El pasado 14 de junio una terrible noticia conmocionó a todo el mundo: un barquero pesquero, que había salido de Libia unos días antes transportando entre 400 y 750 migrantes de origen paquistaní, egipcio, palestino, sirio y afgano, naufragó mientras intentaba llegar a las costas de Grecia. Tan solo 104 supervivientes fueron rescatados, lo cual lo convierte en el peor incidente en el Mediterráneo en lo que va de año. Más de 100 de los fallecidos eran niños.
Según el relato oficial de los guardacostas griegos, que se encontraban presentes durante el naufragio, el motor del barco se averió y éste pegó un giro demasiado brusco, lo cual provocó que se volcara y que cientos de personas cayeran al mar. Sin embargo, una investigación de la BBC y el New York Times1 reveló que los guardacostas habían tomado conocimiento de que el motor se había estropeado 13 horas antes y que, pese a ello, permanecieron impasibles, incluso ante las llamadas de socorro que efectuaron a la ONG Alarm Phone. Además, varias supervivientes manifestaron que fueron los guardacostas quienes provocaron la catástrofe, al amarrar su embarcación a la suya y tirar de ella.
Mientras las autoridades griegas recogían cuerpos sin vida del agua, otra noticia marítima empezó a recorrer el mundo: el 18 de junio, cinco millonarios de origen estadounidense, francés, británico y paquistaní se habían sumergido en un mini submarino, operado por la empresa de aventuras para ricos OceanGate, para ver los restos del Titanic, situado en el fondo del Atlántico norte. Sin embargo, dos horas después se perdió contacto con el sumergible y se inició – aquí sí – una frenética búsqueda para encontrarles en la que participaron tanto empresas privadas como el ejército de EEUU y Canadá. Tras 80 horas de búsqueda y millones de dólares invertidos en los esfuerzos de rescate, se descubrió que el submarino había implosionado al poco de sumergirse y que sus tripulantes estaban muertos.
Estas dos noticias revelan, con una crueldad difícil de digerir, la indiferencia de las autoridades europeas ante el sufrimiento de quienes provienen de otras latitudes y el doble rasero que existe a la hora de iniciar operaciones de rescate: las vidas de los ricos importan, las de los pobres, no.
Por desgracia, no se tratan de las únicas noticias trágicas relacionadas con movimientos migratorios de los últimos meses. Y es que, si algo nos enseña la actualidad, no sería justo acusar solo a Grecia de promover una necropolítica racista en sus fronteras, cuando resulta evidente que todo Occidente entero se comporta de manera similar.
Naufragio en Italia
Un incidente parecido se produjo unos meses antes, concretamente el 26 de febrero, cuando otra embarcación – cargada con unos 200 ciudadanos afganos que habían zarpado desde Turquía – se hundió a 40 metros de la costa de Cutro, al sur de Italia. En esta ocasión fallecieron 94 personas, siendo 35 de ellas menores.
El 4 de marzo, la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni compareció para explicar que Frontex no les había comunicado ninguna emergencia. “¿Alguno de ustedes piensa que el Gobierno italiano podía haber salvado las vidas de 60 personas y no lo hizo?”, llegó a decir la muy sinvergüenza. Esto mismo fue reiterado por Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia y responsable de la Guardia Costera: “Frontex, evidentemente, no había señalado riesgos inminentes. Si no, la Guardia Costera o la Marina italiana habrían intervenido”.
Sin embargo, el pasado 1 de junio, un reportaje de Lighthouse Reporters y El País reveló que Meloni y Salvini habían mentido al mundo al respecto del naufragio: Frontex había detectado la embarcación seis horas antes de su hundimiento desde uno de sus aviones, había marcado el barco con una alta probabilidad de estar transportando personas – usando técnicas de visión termal – y había avisado que presentaba deficiencias que ponía a sus tripulantes en peligro, pero la Guarda Costera italiana, que además conocía que había condiciones meteorológicas adversas, se negó a iniciar una operación de rescate. Y así hasta que fue demasiado tarde.
Las resistencias de las autoridades a priorizar los rescates frente al control han aumentado en los últimos años. Tal y como explica la investigación de El País, “desde 2019 hasta los dos primeros meses de 2023, 232.660 migrantes llegaron a Italia por mar en más de 6.356 desembarcos. De esos más de 6.000 casos, solo en el 25% de ellos se activó una operación de búsqueda y rescate. El resto, como el caso de Cutro, se trató como una actuación policial. Ese porcentaje contrasta con el de 2016, el año que batió todos los récords de llegadas, con 181.346 personas desembarcadas. Ese año, las operaciones de rescate suponían el 98% de las intervenciones”. En otras palabras: hace 7 años, casi siempre que se veía un barco en peligro se iniciaba una operación de rescate; sin embargo, ahora ya solo se hace en una de cada cuatro ocasiones, con la finalidad de generar un efecto desaliento para quienes quieran entrar en Italia. Aunque esta política suponga la muerte de casi un centenar de personas.
