A nadie quiso este frío
coger al descubierto.
Y no son las calles
la trampa de una selva
cubierta de peligros,
ni en los cajeros automáticos
ni en las bocas de metro.
No deberían de serlo.
En los cartones
que se apelmazan en el suelo
duerme
la violencia salvaje de los reyes.
Paco Ramos. Los muertos de Bilderberg. Huerga & Fierro, 2022
No paro de escuchar, entre el vulgo, que hay que enterrar el pasado. Nunca mejor dicho, ya que continúan multitud de asesinados por el franquismo bajo las cunetas y sin una reparación histórica decente. No puede entenderse la historia de este inefable país, ni su presente, sin condenar tajantemente el golpe fascista del 36, entendiendo la guerra que desencadenó como fundamentalmente entre clases, y la posterior dictadura criminal de cuatro décadas. Tras la muerte del dictador, en la cama, se nos ha estado insistiendo en un cuento edulcorado sobre la posterior transición a esto que denominan democracia. Urge, por supuesto, la deconstrucción de ese relato según el cual unos prohombres, de izquierdas y de derechas, decidieron otorgar la «libertad» al pueblo español sin que este hiciera mucho por merecerla. En primer lugar, uno de los factores que se suelen pasar por alto es la profunda depresión económica provocada por la inutilidad de los últimos gobiernos del franquismo, en un contexto de crisis internacional por el alza de los precios del petróleo, en un clima de lucha obrera ante la perspectiva de un posible cambio político. No puede entenderse el proceso sin ese factor de combatividad de los trabajadores, por lo que el franquismo necesitaba anularlo para salvar todo lo posible sus privilegios, producirse cierto maquillaje político y que hubiera una continuidad económica.
Uno de los indudables protagonistas de la versión rosa de la Transición es el coronado Juan Carlos I, hoy evidenciado como un vulgar sinvergüenza, que en 1969 había jurado lealtad al dictador y a los principios del movimiento. Puede decirse que uno de los golpes de suerte para el Borbón, que pasaría como uno de los artífices de la reforma «democrática», sería el asesinato del continuista Carrero Blanco; se dice que otro factor sería la muerte del propio Franco, que se produjo pocos días antes de una más que posible permanencia institucional del franquismo puro y duro según las propias leyes del régimen. No obstante, también hay abundante literatura que demuestra que la necesidad del cambio estaba presente hasta entre los más reaccionarios dentro del franquismo. Muerto el dictador, se formó un nuevo gobierno con un puzle monstruoso formado por reformistas conservadores, algunos cercanos al rey y franquistas de avanzada edad y dureza. El propio Fraga, que forma parte de aquel ejecutivo, tenía un proyecto de reforma que dejaba intactas las vías participativas del franquismo: familia, sindicato y municipio. Como es sabido, la propia legalidad franquista, a pesar de la ilusión rupturista de algunas fuerzas de izquierda, sirvió para aprobar una ley de reforma política en la que se impuso la visión de Adolfo Suárez. Este, tuvo que sacarse de la manga un partido, Unión de Centro Democrático, para convocar unas elecciones a su medida y ganarlas para convertirse en presidente del Gobierno.
Se dice que, en esas elecciones, el inicuo Felipe González, futuro presidente de diversos ejecutivos, permitió que el Partido Comunista continuara en la ilegalidad. La ley electoral que salió adelante, que favorecía a las regiones menos pobladas y más conservadoras del Reino, fue mantenida posteriormente por el PSOE, protagonista de varios gobiernos supuestamente progresitas que llevaron a cabo las políticas más duras de reconversión industrial, al que convenía mantener el bipartidismo. El siguiente paso, tras los primeros comicios, sería la legalización del PCE, que el maquiavélico Carrillo permitió gracias a bajarse los pantalones aceptando la bandera rojigualda, la monarquía y la unidad de este inefable país llamado España. Hay quien sostiene que los Estados Unidos estaban detrás de toda esta reforma, para anular cualquier prurito verdadaremente transformador y homologar España con el resto de democracias occidentales, y es cierto que Kissinger era muy amigo de Suárez. A este, le convenía meter a los comunistas en el juego democrático, para contener a gran parte del movimiento obrero, teniendo en cuenta la delicada situación económica y la conflictividad social. Hay que insistir en que todos los acuerdos de la Transición, mejor llamada transacción, fueron entre dirigentes de los diversos partidos y tuvieron el colofón en los llamados Pactos de la Moncloa, que suponía la contención salarial y la anulación de lo más combativo entre la clase trabajadora. Si, finalmente, los sindicatos que se convertirían en oficiales dentro del Estado, la UGT y CC.OO., aceptaron entrar en los acuerdos, la CNT y los anarquistas nunca pasaron por el aro; para anular el incipiente auge libertario fue necesario tirar de infitraciones y criminalizaciones diversas a las que se unieron las propias disputas internas. El resto, como se dice, es historia y seguiremos esforzándonos en recordarla.
El pasado 14 de junio una terrible noticia conmocionó a todo el mundo: un barquero pesquero, que había salido de Libia unos días antes transportando entre 400 y 750 migrantes de origen paquistaní, egipcio, palestino, sirio y afgano, naufragó mientras intentaba llegar a las costas de Grecia. Tan solo 104 supervivientes fueron rescatados, lo cual lo convierte en el peor incidente en el Mediterráneo en lo que va de año. Más de 100 de los fallecidos eran niños.
Según el relato oficial de los guardacostas griegos, que se encontraban presentes durante el naufragio, el motor del barco se averió y éste pegó un giro demasiado brusco, lo cual provocó que se volcara y que cientos de personas cayeran al mar. Sin embargo, una investigación de la BBC y el New York Times1 reveló que los guardacostas habían tomado conocimiento de que el motor se había estropeado 13 horas antes y que, pese a ello, permanecieron impasibles, incluso ante las llamadas de socorro que efectuaron a la ONG Alarm Phone. Además, varias supervivientes manifestaron que fueron los guardacostas quienes provocaron la catástrofe, al amarrar su embarcación a la suya y tirar de ella.
Mientras las autoridades griegas recogían cuerpos sin vida del agua, otra noticia marítima empezó a recorrer el mundo: el 18 de junio, cinco millonarios de origen estadounidense, francés, británico y paquistaní se habían sumergido en un mini submarino, operado por la empresa de aventuras para ricos OceanGate, para ver los restos del Titanic, situado en el fondo del Atlántico norte. Sin embargo, dos horas después se perdió contacto con el sumergible y se inició – aquí sí – una frenética búsqueda para encontrarles en la que participaron tanto empresas privadas como el ejército de EEUU y Canadá. Tras 80 horas de búsqueda y millones de dólares invertidos en los esfuerzos de rescate, se descubrió que el submarino había implosionado al poco de sumergirse y que sus tripulantes estaban muertos.
Estas dos noticias revelan, con una crueldad difícil de digerir, la indiferencia de las autoridades europeas ante el sufrimiento de quienes provienen de otras latitudes y el doble rasero que existe a la hora de iniciar operaciones de rescate: las vidas de los ricos importan, las de los pobres, no.
