28M: contra el negocio de la vivienda y sus matones, organización de clase

 

Asistimos a precios estratosféricos del alquiler y compra, al tiempo que los salarios menguan. A la existencia de cada vez más trabas para acceder a una vivienda, mientras las mínimas protecciones legales para impedir que nos echen de ella se deterioran o se normaliza su incumplimiento sin consecuencias.

Pese a todos los problemas que esto genera día a día, en el sentido común está totalmente extendido y normalizado que la vivienda es un bien más con el que hacer negocio, a costa de exprimirnos al máximo y excluir a cualquiera que no suponga rentabilidad y más rentabilidad. Desde luego, no se puede decir que esto sea  algo nuevo. Pero en un contexto de creciente dificultad para el acceso a este medio básico de subsistencia, que podría llevar a un cuestionamiento general de la vivienda como mercancía, a lo que asistimos es a movimientos en la dirección opuesta. Si el banquero, el especulador y el rentista siempre fueron objeto de cierto rechazo social, quienes acumulan poder político y económico están hoy en una campaña abierta por presentarlos como héroes y ejemplos de éxito a imitar, mientras siembran racismo y odio al pobre, y proclaman a las claras que el derecho a algo tan básico como la vivienda es un cero a la izquierda comparado con su derecho a enriquecerse. Al mismo tiempo, vemos día tras día políticas que buscan blindar y alimentar el negocio de la vivienda, y también artimañas cada vez más salvajes y violentas por parte de los rentistas, que esos mismos discursos reaccionarios legitiman y blanquean.

Todas estas prácticas encaminadas a expulsarnos de nuestras casas o subirnos el alquiler saltándose las escasas garantías que la propia ley establece, las podemos englobar bajo el nombre de acoso inmobiliario. Hablamos de un amplio abanico de prácticas de acoso, intimidación y coacciones contra las condiciones de acceso a la vivienda de la clase trabajadora, que incluye prácticas más sutiles y cotidianas, y otras más sangrantes. Desde el casero rentista que no hace arreglos necesarios para mantener la habitabilidad de la vivienda porque aunque tengas el contrato en vigor quiere que te vayas para subir el alquiler o poner un piso turístico, hasta contratar a una empresa de desokupación para echarte, pasando por llamadas y presión constante o cortes de suministros por parte de los mismos propietarios.

 Pero, ¿qué responsables concretos tiene la extensión de este tipo de prácticas, y qué podemos hacer para frenarlas?

Empecemos por lo más sangrante: las mencionadas empresas de desokupación. Estas empresas de matones, con estrechos vínculos con el fascismo, se dedican a expulsar a familias de la clase trabajadora de sus casas a través de la violencia directa. A las órdenes de los rentistas y de su dinero, garantizan que los caseros puedan ahorrarse la “molestia” de recurrir a un proceso judicial que igualmente está diseñado para defender sus intereses. Se les permite saltarse la ley, que parece de obligado cumplimiento únicamente para la clase trabajadora, con el fin de expulsar a familias de sus viviendas.

De esta manera, estos matones del rentismo se dedican a cortar suministros como la luz y el agua, a sabotear la cerradura de tu casa para impedir que entres, a destrozar las zonas comunes de tu edificio, a aparecer a cualquier hora del día a vociferar todo tipo de amenazas, a impedir que salgas de tu domicilio bajo la amenaza de no dejarte volver a entrar, o a falsificar supuestas órdenes de desahucio para que te vayas. Estas son las herramientas de trabajo de estos matones que se anuncian como empresas de “mediación”. Para más inri, estas empresas no actúan solas. Cuentan con el blanqueamiento de los medios. Cuentan no ya con que la policía haga la vista gorda con ellos, sino en ocasiones con su estrecha colaboración. Y cuentan también con el amparo de todo el aparato judicial, que se niega a actuar contundentemente frente a sus evidentes y más que documentadas coacciones y prácticas mafiosas.

 Llegados a este punto, conviene también aclarar algo tan relevante como habitualmente ocultado: las empresas de desokupación no actúan únicamente contra personas o familias que están okupando. La demonización mediática del okupa, se extiende y salpica a sectores más amplios. Cada vez es más habitual que emprendan su violencia contra cualquiera que caiga momentaneamente en el impago de un alquiler por haber perdido sus ingresos. No se puede esperar muchos escrúpulos de fascistas y empresas de este tipo, y tampoco hay que olvidar que no deja de ser para ellos un negocio: será más lucrativo cuanto más amplio sea el abanico de potenciales clientes y víctimas.

También hay casos en los que han actuado contra inquilinos con contrato en vigor y al día de pago, cuando el casero de turno quiere echarles para subir el alquiler a los próximos que entren o montar un rentable piso turístico. Y si conviene advertir al lector de esto no es por otra cosa que por el bombardeo constante de los Nacho Abad, de las Susana Griso, o los Vito Quiles, que tiñen toda la cuestión de la vivienda de okupación y más okupación, con el fin de amparar las prácticas mafiosas de estas empresas. De esto va la ridícula y burda etiqueta de “inquiokupa”. Pese al victimismo habitual de rentistas de todo tipo en tertulias televisivas, hay que recordar que el marco legal que deciden saltarse para maximizar su beneficio y acortar plazos, está de por si diseñado para defender su negocio, y que incluso cuando se saltan la ley gozan de casi total impunidad. Mientras criminalizan a quienes sufren las peores consecuencias de que la vivienda sea un negocio (sean okupas, inquilinos que caen en impagos o la casuística que sea), blanquean la violencia contra ellos. Pero, ¿saben ustedes quién sí puede cambiarles impunemente la cerradura y quitarle la casa cuando bajan a por el pan? Un nazi contratado por su casero.

Por supuesto, estas empresas de desokupación no caen del cielo. A muchos de estos matones les acompañará  su ideología fascista de odio al pobre y al migrante, a otros quizá no, pero ninguno hace esto únicamente por vocación, sino por dinero. Alguien debe pagarles por esa “mediación”. Y es aquí donde entran, evidentemente, caseros, fondos e inmobiliarias, otros de los responsables principales de estos abusos. Las empresas de desokupación son solo una de sus herramientas pero su “imaginación” abarca también otras formas de acoso inmobiliario. No es nada extraño, por ejemplo, que fondos o inmobiliarias vendan y compren vivienda okupadas o con inquilinos, de manera que la solución más sencilla para el nuevo propietario sea, de nuevo, contratar a una empresa de matones que eche a los moradores lo antes posible.

