar de dinero público a los rentistas y las constructoras a través de bonificaciones fiscales, las llamadas ayudas al alquiler o la llamada “colaboración público-privada”, o que ni siquiera consigan mantener una medida tan limitada y tibia como era la llamada moratoria antidesahucios. Sino que, además, mientras los partidos que ocupan ese mismo gobierno nos dicen que debemos votarles para parar al fascismo, permiten actuar con total impunidad a estas empresas de desokupación. Estas, como en una simbiosis, se nutren del fascismo a la vez que lo refuerzan. Estando a la vista de todos sus prácticas mafiosas, su acoso, sus coacciones, intimidaciones y amenazas, al igual que para los juzgados o la policía, no han movido un dedo por desarticularlas.

 Con todo lo dicho, el panorama puede parecer desolador: demasiados enemigos, demasiado poderosos, y también, como acabamos de señalar, algunos falsos amigos. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Parece que solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. Pero en esto podemos encontrar también motivos para el optimismo. Porque cuando la clase trabajadora se organiza, como ya se hace en tantos sindicatos de vivienda y espacios de distinto tipo, puede plantarle cara a los matones, a caseros, a inmobiliarias y al propio Gobierno.

Todo esto no es mera teoría que nos sacamos de la manga. Existen sobrados ejemplos prácticos que muestran cómo los sindicatos de vivienda consiguen parar los pies a los caseros y sus prácticas mafiosas en el día a día. Los rentistas tienen como as en su baraja la soledad, el desconocimiento y el miedo de las personas y familias de clase trabajadora a las que exprimen y atacan. Cuando se encuentran con una respuesta colectiva, con una llamada del sindicato o con alguien informado y dispuesto a defenderse de esos ataques, a menudo desisten o fracasan. Lo mismo ocurre con las empresas de desokupación, y no hay mejor ejemplo de esto que lo ocurrido hace unos meses en Vallekas. Una empresa de desokupación trató de ejecutar un desalojo ilegal, y atacó de paso el gimnasio antifascista La Fábrika. Se encontró un barrio organizado que respondió defendiendo a sus vecinos y sus espacios, plantando cara a esos matones fascistas en el momento, y tomando las calles masivamente unos días después contra las empresas de desokupación y contra toda la criminalización mediática.

Por supuesto, no hablamos de recetas mágicas. Ninguna lucha lo es, y no siempre arrancaremos victorias. Pero las que puedan conseguirse, los pequeños pasos que se enmarquen en lo posible y los grandes saltos que transformen mañana en posible lo que hoy parece imposible, no vendrán de confiar en la benevolencia de los rentistas o del Estado, ni de pedir y esperar sentados. Pasan irremediablemente por la organización y la lucha de la clase trabajadora, para defender nuestros intereses y responder a sus ataques.

Lo tenemos claro. Si no podemos habitar tranquilamente nuestras viviendas porque nuestros caseros e inmobiliarias recurren a prácticas mafiosas para echarnos y subir el precio a los siguientes que entren. Si el Gobierno ni siquiera es capaz de mantener las medidas “sociales” más tibias y con su impotencia y pasividad que pone la alfombra a fascistas y a los discursos reaccionarios. Si en nuestros barrios hay vecinas y vecinos que no pueden salir de sus casas por miedo a que les cambie la cerradura una empresa de desokupación. Si los medios criminalizan a las víctimas y blanquean a los culpables. Si la clase trabajadora no tiene garantizado de manera universal el acceso a una vivienda. Entonces, es nuestro deber tomar las calles, para decir bien alto que no vamos a seguir normalizando que su negocio esté por encima de nuestras vidas ni tolerando su violencia impune. Que el culpable no es el migrante ni quien no puede pagar un alquiler, sino el rentista y el empresario que nos exprime. Y que el camino para plantarles cara no es confiar en que otros lo arreglen, sino nuestra propia organización como clase trabajadora. 

Nos vemos el 28 de marzo a las 19h en Plaza de Castilla.

 

 

Fabián Ferlosio

militante del Sindicato de Vivienda de Tetuán @SVTetuan                               

El ataque a Irán es un ataque a todas nosotras

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es moralmente repugnante. Está calculado únicamente para beneficiar a una élite de belicistas racistas e islamófobos. No beneficiará a los iraníes ni a la gente común de ningún lugar del planeta.

Existen movimientos populares genuinos que se oponen al gobierno iraní, un régimen autoritario manchado de sangre, al igual que los atacantes gobiernos de Estados Unidos e Israel. Pero las personas que participan en los movimientos sociales iraníes no quieren que Donald Trump agreda a Irán. Como algunas de ellas escribieron el mes pasado,

Los movimientos sociales en Irán llevan décadas resistiendo a un gobierno opresivo. Pero el establecimiento de un régimen títere al servicio de Estados Unidos e Israel no les ayudará. Al atacar Irán, Trump no busca necesariamente derrocar al Gobierno, sino simplemente subordinarlo a su voluntad, destituyendo a las figuras más importantes para ocupar su lugar. Eso es precisamente lo que hizo en Venezuela en enero de 2026. El secuestro de Nicolás Maduro no cambió en nada la distribución del poder en la sociedad venezolana; el principal resultado de la intervención de Trump ha sido que ha puesto las piezas en su sitio para saquear los recursos naturales de Venezuela en beneficio de elementos de la clase dominante de Estados Unidos.

Al igual que otros autócratas, Trump pretende marginar a la gente común, reduciendo toda la política a una cuestión de tiranos que se disputan el poder a expensas de aquellos a quienes gobiernan. Sacrificará con gusto las vidas de iraníes, israelíes y estadounidenses en beneficio propio.