Por desgracia, no se tratan de las únicas noticias trágicas relacionadas con movimientos migratorios de los últimos meses. Y es que, si algo nos enseña la actualidad, no sería justo acusar solo a Grecia de promover una necropolítica racista en sus fronteras, cuando resulta evidente que todo Occidente entero se comporta de manera similar.
Un incidente parecido se produjo unos meses antes, concretamente el 26 de febrero, cuando otra embarcación – cargada con unos 200 ciudadanos afganos que habían zarpado desde Turquía – se hundió a 40 metros de la costa de Cutro, al sur de Italia. En esta ocasión fallecieron 94 personas, siendo 35 de ellas menores.
El 4 de marzo, la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni compareció para explicar que Frontex no les había comunicado ninguna emergencia. “¿Alguno de ustedes piensa que el Gobierno italiano podía haber salvado las vidas de 60 personas y no lo hizo?”, llegó a decir la muy sinvergüenza. Esto mismo fue reiterado por Matteo Salvini, ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia y responsable de la Guardia Costera: “Frontex, evidentemente, no había señalado riesgos inminentes. Si no, la Guardia Costera o la Marina italiana habrían intervenido”.
Sin embargo, el pasado 1 de junio, un reportaje de Lighthouse Reporters y El País reveló que Meloni y Salvini habían mentido al mundo al respecto del naufragio: Frontex había detectado la embarcación seis horas antes de su hundimiento desde uno de sus aviones, había marcado el barco con una alta probabilidad de estar transportando personas – usando técnicas de visión termal – y había avisado que presentaba deficiencias que ponía a sus tripulantes en peligro, pero la Guarda Costera italiana, que además conocía que había condiciones meteorológicas adversas, se negó a iniciar una operación de rescate. Y así hasta que fue demasiado tarde.
Las resistencias de las autoridades a priorizar los rescates frente al control han aumentado en los últimos años. Tal y como explica la investigación de El País, “desde 2019 hasta los dos primeros meses de 2023, 232.660 migrantes llegaron a Italia por mar en más de 6.356 desembarcos. De esos más de 6.000 casos, solo en el 25% de ellos se activó una operación de búsqueda y rescate. El resto, como el caso de Cutro, se trató como una actuación policial. Ese porcentaje contrasta con el de 2016, el año que batió todos los récords de llegadas, con 181.346 personas desembarcadas. Ese año, las operaciones de rescate suponían el 98% de las intervenciones”. En otras palabras: hace 7 años, casi siempre que se veía un barco en peligro se iniciaba una operación de rescate; sin embargo, ahora ya solo se hace en una de cada cuatro ocasiones, con la finalidad de generar un efecto desaliento para quienes quieran entrar en Italia. Aunque esta política suponga la muerte de casi un centenar de personas.
Al poco de iniciar Pedro Sánchez su presidencia de la UE, el 8 de junio se llegó a un preacuerdo de los distintos ministros de Interior europeos en materia de migración y asilo. Y, de nuevo, Meloni – a la que el socialdemócrata Sánchez precisamente había blanqueado un mes antes con una cumbre bilateral en la que alardeaban de su “buena sintonía” – se convirtió en la protagonista de las negociaciones.
Para Roma, era imperativo acortar el tiempo de responsabilidad de los Estados sobre las personas que llegan, acelerar los retornos de migrantes irregulares en la frontera y establecer más acuerdos con países de origen y de tránsito para evitar que las personas puedan incluso salir rumbo a las costas europeas. Replicar el modelo turco o libio, vamos. Y todo esto se aprobó. No en vano, poco después de la cumbre se produjo un viaje de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, junto a Meloni a Túnez para reforzar la cooperación en materia migratoria.
Además, el nuevo Pacto de Asilo permite a cada Estado decidir qué destinos son seguros para la expulsión de personas y acaba con el reparto de solicitantes de asilo por países.
Por último, para que nadie se piense que el maltrato institucional hacia las personas migrantes y racializadas únicamente tiene lugar en países gobernados por la ultraderecha, ponemos el foco en la localidad fronteriza de Irún (Gipuzkoa), donde el 7 de junio se reveló que un Jefe de Extranjería ofrecía a sus agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional días libres por cada persona migrante en situación irregular que fuera detenida2. Esta polémica – por no decir salvaje – orden policial estuvo «unas horas» en vigor, hasta que fue anulada por la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco.
Tras la publicación en todos los medios de esta noticia, se armó una buena. Es un escándalo. Inaceptable. Pese a ello, 10 días después de que estallara la polémica, el Jefe de Extranjería responsable de la circular fue ascendido a comisario y casi ningún medio se hizo eco.
Y es que eso es lo que supone tener una figura como Grande-Marlaska de ministro del Interior para las personas migrantes que residen en el Estado español: ha frenado las investigaciones sobre la Masacre de Melilla, ha recurrido (con éxito) la sentencia de Estrasburgo que prohibía las devoluciones en caliente en la frontera sur, ha bloqueado el acceso al sistema de solicitud de asilo, ha negociado y firmado el nuevo Pacto de Asilo europeo y ahora condecora y asciende a policías que protagonizan polémicas por animar a “cazar” a extranjeras en situación irregular.
Está claro que Occidente en general, y Europa en particular, cada vez es más hermética para las personas que huyen de la guerra y de la miseria – en muchas ocasiones, provocadas precisamente por Occidente –. Las instituciones europeas no dudan en gastarse millones de euros en personal y tecnología de última generación, en pactar con regímenes autoritarios – Marruecos, Turquía, Libia – para que ejerzan el control de fronteras con violencia extrema a cambio de dinero, o para que reciban a solicitantes de asilo en su país – como el acuerdo de deportación de solicitantes de asilo en Reino Unido a Ruanda o, como recientemente ha pactado Sánchez con Biden, para que EEUU expulse a sus migrantes latinoamericanos a España –.
Por fortuna, frente a la ofensiva institucional también nos encontramos con ejemplos de solidaridad, autoorganización y resistencia dentro de nuestras fronteras. Colectivos sobre los cuales hemos hablado en abundancia desde este medio, como las organizaciones de personas migrantes que luchan contra el racismo institucional.
También, en muchos casos, la gente sale a la calle a protestar contra las injusticias. En Atenas, Kalamata y Tesalónica, tras la tragedia del naufragio producido a mediados de junio, miles de personas se movilizaron bajo el lema “No fue un accidente; fue un delito. Refugees Welcome” y “¡Lágrimas de cocodrilo! No al Pacto Migratorio de la UE”.
1“Todo el mundo sabía que ese barco estaba condenado. Nadie ayudó”. Así se titula el artículo de The New York Times (1 de julio).
2Sobre la situación de las personas migrantes que tratan de cruzar la frontera entre España y Francia en localidades fronterizas como Irún, véase nuestro artículo “Autoorganización popular contra la frontera” (marzo 2022). En 2021 se contabilizaron al menos 7 muertes en la zona fronteriza Irún-Hendaia intentando llegar a Francia.
