Hasta principios de este año, la gestión de todas las cuentas de las personas presas la realizaba el Banco Santander, y para ingresar dinero en ellas, había que acudir a la ventanilla de cualquier sucursal de esta entidad, eso sí, en base a la supuesta amenaza del terrorismo islámico, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dictó la orden de registrar dichos movimientos con los datos completos de la persona que realizaba el ingreso, así como ordenaba realizar un informe mensual de cualquier actividad “excepcional”, como el “que hiciera una misma persona en cuentas de 3 o más internos sin razón de parentesco”, una supuesta medida “antiterrorista” pero que al final señala y controla a aquellas personas que realizan un trabajo de apoyo con las que están al otro lado del muro. Aun así, la situación era mejor que la actual, puesto que el ingreso de dinero en el peculio no implicaba ninguna tasa ni comisión, y para bien o para mal, cualquier ciudad está plagada de sucursales del banco de la familia Botín, por lo que éste se convertía en un trámite bastante accesible.
El convenio firmado con el Banco Santander finalizó el pasado año, sacando el Ministerio de Interior un nuevo concurso en julio, al que no se presentó nadie.
En octubre ocurrió lo mismo, a pesar de que el Ministerio contactó personalmente con diferentes bancos. Estos pidieron contrapartidas pues no les resultaba lo suficientemente rentable. El Banco Santander solicitó la gestión de las nóminas de la policía nacional, a pesar de que la gestión del peculio viene acompañada también de la administración de las cuentas de todos los carceleros así como las cuentas de cada uno de los centros penitenciarios, que en total, ambos conjuntos de depósitos junto a las cuentas de las presas, mueven un total de 800 millones de euros al año, casi nada.
Finalmente, el Santander ha renovado la concesión, pero el Gobierno, una vez más, se ha plegado ante la banca, cambiando sustancialmente la forma que tenemos para realizar un ingreso a nuestras familiares y compañeras presas. El Santander ha retirado la opción de ingresar en cualquier ventanilla de alguna de sus oficinas, posibilitando las transferencias electrónicas pero cobrando una comisión por ello. Debido a este cambio, el Gobierno ha tenido que buscar alternativas que denotan la escasez de salidas así como la urgencia por apañar algo ante tal despropósito. Por un lado, el Ministerio de Interior publicó una orden por la cual todos los centros se veían obligados a abrir una ventanilla para poder recibir los ingresos, pero por un lado, los sindicatos de carceleros han puesto el grito en el cielo al verse obligados a hacer esta labor de cajeros, así como el que cada cárcel abre esta ventanilla según su criterio, por lo que no tiene por qué coincidir el horario de visitas con el de ingresos en el peculio, obligando a las familias y compañeras a acudir dos veces a la semana a las prisiones, que no se encuentran cerca precisamente ni son muy accesibles, y no hablemos ya del perjuicio que ocasiona si ésta se encuentra en otra Comunidad Autónoma. El ingreso del peculio directamente en el centro penitenciario es la única vía de hacer llegar el dinero sin pagar una comisión por ello. La última vía abierta por el Ministerio de Interior, publicada muy recientemente de forma oficial en la página web de Instituciones Penitenciarias, es el realizar un giro postal en cualquier oficina de Correos, pero dicho método implica también el pago de unas tasas, que aunque la Administración asegura que para estos casos será más económico que para un giro postal habitual, no específica nada concreto en la orden emitida.
Es decir, nos encontramos ante una nueva dificultad añadida para una situación ya de por sí bastante complicada. Sin querer ser ingenuos pues no esperábamos menos de unos y otros, hay que remarcar que es demencial pretender seguir haciendo el máximo negocio con aquellas personas que se encuentran entre la espada y la pared, exprimiendo cada vez más todas las posibilidades, como el trabajo en prisión en condiciones de semiesclavitud, precios desorbitados para unos servicios y productos que en la calle son más baratos, etc. Teniendo en cuenta la realidad social dentro de la cárcel, los datos, frente a los estereotipos creados, nos indican que la mayor parte de las personas presas son pobres, y que los delitos más habituales, robos y trapicheo, son más una vía para llegar a fin de mes que un lucrativo camino para llenarse los bolsillos. Por lo que el coste económico y personal para la persona presa y su entorno acaba superando con creces el posible perjuicio ocasionado por el hecho por el que fue condenada.
La visión completamente deshumanizada, o la absoluta invisibilidad, que se ha impuesto sobre las personas presas permite que desde el Gobierno se puedan aprobar dichas medidas sin un mínimo de indignación, como también lo demuestra la nula presencia de esta noticia en cualquier medio, y la dificultad que hemos encontrado para dar con información al respecto sobre este cambio, incluso entre aquellos medios de comunicación del espectro alternativo. Las presas no le importan a nadie, no son noticia, generándose así un marco de impunidad muy peligroso.
Trabajo en prisión
El pasado mes, eldiario.es publicó el artículo “120 empresas emplean a miles de presos sin apenas derechos laborales”, donde, por primera vez, se hace público el listado completo de empresas que contratan a personas presas.
Recomendamos además conocer el trabajo de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre esta realidad para acercarnos a otro escenario de falta de derechos, explotación e invisibilización.
por algo el satan.der controla tbn ls ingresos a la mayoria d las ong d la ONU...
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