Contra el "Estado del bienestar"

¿Estado de bienestar, o revolución?

Algunos partidos políticos, organizaciones y sindicatos del estado español que dicen ser «de izquierda» aúnan en estos tiempos voces y esfuerzos para defender aquello que llaman «estado de bienestar». Ello lo hacen en medio del aplauso de gran parte de la sociedad, la cual se entiende beneficiaria de dicho estado de bienestar y por ello partidaria de su pervivencia.

En el colectivo Tortuga tenemos otra perspectiva.

Asociamos «estado de bienestar» a otros términos mucho menos halagüeños: «sociedad de consumo», «primer mundo», «Europa rica»… Tras la pertinente comprobación histórica, concluimos que en general esta forma política y social tal como la conocemos hoy no es tanto la conquista de las luchas del movimiento obrero como se afirma de forma exagerada, sino que obedece en mucho mayor medida a las necesidades e intereses de las instituciones estatales liberales y capitalistas, intereses que se agudizan sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estas élites, en plena mundialización de la economía y de la guerra fría contra el comunismo, optaron por generar en determinadas zonas del planeta una cierta redistribución de la riqueza allí acumulada, parte de la cual se repartió entre amplias capas sociales en forma de servicios y subsidios, siempre administrados y dosificados por los aparatos estatales. Este tipo de políticas contaban ya con pequeños antecedentes desde principios del siglo XIX, pero fue en este momento, coincidiendo con la acuñación del término «estado de bienestar», cuando se apostó fuertemente por ellas.

Con estas políticas las clases dominantes a nivel mundial obtuvieron durante toda la segunda mitad del siglo XX y casi hasta nuestros días, la desactivación de las luchas obreristas revolucionarias en el primer mundo, conjurando así la amenaza socialista. Dichas élites se rodearon de un amplio y cómodo colchón amortiguador de «ciudadanos» conformistas con el orden liberal establecido, beneficiarios de cierta capacidad adquisitiva o de consumo, acostumbrados a depender cada vez en mayor medida y para más cosas de la institución estatal y, en el mejor de los casos, partidarios sólo de cambios políticos y sociales de carácter superficial.

Este análisis se complementa con razones económicas, de tanta, y quizá incluso de mayor relevancia que las anteriores, que tienen que ver con la teoría del economista John Keynes: la redistribución de servicios y subsidios entre la población de nuestros países occidentales también pretendió en su día la implantación de fuertes mercados internos que sirvieran de motor al desarrollismo económico capitalista.

En el caso español es revelador que, a pesar de la existencia de numerosos hitos de legislación y política laboral y social que se venían dando desde principios del siglo XIX, de la mano, justamente, del desarrollo del aparato estatal liberal, la implantación de una parte fundamental del estado de bienestar tal como ha llegado a nuestros días (Seguridad Social entendida como asistencia sanitaria gratuita universal, sistema estatal de pensiones y coberturas de desempleo cercanas al salario bruto) se la debemos principalmente a la dictadura franquista, y en concreto a leyes como la de Desempleo (1961) o la de Bases de la Seguridad Social (1963), promulgadas en tiempos de escasa o nula conflictividad obrera pero de fuerte impulso estatal al desarrollismo industrial. En esta implantación profundizaron posteriormente diferentes gobiernos de la dictadura, y se completó hacia 1978.

Éste es el marco que se defiende hoy desde estos partidos, organizaciones y sindicatos citados.

Frente a la defensa de un modelo económico totalmente incluido en el capitalismo y diseñado y promovido por las élites liberal-burguesas que vienen acaparando el poder político, desde Tortuga apostamos por una revolución integral superadora del capitalismo y del sistema no libre de gobierno que le es inseparable acompañante. Desarrollaremos en este escrito las características principales de nuestro concepto de «revolución» así como del tipo de sociedad y relaciones humanas a las que aspiramos. Pero antes nos detendremos en una crítica más pormenorizada acerca del estado de bienestar y en un sucinto análisis del momento de crisis que actualmente parece atravesar este modelo.