Que nuestra vía no sea explorar el camino institucional lo tenemos bien claro. Ya hemos afirmado otras ocasiones como medio alternativo que nos parece una vía completamente estéril e, incluso, contraproducente para una verdadera transformación social y política. No estamos ante nada nuevo, siempre sucede la apertura de nuevos ciclos reformistas en los regímenes bajo el capitalismo, para introducirnos en la rueda del electoralismo con perversas amenazas sobre la llegada de algo peor: el fascismo. Siempre alertando con las orejas del lobo, en un discurso reactivo completamente a contrapié, y que determina que no haya posibilidad de tejer alternativas y una agenda propia desde los movimientos sociales.
La consecuencia de jugar esa carta es la presencia ya desde hace tiempo de la ultraderecha en las instituciones parlamentarias; sin olvidar que, en el contexto español, la extrema derecha nunca ha abandonado en esencia otras instituciones como la judicial, policial, militar etc. Porque, evidentemente, estaba bien claro que no se frenaría en las urnas, lo que no se ha tenido voluntad de frenar en las calles mediante la asfixia a todos los niveles de la extrema derecha española.
Los medios de comunicación ya sabemos que han tenido una enorme responsabilidad de este hecho, de alimentar discursos de ultraderecha desde sus púlpitos, pero es que no es nada nuevo bajo el sol. Para esos fines trabajan los medios del propio sistema. Sin embargo, la responsabilidad de ese ascenso de la ultraderecha en el marco social, no solamente en los parlamentos, ha tenido como protagonista a las fuerzas del neorreformismo, en este caso Podemos y sus marcas, que ahora están embarcadas en esa «Armada invencible» denominada SUMAR.
Hacer campañas electorales centrándose tan solo en criticar a Pablo Motos y Ana Rosa Quintana pues es lo que tiene. El capitalismo si juegas a su juego, tiene unas reglas propias que te deja completamente desarmado y, sino, las cambiará a sus propias necesidades de supervivencia. Cuenta con todos los medios a su alcance, de represión, intimidación, consumo, shock e incluso culturales, para llegar a la conclusión de que con sus normas, siempre gana el matón.
Obviamente la jugada estratégica del gobierno de Pedro Sánchez tras los resultados de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, no está lanzada de manera alocada en sus lógicas del poder. El PSOE es el ejemplo de «partido de régimen», con una estrategia en la actualidad bien clara y bien engrasada desde hace décadas, incluso hundiendo sus raíces en el tardofranquismo. El PSOE sabe que está en una posición ganadora en cualquiera de los escenarios, porque el bipartidismo que pretendía romperse en las derivas electorales del Movimiento 15-M, en realidad nunca quedó herido de muerte, y ahora quedará consolidado. En uno de los escenarios posibles, el PSOE conseguirá reeditar el gobierno más progresista de la galaxia, con Sumar en arriendo político mucho más estrecho a los intereses de este primero. Es decir, SUMAR consolidando su deriva como PSOE 2.0. y asegurándose que ninguna de las reformas supongan ninguna clase de avance para las condiciones de vida precaria de las oprimidas.
Si en estos años no han derogado nada relevante del marco conservador y neoliberal previo, menos lo realizarán en los próximos cuatro años. Algunos ejemplos en este sentido han sido; la Reforma Laboral de Yolanda Díaz, que supuso una derrota para la clase trabajadora y un regalo a la patronal. También la Ley Mordaza, que ni siquiera se ha terminado por tocar ante la inmovilidad del PSOE sobre los puntos que han supuesto un tercio de las sanciones económicas, o las devoluciones en caliente en las fronteras. O por último, la inmutabilidad de la Ley 15/97 que permitió en su día la entrada de las empresas privadas en la Sanidad Pública, desapareciendo así la posibilidad de supervisar el servicio. Estos ejemplos sirven para desmontar las argumentaciones de los palmeros del progresismo, que ni siquiera han logrado cumplir las expectativas de a quienes les habían generado esas ilusorias esperanzas de cambio. De sobra sabemos que las recetas socialdemócratas solo consiguen hacer retroceder las luchas revolucionarias, y desenfocar una perspectiva de cambios profundos al margen del capitalismo.
En otro de los escenarios, gobernarán PP y VOX conjuntamente, y en ese caso los partidos adalides del progresismo, rescatarán algunos viejos mantras para sacarse cualquier responsabilidad de encima. Airearán la bandera antifascista, espolearán a los sindicatos burocráticos para que hagan alguna mención de amenaza no cumplida de huelga, y tratarán de renovar unas esperanzas sobre la nada. Los ayuntamientos del cambio pasaron sin pena ni gloria, nada queda de aquellos vientos que parecían querer asaltar los cielos, solo egos malheridos y las verdaderamente clases oprimidas engañadas y cansadas. Lo que sí ha quedado es la calle desierta, el espacio social que se vendió en beneficio de unas urnas envenenadas, y un marco sociológico balanceado mucho hacia la derecha.
Es en este sentido que debemos ver en cualquiera de los escenarios un claro fin de ciclo político y social del neorreformismo. Se intentará reeditar, bajo otras marcas o con otras herramientas, y volverán a llamar a copar las calles para inflar nuevamente el globo socialdemócrata que está destinado a pincharse y favorecer el avance del dominio capitalista. Desde los diversos anarquismos en Madrid, concretamente, se tienen ante sí mismos el espacio de debate abierto a encontrarse, y organizar cómo debe efectuarse esa vuelta a las calles en cualquier escenario. Al anarquismo madrileño no le puede pillar a pie cambiado nuevamente esta situación que pueda abrirse como ocurrió en el Movimiento 15-M. De hecho, no debe esperarse a que eso suceda, sino visto el panorama presentado dotarse desde ya de una visión estratégica para alimentar y guiar ese regreso a una senda de lucha social. Anarcosindicalismo, espacios autónomos, movimientos vecinales, huertos urbanos, ateneos culturales, y cualquier otro espacio deben erigirse como células de lucha y organización, coordinadas para tal finalidad.
Definirnos como anarquistas no significa que no hagamos lecturas políticas en clave electoral, evidentemente, aunque una de las cuestiones que según nosotras debería sacudirse es el parlamentarismo por ser contrario a los intereses de las oprimidas, no podemos ser ajenas a las dinámicas electorales, analizarlas y criticarlas de manera que nos acerquemos más hacia perspectivas revolucionarias, y no reformistas del poder autoritario. Nosotras creemos que la lucha es el único camino, y nos escama bastante ver a líderes o palmeros del neorreformismo acusando al movimiento libertario de promover la abstención y ser responsables de sus fracasos electorales, o bien afirmar que el pueblo vota mal, y que los obreros se han derechizado. Si el contexto actual que nos encontramos es de derechización social no solamente es por el perfecto manejo político y pedagógico que hace el capitalismo sobre lo cultural, sino también se debe a una izquierda reformista post-movimiento 15M que ha aceptado el marco sociológico de la derecha.