Tampoco es raro que sean los propios propietarios y rentistas, grandes y pequeños, quienes cortan suministros, boicotean cerraduras y amenazan. Quienes inician obras en el edificio para hacer la vida imposible a quienes desean expulsar. Quienes llaman a todas horas y presionan para aceptar condiciones abusivas, subidas ilegales del alquiler o desahucios invisibles. Realizan, en suma, un acoso constante. No, no es que nos repitamos en este artículo, sino que las prácticas propias del acoso inmobiliario se repiten una y otra vez en la propia vida de la clase trabajadora, sea encarnándose en la figura de las empresas de desokupación, de las inmobiliarias o de los rentistas. 

Además las inmobiliarias, por su papel de intermediarios, cumplen aquí la doble función de lucrarse con la vivienda y utilizar y alimentar un falso alarmismo contra la okupación y el impago en los propietarios. Esto a su vez les permite exprimir más todavía a los inquilinos (y a veces también a los propietarios) con “seguros” de impago, dobles y triples fianzas que luego no se devuelven, etc. También, imponer filtros cada vez más restrictivos, donde la exigencia de cada vez más nóminas y avales se mezcla con el simple racismo y clasismo a la hora de seleccionar y descartar inquilinos.

Por último, no podemos dejar de señalar a un agente igualmente responsable de todas estas prácticas: el propio Gobierno. Ya no es que hayan permitido en esta excelentísima “legislatura de la vivienda” que el precio de la misma se halle en máximos históricos, que emprendan una y otra vez políticas para regar de dinero público a los rentistas y las constructoras a través de bonificaciones fiscales, las llamadas ayudas al alquiler o la llamada “colaboración público-privada”, o que ni siquiera consigan mantener una medida tan limitada y tibia como era la llamada moratoria antidesahucios. Sino que, además, mientras los partidos que ocupan ese mismo gobierno nos dicen que debemos votarles para parar al fascismo, permiten actuar con total impunidad a estas empresas de desokupación. Estas, como en una simbiosis, se nutren del fascismo a la vez que lo refuerzan. Estando a la vista de todos sus prácticas mafiosas, su acoso, sus coacciones, intimidaciones y amenazas, al igual que para los juzgados o la policía, no han movido un dedo por desarticularlas.

 Con todo lo dicho, el panorama puede parecer desolador: demasiados enemigos, demasiado poderosos, y también, como acabamos de señalar, algunos falsos amigos. ¿Cómo respondemos ante esta situación? Parece que solo podemos contar con nuestras propias fuerzas. Pero en esto podemos encontrar también motivos para el optimismo. Porque cuando la clase trabajadora se organiza, como ya se hace en tantos sindicatos de vivienda y espacios de distinto tipo, puede plantarle cara a los matones, a caseros, a inmobiliarias y al propio Gobierno.

Todo esto no es mera teoría que nos sacamos de la manga. Existen sobrados ejemplos prácticos que muestran cómo los sindicatos de vivienda consiguen parar los pies a los caseros y sus prácticas mafiosas en el día a día. Los rentistas tienen como as en su baraja la soledad, el desconocimiento y el miedo de las personas y familias de clase trabajadora a las que exprimen y atacan. Cuando se encuentran con una respuesta colectiva, con una llamada del sindicato o con alguien informado y dispuesto a defenderse de esos ataques, a menudo desisten o fracasan. Lo mismo ocurre con las empresas de desokupación, y no hay mejor ejemplo de esto que lo ocurrido hace unos meses en Vallekas. Una empresa de desokupación trató de ejecutar un desalojo ilegal, y atacó de paso el gimnasio antifascista La Fábrika. Se encontró un barrio organizado que respondió defendiendo a sus vecinos y sus espacios, plantando cara a esos matones fascistas en el momento, y tomando las calles masivamente unos días después contra las empresas de desokupación y contra toda la criminalización mediática.

Por supuesto, no hablamos de recetas mágicas. Ninguna lucha lo es, y no siempre arrancaremos victorias. Pero las que puedan conseguirse, los pequeños pasos que se enmarquen en lo posible y los grandes saltos que transformen mañana en posible lo que hoy parece imposible, no vendrán de confiar en la benevolencia de los rentistas o del Estado, ni de pedir y esperar sentados. Pasan irremediablemente por la organización y la lucha de la clase trabajadora, para defender nuestros intereses y responder a sus ataques.

Lo tenemos claro. Si no podemos habitar tranquilamente nuestras viviendas porque nuestros caseros e inmobiliarias recurren a prácticas mafiosas para echarnos y subir el precio a los siguientes que entren. Si el Gobierno ni siquiera es capaz de mantener las medidas “sociales” más tibias y con su impotencia y pasividad que pone la alfombra a fascistas y a los discursos reaccionarios. Si en nuestros barrios hay vecinas y vecinos que no pueden salir de sus casas por miedo a que les cambie la cerradura una empresa de desokupación. Si los medios criminalizan a las víctimas y blanquean a los culpables. Si la clase trabajadora no tiene garantizado de manera universal el acceso a una vivienda. Entonces, es nuestro deber tomar las calles, para decir bien alto que no vamos a seguir normalizando que su negocio esté por encima de nuestras vidas ni tolerando su violencia impune. Que el culpable no es el migrante ni quien no puede pagar un alquiler, sino el rentista y el empresario que nos exprime. Y que el camino para plantarles cara no es confiar en que otros lo arreglen, sino nuestra propia organización como clase trabajadora. 

Nos vemos el 28 de marzo a las 19h en Plaza de Castilla.

 

 

Fabián Ferlosio

militante del Sindicato de Vivienda de Tetuán @SVTetuan                               

El telediario

 

El Telediario es la sagrada eucaristía

donde millones comulgan a diario con la mentira.

 

  Manuel Casal Lodeiro

Abolir las fronteras: justicia racial frente al neoliberalismo

 

¿Tienen los Estados el derecho a controlar a las personas que atraviesan sus fronteras? La pregunta es sencilla, y la respuesta parece no admitir ningún debate. De una respuesta afirmativa se modulan las políticas migratorias, pero también las posturas de los partidos, así como las narrativas que impregnan el debate social. El control de la movilidad de las personas ha devenido el centro de las agendas políticas de los países receptores en los últimos años.

En febrero de 2025, una encuesta realizada por YouGov para el diario británico The Guardian en siete países de Europa Occidental revelaba una opinión negativa en cuanto a los efectos de la inmigración en la última década. Las respuestas apuntaban a la percepción de que la llegada de personas migrantes era excesiva, mientras las políticas migratorias resultarían ineficaces. En septiembre de 2024, tras un verano en el que la atención de discursos partidistas y cabeceras se centró en las llegadas de personas migrantes a Canarias, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señalaba a la inmigración como el primer problema para la ciudadanía española.

