El artículo de J. Lamo de Espinosa “La lucha contra el déficit: ¿una nueva desamortización?” (ABC, 27-5-2010) proponiendo la venta de la parte enajenable de las tierras comunales aún existentes, aunque por lo general bastante desnaturalizadas ya, hasta 3,5 millones de Has, por las cuales el Estado de España ingresaría unos 21.000 millones de euros, destinados a enjugar su déficit, exige una respuesta. Este nuevo artículo de Félix Rodrigo ha sido publicado originariamente en la revista “Soberanía Alimentaria” de enero 2011.
Félix Rodrigo Mora
Los rumores sobre que el comunal sobreviviente al aciago proceso desamortizador ilustrado, constitucional y liberal de los siglos XVIII-XX podría ser en breve apropiado por el ente estatal (lo que es ilegítimo e incluso ilegal, a mi entender), subastado y entregado al mejor postor, ya son señalados con aprensión por Alejandro Nieto, autor de “Bienes comunales” y otros trabajos sobre esta materia, en el libro “Arabako Kontzejua XXI. Mendean”, de manera que el artículo arriba citado sólo viene a confirmar que algo inquietante está siendo planeado en las alturas.
Los bienes y terrenos comunales han estado y están siendo expoliados de manera regular. Por ejemplo, hay montes que aparecen en los catálogos y relaciones como de los Ayuntamientos, cuando lo cierto es que son de los vecinos. Esto lleva siglos sucediendo, lo que explica que el consistorio de Cuenca sea, al parecer, el mayor terrateniente del país, y que las corporaciones locales se inmiscuyan a menudo en lo que no les compete, el control y rentabilización monetaria del comunal allí donde aún perdura. Otras veces son las voraces Comunidades Autónomas, que inscriben en ocasiones como suyos lo que es del vecindario organizado en concejo abierto.
Lo expuesto viene a significar que, si el Estado central fue quien aniquiló coercitivamente lo sustantivo del comunal (y del orden social sobre él constituido, lo que es calificable de etnicidio) sobre todo con las leyes desamortizadoras de tierras y otras propiedades colectivas populares de 1770, 1813 y 1855, asunto que se trata con más detalle en mi libro “Naturaleza, ruralidad y civilización”, en el presente éste y las otras dos expresiones de lo estatal, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, se proponen liquidar ya por completo aquél, haciendo que en el agro sólo existan dos tipos de propiedad particular, la estatal en sus tres expresiones (erróneamente tenida por “pública”) y la privada capitalista, con una presencia cada vez más reducida de la pequeña hacienda campesina. La propiedad comunal es cualitativamente diferente de ambas, y es la única que puede ser calificada sin comillas de pública, puesto que es del común de las y los vecinos, al realizarse la toma de decisiones respecto a ella por todas y todos los adultos de cada localidad.
Por tanto, teniendo en cuenta que la bancarrota de facto del Estado se ha convertido ya en una situación consolidada, a causa de la crisis económica iniciada en 2008, que por su naturaleza tiene muy difícil y larga superación, podemos estar seguros de que, tarde o temprano, aquél se lanzará a aniquilar el comunal subsistente. Esto nos llama a la resistencia y a la lucha, para: 1) mantener lo que de él perdura, 2) recuperar su prístina condición, 3) hacer que las porciones de comunal expoliadas por el Estado o por particulares sean devueltas al acervo colectivo, 4) conocer mejor su naturaleza concreta, 5) contribuir a crear comunidades humanas rurales aptas para la vida comunitaria, vale decir, sustentada en los bienes comunales, 6) cooperar en forjar seres humanos de la suficiente calidad y virtud como para poder ser sujetos agentes de los objetivos expuestos. El primer paso en esa dirección es comprender con objetividad la cuestión.