Si durante varios años vienes con la misma cantinela de votar con la esperanza de cambiar las reglas de juego desde dentro de las instituciones, y asaltar los cielos, y una vez en el gobierno más progresista de la galaxia, no solamente no haces nada a favor de la clase a la que has romantizado y solicitado el voto, sino que gobiernas en favor del sistema capitalista como mal menor, la gente (a la que no se la puede tratar infantilmente como si fueran idiotas) te da la espalda y busca otras opciones. Y es en ese punto, que con todo el contexto fraguado desde el sistema, se encuentra una ultraderecha para recoger los platos rotos de una falsa quimera de reformismo liderada por Podemos y sus marcas territoriales. Es decir, la responsabilidad directa de las consecuencias sociales y electorales, son tus propias acciones contradictorias remando en contra de las clases oprimidas.
La abstención, además, no creemos que sea un completo reflejo de resistencia al poder, ya que sabemos que del total de abstencionismo en el Estado español en cualquiera de los procesos electorales, solo una pequeña parte corresponde a esa perspectiva. La mayoría de la abstención corresponde a una desafección política como síntoma, pero no como motor revolucionario y de acción de lucha en otros ámbitos sociales. Es por eso que nosotras que sí optamos por no votar, no nos desentendemos de la política cotidiana, en los barrios y en la coordinación amplia con sectores netamente anticapitalistas, revolucionarios o, al menos, de resistencia honesta a la dominación que sufrimos por el sistema.
Es por ello que nos parece completamente tirar balones fuera concluir que la derecha vence y la izquierda parlamentaria palma porque desde el anticapitalismo revolucionario proponemos la abstención. Por ello mismo, además de abstenernos (o votar nulo, o cualquier otra fórmula de disconformidad electoral) proponemos organizarnos socialmente, y participar de los colectivos y movimientos sociales que luchan día tras día para estar un poquito más cerca de una revolución que nos devuelva las riendas de nuestras vidas en común.
Un centenar de tiendas de campaña en un campo de trigo, una gran carpa, baños autoconstruidos y cocinas montadas sobre un prado. Desde este pequeño campamento, a media mañana del pasado sábado y bajo un potente sol alpino, una enorme masa heterogénea inicia su marcha. Muchas van equipadas con cascos de distinto tipo, mascarillas antigás y gafas de buceo (en los últimos años los gases lacrimógenos se han convertido en un elemento cotidiano de las manifestaciones en Francia). No obstante, la imagen resultante no es la de un black bloc al uso: predomina el color azul, dresscode indicado por los organizadores, y abundan los elementos festivos y artísticos. Muchos manifestantes llevan máscaras de animales, una enorme avutarda de madera ondea por encima de sus cabezas, mientras un grupo de clowns improvisan a ambos lados de la carretera, y una fanfarria y un grupo de trap montado sobre un camión marcan el ritmo de la marcha hacia la autopista que atraviesa el Valle de Maurienne, no lejos de las ciudades de Lyon y Grenoble.
“Para que este proyecto no vea jamás la luz al final del túnel” era el eslogan con el que Soulèvements de la Terre, el movimiento No TAV del Valle de Susa (Italia) y otros grupos presentaban la movilización contra el faraónico proyecto italofrancés que desde hace treinta años pretende crear una conexión ferroviaria de alta velocidad (TAV) entre las ciudades de Turín y Lyon.
La idea inicial de Soulèvements de la Terre era organizar un fin de semana de movilización en la localidad de Modanne, cerca del lugar donde se ha empezado a construir el denominado “túnel de base”, tramo transfronterizo del proyecto. Tras meses de preparación, la organización tuvo que cambiar sus planes en el último momento. Los habitantes del Valle que inicialmente habían ofrecido sus terrenos se vieron obligados a retirar su disponibilidad tras recibir amenazas por parte de la policía. Otro detalle solo aparentemente banal: de un modo similar, las autoridades policiales francesas hicieron casi imposible a la organización encontrar generadores eléctricos disponibles en toda la región.
Estas dinámicas de obstaculización de una manifestación específica son solo la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia del Gobierno de Macron contra el movimiento de Soulèvements de la Terre, que en los últimos meses ha conseguido movilizar a millones de personas en torno a los temas del ecologismo anticapitalista. Su eficacia ha sido tal que, desde hace meses, el Gobierno galo amenazaba con “disolver” el movimiento, una medida puramente política, ya que se trata de una coordinadora no registrada legalmente en la que participan cientos de grupos y comités de multitud de territorios. Medida que en los últimos meses ha llevado al bloqueo de las webs y canales de otras “marcas” políticas, como Nantes Revoltée.
En línea con esa campaña de represión, en los días anteriores a la movilización en el Valle de Maurienne, a más de 250 personas provenientes de Italia se les denegó la entrada a Francia por considerarse que eran “susceptibles de dirigirse a territorio nacional para participar en la manifestación […] y, por tanto, de apoyar a un grupo que tiene como vocación fomentar acciones violentas”. La misma metodología fue usada para retener a cinco autocares que, desde el cercano Valle de Susa, se dirigían a la manifestación. Además, a inicios de semana se produjeron al menos 18 detenciones relacionadas con la manifestación de Soulèvements en Sainte-Soline y con la acción llevada a cabo en la fábrica de cemento de Lafarge.
A pesar de todo, más de 5.000 personas acudieron a la cita en el Valle de Maurienne. Tras más de seis horas de tira y afloja con los antidisturbios franceses, los manifestantes consiguieron bloquear la autopista, gracias a la acción de un grupo de manifestante que tomaron la decisión de cruzar a nado el cercano río. A pesar de que no hubo ningún detenido y escasas cargas policiales, el sábado por la noche los organizadores informaron de que unas cincuenta personas habían sufrido lesiones, especialmente como resultado del uso de “granadas aturdidoras” o flashballs, explosivos de baja potencia que desde principios de los 2000 han provocado cientos de heridos graves en Francia y al menos una muerte confirmada.
En total, el pasado sábado las autoridades francesas movilizaron alrededor de 2.000 gendarmes en el Valle de Maurienne. En un comunicado posterior a la manifestación, los organizadores consideraban que “la voluntad de la Prefectura y el ministerio de Interior de impedir esta movilización […] confirma el impacto político y mediático de esta jornada”.
Tras la brutal deslocalización de gran parte de la vieja industria italiana, las “grandi opere” (grandes obras) han ocupado gran parte de ese vacío en el país transalpino. De la megapresa del Vajont, la más grande del mundo en su momento y escenario de una masacre evitable, hasta el TAV entre Turín y Lyon la lista es larga.
El proyecto se divide en tres tramos. Un tramo transfrontaliero, que pretende atravesar las montañas con una galería (el conocido como “túnel de base”) de 50 kilómetros de longitud, que conectaría las poblaciones de Susa/Bussoleno y Saint Jean de Maurienne. Una conexión “redundante”, considerando que desde 1871 el túnel del Fréjus atraviesa la homónima montaña, uniendo ambos valles, en las localidades de Bardonecchia (Italia) y Modanne (Francia). Así, la única novedad del nuevo túnel sería que permitiría el paso de trenes de alta velocidad, un elemento “necesario” según los defensores del proyecto, que desde sus albores a principios de los 90 aducen una supuesta saturación de la línea tradicional a nivel de transporte de mercancías. Además del “túnel de base”, el proyecto prevé dos tramos nacionales, un total de 175 kilómetros que habrían de conectar la galería bajo la montaña con Turín, por un lado, y con Lyon, por el otro.
