Crítica de la denuncia jurídica como estrategia de lucha contra los centros de menores

Jorge del Arco plantea en este artículo un cambio de perspectiva en la lucha contra las cárceles para niños «infractores» y la denuncia del maltrato que es habitual en ellas. No desprecia el recurso jurídico pero lo considera insuficiente, puesto que el objetivo no puede ser el cumplimiento de una ley represora que ni siquiera siguen los funcionarios maltratadores, sino el cierre de los centros de menores. Tal objetivo no puede conseguirse limitando la protesta al ámbito jurídico correspondiente, sino transformando la sociedad, creando otra que no necesite confinar a una parte creciente de la población, sea adulta, menor de edad o extranjera. Aboga por la coordinación de colectivos y asociaciones específicas en pro de una transformación radical de las relaciones sociales.
Publicado en Argelaga 4.


Cualquier ámbito del antagonismo contra el sistema está atravesado por contradicciones fruto de la propia experiencia de lucha, del contexto histórico, de la relación de fuerzas en un momento dado y de las propias personas que la conforman. Digo esto como base para entender y afirmar que no hay fórmulas secretas o caminos rectos, que el resultado de los procesos de confrontación y de cambio depende de las personas que los lleven a cabo. Igualmente, cuando se trata de luchas tradicionalmente enmarcadas dentro del ámbito de lo social [1] en las que suele haber situaciones vitales dramáticas parece más difícil establecer líneas claras de actuación y es más complejo llevar a cabo estrategias que prioricen el largo plazo.

Este artículo pretende hacer una reflexión sobre las estrategias que se están llevando a cabo, sobre todo desde la entrada en vigor de la «Ley de responsabilidad penal de los menores» en el 2001, contra los centros de menores. Partimos de la necesidad de llevar a cabo una práctica efectiva que persiga la desaparición de estas cárceles para niños, pero sabemos que ni todos los problemas de los chavales y las chavalas se reducen a los centros ni estos son algo aislado del resto de la sociedad.

Esta premisa nos permitirá entender la complejidad de un conflicto concreto de la que, como en cualquier lucha de las personas presas, son protagonistas los propios chavales y sus familias. Sin embargo, creo que en el caso concreto de los centros de menores, se da una situación característica que la diferencia de las luchas contra la cárcel o contra los cie. Los colectivos y las asociaciones que no se han dejado engatusar por el cuento de la «labor social», ni se han alineado con la Administración en los conflictos entre esta y los chavales, saben que la situación de maltrato institucional no se limita al interior de los muros. Saben, porque lo viven cada día, que la marginación y la desigualdad social son consecuencia de las relaciones sociales establecidas que configuran la biografía y la realidad de estos chicos y chicas. Por ello, los que se toman en serio lo que hacen no limitan su labor a unas horas de atención social, sino que comparten, y normalmente sufren, sus vidas con ellos. Esto hace que la perspectiva de lucha contra los centros que estos chavales puedan tener más allá de su propia experiencia personal, es decir en un sentido más social, pasa necesariamente por la propia labor de estos colectivos. A su vez, la perspectiva de acción de estos colectivos está profundamente condicionada por la relación con los chavales, las situaciones vitales de estos y también, claro, el tiempo y la energía que quedan después de pelearte a diario con la Administración o de buscar medios para sostener la propia actividad del colectivo.

La intención de este artículo no es menospreciar el trabajo de estas personas, todo lo contrario, la lucha contra los centros de menores no tendría sentido desde otro ámbito que no sea la propia realidad de los chavales, pero sí quiero apuntar aspectos de la lucha en los últimos doce años que creo necesario debatir.