La Europa Fortaleza se blinda más
Al poco de iniciar Pedro Sánchez su presidencia de la UE, el 8 de junio se llegó a un preacuerdo de los distintos ministros de Interior europeos en materia de migración y asilo. Y, de nuevo, Meloni – a la que el socialdemócrata Sánchez precisamente había blanqueado un mes antes con una cumbre bilateral en la que alardeaban de su “buena sintonía” – se convirtió en la protagonista de las negociaciones.
Para Roma, era imperativo acortar el tiempo de responsabilidad de los Estados sobre las personas que llegan, acelerar los retornos de migrantes irregulares en la frontera y establecer más acuerdos con países de origen y de tránsito para evitar que las personas puedan incluso salir rumbo a las costas europeas. Replicar el modelo turco o libio, vamos. Y todo esto se aprobó. No en vano, poco después de la cumbre se produjo un viaje de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, junto a Meloni a Túnez para reforzar la cooperación en materia migratoria.
Además, el nuevo Pacto de Asilo permite a cada Estado decidir qué destinos son seguros para la expulsión de personas y acaba con el reparto de solicitantes de asilo por países.
Cuotas de inmigrantes en la Policía de Irún
Por último, para que nadie se piense que el maltrato institucional hacia las personas migrantes y racializadas únicamente tiene lugar en países gobernados por la ultraderecha, ponemos el foco en la localidad fronteriza de Irún (Gipuzkoa), donde el 7 de junio se reveló que un Jefe de Extranjería ofrecía a sus agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional días libres por cada persona migrante en situación irregular que fuera detenida2. Esta polémica – por no decir salvaje – orden policial estuvo «unas horas» en vigor, hasta que fue anulada por la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco.
Tras la publicación en todos los medios de esta noticia, se armó una buena. Es un escándalo. Inaceptable. Pese a ello, 10 días después de que estallara la polémica, el Jefe de Extranjería responsable de la circular fue ascendido a comisario y casi ningún medio se hizo eco.
Y es que eso es lo que supone tener una figura como Grande-Marlaska de ministro del Interior para las personas migrantes que residen en el Estado español: ha frenado las investigaciones sobre la Masacre de Melilla, ha recurrido (con éxito) la sentencia de Estrasburgo que prohibía las devoluciones en caliente en la frontera sur, ha bloqueado el acceso al sistema de solicitud de asilo, ha negociado y firmado el nuevo Pacto de Asilo europeo y ahora condecora y asciende a policías que protagonizan polémicas por animar a “cazar” a extranjeras en situación irregular.
Resistencia contra las fronteras asesinas
Está claro que Occidente en general, y Europa en particular, cada vez es más hermética para las personas que huyen de la guerra y de la miseria – en muchas ocasiones, provocadas precisamente por Occidente –. Las instituciones europeas no dudan en gastarse millones de euros en personal y tecnología de última generación, en pactar con regímenes autoritarios – Marruecos, Turquía, Libia – para que ejerzan el control de fronteras con violencia extrema a cambio de dinero, o para que reciban a solicitantes de asilo en su país – como el acuerdo de deportación de solicitantes de asilo en Reino Unido a Ruanda o, como recientemente ha pactado Sánchez con Biden, para que EEUU expulse a sus migrantes latinoamericanos a España –.
Por fortuna, frente a la ofensiva institucional también nos encontramos con ejemplos de solidaridad, autoorganización y resistencia dentro de nuestras fronteras. Colectivos sobre los cuales hemos hablado en abundancia desde este medio, como las organizaciones de personas migrantes que luchan contra el racismo institucional.
También, en muchos casos, la gente sale a la calle a protestar contra las injusticias. En Atenas, Kalamata y Tesalónica, tras la tragedia del naufragio producido a mediados de junio, miles de personas se movilizaron bajo el lema “No fue un accidente; fue un delito. Refugees Welcome” y “¡Lágrimas de cocodrilo! No al Pacto Migratorio de la UE”.
1“Todo el mundo sabía que ese barco estaba condenado. Nadie ayudó”. Así se titula el artículo de The New York Times (1 de julio).
2Sobre la situación de las personas migrantes que tratan de cruzar la frontera entre España y Francia en localidades fronterizas como Irún, véase nuestro artículo “Autoorganización popular contra la frontera” (marzo 2022). En 2021 se contabilizaron al menos 7 muertes en la zona fronteriza Irún-Hendaia intentando llegar a Francia.
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