A pesar de que han pasado casi 30 años desde que el proyecto iniciara a caminar, las obras realizadas son poco más que embrionarias. Estas han implicado únicamente al túnel de base, del cual el Estado francés ha construido poco más de 10 kilómetros de túneles geognósticos, mientras que en el lado italiano las obras apenas han avanzado. Respecto a los tramos “nacionales”, no existe ni siquiera un proyecto formal, solamente una serie de indicaciones sobre “obras necesarias a realizar”.
A pesar de estos resultados, el entusiasmo por el proyecto de instituciones y empresas italianas nunca ha dejado de crecer. Un contraste con el país galo, donde a pesar de haberse avanzado en las obras del túnel de base, los representantes políticos han mostrado en general un escaso interés por el proyecto. En este contexto, no se entiende el estupor que provocaron en la prensa italiana las indicaciones publicadas hace pocas semanas por el COI, un organismo del gobierno francés encargado de proponer las prioridades y los tiempos de las inversiones estatales en infraestructuras. Su informe arrojaba una clara conclusión que choca frontalmente con los argumentos de los proTAV: las previsiones de transporte de mercancías entre Italia y Francia indican que las líneas ferroviarias existentes entre ambos países serán suficientes hasta, por lo menos, 2043. Previsiones que están en línea con lo que ha ocurrido desde que los entusiastas promotores del TAV empezaran a “vender” el proyecto, ya que la línea “tradicional” se ha mantenido siempre muy por debajo de su saturación.
También respecto al transporte de personas, la realidad contrasta claramente con la defensa cerrada que el Estado italiano hace del TAV Turín-Lyon, ya que el 80% de los viajes que se realizan en el país transalpino se produce dentro de las fronteras provinciales, con una distancia media de 24 kilómetros por viaje. Este tipo de desplazamiento, es decir, el que realizan millones de italianos e italianas todos los días para ir trabajar y/o estudiar ha interesado mucho menos a los gobiernos italianos en las últimas décadas, que han dejado que el servicio se degradara mientras aumentaban las inversiones en alta velocidad.
También la crisis ha hecho mella en el proyecto del TAV Turín-Lyon. En un informe del 2016, el consorcio público-privado encargado del proyecto (TELT) se vio obligado a reducir significativamente su presupuesto, de unos 9.000 millones de euros inicialmente previstos a menos de 4.500. Esta financiación debería ser compartida por Italia, Francia y la Unión Europea, la cual ha decretado confidencial el acuerdo económico “por razones de seguridad y orden público”.
No obstante, si las obras del TAV están tan poco avanzadas, a pesar de los años que han pasado desde su proyección y de los recursos invertidos, no se debe únicamente a la desidia francesa y a los trapicheos económicos a gran escala en el lado italiano. La oposición popular del movimiento No TAV en el lado italiano ha sido un elemento que, indiscutiblemente, ha conseguido retrasar la ejecución del proyecto a lo largo de más de 25 años de vida.
Defender la casa contra el colonialismo interno
La oposición a la construcción del TAV Turín-Lyon nace, más allá de la crítica al despilfarro inútil, de la defensa del propio territorio. Aunque según los defensores de la “grande opera” la alta velocidad transfrontaliera permitiría disminuir las emisiones de CO2, los datos desmontan este argumento supuestamente “verde”, por dos motivos principales. Uno, porque el argumento no tiene en cuenta las emisiones producidas por la construcción de la línea, que no son precisamente pequeñas: la previsión del TELT es que solo la construcción del túnel de base produzca alrededor de 8 millones de toneladas de CO2 (dos millones más que las emisiones totales de la ciudad de Turín en un año). Segundo, por la ya citada falacia del “aumento del transporte transfrontaliero”, que no solo no ha llegado a producirse y no está previsto que se produzca en los próximos veinte años, sino que va en contra del PNIEC (Plan Nacional Integrado para la Energía y el Clima), aprobado a principios de 2020 por el gobierno italiano y que, en línea con varios acuerdos europeos, obliga a la “contención” del transporte en las próximas décadas, tanto de pasajeros como de mercancías.
Las emisiones masivas de gases de efecto invernadero son solo la principal agresión que ya están sufriendo los valles de Susa y Maurienne. El secado de las faldas acuíferas presentes en la montaña (consecuencia de la construcción del “túnel de base”), la contaminación del terreno derivada de las obras, la reducción de las áreas cultivables o la liberación de amianto presente en las rocas excavadas son problemas que la población local sufre desde que iniciara la ejecución del proyecto. A lo largo de más de 25 años, los y las No TAV del Valle de Susa han denunciado el “colonialismo interno” que sufren, considerando que se explota el territorio en el que viven en nombre de un desarrollo económico que no busca el bienestar colectivo, sino perseguir los intereses de las empresas implicadas y unos pocos electores.
No resulta fácil describir al movimiento No TAV. Desde la formación de los primeros comités locales, se han desarrollado en su interior diferentes grupos de acción y pensamiento, que conforman en conjunto una diversidad y una riqueza poco frecuentes en estas décadas de desmovilización política dominante. Si algo se puede decir, es que el No TAV va mucho más allá del objetivo nimby de evitar la construcción de una línea ferroviaria en el Valle de Susa. A lo largo de todos estos años se ha ido construyendo una enorme comunidad, fuertemente arraigada en el territorio, que ha conseguido atraer a activistas y militantes cercanos y lejanos -como ocurrió el pasado sábado-, haciendo sentir como propia “su” lucha.
La potencia del movimiento No TAV se debe también a la diversidad de las “herramientas” que utiliza. Desde el esfuerzo por ganar el relato, a través de un intenso trabajo de documentación y divulgación, hasta la cotidianidad de los sabotajes físicos a las obras, pasando por cientos de manifestaciones, marchas, fiestas, compras colectivas de terrenos e incluso la formación de exitosas listas municipalistas en diferentes pueblos del Valle. Modalidades que no siempre comparten todas las áreas que conforman el movimiento y que han generado sin duda fricciones en su interior, pero que nunca han alcanzado un punto de ruptura.
Ante esta resistencia popular, el aparato político-mediático-judicial italiano ha llevado a cabo ataques incesantes para frenar el desarrollo del movimiento. Uno de los principales protagonistas de esta represión ha sido la Fiscalía de Turín, que desde hace años se ha convertido en un auténtico actor político con la evidente voluntad de destruir al movimiento cueste lo que cueste, habiendo llegado a acusarlo de conformar una “asociación para delinquir”, dentro de una amplia campaña de represión de los movimientos sociales.
El contraste entre la movilización social en el lado italiano y el lado francés, a pesar de ser en el segundo donde las obras del TAV están más avanzadas, propone reflexiones sobre por qué en ciertos lugares nacen movimientos de resistencia desde abajo y en otros no, aun siendo globales los poderes económicos y políticos que pretenden colonizar los territorios y degradar los modos de vida de quienes los habitan.