La propiedad comunal se forma en la Alta Edad Media, época calumniada con ferocidad por la historiografía progresista hoy devenida en oficial y ortodoxa, en los territorios libres del norte peninsular, como consecuencia y causa al mismo tiempo de la gran revolución civilizatoria que tuvo lugar en ellos a partir del siglo VIII, de la que es expresión la obra escrita de Beato de Liébana. Desde sus orígenes está íntimamente vinculada a la institución asamblearia del concejo abierto, que estudio en mi libro, ya citado, y en un artículo específico, “Quien dice Cantabria dice concejo abierto” (Diagonal Cantabria nº 18). En efecto, sin comprender éste no puede inteligirse con objetividad el comunal, que lejos de ser una institución esencialmente económica debe ser percibida como la plasmación de un ideario sublime de convivencia y relación a un nivel superior entre los seres humanos, lo que Felipe Esquíroz, autor de libros esclarecedores, “Historia de la propiedad comunal en Navarra” y “Comunal y utopía”, plasma en la noción de “espíritu de comunalidad”. Antes de seguir he de advertir que la institución del concejo abierto hoy tolerada para municipios de menos de cien electores, por la legislación emanada de la Constitución de 1978, no democrática, en particular la Ley de Régimen Local de 1985, lo que permite es una parodia de institución concejil, tan constreñida y ninguneada por instituciones y leyes, y tan sometida a los poderes estatales y empresariales vigente, que no puede ser tomada en serio.
Los fines de dicha formación social eran inmateriales, según se ha expuesto, y las necesidades materiales desempeñaban una función secundaria, lo que no puede ser olvidado, pues los que pretenden explicar la institución popular del comunal desde criterios economicistas, o productivistas, se equivocan en lo más sustantivo, error además que contribuye a ofrecer una imagen deformada y manipulada, de aquélla y de la sociedad rural popular tradicional en su conjunto. En definitiva, aquél satisfizo la necesidad humana más acuciante, de tipo inmaterial, la de relación, afecto, compañía y cariño, de generosidad y servicio desinteresado, hoy casi por completo ahogada, además de demonizada, por el statu quo y sus voceros.
Es cierto, no obstante, que el comunal proporcionaba una parte sustantiva de las necesidades vitales de las comunidades rurales en las que, hasta su desnaturalización, la propiedad privada era bastante rara, así como su correlato, el espíritu de posesividad. Pero se realizaba con subordinación a la meta número uno de aquella formación social, la optimización de la convivencia, designio a que se dirigía también el concejo abierto. Sin propiedad privada y sin instituciones estatales de mando y dominio los vínculos de amistad, cooperación, simpatía y amor entre las y los vecinos podían alcanzar su máxima expresión.
También el medio natural desempeñó una función de importancia en aquella sociedad, porque al poseer metas espirituales reducía al mínimo las exigencias materiales, lo que la permitía vivir con la naturaleza y no contra ella, como acontece ahora, dado que el consumo y la abundancia de bienes eran tenidos por negativas e indeseables. Al ser el orden social concejil y comunal un vasto agregado de aldeas, en el que cada comunidad debía subsistir con lo local, la preservación del medio se convertía en una exigencia estructural. La inexistencia de ciudades, por la no ausencia o extrema debilidad del Estado, siempre funestas medioambientalmente, contribuía al mismo fin, lo mismo que el amplio consumo humano de frutos y hierbas silvestres, que limitaba la actividad agrícola,
estando el resto ocupado por un bosque alto interminable, que aún existía como tal en el siglo XV y que fue liquidado en el XIX por la aplicación de las leyes sobre desamortización civil impuestas por el ente estatal liberal y constitucional, para robustecerse, crear el capitalismo y debilitar al elemento popular. Finalmente el ideario de amor a las y los iguales se hacía extensivo a la naturaleza. Todo ello, que ya sólo sobrevive como recuerdo que casi hace brotar las lágrimas, va a ser ahora destruido hasta en sus más ínfimas manifestaciones. En nuestras manos está el evitarlo.
Contacto del autor: esfyserv@gmail.com
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