Efecto llamada

¿Y si no hubiéramos sentido el impulso de querer cambiar el mundo? ¿Y si nuestra enérgica juventud hubiera estado domesticada? ¿Y si los vecinos y vecinas -de hecho los antiguos habitantes- no nos hubieran apoyado como nos ha apoyado toda la sociedad? ¿Y si no hubiéramos leído textos sobre la importancia de revalorizar lo rural, la agricultura y la soberanía alimentaria? ¿Y si no nos hubiéramos emocionado en el acto respetuoso de enterrar un semilla? ¿Y si la vida en comunidad no hubiera despertado en nosotros ansias y deseos? ¿Qué habría pasado si no hubiéramos creído en la solidaridad, la autogestión, la autonomía y la autosuficiencia?

Si esas seis personas hubieran hecho caso omiso a sus valores y sentimientos, a puros instintos recubiertos de lógica y de razón, el pequeño pueblo de Fraguas, enclavado en el centro del abandono rural de Guadalajara, no hubiera visto el pausado renacer manual de algunas de todas aquellas casas que la autoridad franquista competente mandó destruir para reconvertir en zonas de entrenamiento militar. Si esas seis personas hubieran amputado el coraje de sus brazos, las huertas de Fraguas seguirían infértiles sin producir alimentos sanos. Si esas seis personas no hubieran dedicado por entero sus vidas desde el 2013 a la reconstrucción de un pueblo expropiado y abandonado, Fraguas no sería como es ahora un espacio que, inspirado en el pasado, es garantía de sostenibilidad y futuro. No hubiera sido un proyecto viable y real.

Y eso es lo que a las administraciones les ha generado miedo, como reconoce la sentencia, miedo al “efecto llamada”. Miedo a que la juventud quiera volver a los pequeños pueblos a organizar su vida al margen del consumismo que tantos impuestos genera; miedo a perder territorio que en sus manos es caldo de especulación, miedo a perder tajada cuando cualquiera de todos estos espacios vaciados del mundo rural se rellene con una macrogranja de cerdos, con una pista de rallies o un vertedero para los residuos urbanos.

Por ello, si estas seis personas no hubieran obrado tan maravillosamente, recreando un punto de esperanza, no hubieran sido condenadas, cada una de ellas a un año y nueve meses de prisión por delitos contra la “ordenación” del territorio, ni a pagar una multa colectiva de 16.000 euros para hacer frente a las obras de derribo de las casas y almacenes que con su esfuerzo han reconstruido. Porque para la Administración y la clase política que nos gobierna, lo lógico es volver a dejar el paisaje con casas pudriéndose como cadáveres, con runas bloqueando los caminos, con pueblos sin almas, con campos yermos.

Y aún más, estoy seguro que Aurora, Jaime, Lalo, y compañía se preguntan: “¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos aceptado pagar la multa?” Y saben muy bien lo que hubiera ocurrido: que el impago de la multa no se hubiera convertido en días de prisión que sumados a los de la sentencia no hubieran alcanzado la cifra de dos años y tres meses para entrar en la cárcel que, ahora, les espera.

Pero todo esto ha sucedido. Y la dignidad de Fraguas sigue en pie.

Gustavo Duch