La diferente historia de las poblaciones a ambos lados del valle, el contraste entre las actitudes de las instituciones galas e italianas o la determinación de determinados grupos activistas son elementos que pueden explicar por qué el movimiento No TAV se ha desarrollado, hasta el momento, exclusivamente en el lado italiano.
La intención de Soulèvements de la Terre —que nació con la voluntad de “construir acciones sobre el terreno en apoyo a las luchas locales”— con su movilización en el Valle de Maurienne del pasado sábado pretendía precisamente eso: convertirse en elemento desencadenante de un movimiento más arraigado en el lado francés. Un apoyo cuanto menos necesario, considerando la magnitud del proyecto, el reducido espacio mediático que ocupa en el país galo y la escasa fuerza de los comités locales. La movilización del pasado sábado fue la primera gran manifestación de oposición que se produce en el Valle de Maurienne, pero tanto el movimiento No TAV italiano como la parte ya movilizada de la población local afirmaron con decisión que no será la última, conscientes de la importancia que las luchas compartidas entre los ámbitos anticapitalistas y ecologistas tendrán en los próximos tiempos.
En ocho meses nos comemos los recursos
que el planeta es capaz de generar en un año.
En 1960 solo nos comíamos 2/3 de la tarta.
En 1970 nos comimos la tarta entera.
Hoy faltan alimentos,
la productividad de los suelos sigue disminuyendo
al ritmo que aumenta el uso de los plaguicidas
que tratan de impedirlo.
El mar se pudre, las abejas mueren,
el cielo vomita dióxido de carbono,
cambian los climas, aumentan las epidemias.
En 1993 nos terminamos de comer el planeta el 21 de octubre.
En 2003 nos comimos las últimas migajas el 22 de septiembre.
Este año para el 20 de agosto no quedaba nada.
Tenemos un planeta
pero nos estamos comiendo planeta y medio.
En economía, tener más gastos que ingresos
lleva a la catástrofe y la ruina.
Hay futuros que se adivinan sin bola, el nuestro.
Antonio Orihuela. Camino de Olduvai. Ed. Irrecuperables, 2023.
¿Qué es en realidad la experimentación animal? ¿Sigue existiendo o quedó atrás con aquellos videos horripilantes de los años 90? ¿Qué sabemos sobre todo esto?
Audrey Jougla quería respuestas y tenía claro dónde podría encontrarlas: en los laboratorios. Inició así una doble investigación: formalmente estaba haciendo su trabajo de fin de estudios de Filosofía, dedicado al aspecto ético de la experimentación con animales, más concretamente al tema del argumento del “mal necesario”. Paralelamente, estaba haciendo una radiografía (prácticamente una resonancia magnética, podríamos decir) del estado actual de la industria de la experimentación animal en el territorio francés. No solo estaba estudiando los procedimientos, las instituciones o los problemas, también estaba escaneando a las personas que hacen todo eso posible: técnicos de laboratorio, directores de investigación, empresarios de criaderos, etc.
La única forma de saber qué ocurría, cómo y por qué, era remangarse y bajar al fango, sumergirse en él. Pasar todo el tiempo posible con los vivisectores, leer sus revistas, escuchar su discurso, visitar sus centros. También, por cuestiones de seguridad, alejarse temporalmente de los entornos animalistas, dejar de participar y reducir al mínimo las interacciones con sus gentes. Cambiar su vida misma, sabiendo que es transitorio pero que las huellas que dejará serán bien perennes. En ese proceso, la propia Audrey tendrá momentos de dudas, de incertidumbre, de confusión.
Durante más de un año visitó laboratorios públicos y privados. “Profesión: animal «de» laboratorio” nos sitúa, nos ayuda a ponernos al día en un tema sobre el que seguramente tengamos ciertas nociones o intuiciones pero del que no manejemos mucha información actualizada. El libro junta cantidades ingentes de datos con conversaciones, vivencias, reflexiones personales y el relato sobre el propio proceso de la investigación.
Con el caso de Vivotecnia resonando tan cerca y la figura de la activista infiltrada Carlota Saorsa, es imposible leer “Profesión: animal «de» laboratorio” sin pensar en los evidentes paralelismos. El libro de Audrey Jougla consiguió remover el debate social sobre la experimentación animal en el seno de la sociedad francesa. Además, Audrey fundó Animal Testing, una asociación dedicada a fomentar y publicar las investigaciones sobre el tema. La investigación de Carlota puso sobre la mesa la realidad de la experimentación animal como hasta ahora no se había hecho por estos lares, y dio el pistoletazo de salida para la (ojalá más nutrida) lucha contra Vivotecnia. Ambos ejemplos nos muestran la capacidad que puede tener una persona para afectar con sus acciones al desarrollo de los acontecimientos.
“Profesión: animal «de» laboratorio” es una
investigación que cristaliza en un firme alegato contra la
experimentación animal, escrito con una profunda honestidad intelectual y
una pasión imprescindible para la tarea que tenemos por delante.
Mientras algunos malnacidos siguen pidiendo mano dura contra la inmigración, muertes que podrían evitarse siguen sucediéndose. Las más llamativas, las ocurridas recientemente en el mar Jónico sin que se sepa exactamente el número de fallecidos en un barco que transportaba a cientos de personas. El deseo de las autoridades europeas de evitar que los migrantes lleguen a sus costas ha sido más fuerte que cualquier intención de asistencia humanitaria. Nada sorprendente, ya que es lo que ocurre por activa o por pasiva de modo permanente, pero esta vez la catástrofe ha tenido ciertas proporciones y ha invadido los medios generalistas. Esta más que claro que la vieja y mezquina Europea, con su maldita unión de poderes políticos y privilegios económicos, no desea en absoluto poner los medios para que las personas que migran viajen y soliciten asilo en condiciones dignas. Sí, es cierto que no todos los gobiernos parecen a priori de la misma calaña, que los más conservadores son los que abiertamente mantienen un discurso de rechazo a la inmigración; en la práctica, la Unión Europea en su conjunto hace poco o nada cuando los derechos humanos más elementales son transgredidos, un reparto de roles entre gobiernos que recuerda aquel de poli bueno y poli malo para al final llevar a cabo el mismo objetivo.
Las versiones oficiales sobre las recientes muertes en el Jónico, como no puede ser de otra manera, se ponen en entredicho. Los guardacostas griegos aseguran que se acercaron al barco de migrantes para prestar ayuda, pero desde la nave se les dijo que no querían rescate alguno y que su objetivo era llegar a Italia. Sin embargo, los supervivientes niegan esta versión y aseguran que no se negaron a ser remolcados a la costa griega. Otra versión mantiene que un barco se acercó al bote con cientos de personas migrantes para atar dos cuerdas con la intención de remolcarlo; las malas condiciones de la nave hizo que se averiara el motor y algunos supervivientes afirman que los intentos de arrastrarla, algunos testimonios dicen que intentando llevarla a costas italianas, provocó finalmente que se desestabilizara. Diversos activistas y ONG han pedido una investigación exhaustiva sobre los guardacostas griegos y sobre Frontex, el ejército europeo de fronteras, que también estaba al tanto de los problemas del barco. Veremos en qué queda la cosa, pero son ya muchos episodios en que la política migratoria de Europa, con unos u otros protagonistas, provocan muertes perfectamente evitables; mientras, ya se ha detenido a varias personas del barco como posibles traficantes de personas y sin pruebas claras.