Esta reflexión parte de analizar la evolución de los centros en relación a lo que ocurre hoy en día dentro de sus muros. Si echamos un vistazo a cual ha sido la estrategia de lucha vemos que, exceptuando la campaña específica contra Ibercaja, las líneas que se han seguido mayoritariamente han sido dos, por un lado las manifestaciones, concentraciones y protestas frente a los distintos centros e instituciones responsables de ellos y por el otro, la labor de denuncia social y jurídica de las situaciones de maltrato y agresiones [2], que han llevado a cabo, sobre todo, los colectivos y asociaciones de apoyo a presos y los que trabajan directamente con los chavales en sus barrios. Respecto a las manifestaciones y concentraciones poco voy a decir, tal vez fuera necesario hacer un análisis más exhaustivo, pero son lo que son y tampoco pretenden ser otra cosa. Sí me gustaría generar un debate sobre la estrategia de denuncia jurídica que ocupa gran parte del espectro de la lucha cotidiana contra los centros de menores.

Eso sí, antes, es necesario dejar claro que este cuestionamiento no se refiere a las estrategias de defensa jurídica de los chavales a los que persigue la justicia. En una situación de desmovilización social prácticamente total y nula fuerza efectiva en las calles sería dejarles a merced del sistema judicial y poco menos que convertirles en mártires encerrados por la causa, algo que desde luego, no es útil ni deseable. Quiero reflexionar respecto a la estrategia jurídica de ataque a los centros de menores y al entramado institucional de atención a los niños y niñas, las denuncias de agresiones de los carceleros, la denuncia del uso de la medicación psiquiátrica como contención química, la denuncia de las prácticas de aislamiento como castigo, la tortura, etc.

Esta estrategia parte de la perspectiva legalista de que cuando el poder incumple la ley es vulnerable porque, en tanto que garante de esta, estaría incurriendo en una contradicción fundamental tan evidente que le deslegitima y le fuerza a actuar. Sin embargo, lo que realmente deslegitima al poder es ser cuestionado de raíz por quienes están sometidos, no que se le ponga un espejo delante mostrándole sus miserias. Por desgracia, esta estrategia, por lo menos hasta ahora, no ha servido para cuestionar radicalmente ni los centros de menores ni la intervención social estatal. En todo caso, ha cuestionado su funcionamiento o sus desmanes, pero esto no ha hecho que haya menos chavales encerrados o que la situación en sus barrios haya cambiado significativamente.

En cuanto a la presión que pueda suponer la amenaza de una demanda jurídica para los carceleros y los educadores, la experiencia de estos años ha demostrado de sobra que la justicia no es igual para todos, algo que por otra parte no nos sorprende en absoluto. Solo una vez se ha conseguido sentar a los responsables de alguna agresión en el banquillo de los imputados, en el caso de la muerte de Philipp en el centro de menores Nivaria de Santa Cruz de Tenerife. Únicamente tres de los imputados fueron condenados, por torturas, no por la muerte de Philipp, y las condenas no pasaron en ninguno de los tres casos del año y medio de prisión [3]. Ni una sola denuncia más ha prosperado, por lo que no creo que estas denuncias les cohíban a la hora de maltratar a los chavales, sobre todo cuando tienen formas mucho más sutiles y menos explícitas para controlar y reprimir que la violencia física.

Asimismo para que una denuncia tenga alguna oportunidad de prosperar ha de referirse a una agresión muy concreta con detalles muy específicos y, sobre todo, ilegal. Aunque no infravaloro en absoluto el hecho de que gracias a estas denuncias se haya acabado con cierta impunidad de las palizas y agresiones físicas más explícitas, tampoco quiero dejar de recalcar que hay muchas otras formas de maltrato que son legales y contra las que esta estrategia no puede hacer nada. Esto implica que, a la postre, para que las denuncias lleguen a algún sitio por la vía judicial se simplifica el discurso y se cambia nuestro lenguaje por el del Poder. La experiencia nos dice que esto solo lleva a la legalización de la tortura, como en el caso del aislamiento como contención, o a cambiar las porras por los psicofármacos y seguir haciendo lo mismo pero de forma más sutil.

Desde el 2001, ha pasado tiempo suficiente para sentarnos a pensar si lo que hacemos es acorde con nuestros objetivos a largo plazo y para analizar lo que se ha conseguido con las estrategias que se han llevado a cabo.
Mi reflexión es que la batalla jurídica consume fuerzas y recursos, sin dar apenas frutos, al menos en cuanto al objetivo de acabar con los centros de menores se refiere. Esto no quiere decir que haga un balance de la rentabilidad de la lucha, pero sí creo necesario analizar la efectividad de nuestros ataques para saber cómo golpear mejor y como avanzar en nuestras metas para no ir siempre a remolque del Poder.

