A partir de varias entrevistas personales realizadas a miembros de la Plataforma de Familias por las Muertes en Prisión, un compañero nos habla de quiénes han formado recientemente este colectivo y los motivos que les han llevado a ello. Historias de familias que han perdido a alguien fallecido bajo custodia de Instituciones Penitenciarias y que han decidido no callarse y luchar para que sus casos no sigan repitiéndose.
El pasado 6 de octubre varias decenas de familiares de presos fallecidos bajo custodia acudieron de diferentes puntos de todo el Estado y se concentraron en Madrid, frente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En la concentración demandaban a la institución verdad y justicia en el esclarecimiento de la muerte de sus familiares. Los familiares implicados, en su gran mayoría madres y hermanas de presos fallecidos aprovecharon para contar sus casos y expresar su rabia y su sufrimiento, señalando el trato inhumano al que sus parientes fueron sometidos y reclamar la investigación sobre la muerte. La concentración fue la primera que realiza la Plataforma de Familias por las Muertes en Prisión, colectivo que espera poder realizar más acciones de este tipo y dar visibilidad a la situación de injusticia, opacidad, torturas y falta de medios sanitarios en las prisiones del Estado.
Las familiares acudieron a la prisión con carteles que aludían a la violencia institucional y la falta de investigación de las conductas delictivas. Las fotografías de los fallecidos estampadas en las pancartas o las camisetas se acompañaban de mensajes como “Siempre contigo, Miguel Ángel” o “Antonio Rivero Juez: investigación y justicia, su familia, pedimos la investigación del fallecimiento bajo custodia en el centro penitenciario de Badajoz, el 25 de abril de 2020”. A propósito, la antropóloga María Pita señala la función testimonial de este tipo de fotografías y mensajes como un medio para simbolizar el sufrimiento y reclamar justicia, un elemento que permite dar al fallecido el estatus que se merece como persona y que el Estado le negó. Como me contaba Ana, hermana de Julián, fallecido en la prisión de Alcalá Meco, la fotografía de su hermano “representa las injusticias… de él, y de todos los que han fallecido ahí, todas las injusticias que se cometen ahí adentro en las que nadie, NADIE toma cartas en el asunto, ni un juez ni un fiscal”. La concentración transcurrió con normalidad, con momentos de fuerte emotividad al canalizar la rabia contra las instituciones.
¿Qué tenían en común estas mujeres? La mayoría pertenecían a clase trabajadora, sus familiares, todos jóvenes de entre 18 y 35 años tenían problemas de drogadicción o salud mental y habían acabado en la prisión-depósito, ese espacio institucional en el cual el control se ejerce no a través de la disciplina o la corrección, sino como diría Basaglia, a través de la droga o la enfermedad como medios de control por destrucción. Sus hermanos o hijos se encontraban en módulos conflictivos y de aislamiento, aquellos que la institución considera aptos para los peligrosos o difíciles, a los que se controla mediante la perpetuación de sus problemas. Todas estas mujeres habían decidido dar un paso adelante, politizar el malestar y convertir el sufrimiento en un elemento político.
Por lo general, las familiares veían la prisión como un espacio en el que la integridad física de sus hermanos o hijos estaba en peligro antes de su muerte, ya fuera por sus problemas de salud, la falta de recursos para tratarlos, los conflictos con los carceleros u otros presos y el fácil acceso a drogas y psicofármacos. Es preciso señalar que las cárceles cuentan con 200 médicos para atender a 55.000 presos, de los cuales entre el 50 y el 75% tiene problemas de salud mental o drogadicción. Como señala el informe del Comité de Prevención de la Tortura (CPT) de 2021 la atención psiquiátrica es prácticamente inexistente.
El miedo dificultaba además que estas mujeres actuaran libremente para denunciar dichas situaciones por lo que pudieran hacer contra sus familiares. Mari Ángeles, madre de Adrián, fallecido en Morón, me relataba cómo una vez que su hijo había fallecido, la institución ya no la podía acallar porque no tenía nada que perder: “se aprovechan del miedo que infunden ellos, del terror, porque son terroristas… el miedo paraliza, pero a mí ya no me pueden hacer nada”.
Las familiares cuentan cómo vivieron la situación de fallecimiento, dando una versión muy diferente de los hechos a la de la prisión. Pamela, hermana de Manuel, fallecido en la prisión de Badajoz reclama que su hermano no recibió atención médica cuando la requirió: “estuvo un año con leucemia, le mandaban paracetamol, no le hicieron analíticas, no le sacaron y murió…le sacaron para morir”. Asimismo, Mónica relataba la situación de su hermano Samuel en Tenerife II, que con 31 años y estando en silla de ruedas falleció con golpes en la cabeza y las manos: “lo que queremos saber es de qué son esos golpes si la autopsia no lo recoge ¿por qué están esos golpes? Y hay pruebas, incluso hay un médico forense que pagamos la familia que reconoce que los golpes que tiene Samuel son golpes contusos vitales”.