De hecho, el gobierno reaccionario de Grecia lleva mucho tiempo efectuando devoluciones al mar de personas en busca de refugio; el Estado griego puede adoptar el rol de poli malo, pero el resto de Europa mira hacia otro lado. Según cifras de ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas, 325 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo Oriental, el mismo lugar del naufragio de hace escasos días, este año se habrá superado seguramente la cifra al hablar hasta más de 500 desaparecidos. Los medios generalistas, para consumo de las masas, encubren estas muertes evitables, o directamente asesinatos, con la palabra «tragedia», eufemismo que evoca alguna suerte de incidente sin culpables. La realidad es que la causa no es nada incidental, mientras que la culpable tiene un nombre claro: la vieja y mezquina Europa, con su férreo control migratorio, usando a polis malos como el gobierno griego o señalando a difusos traficantes de personas. Por supuesto, estamos hablando de muertos de tercera y ya estamos habituados a ver «tragedias» en nuestros repulsivos medios generalistas ante las cuales solo mostramos un (muy) pasajero estremecimiento. Nos empeñaremos en señalar, una y otra vez, al culpable de tantos crímenes, que es la política migratoria de la vieja y mezquina Europa.
A casi nadie le dice nada este nombre, Antonio López Sierra. Apenas una veintena de familias, además de investigadores, escritores o cineastas, son los únicos que pueden saber que quien está detrás de esa identidad es un extremeño nacido en 1913, involucrado en actividades delictivas desde los diecisiete años, cuyo modo de vida tuvo que ver con robar, de la manera que fuera, y cuya rutina consistía en entrar y salir de la cárcel, al ritmo de sus delitos que siempre tenían que ver con abusar de personas débiles y sin recursos para defenderse. “Éramos los chivatos de la policía. Íbamos por las ferias a buscarnos la vida con el timo del tocomocho, de la estampita o de las tres cartas”, explicaría el propio López Sierra. Se alistó en el ejército sublevado en 1936; luego fue voluntario en la División Azul y, de vuelta en España, ejecutó a garrote vil a veinte personas, siempre por encargo de algún juez, porque desde 1949 hasta 1975 ocupó la plaza de verdugo titular en la Audiencia Territorial de Madrid. Estremecen las declaraciones de este hombre en el célebre documental de Basilio Martín Patino Queridísimos verdugos (1977), al que pertenecen las confesiones antes citadas. La última víctima de este siniestro personaje, y también el último ejecutado a garrote vil en España, fue Salvador Puig Antich, militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL). Puig Antich era anarquista.
Salvador Puig Antich murió a manos del verdugo en la cárcel Modelo de Barcelona la mañana del 2 de marzo de 1974, tras una detención rocambolesca y un juicio que, desde el primer momento, fue una puesta en escena grotesca en la que no se respetaron los principios más elementales del derecho penal ni del derecho procesal, o siquiera los derechos humanos. Antes de ejecutarle, las autoridades del régimen franquista se afanaron en despojarle de sus ideas anarquistas y borrar el sentido de sus actos, sus principios políticos y su vida. Lo presentaron ante la opinión pública como un asaltabancos, pistola en mano, sin conciencia ni escrúpulos. Hoy, gracias a investigaciones hechas por periodistas o juristas, como la de Jordi Panyella, se va demostrando y documentado la farsa en que consistió un juicio que terminó en condena a la pena capital, y en el que se hicieron desaparecer pruebas fundamentales, llegando incluso a alterar el sumario.
Esta entrevista con Merçona Puig Antich, hermana menor de Salvador, no gira en torno a los hechos que desencadenaron la ejecución del joven anarquista a los 25 años, sino más bien a cómo se vivió todo aquello dentro de la familia; el relato de un proceso que comienza cuando un joven toma la decisión de dedicarse a la política, enfrentándose al régimen, y termina en un bar de Barcelona, El funicular, en el que la policía esperaba a dos amigos anarquistas allí citados. La emboscada terminó con un tiroteo en un portal, un policía muerto por cinco impactos de bala, y Salvador Puig Antich herido por dos. De su pistola, la de Salvador, salieron tres disparos, pero no cinco, que era el número de balas incrustadas en el policía muerto. Esto ya se ha demostrado, sin consecuencias jurídicas, de momento.
Merçona Puig Antich tenía trece años cuando ejecutaron a su hermano. Ha participado en innumerables entrevistas, actos, charlas en colegios hablando de Salvador, de su vida y de su muerte. Sin duda, se siente cansada de todo esto, pero ella misma declara su intención de no dejar de hacerlo, porque la muerte a garrote vil del anarquista Puig Antich no solo le marcó de por vida a ella y a sus hermanas, sino que ha sido y sigue siendo su lucha: que se reconozca la verdad o, mejor dicho, las mentiras de un juicio que fue sobre todo una burda farsa para condenar a morir por el método medieval del garrote vil a una persona cuyo delito consistió en plantarle cara al franquismo. La ejecución de Salvador Puig Antich se ha convertido en símbolo de la crueldad y la represión de la dictadura franquista.
¿Cómo marcó a la familia el asesinato de su hermano?
No sé muy bien cómo nos marcó o cómo explicarlo, pero hay un antes y un después. Y además de la manera en que fue aquello, porque fue algo sumamente macabro, a garrote vil, un método medieval. Por suerte, somos cuatro hermanas y nos apoyamos entre nosotras; todo lo hemos pasado juntas. Tengo que decir que ya no me imagino la vida sin aquellos hechos. Yo tenía trece años cuando mataron a mi hermano, era muy pequeña, y ahora no tengo ni idea de cómo habría sido mi vida sin ese hecho, es algo que ha formado parte de mi vida siempre. Además, todo aquello me condujo a desilusionarme con el género humano, he sentido mucha rabia en este proceso, que ha sido muy largo. Es verdad que las cuatro [hermanas] hemos seguido muy activas en todo lo que tiene que ver con Salvador, aunque totalmente desencantadas. Es un sentimiento de desencanto que te llega muy adentro, y la sensación de que no te fías de nada ni de nadie.
Lo dice porque hubo gente que les falló en aquellos momentos tan duros.
Sí, pero no a nosotras, sino a Salvador. Nadie salió en su apoyo hasta que lo mataron. Como era anarquista, no tenía una masa política fuerte detrás. Todo el mundo estaba a la expectativa, a ver qué pasaba [si Franco conmutaba la pena de muerte], sin decir nada; pero cuando se lo cargaron, claro, todo el mundo salió a la calle; y sí, hasta entonces, todos mirándose a ver qué hacía el otro. Esa es al menos la sensación que hemos vivido en la familia.
¿Cree que esa actitud pasiva de la que habla pudo deberse a que caló la propaganda del régimen para presentar a su hermano como preso común y no como alguien perseguido por sus ideas políticas?