El estado de bienestar es contrarrevolucionario

En realidad, éste viene a ser un modo de soborno o de compra material de lo que llaman la «paz social», esto es, la ausencia de conflictos. De esta forma se logra que amplias capas de población de las sociedades en las que el estado de bienestar se da acaben viviendo con actitudes conformistas y con nulos deseos de cambio social. El miedo a perder lo que se tiene impide, o vuelve muy complicado, analizar en profundidad las causas y consecuencias del orden político y social y evita que se tengan oídos receptivos hacia quien lo cuestiona. Aborta, en definitiva, la posibilidad de que la sociedad tome conciencia de las contradicciones en las que vive y se organice con voluntad y determinación de obtener cambios sustanciales, es decir, revolucionarios.

El estado de bienestar es injusto

Porque no es ni puede ser universalizable. Se da, como decimos arriba, en virtud de una cierta redistribución de riqueza acumulada en una porción minoritaria del planeta denominada «primer mundo». Una importante porción de esta riqueza no se genera en nuestros países sino que es expoliada del resto del mundo, o sea, de los países llamados (a causa de ello) empobrecidos, y depositada aquí. Tal cosa se consigue empleando multitud de fórmulas: colonialismo-imperialismo económico, multinacionales, deuda externa, reglas comerciales impuestas por el primer mundo, instituciones como el FMI, la OMC, etc. Llegado el caso, la maquinaria militar primermundista se convierte también en herramienta del robo de riqueza de esos países del tercer mundo, como podemos comprobar en los casos de Iraq, Libia o la República Democrática del Congo, por citar algunos de los más paradigmáticos en ese sentido.

Las grandes corporaciones expoliadoras emplean buena parte del capital que obtienen con dichas operaciones de colonialismo económico en realizar inversiones en los países del primer mundo donde están radicadas, dinamizando su economía y generando empleo. La tributación directa al estado de las grandes corporaciones, e indirecta a través de la economía subsidiaria que generan, es la que permite a éste recaudar el dinero «suplementario» con el que ofrecer a la ciudadanía los bienes y servicios que definen el estado del bienestar y de los que por supuesto no pueden gozar los habitantes de los estados expoliados, los cuales además sufren grandes daños en su propia economía doméstica. Un ejemplo menor pero muy clarificador podría ser la pesca del atún en las costas del Cuerno de África. Como puede apreciarse, el estado de bienestar es un producto resultante de las peores dinámicas del sistema económico capitalista, y su existencia guarda relación directa con la pobreza extrema de una parte mayoritaria de la humanidad.

El estado de bienestar es antidemocrático

De forma harto paradójica, la palabra «democracia» ha llegado a ser la más comúnmente utilizada para definir sistemas políticos que en realidad son de dominación. Nos cuesta hallar en la historia de los estados un orden de gobierno que en los hechos se haya correspondido con lo que intenta significar el vocablo. Es por ello por lo que tenemos ciertas reservas a la hora de emplearlo. A nuestro juicio solo cabe hablar de «democracia» cuando cada persona puede participar libre y directamente en la decisión de aquellas cuestiones que le afectan. En consecuencia solo será «democrática» una sociedad que garantice tal principio a pequeñas y grandes escalas y ninguna otra.

El estado de bienestar es la concreción más pura y acabada del estado-nación liberal y burgués diseñado en el siglo XIX. Su existencia es el formidable logro de una situación en la que una pequeña élite acapara todo el poder de gobernar y dispone de la mayor parte de riqueza y medios para producirla, mientras que la mayoría desposeída completamente de poder y de la parte principal de la riqueza vive conformándose con su situación, satisfecha con los servicios materiales que recibe del estado y convencida de que pertenece a una sociedad libre y democrática.

Aunque el sistema de elecciones cada cierto número de años trata de dar carta de naturaleza a una pretendida «soberanía del pueblo», la realidad es que la alianza entre una pequeña oligarquía de políticos profesionales, la alta burocracia del estado, los poderes económicos y los medios de comunicación mantiene bien controlado el acceso a los centros de poder en todos los países donde se da el estado de bienestar. Los votantes en todos estos estados, entre los que se encuentra el nuestro, están irremisiblemente abocados a optar solo entre opciones políticas continuistas. En cualquier caso, incluso aunque se diesen fórmulas electorales más abiertas, el resultado práctico seguiría a años luz de la democracia, ya que ésta, como decimos, supone la participación decisoria de las personas en aquellas cuestiones que les afectan. Nada de eso sucede en las sociedades del estado de bienestar, en las cuales las personas, denominadas «ciudadanos», no tienen ninguna forma de decidir tales cosas y sólo reciben el dudoso derecho de votar cada cierto número de años para elegir a los miembros de la élite burocrática que han de regir irremisiblemente su vida y destino durante la siguiente temporada.