Más allá de las fronteras europeas, una encuesta del Pew Research Center mostraba en marzo —poco después de que Donald Trump tomara posesión con su agenda de deportaciones masivas— el apoyo mayoritario de la ciudadanía estadounidense a la expulsión de personas en situación irregular, aunque esto implique que la policía los detenga en protestas, lugares de trabajo o en sus propias casas. Ya en noviembre, en Japón, en línea con el discurso antiinmigración que marcó la campaña electoral, la ganadora y nueva primera ministra, Takaichi Sanae, corroboró que endurecerá las políticas migratorias en el marco de un Plan de población que presentará en 2026.

La migración también ha estado en el centro de la carrera por la presidencia de Chile. La posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder de la mano de José Antonio Kast provocaba también en noviembre una gran preocupación entre la población de las comunidades migrantes venezolanas y peruanas. Y es que la extrema derecha xenófoba ha ido ampliando en los últimos años su influencia en todo el mundo: en Australia, tras meses de manifestaciones en contra de las personas migrantes en las que participaron también políticos de la oposición, la presión para endurecer las políticas migratorias apunta a que las fronteras dominarán el debate público en el verano austral.
Más movimiento, más deshumanización

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), en 2020 había alrededor de 281 millones de personas migrantes en el mundo, apenas un 3,6% de la población mundial. Un número que, sin embargo, supera en 128 millones las personas migrantes registradas en 1990, y que multiplica por tres las estadísticas de 1970. Este incremento de la migración internacional ha sido acompañado de un endurecimiento en las políticas migratorias desde los países del Norte Global. Sin embargo, no siempre son Europa, Norteamérica, o Japón los destinos preferentes para quienes migran. Al menos un 40% de estas personas residen en países del Sur global, explica un informe de la Universidad de Stanford en el que se establece que siete de cada diez personas migrantes africanas permanecen en el continente, mientras que en Colombia y Perú se habrían establecido la mitad de los cinco millones de personas emigrantes provenientes de Venezuela.

La última década no solo ha visto un incremento en los flujos migratorios en todo el mundo, sino también ha sido testigo de un cambio en las narrativas sobre el movimiento humano. Son múltiples las voces que sitúan la llamada crisis de las personas refugiadas de 2015, que siguieron al tortuoso fin de las primaveras árabes y las guerras de Siria o Libia, como punto de inflexión entre un enfoque humanitario de las migraciones a una aceleración del discurso y las políticas securitarias. “La fluctuación entre crisis de refugiados y crisis migratoria fue reveladora: mientras en la crisis de refugiados se buscaba invocar alguna simpatía, la crisis migratoria supuso un giro hacia la deslegitimación de las personas migrantes como refugiados ‘falsos’ o ‘no reales’”, explica Harsha Walia, activista y académica india con base en Canadá, en una entrevista sobre su mirada respecto a la justicia fronteriza. Para la autora, este desplazamiento que cuestiona quién se merece la movilidad justifica la hegemonía de políticas volcadas en detener las migraciones.

Políticas que atraviesan el arco ideológico, independientemente del partido en el gobierno. Reino Unido es una buena prueba de ello: en 2012 la conservadora Theresa May, en su época como ministra de Interior, acuñaba la idea del “entorno hostil” como marco para afrontar la migración irregular. Más de una década después, el pasado noviembre, el laborista Keir Starmer celebraba la caída en el número de llegadas a suelo británico como “un paso en la buena dirección”. También Alemania sirve como ejemplo: mientras que en 2015 la conservadora Angela Merkel se puso al frente del discurso humanitario aceptando un millón de personas refugiadas provenientes de Siria y otros países, en 2024, el entonces canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, apostaba por el cierre fronterizo defendiendo el derecho de su país a decidir quién entra en su territorio.

“Partidos socialdemócratas por toda Europa rechazan cada vez más la idea de unas fronteras abiertas, mostrándose a favor del mismo chovinismo del bienestar que hasta hace poco rechazaban, pues lo consideraban de extrema derecha y fascista”, resume la investigadora Ida Danewid en la obra colectiva Mediterráneo Negro. Cuerpos, Fronteras y Ciudadanía (Katakrak, 2021). Por chovinismo del bienestar se entiende la idea política proveniente de cierto populismo danés y noruego de que solo a las personas nativas corresponde disfrutar del Estado de bienestar. “En algunos países —prosigue Danewid— la inmigración incluso ha dejado de ser algo de izquierdas o de derechas: en Dinamarca, la seguridad fronteriza es efectivamente una cuestión prepolítica, pues todos los partidos —izquierda y derecha— apoyan políticas de inmigración radicalmente restrictivas”.

La lógica del chovinismo del bienestar ha colonizado la racionalidad europea y con ella su política migratoria. Entre 2020 y 2024 se negoció el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, ante la preocupación de las organizaciones de derechos humanos y antirracistas de todo el continente. En palabras de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “La reforma plantea graves riesgos para el derecho de asilo y los derechos humanos poniendo un especial foco en las medidas de externalización de fronteras y retorno a terceros países. El objetivo prioritario es impedir que las personas lleguen y si llegan, expulsarlas lo más rápido posible”.

El Pacto, que deberá implementarse en junio 2026, se les quedó pequeño rápidamente a los Estados miembros. La influencia de Giorgia Meloni, quien ha liderado diversas reuniones para imponer su agenda migratoria, se traducía el pasado octubre en una nueva carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que instaba a agilizar la firma de acuerdos bilaterales con terceros países que faciliten la externalización y deportación de las personas que llegan a territorio europeo. Los Estados miembros complacían semanas después a Von der Leyen y por extensión a Meloni: el 8 de diciembre sus ministros de Interior aprobaban por mayoría un acuerdo para el Reglamento de Retorno. La nueva normativa permite la expulsión de personas migrantes a terceros países, favorece la creación de centros de deportación en estados extracomunitarios y considera como países seguros y por tanto, destinos legítimos para las devoluciones de personas, países como Egipto o Bangladesh. “El cambio que Italia ha solicitado en materia de migración se ha producido”, celebraba en X el ministro de Interior italiano Matteo Piantedosi.

 Fronteras y desigualdad

Al mismo tiempo que se multiplican los ejemplos de políticas y discursos que documentan este cierre ideológico en torno a las políticas migratorias, no resulta fácil encontrar narrativas y prácticas que cuestionen el régimen de las fronteras desde la raíz. Activista antirracista y defensora de los derechos humanos, Siham Jessica Korriche cuenta con una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil que defienden a las personas migrantes y en los últimos meses ha podido también asesorar a formaciones políticas de izquierda tanto en la Asamblea de la Comunidad de Madrid como en el Congreso de los Diputados. Reflexionando desde ambos espacios, comparte cierta frustración ante el pequeño margen existente para propuestas que se salgan de la habitual demanda de una migración legal, segura y ordenada. “El movimiento de las personas no entiende de marcos jurídicos. La gente se mueve porque se las expulsa de sus territorios o porque así lo deciden. Y esto no es una lógica que únicamente impere en el sur global, también pasa en el norte. La diferencia es que las reglas del juego son distintas”. Por ello, Korriche considera que, más que de defender los derechos de las personas migrantes, se trata de cambiar las reglas del juego: “Es muy difícil imaginar propuestas sin una apuesta decolonial y antirracista para entender el movimiento de las personas”.