El objetivo, compartido con las asociaciones y colectivos que trabajan directamente con los chavales, es acabar con los centros de menores y eso solo será posible con una transformación de la sociedad. Esta sociedad no ha creado los centros de menores por error o porque se haya dado la coincidencia de que los tipos más crueles y retorcidos hayan redactado la ley de responsabilidad penal o estuvieran en el sitio donde se decidía qué hacer con los chicos y chicas de los barrios pobres, sino porque responden a unos intereses. Es por este motivo que me pregunto si la denuncia jurídica sirve a nuestros objetivos.

Existen dos objetivos principales en la denuncia jurídica que ya he mencionado por encima. Por un lado la búsqueda de justicia ante situaciones de agresiones y maltrato y por el otro un apoyo firme, en tanto que proviene de uno de los poderes del Estado, a la propia denuncia social. Respecto al primero, dudo que el sistema judicial pueda reparar el daño que se infringe en los centros de menores a los chavales y a sus familias, tanto por la inoperancia de las denuncias como por no creer que la condena a un carcelero restaure la pérdida de un ser querido o las lesiones que haya podido provocar. Como he dicho, la propia inoperancia de las denuncias garantiza que la justicia no sirva para que casos de agresiones no se repitan, por no mencionar que la propia existencia de los centros es un maltrato con el que la justicia ni puede ni quiere acabar. En cuanto al segundo objetivo, el peso que pudiera aportar el respaldo judicial a la denuncia pública de las asociaciones y colectivos tiene numerosas lagunas que deben ser analizadas para evaluar el impacto de nuestras tácticas en la lucha. En primer lugar, ese respaldo solo puede ser conocido por la opinión pública mayoritaria si cuenta además con la difusión de los medios, algo que es difícil que ocurra, dado que defienden los mismos intereses que los propios centros y sobre todo que escapa a nuestro control, por lo que confiar una parte importante de la estrategia de lucha a un medio sobre el que como mínimo es cabal tener muchas dudas, parece no tener mucho sentido. En segundo lugar, no creo que los centros de menores sigan existiendo después de estos años de lucha, denuncia y difusión porque no se sabe lo que ocurre dentro. Más bien parece que la información en esta sociedad carece de peso y trascendencia porque se ve, y se vive, de lejos. Mucha gente se escandaliza, incluso es posible que sienta algo parecido a la indignación, cuando se entera por el programa de Ana Rosa, o porque algún periódico informe de la condena a un carcelero, de lo que ocurre dentro de los centros de menores, pero inmediatamente después lo hace porque ha subido la luz, porque se hace público otro caso de corrupción o porque han muerto unos obreros en Bangladés al derrumbarse la fábrica en la que cosían la ropa que lleva puesta. Esa información no supone ningún cambio significativo en la vida del que la recibe por lo que tal vez debamos empezar a preguntarnos qué sentido tiene seguir buscando la implicación cuantitativa de la masa social en la problemática de los chavales encerrados.

La presión popular, escandalizar a la opinión pública sin un discurso más profundo, con el cual es más que probable que mucha gente no se identifique y por tanto pierda afinidad, solo disimulará o, en el mejor de los casos, suavizará tanto el encierro como el maltrato, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. No se trata de mantener un discurso meramente ideológico de postulados maximalistas abandonando en la práctica a los chavales presos, pero sí analizar hasta qué punto nuestra lucha va en pos de destruir y acabar con los centros de menores, y, por tanto, transformar la sociedad, o si nuestra práctica refuerza y mejora, en tanto que disimula y hace más difícil hacer explícito, el maltrato institucional.

