Pública o estatal

El surgimiento de los Estados modernos ha traído consigo la formación, consolidación y perfeccionamiento de una serie de instituciones, aparatos burocráticos, etc. que son para éste como los órganos vitales para nuestro cuerpo. Dichas instituciones no son todas igual de prestigiosas pese a que la intelectualidad, sobre todo de izquierdas, casi siempre vinculada a la academia (como parte fundamental del aparato para la legitimación de las clases dominantes) se haya esforzado en mostrar dicho Estado, en su conjunto, como un elemento clave en el surgimiento de las sociedades modernas en tanto que sociedades con un grado desconocido de “calidad de vida” en los otros periodos históricos. Así, Estado se iguala a progreso.
Como modo de legitimación de la sociedad de clases, esto está bien, pero como análisis social es, como mínimo, dudoso. La constante labor de legitimación del Estado se muestra día a día en el lenguaje de periodistas, tertulianos y otra ralea que ha erradicado la palabra “estatal” del lenguaje cotidiano en un juego de manipulación mental evidente a través dos mecanismos: la sustitución y la supresión. La sustitución de la palabra “estatal” por la palabra “público” (es decir, perteneciente o relacionado con el Pueblo) es el ejemplo más claro. Las diferentes instituciones que han conseguido a través de décadas cierta legitimidad han pasado a denominarse públicas pese a que son estatales: la sanidad pública o la escuela pública son sólo un ejemplo. Aquellas que no han logrado un mínimo grado de legitimidad no reciben el adjetivo “público” ni tampoco el de “estatal”. De esta manera, no se habla de policía pública o estatal como tampoco se habla de ejército público o estatal ni de cárceles públicas o estatales. Las recientes movilizaciones que luchan contra las políticas neoliberales, que se presentan como salvación ante la crisis económica provocada por las políticas neoliberales, nos muestran claramente este estado de conciencia colectiva que asume de forma rápida lemas como “Escuela pública: de todos, para todos” y su correlato en la sanidad: “Sanidad pública: de todos, para todos”. Dudamos que alguien, pese al deterioro de las condiciones laborales de la policía, haya valorado el lema “Policía pública: de todos, para todos”. Mucho menos todavía se piensa en hacer lo mismo con las cárceles pese a los proyectos de privatización carcelaria que están ya sobre la mesa. Sería kafkiano el lema “Cárceles públicas: de todos, para todos” —ya que todo el mundo sabe que allí los ricos nunca entran y un pobre nunca sale gracias a la maquinaria de exclusión social—, aunque en el fondo este eslogan tiene tanta razón de ser o, mejor dicho, tan poca razón de ser como los otros: las cárceles son financiadas por todos/as del mismo modo que las escuelas públicas, y su reglamentación o regulación tiene tanto de participativa como la de las escuelas u hospitales. La lógica es la misma, pero la escuela ha representado para muchos durante bastante tiempo la poco rigurosa idea de la igualdad de oportunidades frente a la cárcel que ha representado para los que no tienen una venda en los ojos la evidencia del fracaso de la democracia.
La labor de legitimación del Estado como punto cardinal de las sociedades avanzadas se hace mucho más difícil si no se oculta el olor de las cloacas de sus instituciones.

Extraído de la Publicación Impulso nº1