Carlota Momobela ve con claridad cuál es el problema: “Las fronteras vulneran el principal derecho a la vida y otros como la libre circulación”, explica. Esta pedagoga antirracista convive cotidianamente con las consecuencias del régimen de fronteras en su trabajo con mujeres migrantes africanas. Unas mujeres que están sometidas, recuerda, a una visión utilitarista que les concede derechos o no en función de lo que puedan aportar, o a una visión humanitaria, que las limita a su condición de víctimas. “Las fronteras no son algo natural —prosigue Momobela—, se establecen en los territorios para dividir poblaciones y regular el acceso en base a la necesidad o no de mano de obra abaratada, sin derechos”. La activista aboga por revertir esa naturalización con una “pedagogía que cuestione las epistemologías hegemónicas, que deshaga lógicas y creencias coloniales y que fomente un pensamiento crítico que vea la importancia de las fronteras como arma de control social”. 

En la entrevista citada a Harsha Walia, esta aborda algunas limitaciones que afectan a los movimientos por los derechos de las personas migrantes cuando abordan las migraciones como una cuestión de racismo “doméstico” al que se puede responder desde la política estatal. “Sin embargo, las migraciones son un régimen que construye la raza, y que es tanto nacional como global”, afirma. Esta pensadora defiende políticas y discursos que pongan en el centro la justicia migratoria frente al consenso populista sobre las fronteras: “Sean los ecofascistas culpando a la inmigración y al crecimiento de las poblaciones, o los nacionalistas del bienestar convirtiendo a los migrantes en chivos expiatorios que ‘roban’ trabajos y recursos, o los etnonacionalistas como el supremacismo blanco, el hindú o las fuerzas sionistas con sus ideas fascistas sobre quién pertenece y quién no, las personas inmigrantes son retratadas como ‘invasores’, causando ‘decadencia social’, por los partidos de extrema derecha”. 

Para Korriche, desafortunadamente, poner la justicia migratoria en el centro, o cuestionar las fronteras como dispositivos raciales no parecen discursos fáciles de situar en el debate político, ante la abrumadora omnipresencia de los planteamientos de la derecha, una comunicación política que no deja tiempo para plantear políticas que necesitan un mayor debate, y unas redes sociales funcionales a la extrema derecha: “Nos presentamos ante la batalla con todas las de perder, sinceramente”. También señala que muchas formaciones de izquierda no están dispuestas a “asumir el coste”. Korriche relata cómo hace poco escuchaba a un político de izquierdas afirmar que para escapar de los marcos de la extrema derecha, cuando le preguntaban por migración, él contestaba con otras cuestiones que consideraba importantes como la vivienda. “¿Pero esto qué significa? ¿Que se habla de la vivienda o se habla de la migración?”, se pregunta la activista. Así, lamenta, la migración se sale de las prioridades de los partidos de izquierda, de lo que consideran importante. “Lo que llaman las cosas del comer”, ironiza. 

Teniendo en cuenta los precedentes coloniales, Walia considera que tanto la aspiración del cierre de fronteras como el chovinismo del bienestar no son una anormalidad, sino “parte de la larga historia del capitalismo racial que siempre ha intentado controlar el movimiento de las personas pobres”. Y es que al capital no le interesa la homogeneidad entre la fuerza de trabajo, sino que maximiza sus beneficios creando desigualdad, y para ello las fronteras son indispensables: “Las fronteras permiten un sistema en el que se incentiva mucho a las corporaciones multinacionales para que externalicen la producción al lugar más barato posible, que es la razón por la que el 83% de la mano de obra de la industria de la fabricación mundial vive y trabaja en el sur global”. Mientras, la mano de obra migrante barata se convierte en mayoritaria en sectores como la agricultura o los cuidados en el norte global.

Para Walia, este análisis permite abrir la imaginación a “nuevas formas de política emancipatoria —centradas en la abolición, en lugar de en la hospitalidad— que conecten las luchas contra la maquila global ‘en el extranjero’ y la explotación del trabajo migrante y las clases trabajadoras (multirraciales) ‘en casa’”. A lo que apunta esta referente es a una “política que persiga abolir todas las instituciones cómplices con el capitalismo racial” entre ellas, las fronteras.

¿Abolir las fronteras? A Korriche le cuesta imaginar cómo podría situarse una demanda así en el horizonte político de organizaciones por los derechos humanos o partidos de izquierda: “No creo que ninguna persona que trabaja en estos temas pueda salir de los marcos de la emergencia, de la frustración y del miedo”, explica, tras tantos años en los que la violencia en discursos y prácticas no ha hecho más que aumentar. Sin embargo, sí reconoce la necesidad de ampliar la imaginación política, solo que “con un contexto que no acompaña”, teme que ese ejercicio acabe ubicado en un marco más “academicista”.

¿Podrán caer los muros?

De lleno en la academia, Juan Carlos Velasco Arroyo, al frente del Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también se plantea en un artículo sobre migración y justicia global la necesidad de desnaturalizar las fronteras. Pues, según lo que describe como “lotería del nacimiento”, lo que marca principalmente el devenir de nuestra existencia es el hecho de nacer a un lado u otro de las fronteras globales. “La división política del planeta en naciones soberanas se encuentra entre los principales mecanismos causales recurrentes que están detrás de la desigualdad más persistente. (...) Las fronteras serían, pues, dispositivos orientados por objetivos de explotación, desposesión y dominación”, concluye. Su propuesta impugna el supuesto derecho de las naciones a controlar unilateralmente sus fronteras. “No obstante, el pensamiento hegemónico —impregnado de realpolitik— sigue troquelado por una presunción ideológica que entiende como agresión todo aquello que desnaturalice lo que nunca debió naturalizarse”.

Aunque este parezca un lenguaje abstracto y propio del debate académico, se correlaciona íntimamente con las luchas antirracistas como la que supuso el estallido del movimiento Black Lives Matter en 2020. Así lo recuerda el antropólogo Bernd Kasparek en un artículo que enlaza los debates del otro lado del Atlántico con la lucha de las personas migrantes en Europa, estableciendo “paralelismos con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos como parte de una lucha global por la libertad de movimiento”.

 Kasparek considera que la mirada abolicionista trasciende un marco europeo donde realmente no hay un debate real sobre las migraciones, sino que todo se basa en políticas centradas en la inmovilización y el confinamiento de las personas que migran: “Las discusiones tecnocráticas y las maniobras legales sobre cómo eludir las obligaciones del derecho internacional dominan la actualidad”, concluye. En el centro de la mirada abolicionista del movimiento negro estadounidense están las instituciones de la policía y la cárcel. Aplicar esta mirada a Europa implicaría entender cómo las personas migrantes se consideran “un otro”, cuyo principal espacio es la frontera, “cuya policía es la policía de fronteras y cuyas prisiones son los muchos centros de detención y deportación en los confines de Europa”. 