Veo necesario renunciar decididamente y sin ambigüedades al ámbito jurídico como campo estratégico de lucha porque la violencia y el maltrato contra nuestros chavales no es un desmadre de las empresas que gestionan los centros, responde a la necesidad del Estado de gestionar las consecuencias tanto de sus políticas como de la propia organización social. Evidentemente, los intereses económicos de las empresas agravan la situación, pero una gestión pública de los centros no significa el fin del encierro. Del Estado podemos esperar, en el mejor de los escenarios posible, en el cual por descontado no deberíamos confiar, que regule y disimule el maltrato explícito, pero no que aborde el trasfondo ni la raíz del problema, pues ya hemos dicho que es inherente a su existencia y responde a los intereses capitalistas.

Ante esto, no hay ni recetas mágicas ni propuestas específicas, más allá de seguir fortaleciendo un tejido social que realmente, y de forma efectiva, pueda oponerse al Estado y su maquinaria y afrontar la transformación radical de las relaciones sociales. La organización colectiva y la coordinación entre todas las personas, colectivos y asociaciones que luchan contra el encierro, ya sea de niños, de adultos o de extranjeros, es el único camino para poder plantar cara. Es decir, una organización, entendida como coordinación no como estructura aglutinante, tanto de los propios chavales como de sus familias y de las personas que luchan desde dentro y desde fuera contra los centros. La experiencia demuestra que es mucho más efectivo que la lucha jurídica individual, caso a caso, contra el aparato estatal.

Analizar el pasado para conocer nuestros errores y nuestros aciertos es una estrategia de lucha inteligente. Siempre denunciamos que los centros de menores, a pesar del nombre aparentemente aséptico, son auténticas cárceles de niños y niñas. Seamos pues consecuentes con esta afirmación y pensemos cuándo han sido más efectivas las luchas de los presos y presas. ¿Cuándo han tenido más fuerza como colectivo frente al Estado? Desde luego no ha sido cuando han peleado individualmente cada caso contra los juzgados de vigilancia o contra Instituciones Penitenciarias, sino cuando se han organizado por su propia cuenta para luchar. Parece absurdo plantear ahora mismo la necesidad de una copel en versión juvenil, pero es necesario comprender que la autoorganización es el único camino factible a largo plazo si queremos ir más allá de pedirle al Estado que resuelva nuestros problemas o controle a sus carceleros.

Si realmente nos tomamos en serio cambiar la sociedad hay que empezar a hacerlo desde ya con una perspectiva que busque la raíz de los problemas y los combata. Dejarnos llevar por la aparente imposibilidad de cambio profundo y real solo limita nuestra propia estrategia y la condena al fracaso. Como mucho, y no es poco, conseguiremos sacar a unos cuantos chavales de los centros e impedir que entren otros tantos, pero no dejará de haber ni centros ni niños encerrados. Los centros de menores cambiarán de forma o de nombre para ajustarse a las necesidades que tenga el Estado, ya sea privatizando completamente su gestión, construyendo más macrocárceles, diseminando a los niños y niñas por casas de familias de bien –profesionales o no– o recuperando el manicomio como lugar de contención de los chicos más problemáticos. En cualquier caso, los barrios de los chavales seguirán siendo como son y estos seguirán siendo materia prima que rentabilizar tanto para crear puestos de trabajo como beneficios económicos.

Espero que estas líneas contribuyan a generar un debate y una reflexión crítica sobre nuestras estrategias de lucha con el fin de armarnos mejor y permitirnos avanzar en la inversión de la relación de fuerzas. Algo imprescindible para transformar la realidad de nuestros barrios y sacar a las personas presas de sus cárceles.

Jorge del Arco, otoño 2013

Notas

1. Digo esto consciente de que toda lucha contra el orden capitalista es eminentemente social, pero utilizo el matiz para referirme a procesos de lucha en los cuales el protagonismo directo es compartido entre las personas que sufren una determinada situación, por ejemplo los chavales presos, como de personas que aún no sufriendo directamente la misma situación deciden involucrarse en ese aspecto concreto de la lucha contra todo el sistema. Hay características comunes a estas luchas de carácter social como puede ser el bajo grado de politización de las personas que sufren la opresión determinada.

2. Catorce muertes desde el 2001.

3. No digo esto porque piense que la prisión sea una solución ni porque la desee como forma de venganza. Sirva de ejemplo cuantitativo de la ecuanimidad de la Justicia.