Vivir en un perpetuo presente significa taxativamente excluir la experiencia del tiempo y ahorrarse la crítica razonada e implacable de los hechos. Los primeros en salir beneficiados son los dirigentes, los ideólogos y los burócratas, puesto que su responsabilidad en la derrota y desaparición del movimiento obrero queda exonerada. Nuevos aprendices de brujo, manipuladores y alucinados pueden venir a ocupar los huecos producidos en la escena, con la seguridad de que su arribismo, su cobardía, sus delirios y sus traiciones desaparecerán en cuando se vuelvan pasado. Salvo contadas excepciones, los rebeldes de hoy no miran atrás, ni tampoco adelante. Más bien se instalan en un limbo intemporal, luego inmóvil, desde donde se contemplan los acontecimientos con una mezcla de extrañeza y fatalismo, reaccionando ante ellos de forma sentimental y voluntarista. En ausencia de cualquier reflexión racional, a la intemperie, parece que se hayan acabado los misterios sin desvelar, las situaciones sin aclarar y las contradicciones sin superar. La verborrea hipernegadora, la repetición de recetas doctrinarias o los confusionismos de moda han sustituido al pensamiento crítico. Los pies han abandonado el suelo; la revuelta gira sobre sí misma y se consume por dentro, incapaz de comprender el momento e influir en él.
Ni siquiera para un individuo contemporáneo particularmente obtuso debiera ser difícil remontarse cuarenta o cincuenta años atrás y percatarse de los grandes cambios sociales habidos, causantes de la actual tormenta de lodo que cubre las mentes más inconformistas. En efecto, las innovaciones tecnológicas introducidas en los procesos productivos y el gran desarrollo inducido de la actividad terciaria, desplazaron al proletariado industrial del centro de una clase obrera donde empezaron a ser mayoría los empleados y los funcionarios. La consecuencia para la lucha de clases fue fundamental, puesto que de nada servía la implantación en las instituciones estatales y en el sector servicios de las pautas de conducta de los trabajadores industriales: aunque se eliminase toda autoridad exterior al trabajo administrativo y comercial (más claro, aunque ese trabajo fuera autogestionado), no se podía hacer de éste la piedra angular de una sociedad de productores libres. Los conflictos sociales ya no llevaban en germen una confrontación de principio, y tampoco las huelgas podían plantear el tema de la expropiación y la gestión autónoma. Ni los sindicatos de empleados y funcionarios, hegemónicos en la clase asalariada, podían ser piezas de un régimen socialista sin Estado, ni ningún proyecto colectivizador con sentido podía emprenderse desde las plataformas logísticas, las aulas, los mostradores o las oficinas.
Al mismo tiempo, la masa asalariada, que había dejado de ser la principal fuerza productiva en beneficio de la tecnología, pasaba a ser la principal fuerza consumidora en detrimento de la burguesía. Las modalidades de alienación y opresión que acompañaban tal reordenación económica tenían que ser diferentes, más ligadas al consumo que a la supervivencia. El Capital ya no buscaba la reproducción estricta de la fuerza de trabajo necesaria, sino la reproducción ampliada de la capacidad de consumo de dicha fuerza. La vida cotidiana de los trabajadores empezaba a ser formateada en esa dirección. El desarrollismo, o sea, la idea de que el crecimiento económico solucionaría por la vía del consumo cualquier problema social o político, se convirtió en el credo de los gobernantes de la incipiente sociedad del espectáculo. Se impuso entonces la ilusión socio-liberal de una marcha irresistible hacia el disfrute de todas las mercancías posibles, que el pleno empleo y un poder centralizado benevolente precipitarían y armonizarían. Pero la industrialización del vivir tropezaba ahora con nuevas y más profundas contradicciones, tal como demostraron las crisis de los años sesenta y setenta del siglo pasado. La crítica de la vida cotidiana y del espectáculo (de la que las críticas del sexismo, de la familia y de la alimentación industrial forman parte) fue el factor teórico clave, como antaño lo había sido la crítica del trabajo asalariado y la crítica del Estado, por lo que la lucha de clases tenía que centrarse principalmente en el rechazo del consumo mercantilizado y de las políticas al respecto, más que en el empleo o en el salario. El régimen capitalista era imposible de socializar. No se trataba ya de apropiarse de la sociedad para cambiarla, sino de abandonarla y construir aparte una nueva. La negativa a consumir era una invitación a segregarse, a constituirse como colectividad antipatriarcal al margen del capitalismo. Las formas clásicas de resistencia obrera, los sindicatos y las asambleas, se revelaron inoperantes al no desempeñar exitosamente su función por mantenerse en el terreno laboral, y por lo tanto, en el del Capital. La guerra social iba a reemprenderse en otros escenarios. Si los mecanismos de lucha obrera se inscribían en el mercado de trabajo y no en el de la vida cotidiana, no podían convertirse en instrumentos de libertad y de reapropiación. Las otras formas de lucha que se insinuaban, las comunas, pecaban de lo contrario, a saber, de una ignorancia voluntaria de la experiencia revolucionaria de la clase obrera y de una indiferencia hacia las cuestiones prácticas del combate social, lo que, sumado a una experimentación en precario y a una ideología seudo-mística expresándose en el lenguaje esotérico de la autoayuda y del zen, determinó un fracaso mucho más estrepitoso.