Inspirada por la mirada abolicionista de Angela Davis, la politóloga italiana adscrita a la universidad de Bolonia Martina Tazzioli empezó a trabajar desde Grecia en el libro Border Abolitionism (Manchester University Press, 2023). Tazzioli sostiene que esta perspectiva, más que en las fronteras como barreras, permite centrarse en los distintos mecanismos de confinamiento, y cuestionar la idea de que los mismos “sirvan para garantizar nuestra seguridad, prosperidad económica y social”. Se trata de una propuesta antihegemónica en un momento en el que parece no cuestionarse la deseabilidad de erigir fronteras y espacios de confinamiento, es más, el número de confines se multiplica mientras gran parte de la ciudadanía europea reclama aún más.

“El abolicionismo nos ayuda a ver cómo hacer que los confines resulten obsoletos. Nos permite conectar la crítica al gobierno de las migraciones con la crítica a las transformaciones del capitalismo global”, explica Tazzioli a El Salto. De lo que se trata, apunta citando a Davis, es de “delinear contrapoderes, contrainstituciones y nuevas formas de convivencia”. En el ámbito migratorio, ante un marco discursivo en el que frente a la precariedad, las personas migrantes se convierten en “un chivo expiatorio”, para Tazzioli pensar en la abolición permite “repensar una política con una visión internacionalista que luche contra el desmantelamiento de las infraestructuras que sostienen la vida”. O, como dijo la propia Davis en una entrevista durante aquel combativo 2020: “La abolición en realidad significa repensar qué tipo de futuro queremos en lo social, lo económico y lo político. Se trata de una revolución”.

 

“Racialización del deseo"

En un documento enfocado en analizar cómo las personas toman la decisión de migrar, la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), detalla tres fases de este proceso. Primero: la formación del deseo de cambio (desde una perspectiva laboral, de seguridad, o de mejora de las condiciones de vida); segundo, la canalización de este deseo de cambio a través de la aspiración de migrar; tercero, el resultado: si las personas logran su objetivo o no. Sobre esta idea, la OIM considera que las políticas migratorias deberían centrarse en que las personas pudieran concretar su deseo migratorio. En este sentido Martina Tazzioli, apunta: “Aquello que nunca se discute realmente a nivel político es lo que defino como un tipo de ‘racialización del deseo’, incluido el deseo de mejorar tu propia vida que está en la base de las migraciones”. Un deseo que se considera legítimo para algunos sujetos, pero que criminaliza a los “otros” migrantes....

7.500
son las personas refugiadas que Donald Trump ha decidido aceptar anualmente. La orden, anunciada en octubre, prioriza a los sudafricanos blancos. En 2024 EE UU recibió 292.232 solicitudes de asilo.

47%
Es el porcentaje de población africana que habría considerado en migrar en 2024, según recoge una encuesta del Afrobarómetro realizada en 24 países del continente.

 

 

Sarah Babiker 

 https://www.elsaltodiario.com

El ataque a Irán es un ataque a todas nosotras

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es moralmente repugnante. Está calculado únicamente para beneficiar a una élite de belicistas racistas e islamófobos. No beneficiará a los iraníes ni a la gente común de ningún lugar del planeta.

Existen movimientos populares genuinos que se oponen al gobierno iraní, un régimen autoritario manchado de sangre, al igual que los atacantes gobiernos de Estados Unidos e Israel. Pero las personas que participan en los movimientos sociales iraníes no quieren que Donald Trump agreda a Irán. Como algunas de ellas escribieron el mes pasado,

Los movimientos sociales en Irán llevan décadas resistiendo a un gobierno opresivo. Pero el establecimiento de un régimen títere al servicio de Estados Unidos e Israel no les ayudará. Al atacar Irán, Trump no busca necesariamente derrocar al Gobierno, sino simplemente subordinarlo a su voluntad, destituyendo a las figuras más importantes para ocupar su lugar. Eso es precisamente lo que hizo en Venezuela en enero de 2026. El secuestro de Nicolás Maduro no cambió en nada la distribución del poder en la sociedad venezolana; el principal resultado de la intervención de Trump ha sido que ha puesto las piezas en su sitio para saquear los recursos naturales de Venezuela en beneficio de elementos de la clase dominante de Estados Unidos.

Al igual que otros autócratas, Trump pretende marginar a la gente común, reduciendo toda la política a una cuestión de tiranos que se disputan el poder a expensas de aquellos a quienes gobiernan. Sacrificará con gusto las vidas de iraníes, israelíes y estadounidenses en beneficio propio.

A medida que la especulación capitalista se enfrenta a límites inherentes a este sistema en todo el mundo, los déspotas han vuelto a acumular riqueza a la antigua usanza: mediante la brutal violencia estatal. Una de las cosas que ha sostenido la economía mundial en los últimos años es el auge de la especulación bursátil en un puñado de empresas tecnológicas que intentan vender productos de «inteligencia artificial». En realidad, se trata de una carrera por invertir en la próxima generación de tecnología militar con el fin de prepararse para una era en la que será aún más importante a la hora de determinar cómo se distribuyen la riqueza y el poder. Podemos ver la prueba en el conflicto de esta semana sobre si el ejército estadounidense debería utilizar herramientas de IA producidas por Anthropic para llevar a cabo una vigilancia masiva de la ciudadanía estadounidenses y, a la vez, desarrollar armas totalmente autónomas.

El ejército israelí hizo un uso extensivo de la IA para perpetrar un genocidio en Gaza. Este es el principal uso de la IA, y no ahorrar a los burócratas la molestia de escribir sus propios correos electrónicos.

Para el gobierno israelí, todo Oriente Medio es ahora Cisjordania. El ataque a Irán demuestra que están decididos a someter a cientos de millones de personas a la violencia que ya han infligido al pueblo palestino, libanés y sirio.

En Estados Unidos, la decisión de Trump de declarar la guerra sin consultar al Congreso demuestra que ya se considera a sí mismo un dictador. El ataque contra Irán tiene como objetivo sembrar el terror entre los enemigos de Trump en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

Debemos entender esta guerra como una amenaza también para nosotras. Desde Caracas y las Ciudades Gemelas hasta Teherán, es fácil ver qué tipo de mundo están tratando de crear. Las mismas armas que se utilizan hoy contra los iraníes se volverán mañana contra cualquiera que se resista a Trump y sus aduladores, a menos que nos enfrentemos a ellos antes de que sea demasiado tarde.