Sí claro, esa era la idea de Franco, eso es lo que quería; por eso ejecutó también a Heinz Chez [disidente de la República Democrática Alemana, condenado en España por matar a un guardia civil], lo mataron junto a él. Y esto era un mensaje que importaba de cara a la opinión internacional, les interesaba mucho que llegara al exterior ese mensaje de presentar a Salvador como un delincuente común y no como un preso político. Por otra parte, en todo aquello pesó su ideología anarquista, y por eso ni comunistas ni socialistas le apoyaron hasta que lo mataron. Solo tras su muerte salieron todos a la calle protestando porque se había hecho una injusticia enorme. O al menos nosotras lo vivimos así.
Retrocediendo un poco, ¿en su familia estaban enterados de la actividad política de Salvador?
Que estaba en el MIL, no [el Movimiento Ibérico de Liberación-Grupos Autónomos de Combate (MIL) fue una organización anticapitalista y guerrillera activa durante los inicios de la década de 1970 en Cataluña], pero que hacía algo especial, sí. Yo tenía trece años, le había conocido antes como jipioso, y de pronto un día me viene a buscar al cole con traje y corbata y un coche; recuerdo que yo pensé: “Pero ¿qué hace así mi hermano?”, porque su imagen era completamente distinta. Y él me decía: “Negocios, negocios, pero no le digas a nadie que te he venido a ver”. Y yo me callaba, claro, porque si no, no volvería a recogerme al cole. Pero, desde luego que algo sabían mis hermanas. Yo al principio no me daba cuenta de nada; pero luego vas perfilando un poco por lo que oyes a tus hermanas y por cosas que iban pasando. Y más tarde, cuando se dejó la bolsa aquella…
¿Qué bolsa?
Bueno pues una bolsa que se dejó en un bar en el que había quedado con documentos, carnés falsos… te puedes imaginar. La encontró la policía; mi madre se enteró, y algo hizo para arreglar las cosas y que quedara todo bien, pero a partir de ese momento mi madre y mis hermanas se dieron cuenta de que estaba muy involucrado en algo; en la familia veían que detrás había algo político, pero no sabíamos ni dónde militaba ni nada. Yo me enteraba menos porque era mucho más pequeña.
Además, su familia era de ideas progresistas, ¿verdad?
Sí, excepto mi padre; había tomado parte en la batalla de Belchite, había estado en un campo de concentración, en Francia, y cuando regresó no quiso saber nada de ideas políticas; quedó muy tocado y a él no le gustaba nada que Salvador estuviera metido en asuntos políticos.
¿Dónde adquirió su hermano sus ideas políticas, su activismo?
Sobre todo, en el instituto. Él había sido siempre muy justiciero. En el colegio, iba a los salesianos [colegio de la burguesía al que también acudían alumnos becados], y también iba el hijo del portero y otros así; y si un profesor o algún chico se metía con ellos, él salía a defenderlos y por estas cosas le expulsaron de varios centros. Desde muy pequeño tuvo conciencia social, y en el instituto fue cuando empezó a militar. Luego se fue a la mili y, al volver, estuvo medio año pensando si seguir estudiando o dedicarse a la política; si militar y dar la vida por la política o no. Lo pasó muy mal hasta tomar la decisión. Su compromiso con la política fue una cuestión muy meditada, no surgió de manera repentina. En esa época de plantearse su militancia vivía con mi hermana mayor, y ella siempre cuenta que Salvador lo pasó realmente mal, no podía dormir; se pensó muy bien hacia dónde ir. Yo iba a verle y recuerdo que estaba de mal humor, se le notaba inquieto.
¿Se les pasó por la cabeza que pudiera llegar a ocurrir lo de aquel 25 de septiembre de 1973, cuando su hermano es herido y detenido tras una emboscada en Barcelona y acusado de matar a un policía?
Nosotros no nos lo esperábamos para nada; además, nos enteramos por la radio. Nos enteramos de que estaba en el Hospital Clínico, que había salido herido del tiroteo, entonces mis hermanas salieron corriendo al hospital y allí se plantaron y se pusieron a gritar: “¡Som aquí, som aquí!” Porque la policía no les dejaba entrar.
A partir de ahí, los hechos son bien conocidos, aunque no tanto lo que ocurría detrás de todo aquello, es decir, lo que pasaba en la familia.
El abogado de Salvador, José Oriol Arau, era el que nos informaba. Con la policía y las autoridades nunca tuvimos contacto. Estaban las visitas a la cárcel; él, mi hermano, tenía la boca llena de hierros y gomitas, porque el tiro le había dado en la mandíbula, y le costaba hablar, se le entendía mal. Pero se recuperó. Es verdad que tampoco podíamos hablar mucho rato con él. Y nunca hablamos de política; hablábamos de la familia, de lo que había hecho cada uno, conversaciones triviales, como si no pasara nada o tratando de quitarle hierro a la situación. Donde hablábamos era un locutorio, estábamos separados por un cristal, y además es que teníamos que hablar en castellano, si hablabas en catalán salían a regañarte, porque estaban ahí, escuchando.
Le quería preguntar por el 3 de marzo de 1974, que es el día siguiente a la ejecución de Salvador.
Fuimos al entierro. Aquel día no llovía, y sí, ese día había muchísima gente por la calle; todos querían entrar dentro del cementerio, a nosotros nos costaba llegar; fue brutal. Ese día sí que hubo muchísima gente por todas partes, protestando. La última noche había sido muy dura. Yo no estuve en las doce horas que daban para estar con la familia, porque Salvador no quiso que yo estuviera, porque para él eso hubiera sido muy duro, era la hermana pequeña. A las ocho de la mañana fui al bar de la cárcel; ahí estaban ya mis hermanas, porque las habían echado. Todo eso fue muy triste, muy triste; la espera a que saliera el féretro. Yo lo recuerdo todo raro, duro, como algo que no te lo crees, que no parece que pueda estar sucediendo.
Porque además fue un ‘chivo expiatorio’.
Lo era. Y ya lo dijo él. Pero es que al cabo de unos meses se cargaron a los cinco [los cinco ejecutados el 27 de septiembre del 75, tres miembros del FRAP y dos de ETA]. Y ahí los abogados lo pelearon de verdad, pero por lo visto no había suficientes garrotes para matarlos, y por eso los fusilaron. Todo era venganza pura y dura. Además, Salvador vio clarísimo que todo se había acabado cuando el atentado de Carrero Blanco; en ese momento no tuvo ninguna duda de que aquello que muchos celebraron para él iba a suponer la pena de muerte.
Decía antes que usted y sus hermanas están algo desencantadas, sobre todo por la respuesta que se ha dado a las reclamaciones en torno al juicio de Salvador Puig Antich. Pero siguen siendo militantes activas; por ejemplo, usted pertenece a La Comuna, una asociación de presos del franquismo.
Lo de Salvador me hace moverme, a tope, pero otras cosas me cuestan más. Nosotras vamos a institutos, a muchos sitios, a intentar crear conciencia porque no puede ser que la gente se olvide de todo lo que pasó. También hay muchos casos de trabajos forzados, es asqueroso, fueron muy crueles.