A medida que la especulación capitalista se enfrenta a límites inherentes a este sistema en todo el mundo, los déspotas han vuelto a acumular riqueza a la antigua usanza: mediante la brutal violencia estatal. Una de las cosas que ha sostenido la economía mundial en los últimos años es el auge de la especulación bursátil en un puñado de empresas tecnológicas que intentan vender productos de «inteligencia artificial». En realidad, se trata de una carrera por invertir en la próxima generación de tecnología militar con el fin de prepararse para una era en la que será aún más importante a la hora de determinar cómo se distribuyen la riqueza y el poder. Podemos ver la prueba en el conflicto de esta semana sobre si el ejército estadounidense debería utilizar herramientas de IA producidas por Anthropic para llevar a cabo una vigilancia masiva de la ciudadanía estadounidenses y, a la vez, desarrollar armas totalmente autónomas.

El ejército israelí hizo un uso extensivo de la IA para perpetrar un genocidio en Gaza. Este es el principal uso de la IA, y no ahorrar a los burócratas la molestia de escribir sus propios correos electrónicos.

Para el gobierno israelí, todo Oriente Medio es ahora Cisjordania. El ataque a Irán demuestra que están decididos a someter a cientos de millones de personas a la violencia que ya han infligido al pueblo palestino, libanés y sirio.

En Estados Unidos, la decisión de Trump de declarar la guerra sin consultar al Congreso demuestra que ya se considera a sí mismo un dictador. El ataque contra Irán tiene como objetivo sembrar el terror entre los enemigos de Trump en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

Debemos entender esta guerra como una amenaza también para nosotras. Desde Caracas y las Ciudades Gemelas hasta Teherán, es fácil ver qué tipo de mundo están tratando de crear. Las mismas armas que se utilizan hoy contra los iraníes se volverán mañana contra cualquiera que se resista a Trump y sus aduladores, a menos que nos enfrentemos a ellos antes de que sea demasiado tarde.

Debemos desarrollar la capacidad popular para detener la maquinaria bélica. Los cientos de miles de personas asesinadas sin sentido en Gaza, Siria, Sudán, Yemen, Irak, Myanmar y Ucrania muestran lo que nos espera si seguimos por este camino belicista.

La verdadera liberación solo puede lograrse mediante la solidaridad entre los movimientos de base. Debemos resistirnos por todos los medios al belicismo de Trump, Netanyahu o cualquier otro tirano.

 

 CrimethInc.

 

De las amapolas a Weil, duelo y memoria

 

 

Los amigos de artax hemos vuelto a vuestros oídos después de meses con un fugaz centello de duelo y memoria a través de recuerdos de infancia y aprender de las rebeldes del pasado que lucharon contra el fascismo pero no por la democracia. En estos tiempos vertiginosos puede que ya no seamos les mismes, los duelos afloran y la memoria urge... pero lo más importante Amigos de artax, más allá de toda palabrería, ¡disfruten de la música!

MÚSICA:
- INTRO Y FINAL: GO DIG MY GRAVE - LANKUM
- THE HOOD - KNEEKAP
- PRIMAVERA LOKA - MATAHEMBRA Y LIRA LIBERTARIA
- DESPERTAR - ALIZZZ MARIA ARNAL
- 161 - PILTZ
- EXTRACTO DE RATAS - KRONDSTADT
- NO TODO VA A SALIR BIEN - ZERO AZUCAR

NACIONAL II: La ruta del exilio

 

 

¿Qué tienen en común una joven republicana de 1939 y una joven palestina de 2025? La guerra y la huida. Ambas han tenido que dejar su casa, ambas han cruzado una frontera y ambas se convierten en refugiadas en un país extranjero. Este podcast narrativo de nuestra productora La República Independiente de la Radio une la ficción y el documental, la historia de España y la de Palestina, la guerra civil española y el genocidio en Gaza, para contar la vida de dos mujeres, Lola (Victoria Luengo) y Duha Alzaiti (interpretada por ella misma), atravesadas por un mismo desgarro: el exilio.

En este primer episodio hablamos de las dudas que sobrevuelan el momento de dejar tu casa: ¿volverás a ver a esa persona tan querida otra vez? Lola tiene que abandonar Barcelona ante el avance de las tropas franquistas dejando a la abuela que la ha criado. Duha llevará dos tesoros con ella cuando sale de Gaza después de que su padre pronuncie una frase que no ha podido olvidar: “Nos vamos”.

Créditos:

Los testimonios reales que abren el capítulo pertenecen a los refugiados catalanes, Carme Casas, Josep Colom, Eulalia Sangenis y Luis Martín, y han sido cedidos para este podcast por el Museu Memorial de l'Exili. Victoria Luengo, Juan Diego Botto, Miren Iza y Alberto San Juan los han doblado al castellano. 

 

RESTO DE CAPÍTULOS:  https://www.ivoox.com/podcast-carne-cruda-programas_sq_f157350_1.html

"Viejos y nuevos fascismos", con Mark Bray

 

(Capitán Swing) Con el autor de "Antifa", Mark Bray, acompañado por Vicente Ordoñez, del Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED y del Taller de estudios culturales.

Franco murió, pero no el franquismo. Cincuenta años de una Transición orquestada por el fascismo español

 

El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.

Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.

Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.

Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España

El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.

 

El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.

En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.

Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.

 

La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.

A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.

La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba

Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.

El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.

La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.

En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.

 

Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.

 

 https://www.todoporhacer.org