Debemos desarrollar la capacidad popular para detener la maquinaria bélica. Los cientos de miles de personas asesinadas sin sentido en Gaza, Siria, Sudán, Yemen, Irak, Myanmar y Ucrania muestran lo que nos espera si seguimos por este camino belicista.

La verdadera liberación solo puede lograrse mediante la solidaridad entre los movimientos de base. Debemos resistirnos por todos los medios al belicismo de Trump, Netanyahu o cualquier otro tirano.

 

 CrimethInc.

 

Pero juntas

 

Algún día cambiaremos el mundo,

pero juntas,
sin soltarnos.
Y ya no habrá más guerras,
ni más personas en pateras,
ni más mujeres abusadas,
ni más casos de trata,
se acabarán las víctimas
y la violencia de género,
las muertes de periodistas
y de activistas sociales,
se acabarán las injusticias,
las discriminaciones,
los prejuicios mentales,
los maltratos animales.
Algún día cambiaremos el mundo,

pero juntas,
como poeta, se lo prometo.
Y entonces los monocultivos
dejarán de tener sentido,
la naturaleza como recurso,
se acabarán la turistificación,
el negocio y el mercado
de las cosas esenciales,
el arte de masas y amasado,
en un producto convertido,
y todas las historias tristes,
que heredamos del pasado
y que existen en cada humano
y en cada uno de sus hábitos.
Algún día cambiaremos el mundo,
pero juntas, se lo juro.
Y empezaremos con un beso,
y después con un abrazo,
y haremos el amor
como seres revolucionarios,
y sembraremos en cada gesto
el mundo con el que soñamos,
con barricadas del presente,
hechas de aquí y de ahora,
separarando el futuro del pasado;
los cambios sociales,
las evoluciones personales
serán el verdadero espectáculo.
Algún día cambiaremos el mundo,

tú y yo,
pero juntas.

 

GUL. Solo el arte libera al arte. Ed. Cuadranta, 2025

Abolir la psicología en tiempos de psicologización de lo cotidiano

 

¿Por qué ahora?

El 17 de junio de 2025 Orgullo Crítico Madrid (OCM) publicó sus Nuevos posicionamientos. El punto sobre “abolir la psicología” despertó tanta polémica que sólo seis días después llegaban las aclaraciones. La ofensiva de mensajes pro-terapia, en definitiva, pro-psicología, nos movilizó para pensar juntes qué está pasando con lo psi. No por quitarle a nadie su hora de terapia, sino por abrir un debate incómodo pero necesario sobre la psicología como forma de poder. Un debate que permita movilizar otras respuestas a las situaciones que vivimos. OCM no pedía “abolir la terapia”, sino la psicología como institución. Usar la palabra “abolir” es honrar su larga genealogía de lucha y rebelión, aunque pueda suscitar debate. “Abolir la terapia” es una apuesta política con la que dialogamos en este artículo a ocho manos (y que ya tiene antecedentes como Contrapsicología).

La ola de mensajes evidenció que abordar la psicología levanta ampollas. Con frecuencia la crítica sistémica a la psicología se lee como un ataque personal a quienes van a terapia. Cualquier mención a su papel histórico se vive casi como insulto. Como acompañante inseparable suele aparecer además el clásico “no nos confundamos, la psiquiatría es la mala; la psicología, la buena”. ¿Por qué es más fácil criticar la psiquiatría que la psicología? ¿Por qué una la tenemos asociada como violenta y la otra como su “hermana santa” que nos cuida? Ubicar la psicología dentro del mismo régimen psi (de control, normalización y gobierno de la vida) es, precisamente, tocar el nervio.

¿Abolir (sólo) la psicología?

“Abolir la psicología” no significa atacarla de forma aislada, sino integrarla en la crítica a la psiquiatría como ya sostienen muchos movimientos sociales. Sería dejar de tratarla como la excepción inocua dentro de las disciplinas psi. Plantear su desaparición como dispositivo institucional no es un error de cálculo, sino un paso necesario y de apoyo a quienes cuestionan el conjunto de la institución.

La cuestión es que, en esto de lo psi, las fronteras entre disciplinas se desdibujan: en teoría la psiquiatría fijaría las fronteras de lo normal/patológico, de lo cuerdo/loco; mientras que la psicología funcionaría como gobierno blando creando tecnología aplicada y objetiva para gestionar el paso entre fronteras (diagnósticos, cuestionarios, guion de intervención…). La psiquiatría definiría; la psicología gestionaría. Sin embargo, en la práctica, su ámbito de acción con frecuencia es indistinguible. El sistema psi interviene de manera interdisciplinaria, actuando como control de límites sobre quién es leíde como “normal” y quién como “problemátique” y qué recorrido (trayectoria de vida) se le permite. La psicología no se limita a observar el comportamiento, sino que lo dirige para ajustarlo a la norma.

La psiquiatría y la psicología operan con engranajes muy concretos: hay colegios profesionales, sociedades científicas, comités éticos y universidades que deciden quién puede ejercer y cómo; manuales diagnósticos (DSM, CIE) que fijan las etiquetas que nos colocan; registros de nuestras vidas en sus historias clínicas; y circuitos de derivación que marcan por dónde entras, por dónde te mueven, en dónde te meten y cómo te tratan.

Esto no es etéreo. Se materializa en la realidad de muchas personas: ejercen poder regulador certificando “capacidades” y “trastornos”, cobran peso en el derecho a bajas, incapacitaciones laborales o en custodias, entre otros impactos; y en el caso de la psiquiatría ejerce incluso poder legal en los internamientos involuntarios. Un buen ejemplo es la reciente condena a España por internamiento psiquiátrico involuntario sin garantías jurídicas.

¿De veras la psicología es “otra cosa”? ¿O es la misma maquinaria que, cambiando de uniforme —menos batas blancas—, produce los mismos sujetos adaptados y controlados? La diferencia no es ética sino instrumental. La psiquiatría concentra violencia explícita (internamientos, contenciones, farmacología forzada); la psicología despliega violencia normativa: sugiere “herramientas”, produce autocontrol y auto-sujeción. La primera regula por imposición; la segunda por adhesión. Ambas controlan y normalizan sujetos y poblaciones, condicionan derechos y trayectorias vitales.

¿Qué ha hecho la psicología para merecer esto?

Quienes hemos estudiado psicología y venimos de los activismos sabemos que su formación es rancia como poco. Conocer su historia permite revisar críticamente sus prácticas y sus teorías. No se trata solo de la violencia de su historia —una disciplina feminizada (tanto en profesionales como en usuarias) donde sólo aparecen hombres blancos occidentales como autores—, sino de su violencia epistémica, presente en teorías donde las posiciones de sujeto y objeto de conocimiento han sido clave para reproducir el (heterocis)sexismo, racismo, colonialismo, clasismo y cuerdismo.