En el supuesto, cada día más inverosímil, de que fallase alguno de estos mecanismos de control, el aparato estatal-capitalista tiene otra carta guardada en la manga: la policía, el ejército y la cárcel. Estos órganos del aparato estatal son la definitiva negación de la democracia y el anuncio de viva voz de que nadie puede evitar obedecer las decisiones de las élites gobernantes ni muchísimo menos cuestionarlas en su esencia.

Es paradigmático el papel que juega la institución militar, que, como decíamos antes, es un elemento de primer orden como garante armado del expolio comercial del Norte sobre el Sur. Pero de puertas adentro, y en compañía de su institución vicaria, la policía, desempeña una función igualmente trascendente como última y determinante barrera defensiva de los intereses de la minoría en el poder. Desgraciadamente en el estado español disponemos de abundante experiencia al respecto en los últimos 200 años. Desde los habituales pronunciamientos militares decimonónicos hasta las facultades que la misma Constitución vigente concede al ejército (pone los pelos de punta leer todo lo referido a estados de excepción, de alarma, a situaciones bélicas y más cosas) pasando por una ominosa y no tan lejana dictadura militar de casi 40 años.

El estado de bienestar es antiecológico

Estado de bienestar y sociedad de consumo vienen a ser sinónimos. El alto desarrollo industrial y tecnológico, así como los mecanismos capitalistas de expolio y concentración de la riqueza, han puesto en manos de amplias capas poblacionales de los países ricos una capacidad inédita de adquirir y consumir alimentos, productos manufacturados y servicios (por citar un ejemplo, los viajes en avión). Palabras como «crecimiento», «desarrollo» y su eufemismo progre «desarrollo sostenible» o «de calidad» han sido y son mágicas consignas que han despertado maravillas en los oídos aburguesados de tanta gente. No pensamos que sea necesario extendernos para alertar de los efectos de tanto «desarrollo» y tanta capacidad de consumir y sus consecuencias a niveles medioambientales y de salud pública. Pocos dudan de la imposibilidad material de exportar a más lugares del planeta el modelo despilfarrador e irresponsable en lo material que caracteriza a todos los estados de bienestar (lo cual lo hace doblemente injusto), puesto que el colapso medioambiental sería casi inmediato. Pero es que ni siquiera es preciso llegar a formular dicha hipótesis. Incluso circunscribiéndonos a los lugares del mundo en los que se da ahora, la consecuencia del consumismo practicado en el estado de bienestar estaría ya causando daños irreversibles al planeta (destrucción de la atmósfera, de la biodiversidad…). Daños que, de no corregirse a corto plazo, amenazan con ser devastadores.

El estado de bienestar es antihumano

Otro sinónimo de estado de bienestar podría ser «sociedad del espectáculo». Nosotros iríamos más allá y emplearíamos el término «sociedad del adoctrinamiento» La apuesta decididamente material y furibundamente antiespiritual y antimoral de este modelo de sociedad, unida a los mecanismos adoctrinadores que posee la institución que está en su centro –el Estado– también están generando un tipo de persona en permanente regresión.
Sistema educativo, cultura de masas, medios de información y comunicación… todo ello navega en una misma dirección –desde el poder hacia los individuos de la sociedad– generando una forma de concebir la realidad que ha sido definida como «pensamiento único».

La apuesta del citado pensamiento único por el materialismo y el utilitarismo en todas sus expresiones, así como por una manera relativista y no ética de vivir en sociedad están logrando poco a poco la desaparición de formas relacionales populares tradicionales, de realidades de apoyo mutuo a diferentes niveles y de imbricación de unas personas con otras. Los valores cooperativos y solidarios que existieron tradicionalmente en numerosas colectividades van siendo sustituidos por actitudes egoístas e individualistas de darwinismo social, las espiritualidades se permutan por comportamientos hedonista-vacacionales, y la moral de las sociedades y la ética de las personas van siendo usurpadas en todos los casos por «lo que digan las leyes» y los tribunales del estado. A esto último le han puesto el nombre de «estado de derecho».

Cualquier revolución, cualquier sociedad que valga la pena requerirá personas capaces de vivirla, seres humanos que realmente deseen la justicia, amen la libertad y estén dispuestos a luchar y sacrificarse para su consecución. El estado de bienestar, podemos afirmarlo, no contribuye a que exista ese tipo de personas. Más bien a todo lo contrario.