El capitalismo tuvo que superar la crisis mundializándose, gracias a un largo periodo de reestructuración general durante el cual la explotación del territorio terminó siendo el eje de una economía financiarizada. La urbanización extensiva, con la subsiguiente circulación acelerada de créditos, mercancías y consumidores, hizo del territorio el depositario de la nueva miseria globalizada. En consecuencia, la defensa del territorio y el antidesarrollismo tenían que cumplir el trabajo teórico-práctico empezado con la crítica de la vida cotidiana, y asimismo plantear la democracia directa a todos los niveles, el momento público de la acción unificadora, asociada indisolublemente a la experiencia colectiva de una vida que aspiraba a sentar raíces, a liberarse de constricciones y a llenarse de contenido. Las perspectivas abiertas ante las previsibles crisis futuras, todavía más profundas que las anteriores, merecerían un análisis mucho más detenido. Nosotros nos limitaremos ahora a señalar el hecho de que las forzosas huidas hacia adelante del sistema capitalista lo volvieron más vulnerable pese a las apariencias, puesto que cada disfunción en el suministro energético, en el consumo o en la deuda, por ejemplo, podía tener repercusiones insospechadas, cosa que hacía del más nimio componente de la circulación un factor crítico. La adhesión de la sociedad civil nunca estaba plenamente garantizada, pues al sumergirse cualquier actividad, incluida la política, dentro de la esfera privada, desapareciendo propiamente el ámbito de lo público, no podían identificarse con suficiente convicción los intereses privados con los institucionales. La legalidad vigente, no inspirando respeto, tenía que despertar miedo y para ello debía dotarse de una mayor capacidad represora.
Al amparo de leyes contra «el terrorismo», el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, se introdujeron las figuras del «sospechoso» y del «enemigo», que en la práctica extendían la consideración de «reo» a cualquier disidencia o simpatía con ella, abarcando la vigilancia y el espionaje al conjunto de la población. El viejo concepto dictatorial de «orden público» se camufló entre los de «seguridad ciudadana» y «seguridad del Estado», convirtiendo en delito de terrorismo, incitación o apología del mismo, cualquier acto u opinión contrarios a la economía o a la política por más pacíficamente que se mostrara, y por lo tanto, en algo severamente punible. El derecho público degeneró en derecho privado del Estado, dando lugar a grandes cambios involutivos en el ordenamiento jurídico civil y penal. La potestad punitiva y sancionadora de las autoridades rompía las barreras de la culpabilidad demostrada, la sentencia firme y la proporcionalidad del castigo que la limitaban, pudiéndose ejercer simplemente como «medida preventiva» dentro de una excepcionalidad transformada en moneda corriente. En lo sucesivo, cualquier reforma del Código Penal o proyecto de reforma, como el aprobado el 26 de septiembre pasado, no significará más que la legalización del abuso en la línea que ha marcado todo el curso del régimen partitocrático español. Pero a la involución penalista se le escapan aquellas conductas, infracciones y faltas «no constitutivas de delito» por caer dentro del terreno de las garantías democráticas formales, así que ha de complementarse por la vía administrativa con una limitación de los derechos de reunión, expresión y manifestación. Esa es la función de la nueva reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la de «la patada en la boca». La ley no solamente otorga plena impunidad a la violencia policial a fin de controlar, cohibir y desarticular sin trabas legales las protestas antigubernamentales, sino que abre la puerta a la privatización de su ejercicio, ampliando las atribuciones de los cuerpos de seguridad empresariales.
El orden institucional vigente, nacido de una reforma pactada de la Dictadura, es autoritario e intolerante, como su predecesor, por más que se llame democrático, y tiende a serlo más cada vez que tropieza con dificultades. No basta con que la justicia esté supeditada al poder ejecutivo; aun así el Estado se siente inseguro, teme que la sociedad civil se reorganice al margen y le desafíe. Por eso ha de tomar cualquier muestra de disconformidad o cualquier publicidad de su conducta arbitraria –por ejemplo, cualquier grabación «no autorizada» o información no deseada– y en fin, cualquier botellón, sentada, manifestación, ocupación o abucheo, por una falta de respeto a sus representantes y una transgresión insufrible al ordenamiento jurídico dignas de las mayores sanciones pecuniarias (a falta de otras); un caso clarísimo de «desorden público» ante el cual ha de dar pruebas de fuerza indiscriminada.
Cuando el Estado de la clase dirigente se encuentra en coyunturas desfavorables, bien por la impopularidad de sus gobiernos, bien por los efectos nocivos de la economía, ha de reducir drásticamente los límites del derecho y ampliar la facultad de actuar contra los desobedientes, entrando en conflicto con la normativa constitucional que legitimaba su orden. El poder no puede nunca cuestionarse, ni sus medidas, impugnarse. Por consiguiente, la «razón de orden» del Estado partitocrático se acerca cada vez más a la violenta «razón de Estado» de los totalitarismos fascistas, quedando el ejercicio de las libertades estipuladas prácticamente fuera de la ley, tal como sucedía, sin ir más lejos, en la pasada Dictadura. Ésta es la manera de obrar de la dominación cuando abajo no se amedrentan, y en función de ella han de actuar los contestatarios, bien esquivándola, o bien rebasándola.
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