El problema es que la psicología no se percibe a sí misma como ideología y desde ahí forma a sus profesionales: desde la supuesta neutralidad de la “evidencia”. Mucho neuro, bio y fisio, y poca perspectiva social y crítica sobre las relaciones de poder y sus abusos. Cualquier atisbo de politización sale fuera de esta ciencia, que pretende ser muy dura y objetiva. Su metodología cuantitativa —experimentos desde la distancia, la predicción y el control; cuestionarios que transforman experiencias de vida en datos estadísticos— alimenta esa retórica cientificista que pierde el análisis crítico y politizado de para qué y con qué fines se investiga. Sus violencias no se quedan en lo humano: Liberación animal de Peter Singer incluye numerosos ejemplos de tortura injustificable en experimentos de psicología.

La psicología es una tecnología de gobierno con prácticas de violencia institucional. Como diría Foucault, disciplina cuerpos/mentes y vigila poblaciones mediante evaluaciones diagnósticas, clasificaciones e intervenciones correctivas en cualquiera de sus aplicaciones: educativa, clínica, laboral o jurídica. Históricamente midió inteligencia por sexo y raza, justificando prácticas sexistas y racistas (eugenésicas entre otras), o identificó desviaciones de género que intervenir. Hoy sus tecnologías siguen clasificando infancias, diagnosticando conductas escolares, evaluando “perfiles de riesgo” o “idoneidades” en crianzas, según criterios de clase y raza.

La psicología ha sido partícipe en la patologización de lo que se sale de la norma o se resiste. Ha regulado el comportamiento de mujeres y personas racializadas, patologizando su resistencia. En las disidencias sexuales ha justificado encierros, técnicas aversivas, electroshock, terapias de conversión o presiones para tener relaciones “correctivas”. Aunque hoy estén mayoritariamente desacreditadas, estas prácticas contra la disidencia sexual fueron avaladas por discursos psicológicos que pretendían “diagnosticar, regular y corregir” el género o la sexualidad. El electroshock ha cambiado de uso, pero tampoco ha desaparecido.

¿Qué mal ha hecho la psicología a los activismos queer?

¿Pueden los activismos permitirse alianzas acríticas con una disciplina que normativiza y despolitiza el malestar, sin preguntarse qué efectos tiene esa cultura terapéutica sobre sus formas de organización y de lucha? Parece que hemos pasado de luchar contra la patologización a abrazar la psicologización y despolitización de malestares. ¿Estamos olvidando y obviando la genealogía de violencias de la psicología hacia las disidencias sexuales y de género? Si por un momento pensamos en justicia social, qué menos que empezar reconociendo su responsabilidad histórica.

 La psicología no solo ha asumido la (cis)heterosexualidad monógama como estándar, excluyendo otras experiencias vitales, sino que ha diagnosticado y patologizado: primero la homosexualidad, luego la transexualidad, junto con otras “disfunciones sexuales” o “conductas sexuales inapropiadas” (“promiscuidad” en mujeres, quemsex). Todavía hoy les psicólogues se resisten a ceder protagonismo en los peritajes psicológicos de género en procesos de personas trans (y más si son infancias), imponiendo esa violencia de “tener que dar cuenta de sí”. Las disidencias sexuales se han convertido en objeto preferente de atención psicológica (o sexológica), si no para evaluar, sí para “acompañar”, y el propio colectivo parece asumir acríticamente esa vulnerabilidad inherente.

Con el “boom de la salud mental” y las presiones por la despatologización trans, la psicología se ha hecho experta en patologizar las consecuencias y resistencias a las violencias tránsfobas: depresión, ansiedad, TLP, TDA/H, TCA, ¡trastornos de adaptación!, estrés postraumático… En su vertiente “social”, el problema es el estrés de minorías y no la violencia de mayorías (el estigma es “autoestigma” y la solución, la “resiliencia”). La psicología ha pillado a parte de las disidencias sexuales despolitizadas frente a las violencias cuerdistas: el “no estamos loques” de la despatologización trans (o el “no estamos locas, es el patriarcado”) no sólo excluía a las personas trans psiquiatrizadas, sino que omitía las violencias psi como parte de su lucha. Por falta de diálogo y alianzas entre lo queer y lo loco, parte del colectivo se ha dejado abrazar por la cultura terapéutica como si no le afectara la violencia de los diagnósticos psi (algunos incluso se toman como identidad) y sus tratamientos. “No estamos loques, solo necesitamos terapia para afirmarnos”.

¿Cómo se está colando lo psi y la cultura del diagnóstico y terapéutica en los activismos, y con qué efectos despolitizadores? ¿Cómo estamos articulando las narrativas de opresión con las de identidad y sufrimiento? Las relaciones de poder que la psicología ha ayudado a construir no se disuelven sin más en una consulta por mucho que se haga de otra forma. Aunque la terapia pueda aliviar el sufrimiento individual, también puede generar daño al reducir el malestar a procesos internos —traumas, pensamientos disfuncionales, rasgos de personalidad—, desmovilizar otros apoyos y proponer soluciones adaptativas sin cuestionar las condiciones estructurales. Incluso si se conecta el malestar con la opresión, el efecto sigue siendo individual, quizá del entorno cercano, pero no modifica esas condiciones. El problema se complica porque los diagnósticos se han convertido en vía de acceso a derechos (bajas, incapacidades, etc.) y en prueba de credibilidad del daño, por ejemplo, en juicios por violencias sexuales. Así, el colectivo puede quedar atrapado en un sistema psi que simultáneamente hace daño y se ofrece como tabla de salvación.

Por otro lado, tenemos que estar alerta ante los procesos de cooptación: cuando la psicología absorbe ideas y conceptos nacidos en movimientos críticos y activistas, los presenta como una innovación técnica y borra su genealogía política. Esa apropiación le permite actualizar su prestigio profesional mientras deslegitima los activismos de los que procede, acusándolos de ser demasiado políticos, ideológicos o poco científicos.

Necesitamos prácticas que reconozcan el papel de la injusticia social en la producción del malestar y luchen colectivamente para transformar esas condiciones. Solo si la psicología reconoce su ideología y abandona posturas defensivas profesionalistas podrá asumir una posición crítica frente a sus violencias. Reconocer el daño y repararlo es parte de su responsabilidad ética. Aún así, ¿puede la psicología reparar sus violencias históricas? ¿es posible hacerlo desde dentro, con las “herramientas del amo”?

¿Qué tiene que ver en todo esto la psicoterapia?

Cuando se abre el melón de la crítica a la psicología, la psicoterapia es la gran aludida. En esta sociedad psicoterapeutizada, ir a terapia es algo normalizado e incluso impuesto socialmente, especialmente en ámbitos activistas. Si no vas a terapia te conviertes en culpable de tus conflictos, en dependiente por pedir tiempo y consuelo a tus amistades o en irresponsable por “no trabajarte tus mierdas”. Hasta en las apps de citas aparece un “que vaya a terapia” como un check. La psicoterapia se ha convertido en imperativo social, marca de calidad personal y contraseña de acceso a determinados espacios.