¿Por qué ahora el estado de bienestar está en crisis?

En nuestra opinión, por varias causas.

En primer lugar, las élites que controlan el poder político y económico en el primer mundo, a partir de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe del bloque leninista, han ido paulatinamente perdiendo interés por un modelo que ya no les es tan imprescindible como antes. Una vez conjurada la «amenaza comunista» y lograda la garantía de que la población del primer mundo ha perdido cualquier tipo de deseo revolucionario, no necesitan invertir-repartir tanta riqueza en sobornar a la sociedad primermundista para apagar la llama insurreccional. Una vez los mecanismos adoctrinadores han dado su fruto y la inmensa mayoría de la población no cuestiona la ficción democrática del parlamentarismo, es posible aumentar la cuenta de beneficios –deseo permanente del gran capital por su propia naturaleza– a costa de algunas prestaciones estatales. Ese es el camino que se ha recorrido desde los años 90 hasta aquí, si bien en los últimos años se ha acelerado por causa de la crisis económica.

Una crisis que constituye un factor añadido. La burguesía –entonces clase social– desde el siglo XIX organizada en torno a la institución del estado-nación liberal, es quien ha estado hasta hoy al mando de política y economía, tratando de mantenerse erguida a lomos de una bestia más bien poco controlable: el sistema económico capitalista. Dicho sistema, como es sabido, tiene sus ciclos largos y cortos, sus crisis financieras y sistémicas, sus recesiones e incluso una serie de contradicciones en las que podría estar escrito su derrumbe final. Hasta ahora la burguesía, luego convertida en oligarquía dominante, ha sabido cabalgar la bestia adaptándose a todos sus movimientos. Según han ido sucediendo unas y otras crisis, estas personas, desde la institución estatal, auténtica torre de control también de la economía, han ido tomando las decisiones convenientes para mutar y adaptarse a la nueva situación. Así, el sistema económico, según momentos y zonas, ha sido librecambista, proteccionista, keynesiano o ultraliberal (entre otras formas). El modelo económico ligado al estado de bienestar, el keynesianismo, ha venido siendo útil en momentos de fuerte desarrollismo. Los gurús de la economía han decidido que no es el más conveniente para capear momentos de crisis, y en consecuencia los gobiernos de los estados proceden hoy a recoger algunas de esas velas.

La crisis, que es productiva tanto como financiera, ha descuadrado el balance contable de los estados occidentales, los cuales se ven obligados a adoptar medidas de ahorro en su propia administración, así como ajustes diversos en las economías «nacionales» por una cuestión de «competitividad» ante otras economías emergentes. A ambos tipos de medidas responden los llamados «recortes sociales» que tanto rechazo generan en la población. Como la otra de las causas del «estado de bienestar» es la generación de mercados internos de consumidores, cabe interpretar que las autoridades de los estados occidentales tratarán de practicar los mínimos recortes que juzguen suficientes y cuya cuantía va a depender de la dimensión y duración de la crisis. Al menos en teoría. Como la citada crisis económica no solo afecta a los estados, sino también a las empresas privadas estamos asistiendo en numerosos países occidentales –en el estado español, por ahora, en pequeña medida– al «rescate» o adquisición por parte de los estados de empresas en crisis, bancos principalmente. Este trasvase de propiedad y de recursos económicos entre grandes empresas y estados (se privatiza, se nacionaliza, se vuelve a privatizar, se emite deuda, se «rescata» al banco que compró la deuda… moviendo fondos existentes e inexistentes de aquí para allá, pero siempre en manos de las minorías dominantes) es una patente demostración de que la institución estatal y el sistema económico capitalista son la misma realidad. Ni siquiera esos «mercados» a los que se invoca como una oscura mano que actúa contra los intereses de los estados, ergo contra los intereses de los ciudadanos, son otra cosa que una suma de entidades financieras y terceros estados «compradores» de deuda, es decir, prestamistas.

Resulta curioso que los agentes de «la izquierda», que claman contra lo que juzgan «desmantelamiento del estado de bienestar», apenas incluyan en sus peticiones conservadoras análisis económicos que avalen la viablidad de sus propuestas dentro del propio sistema liberal-capitalista, que es donde al parecer desean permanecer.

Extracto del artículo "No nos parece bien la defensa del Estado del Bienestar"

del Grupo Antimilitarista Tortuga