Tanto en la concentración como en las entrevistas, las mujeres hacen referencia a la falta de interés en investigar los fallecimientos. Victoria, madre de Jesús, que su hijo falleció en la cárcel de Sevilla I me contaba que a la investigación de su hijo le querían “dar carpetazo…oye perdona mira, pero ¿una sobredosis en prisión? ¿cómo? ¿si en la prisión no se puede entrar droga? Mi hijo estaba bajo custodia de Instituciones Penitenciarias” señalando así la responsabilidad última del Estado sobre el fallecimiento. Aina Graciela, madre de Claudia Ximena, fallecida en Wad Ras, denunciaba que la investigación llevada a cabo por parte de los mossos constaba de 6 folios: “yo quiero claridad, quiero transparencia, quiero que se me diga, señora, este es el protocolo, este funcionario hizo así, actuó de esta forma, su hija ese día peleo con el funcionario por esto… pues vamos a investigar a ese funcionario, sería lo correcto”. Al respecto Ana, hermana de Julián me contaba que su impresión era que las autopsias eran “copias y pegas” y que se sentía muy poco respaldada por la justicia, puesto que tenía pruebas de la negligencia médica que había sufrido su hermano, testimonios de que a su hermano no le llevaron al médico pese a las demandas reiteradas de todos sus compañeros.
Los familiares apuntan continuamente a que sus parientes detenidos han recibido un tratamiento inhumano. Así, interpelan directamente a la institución, intentando poner a prueba, con Rancière, el enunciado de la igualdad del ser humano: ¿estar privado de libertad implica merecer el mismo trato a nivel sanitario? ¿tener el mismo acceso a la justicia? ¿tener el derecho a ser protegido, a ser respetado, a vivir? Como me contaba Ángeles, cuyo hijo José Joaquín falleció en la prisión de Sevilla: “¿no son seres humanos? QUE SON SERES HUMANOS… tenemos que acabar con esto es una injusticia muy grande, que se haga esto por 500 euros por los que estaba condenado mi hijo… y los poderosos, sus hijos no entran, no la pisan”.
El CPT en su informe de 2021, que las familiares tuvieron oportunidad de relatar, indicaba las múltiples deficiencias del Estado Español en materia de prevención de la tortura, señalando la perpetuación de prácticas de maltrato físico y verbal, la falta de investigación de las quejas de los internos, la ausencia de cobertura de las cámaras de seguridad y las dificultades de acceso a las grabaciones: “la visita del CPT en 2020 demuestra que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva”.
Tras el fallecimiento, las familiares describían el trato de la prisión como vejatorio. Algunos de ellas recibieron la noticia por teléfono y no pudieron recoger las pertenencias de sus parientes. Aina Graciela me contaba que el mismo día que falleció su hija acudió a la prisión donde le sacaron sus enseres en “bolsas de basura… todas las cosas de mi hija salen en bolsas negras… todo tirado… o sea… aquí tiene las cosas, llévese a su muerto, y ya está”.
Las situaciones de duelo a las que los familiares se enfrentan son complicadas. Algunas de estas mujeres se encuentran en tratamiento psicológico y psiquiátrico a consecuencia del fallecimiento: la gravedad de los hechos, la falta de investigación, de explicaciones claras y de reconocimiento institucional dan lugar a una vivencia traumática. Algunas de ellas habían tenido que dejar de participar en grupos de apoyo por las dificultades que les suponía enfrentarse cotidianamente a hechos similares. Otras señalaban que el poder expresarse tenía cierto componente catártico, pero, en cualquier caso, todas indicaban la importancia de tener una red de apoyo para poder lidiar con la situación.
Los familiares de los presos son una de las formas de protección más importantes contra la impunidad. Su lucha puede contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población reclusa, a la vigilancia de malos tratos y la reducción del punitivismo. La Plataforma no sólo lucha por la investigación de sus casos, sino por evitar que más casos como los suyos sucedan. Ángeles me decía “yo ya no le voy a dar a mi hijo la vida… pero no quiero que eso le siga pasando a los chavales porque es que ellos no tienen protección ninguna ahí adentro, es que hacen con ellos lo que les da la gana, y es una injusticia muy grande”. Así mismo, las personas de la Plataforma luchan contra la negación del sufrimiento que comete la mayoría social por el hecho de que las víctimas son personas presas. Como me contaba Mari Ángeles de Sevilla: “lo mismo que las mujeres maltratadas, que antes sufrían y les decían que tenían que hacerle caso al marido, lo veían normal… hoy en día hay una ley que las defiende y las protege, pues esto tiene que ser igual, a base de luchar, luchar y luchar”. Esperemos que sea así y que esta concentración sea sólo un primer paso para la Plataforma.
Para contactar con la Plataforma: pmuertesenprision@gmail.com
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