Por todo esto, es esperable que cualquier crítica a la psicología despierte voces (psicoterapeutizadas) que se alcen a rebatir, afirmando las bondades de la terapia. Sabemos que, en una sociedad cada vez más individualista, cruel y precaria, la psicoterapia puede presentarse —y venderse— como único lugar de consuelo, más aún cuando las redes comunitarias de apoyo están debilitadas. Cuestionar ese suelo da vértigo. Pero eso no puede invalidar la mirada crítica. Como ocurre con los psicofármacos: pueden ayudarnos a sobrevivir, ¿pero a qué coste? La medicación, cuando es voluntaria, puede ser una estrategia más, pero eso no nos lleva a defender la sobremedicación, la contención química o el lobbying farmacéutico. Con la psicoterapia ocurre algo parecido.

La terapia me salvó la vida, ¿no será que la criticáis desde el privilegio?

Quizás habría que empezar por preguntarse en qué momento ir a terapia se ha convertido en “una experiencia religiosa”. Puede que a ti te haya “salvado la vida”, pero también puede acabar con ellas. Resuenan las palabras de una amiga contando que dejar los psicofármacos fue infinitamente más fácil que eliminar la rutina de autogestión emocional heredada de la terapia, y con la que aún pelea a diario.

En psicoterapia se habla de vínculo terapéutico para nombrar el bien producido por la relación terapeuta–paciente. En los casos de terapia “exitosa”, ¿qué está salvando vidas, el vínculo o lo terapéutico? Si el alivio lo produce sobre todo el vínculo —tener a alguien con quien hablar en un contexto de soledad y pérdida de redes—, el crédito de la terapia se reduce considerablemente. El argumento “la terapia me salvó la vida, no cuestiones la psicología” se parece entonces a “el párroco de mi iglesia me salvó la vida, no cuestiones a Dios”. Identificar a la persona concreta que te ayudó con la institución que tiene detrás es ampliamente beneficioso para las instituciones/corporaciones y, de hecho, es lo que hicieron los bancos con sus banqueros de confianza para conseguir que la gente firmara hipotecas basura.

 Ese “salvar la vida”, además, es peligrosamente polisémico: una persona que haya pasado por una terapia de conversión puede considerar que la han alejado del infierno y que, por tanto, le ha salvado la vida. Quizás las personas del grupo de conversión le han dado el apoyo comunitario que tanto necesitaba. ¿Convierte eso la terapia de conversión en aceptable o, incluso en buena?

En un contexto de fragilidad de las relaciones sociales y de soledad no deseada, puede parecer práctico compartir nuestros problemas en terapia, pero tiene el efecto rebote de servir como parche, debilitando las relaciones de apoyo mutuo. La psicología puede parecer inocua cuando se simplifica y reduce a psicoterapia escogida, pero no lo es: participa en todos los ejercicios de poder y control que hemos enumerado en este artículo. ¿Criticarla puede considerarse, entonces, un privilegio? Quizá la pregunta necesita reformularse: ¿Intentar desactivar la crítica a la psicología para justificar o preservar la propia elección de acudir a terapia individual no es un ejercicio de agencia que otres no pueden permitirse?

Esa defensa se formula desde la elección: asistes a una psicoterapia que has podido escoger, tienes la suerte de encontrar a alguien que te encaje o los contactos y/o el dinero para hacerlo. En cualquier caso, sientes que puedes decidir cuándo dejarla. Frente a eso, la crítica a la psicología sólo te invita a sospechar del vínculo terapéutico y sus milagros; ni siquiera te obliga a dejarlo. Pone en cuestión si es el mejor uso del tiempo y el dinero, o si es la práctica más emancipadora.

El nivel de presión ética o política que ejerce la crítica a la terapia, a la psicología o a las disciplinas psi en general es infinitamente menor que violencias que ellas mismas producen. Con frecuencia son les propies pacientes (de psicoterapia escogida) quienes defienden a capa y espada la integridad de la disciplina. Nos preguntamos si no estaremos tan inmerses en un sentido común terapéutico —que identifica lo psi con lo natural, lo científico, lo correcto, lo único— que cuando se critican las prácticas psi sentimos que somos nosotres les criticades. El lenguaje terapéutico está pasando a convertirse en el único lenguaje legítimo (el saludable, el “no tóxico”) y la influencia de lo psi en el día a día pasa desapercibida. En este contexto, la crítica a lo psi que tantas sensibilidades hiere quizá sea uno de los pocos puntos de cuestionamiento que (aún) podría permitirnos dar un paso atrás en la psicologización de la vida.

¿Y ahora qué?

Somos conscientes de la gran cantidad de temas que se han quedado en el tintero y de la superficialidad con la que hemos abordado otros, así que hemos pensado en continuar tratándolos por fascículos. En éste hemos tratado de exponer que la psicología ha tenido y tiene un papel activo en las violencias estructurales y simbólicas que instrumentalizan y despolitizan el malestar. Asumir su sesgo político exige cuestionar teorías y prácticas más allá de la clínica y la psicoterapia.

Urgen prácticas que reconozcan la injusticia social en la producción de sufrimiento, que no se limiten a gestionarlo y que no ejerzan el poder psi situándose en una posición de neutralidad falaz. Con ese punto de partida, pensamos que es posible imaginar cohesiones comunitarias que nos ayuden no sólo a sentirnos menos soles, sino a luchar colectivamente contra los abusos del poder (“legal” de lo psi). Esto es precisamente lo que hicieron en el apoyo a la huelga de hambre y sed de Jose Alfredo Miranda Oblanca en el psiquiátrico de Santa Isabel (León), que podéis seguir en redes.

 El primer desafío es descentralizar la psicología y visibilizar su carácter profundamente ideológico. Criticar lo psi no es obviar el sufrimiento, sino visibilizar que el camino de la psicología no es el único posible. Es apostar por otros acompañamientos y redes comunitarias, por saberes situados y prácticas que no sigan la lógica del diagnóstico y la intervención, sino el reconocimiento mutuo, la escucha horizontal, la interdependencia y la acción colectiva. Tal vez, en lugar de salvarnos, podamos sostenernos. Juntes. Desde otro lugar. Tratar de desarticular el poder psi es ampliar el ya clásico “si tocan a une, nos tocan a todes”. Es asumir que las violencias psi también son sistémicas y que la contrapsicología debe formar parte de las luchas sociales.

 

 Laura Yustas; Vicky Barambones García; María Zapata; Dau Garcia Dauder / El Salto – 3 dic 2025